Extractivismo es deuda, deuda es extractivismo: desde la recolonización hacia la resistencia

La escandalosa intervención mediática y cambiaria en nuestro país, materializada en estas últimas semanas por el gobierno de EE.UU. junto a los bancos y fondos financieros más importantes de ese país, a un costo todavía no develado, puso en cruda evidencia el destino que nos depara el sometimiento al sistema de la deuda.

No alcanza con el ajuste y austericidio permanente, ni con las reformas laborales, fiscales y previsionales prometidas. Se exige la entrega lisa y llana de nuestra soberanía y derechos, de los resortes centrales de nuestra economía incluyendo los bienes naturales y comunes, y de toda ilusión de participación y control popular sobre nuestro presente y futuro.

Al rescatar por tercera vez en seis meses el fallido programa económico del gobierno de Javier Milei, EE.UU. y los grandes prestadores de capital aprovecharon al máximo el indignante mangazo argentino. Salieron de la semi-sombra para incidir abierta y decisivamente en los planos económicos, políticos y electorales de nuestro país, agitando exitosamente viejos espejitos de colores.

Dejaron en claro los intereses estratégicos que persiguen al “ayudar” a la Argentina ante la imposibilidad de juntar las divisas para pagar la estafa de la deuda: litio, uranio, tierras raras, agua, condiciones privilegiadas para esas mismas especuladoras y empresas, el fortalecimiento de su alianza ultraderechista, la contención de su principal rival geopolítico, China. Mientras en el mar Caribe, desplieguen un nuevo show de pistolas modernas para quienes no se dan por aludidos.

Por cierto, no se trata de vínculos nuevos sino de la actualidad de una relación histórica y estructural entre el poder esclavizante de las deudas y el control y usufructo de la tierra y los territorios, los cuerpos y la naturaleza toda. Una realidad expresada con saña en la llamada “conquista” y colonización, así como en la Doctrina Monroe de “América para los Americanos”, consagrada por EE.UU. hace ya dos siglos. Y, a 50 años del inicio de la última dictadura en nuestro país, reflejada en la consolidación y avance del modelo económico neoliberal y financiarizado, extractivista y excluyente, impuesto entonces a sangre y deuda.

Del golpe y el Fondo, a la financiarización, la deuda y la reprimarización

No fue casual el rápido reconocimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la junta militar que se hizo cargo del gobierno argentino aquel 24 de marzo de 1976. Ni tampoco la firma de un primer acuerdo de préstamo apenas dos días después del golpe. Fue más bien una piedra angular del “Programa de Reorganización Nacional” que anunciaría el ministro de economía José Martínez de Hoz una semana después. En ello, se planteó “dar vuelta la hoja estatizante” y “abrir la economía al mundo”, con el objetivo no declarado de desmantelar el proyecto industrialista nacional y con ello, la resistencia del poder obrero organizado a la pérdida de participación en la distribución de los ingresos y la riqueza nacional.

Se empalmó de esa manera con el proceso de financiarización que abría paso en el mundo “libre y occidental” de la Guerra Fría, impulsando la valorización financiera del capital por encima de su valorización productiva al ritmo de la expansión del endeudamiento. Caía la tasa de ganancia en los países centrales y sobraba liquidez en sus grandes bancos internacionales. Vieron en países como el nuestro, de enorme abundancia natural y condiciones mínimas de infraestructura, la posibilidad de prestar lo acumulado a suculentas tasas de interés y sin la molestia de gobiernos democráticos que pudieron, aunque sea intentar regular sus impactos.

Años después, Martínez de Hoz declararía en sede judicial que Argentina había sido uno de los países elegidos para endeudarse a fin de resolver esos problemas de la banca internacional. Y el primer acuerdo con el FMI no era de gran monto, pero su aprobación significaba, en ese entonces como hoy, la garantía que los grandes capitales privados esperaban para prestar prácticamente sin riesgo y con total impunidad.

De hecho, a pesar de que el país se encontraba al borde del default, apenas días después llegó el primer préstamo externo privado. Se inició el proceso de endeudamiento acelerado, y fraudulento que llevaría la llamada Deuda pública argentina de unos 4 mil millones de dólares (MMD) al comienzo de la dictadura, a 33 MMD a su término. Otros 13 MMD de reclamos de deuda externa a entidades privadas (bancos, empresas y personas), pronto serían nacionalizados para que los paguemos “entre todes”.

Para ese entonces, el Fondo había dejado atrás su objetivo fundacional de estabilidad monetaria —en pos del crecimiento del comercio internacional— para dar prioridad a la financiarización económica que convertía la inestabilidad monetaria, justamente, en uno de los impulsores y objetos centrales de ese comercio.

Por lo que, a sus exigencias comunes de ajuste fiscal y acumulación de reservas, el FMI sumó la libre circulación financiera, reflejada en Argentina en las leyes de la dictadura sobre inversiones extranjeras (21.382/1976) y entidades financieras (21.526/1977). Aún vigentes, operaban y operan para acelerar la desindustrialización, privatización y extranjerización de la economía, entregándola a los intereses transnacionales más concentrados de la rapiña extractivista y especulativa, deuda masiva mediante.

Desde entonces se ha continuado profundizando ese mismo proceso, priorizando la especulación y la reprimarización y multiplicando por 10 la deuda pública reclamada al país (454 MMD al 30.9.25). Con altibajos sin duda, idas y venidas varias, y con la aparición de nuevos actores que concentran mucho poder —como los fondos privados de Black Rock, Vanguard, Templeton y otros— y que unen bajo una misma estrategia de ganancias a la especulación financiera y el control directo de activos.

Pasamos por la Década perdida de los ´80, la Década menemista neoliberal y privatizadora de los ´90, el colapso de 2001 y la Década kirchnerista pagadora, hasta llegar a los años de Macri, Fernández y Milei. Pero anteponiendo siempre, sin cuestionar ni sancionar a los responsables, la demanda de pago de una deuda eterna cuya ilegitimidad e incluso ilegalidad han sido ampliamente establecidas a las obligaciones de cumplir primero con los derechos de los pueblos y de la naturaleza.

El fallo del Juicio Popular a la Deuda y al FMI, realizado en 2020 por la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, fue contundente al respecto. Luego de constatar cómo, incluso, se endeudara al país para recibir asistencia técnica para reformar las leyes en beneficio de las empresas extractivistas, destacó “los acuerdos tramposos mediante los cuales, por ejemplo para pagar más deudas en dólares, se empuja al país que debe usar más agroquímicos y seguir desmontando, a los efectos de producir más; o tenga que permitir que se contaminen las aguas con la minería que usa arsénico, cianuro y otras sustancias tóxicas, produciendo… verdaderos ecocidios por goteo”. No pueden aceptarse de ninguna manera, concluye el fallo, “acuerdos económicos como las deudas públicas y acuerdos con el FMI, que impliquen derivaciones en perjuicios de lesa humanidad y de lesa naturaleza para nuestro pueblo y nuestro ecosistema como país y planeta”.

Más pagamos, más debemos y menos tenemos

Es en ese contexto que se sitúa la crisis socioeconómica y ecológica que nos agobia. Así como también, la reiteración de exigencias y políticas que ya han fallido, incluyendo hasta la voluntad del gobierno de convertirnos en colonia no reconocida del poder menguante estadounidense, dispuesta a seguir privilegiando el extractivismo y la especulación a costa de mayor empobrecimiento, explotación y deuda: deuda financiera, deuda social, deuda ecológica, deuda de género, deuda democrática…

Más nos ajustan, más se fuga con la bicicleta financiera rebautizada carry trade y más nos endeudan para seguir jugando. Más crece la deuda, más se busca divisas para pagarla a través del incentivo a las inversiones extranjeras y el extractivismo exportador, otorgándole más exenciones impositivas y asegurando que menos queda para distribuir internamente. Cómo lo sintetizaba Eduardo Galeano hace 40 años, más pagamos, más debemos y menos tenemos.

El Fondo, desde su retorno a la Argentina de la mano de Luis “Messi de las Finanzas” Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri, repite las mismas condiciones con los mismos resultados, siempre a favor de los prestamistas. Recortar gastos en aras de pagar la estafa de la deuda. Achicar el Estado para agrandar los negocios privados. Libertad para el ingreso de capitales y la salida de las ganancias, prebendas para saquear a la naturaleza. A lo que el gobierno agrega, restricciones y represión para quienes cuestionan o resisten.

Mientras tanto, la pauperización estructural mantiene como piso a un tercio de la población, más de la mitad de la fuerza laboral lo pelea en condiciones “no-formales” y ni quienes tienen un trabajo formalizado llegan todes a saciar el hambre. El acceso a derechos fundamentales como la salud, educación, vivienda, agua y saneamiento está cada vez más precarizado y el ecosistema y todos sus elementos, como el suelo, los bosques, los ríos, glaciares, minerales e hidrocarburos, bajo ataque frontal y sistemático. 

¿Lo nuevo? La “economía del futuro” que ya se viene construyendo en los horizontes de extracción, explotación y especulación que se abren con la crisis climática, dónde todo se pinta de verde sustentable, y el desarrollo de la informatización y la economía del conocimiento, pero para seguir por la misma senda.

De hecho, es esa “abundancia de activos naturales” —dixit el Banco Mundial— que caracteriza a la Argentina, lo que continúa siendo la base para profundizar tanto el saqueo extractivista como el endeudamiento. Enraizado, además, en el proceso mundial actual de mercantilización extrema y financiarización de la naturaleza, que convierte las fuentes mismas de la vida en objetos de compra y venta e instrumentos de la especulación financiera.  

Desde los minerales críticos hasta las energías renovables, pasando también por la instalación de megacentros de datos y la minería de criptomonedas —ambas grandes consumidoras de agua y energía—, la deuda impone su promoción para conseguir las divisas que demanda el pago de la estafa, mientras esa misma promoción implica mayor endeudamiento a fin de asegurar la infraestructura y los privilegios impositivos, comerciales y monetarios, que exigen los extractivistas. 

El RIGI, el Fondo y los bancos multilaterales

En eso, se mantiene la sintonía entre los intereses estratégicos de EE.UU. y otros países centrales, los apetitos de sus grandes bancos, fondos especuladores y empresas, y las prioridades, préstamos y condiciones de las instituciones endeudadoras y reguladoras como el FMI, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ellos mismos controlan.

Para muestra basta un botón. “Se necesitan esfuerzos continuos para impulsar la capacidad exportadora neta de Argentina –se explicitaba en el Informe del personal “técnico” del FMI (Staff Agreement) de abril de 2023-. Será necesario mejorar los marcos regulatorios de los sectores estratégicos, incluidos la energía, la minería y la economía del conocimiento, para impulsar la inversión y el potencial de exportación de Argentina”.

En agosto recién pasado, el Informe técnico más reciente agregaba la necesidad de cumplir con los proyectos públicos de infraestructura (suspendidos por decisión del gobierno de Milei) y de avanzar nuevos proyectos públicos-privados que priorizan la concesión de puertos, hidrovías y carreteras a través de un renovado marco jurídico. Así como también, de la reforma laboral, fiscal y previsional. Trato preferencial para la inversión externa y deuda pública para apoyar las ganancias privadas.

Podría leerse prácticamente lo mismo en cualquiera de los acuerdos e informes del FMI con Argentina en los años ´90 cuando, al igual que hoy, se exigía complementar el “apoyo” del Fondo con préstamos adicionales del BM y del BID. El modus operandi continúa siendo lo que fue denunciado por la Asamblea Jáchal No se Toca en el Juicio Popular a la Deuda y al FMI, ya referido.

Se planificó el avance megaminero de tal manera que hay una sumisión eterna de los países, como Argentina, que tomaron deuda del Banco Mundial para hacer estudios geológicos que les abaraten la tarea a las multinacionales mineras, y para modificar el marco jurídico, habilitando así el saqueo megaminero. Este plan continúa con el ofrecimiento de más préstamos para remediación ambiental, como lo sucedido en Malargüe con una mina de uranio. El saqueo megaminero empieza y termina con más y más deuda. Con más y más pobreza.

Y con más y más ganancias para esas multinacionales y fondos de inversión que hoy buscan nuevos privilegios a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), para profundizar el mismo saqueo extractivista. Tal como lo planteaban el FMI y el Banco Mundial, al exigir condiciones favorables para las inversiones que se suponen traerán y generarán las divisas con que pagar a las deudas, el RIGI ofrece exenciones impositivas, acceso preferencial al mercado cambiario y toda clase de tratos diferenciales para atraer potenciales inversores. De acuerdo a su reglamentación, además ofrece beneficios adicionales a quienes presentan bonos de la deuda pública como parte de su inversión, tal como se hizo en los ´90 para aumentar las ganancias de la ola privatizadora de las empresas públicas, encaminada entonces como ahora, con el discurso de “sanear el Estado y resolver el problema de la deuda”.  

Los primeros proyectos aprobados refuerzan y amplían el sesgo extractivista de la economía: otro puerto sobre el Paraná, petróleo y gas, energías renovables a gran escala, litio y cobre. Proyectos que no reparen en sus impactos en los territorios, ni en la necesidad de la consulta y consentimiento previo e informado de las comunidades afectadas, ni en la contradicción flagrante con las preferencias simultáneas otorgadas a la exportación hidrocarburífica y la aparente preocupación por la crisis climática. Lo central es cumplir con la necesidad imperiosa de ingresar divisas —vía inversión, especulación y/o exportación— y con los intereses estratégicos de quienes otorgan los créditos, compran los bonos o invierten y especulan con ellos.

No es de extrañar entonces, que vemos el mismo sesgo en la cartera de proyectos que mantiene el Banco Mundial y el BID en nuestro país, reiterando la importancia de su orientación, condiciones y préstamos que a principios de los ’90, dieron forma y narrativa a la década privatizadora y ahora prioriza la minería, la transición energética, la infraestructura exportadora y la inclusión financiera. Amén de aportar también a la entrada de divisas, orientan, condicionan y apoyan directa e indirectamente, el avance del saqueo.

La visita de directores del BM a Argentina en septiembre, también para dejar sus señales en el escenario pre-electoral, valorizó la importancia del RIGI y se concentró en “las oportunidades que la Argentina ofrece en la minería sustentable (sic) de metales críticos”. Anunció el adelantamiento de sus desembolsos en clave de apoyo a las reformas “impresionantes” del gobierno de Milei, y señaló su interés en agilizar la aprobación de los proyectos con los cuales la Corporación Financiera Internacional, agencia del Grupo Banco Mundial, aportará a la inversión privada con enfoque en infraestructura, minerales críticos, agroindustria, generación y transmisión de energía.

Por solo citar un ejemplo más, en Jujuy, el Ministerio de Educación celebró en días pasados una jornada de trabajo con especialistas del Banco Mundial centrada en “competencias educativas en Alfabetización Inicial, así como en el desarrollo de habilidades clave para responder a las demandas del sector minero”. La misma provincia viene buscando créditos del Banco para la exploración minera, la infraestructura vial y un centro logístico. En 2024, junto a Salta había encargado al BM la realización de un informe hidrogeológico sobre la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en aras de la explotación del litio. Solo la resistencia de las comunidades originarias de la cuenca, que se ven amenazadas por el impacto de estos proyectos en el agua que les da vida y denunciaron la no consulta previa, logró que el Banco suspendiera la iniciativa a la espera de “consensos” en torno a cómo avanzar.

De parte del BID, entre otras de sus líneas ha sido notorio su rol en el diseño y financiamiento del IIRSA, hoy COSIPLAN, que desde principios de los 2000 orienta la integración de la infraestructura suramericana en pos de agilizar las rutas del saqueo. Entre sus proyectos en nuestro país se cuentan los corredores biooceánicos, como el que suscitó una importante resistencia en Córdoba, en los valles de Punilla y Paravachasca, por sus estragos sociales y ambientales, y el que avanza más al norte, cruzando los territorios cuyo sacrificio se descuenta para priorizar la extracción de litio y otros minerales críticos.

Falsas soluciones

Romper con el círculo vicioso establecido entre el extractivismo y la deuda, requiere sin duda de estrategias que favorezcan la articulación de las resistencias frente a sus impactos y la construcción de alternativas de soberanía y buen vivir. Lo que descarta de entrada, las falsas soluciones que aparecen en el horizonte, también alentadas por los bancos multilaterales y los grandes fondos de inversión que apuestan con cada vez más fuerza, a la llamada economía verde.

El mercadeo de carbono es una de esas falsas soluciones que promueve, entre otras, la cooptación de bosque nativo o la plantación de árboles no nativos, como pinos, para poder vender su capacidad de almacenamiento de carbono a quienes quieren especular con su precio o bien, compensar la emisión excesiva de gases de efecto invernadero en otra parte. No cuenta todavía con un avance significativo en nuestro país, pero es de esperar que se aumente la presión para expandir este negocio, más allá del negacionismo climático del gobierno nacional.

De hecho, el Banco Mundial ya viene promocionando su crecimiento, como muestra el taller realizado hace dos años sobre finanzas sostenibles y mercados de carbono, destinado al personal de la Comisión Nacional de Valores y a miembros de la “Mesa de Finanzas Sostenibles”. Si bien no hay muchos indicios de que esa Mesa siga funcionando, fue creada a instancias del Pacto Global que busca impulsar la llamada “responsabilidad social” de las empresas transnacionales más contaminantes y violadoras de los derechos de los pueblos y de la naturaleza y es probable que encuentre cómo seguir su cometido.

Pese a no poder certificar una mejoría en relación a la crisis climática, el mercadeo de carbono sí demuestra graves impactos sobre el ambiente, la soberanía territorial y la vida, sobre todo de los pueblos indígena y campesino que suelen habitar las zonas elegidas. Los mismos fueron denunciados, por ejemplo, en la Audiencia reciente sobre Agua, Clima y Energía, del Tribunal Internacional de los Pueblos y la Naturaleza contra el FMI y el Banco Mundial, desde la experiencia en Colombia donde el BM ha operado con créditos y la reforma del marco jurídico, para promover la creación de un mercado local para la compra-venta del carbono y sus derivados.

Otra falsa solución es el Canje de deuda por conservación, acción climática u otro supuesto bien, que actualmente suscita gran entusiasmo en las negociaciones globales sobre clima como en las de “financiamiento para el desarrollo”. La propuesta consiste en acordar con algún tercero, cierta reducción o reestructuración de pagos sobre la estafa de la deuda (por ejemplo, abonando los intereses en pesos en vez de dólares), a cambio de dedicar esos intereses a algún fin en el cual ese tercero, por lo general, tiene una participación controlante.

Surgió primero en los años ’80, como respuesta innovadora de parte de algunas transnacionales de la conservación a la crisis de pagos de entonces. Se reflotó en los ´90 en relación a iniciativas de privatización de la educación y la salud, y hace ya unos años vuelve con renovada fuerza ante la ausencia de reparaciones y financiamiento genuino frente a la emergencia climática.

En nuestro país, hubo algunos canjes por educación y salud en la década del 2000, y el gobierno de Alberto Fernández salió a apoyar la idea de canjes de deuda por acción climática, pero sin concretar algo. Es también probable que en los próximos tiempos crezca la presión al respecto y, de hecho, el entonces secretario de finanzas, ahora canciller Pablo Quirno, anunció días antes de las elecciones recientes que se estaba preparando un Canje de deuda por educación que, según los trascendidos, se estaría estructurando con JPMorgan.

La experiencia mundial en esta materia, que incluye dos canjes recientes en Ecuador, en torno a las Islas Galápagos y territorio amazónico, evidencia los impactos no deseables de estas iniciativas que incluyen cada vez más sofisticadas operaciones financieras, con o sin la participación de los bancos multilaterales como el BM o el BID: poca reducción de deuda e incluso la posibilidad de su aumento a más largo plazo; pérdida de soberanía y control territorial; imposición de otras falsas soluciones como la venta de bonos de carbono cuyos beneficios frente a la crisis climática tampoco han podido comprobarse.

Resistir y construir

Frente a este panorama, que incluye además un cronograma sobrecargado de vencimientos de deuda para 2026 (unos 20 MMD) y aún más para 2027, el único camino es la resistencia y la construcción de alternativas reales de soberanía y derechos, fortaleciendo las luchas frente al avance del modelo capitalista, neoliberal y extractivista, y todos sus impactos. Destacando como paso común e imprescindible, la suspensión y no pago de la estafa de la deuda financiera odiosa e ilegítima —una deuda que no debemos ni el pueblo ni la naturaleza—, junto a la investigación y sanción de sus responsables y la reparación de los daños provocados.

El embestido es fuerte, por lo que no nos faltan oportunidades y escenarios para unir fuerzas contra todo nuevo endeudamiento, sea financiero, socioecológico, climático o democrático. Desde el “NO” a la privatización de AySA y el intento de vaciar la Ley de Glaciares, hasta todas las luchas contra la expansión de las diversas fronteras extractivistas, sean estás hidrocarburíferas, megamineras y agroindustriales o relacionadas con las criptomonedas, la economía del conocimiento y las falsas soluciones climáticas. En defensa de los pueblos y comunidades indígenas y otras, guardianes de la naturaleza y de nuestro derecho de construir, entre todes, la soberanía alimentaria, energética, territorial, financiera y política que precisamos para asegurar el buen vivir.

A 50 años de la última dictadura, cuyos crímenes económicos, sus responsables y grandes beneficiarios continúan impunes y disfrutando de los beneficios generados, es más importante que nunca avanzar en la visibilización y sanción de su participación en el genocidio de ayer y el genocidio y el ecocidio a goteo de hoy. Es en ese sentido que desde Diálogo 2000, y espacios de lucha como la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y la red de Jubileo Sur/Américas, llamamos a priorizar los intercambios y acuerdos populares necesarios, para poner fin a este ciclo de deuda, extractivismo, pobreza y represión y abrir paso a un mundo donde quepan todes. Y en ese esfuerzo, sumar voluntades, debates y acciones colectivas a nivel de toda nuestra América —tal cómo logramos para derrotar al ALCA hace ya 20 años— a fin de construir juntes los nuevos horizontes emancipatorios. 

Fuente: Huella del Sur