Hermetismo estatal rodea masacre en Colón, zona de conflicto agrario en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. – Tres días después que Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, anunció la militarización de las calles y se aprobó la redefinición de la figura de asociación terrorista, una masacre en la Cooperativa Campesina Paso Aguán en Rigores, Trujillo, Colón, dejó más de 19 personas muertas.

A este hecho violento se sumó otro, esta vez a 470 kilómetros de distancia, también en el litoral Atlántico de Honduras. En Corinto, Cortés, un enfrentamiento registrado pasadas las 11:00 am habría resultado en la muerte de al menos cinco agentes policiales y tres civiles.

Más allá de que el primer hecho violento se registró alrededor de las 6:00 de la mañana, y que, según la Plataforma Agraria, entre las víctimas habría niños, mujeres y hombres, hasta ahora se conoce poca información oficial sobre lo ocurrido. Pasadas las 5:00 de la tarde, el Ministerio Público confirmó 19 muertos en el ataque.

Durante una reunión de emergencia en la Secretaría de Seguridad, el titular de esa institución, Gerson Velásquez, admitió que no contaban con datos oficiales sobre el número de fallecidos en las dos acciones violentas. Asimismo, Javier Talavera, director del Instituto Nacional Agrario (INA) reconoció que se enteraron de los hechos a través de los medios de comunicación.

Pese a admitir desconocer los hechos, Velásquez afirmó que los autores materiales pertenecerían a una estructura criminal “entronizada en ese territorio” con “conexiones al narcotráfico” que, según él, estaría mutando sus actividades al robo de frutas de palma africana y la invasión de algunas fincas productoras.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras, viajó en una visita oficial a El Salvador, país bajo un régimen de excepción que ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos por denuncias de abuso y restricciones a garantías constitucionales.

Mediante comunicado de prensa, la Plataforma Agraria, que aglutina  y aboga en favor de las cooperativas campesinas en procesos de recuperación de tierras,   denunció esta tarde que desde mayo de 2025 se desató una ola de violencia que atribuyen a las estructuras armadas: Grupo del 8 y a la banda de los Canechos, entre cuyas principales víctimas hay campesinos de las aldeas de Panamá y Rigores. “Ambos grupos se han dedicado a extorsionar y desplazar a las cooperativas campesinas”, apuntó la organización.

Desde la Plataforma Agraria rechazaron la estigmatización contra el movimiento campesino y denunciaron que la omisión e impunidad frente a las agresiones denunciadas han permitido que la violencia escale hasta alcanzar la magnitud de una masacre.

Aseguran que pese a reiteradas denuncias sobre los vínculos que mantienen estos grupos con las fuerzas de seguridad pública, operadores de justicia y las empresas agroindustriales que operan en la región, poco se ha hecho.

MASACRES COMO PUNTA DE LANZA PARA INTERVENCIONES

Al inicio de la pasada administración, presidida por Xiomara Castro, el asesinato de tres agentes policiales sirvió como antesala para decretar un estado de excepción que rápidamente se extendió al resto del país y que únicamente fue levantado tras el vencimiento de su última prórroga, el 27 de enero, con la asunción al poder del derechista Nasry Asfura.

Esta situación podría repetirse. Pasado el mediodía, la Secretaría de Seguridad, anunció vía redes sociales, que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas activaron un “comando de crisis” a través del cual realizarán una ofensiva operativa en la comunidad de Rigores.

Sin embargo, a través de un medio local, un campesino denunció que previo a la masacre fueron hostigados por miembros de la Policía Nacional, llegando incluso a balear, quemar y robar los productos agrícolas y sus bienes, así como colocar droga entre sus pertenencias.

CONFLICTO AGRARIO, NARCOTRÁFICO Y AUSENCIA ESTATAL

Colón es un departamento en el que confluyen conflictividades, explicó Carlos Sierra, integrante del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).

Estos factores, explicó Sierra, incluyen una reforma agraria inconclusa que mantiene conflictos históricos entre campesinos y agroindustria por la tenencia de la tierra, la expansión del crimen organizado en una zona estratégica para rutas marítimas y aéreas, y la débil presencia estatal en materia de seguridad, justicia y servicios públicos. “Todas estas conflictividades se suman y al final el gran afectado es la población que vive en estos territorios”, pormenorizó Sierra.

El informe Caminando nuestra justicia, presentado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras en abril de este año, señaló que el 45% de las 2,484 agresiones contra personas defensoras reportadas en 2025, se concentraron en Colón, departamento marcado por incursiones y ataques armados en contra de cooperativas campesinas y comunidades garífunas.

Durante años, una de las principales figuras del poder en Colón fue Adán Fúnez, quien durante 16 años fue alcalde del municipio de Tocoa. Incluso durante la administración Castro, brevemente asumió la titularidad de la gobernación del departamento de Colón. El nombramiento causo controversia y silenciosamente fue sustituido.

Además de su agenda en favor de la industria extractiva a cielo abierto, entre los puntos de contención en contra de Fúnez estaba su admitida amistad con el cártel de Los Cachiros que opera en la zona. Cuyos jefes, Javier y Devis Leonel Rivera Maradiaga, fueron enjuiciados en Estados Unidos por tráfico de drogas. 

Fúnez fue capturado, el pasado martes 12 de mayo, en conexión al asesinato del líder ambiental y regidor de Tocoa, Juan López. Actualmente está a la espera de audiencia preliminar, agendada para el 14 de septiembre, tras dictársele auto de formal procesamiento con prisión preventiva.

RIGORES: DOS DÉCADAS DE VIOLENCIA

Foto de archivo ilustrativa

La violencia en Rigores, Trujillo, no es nueva, desde hace dos décadas se han registrado asesinatos.  Uno de los casos más recientes fue el registrado en enero de 2025, cuando se r eportó la masacre de tres personas en la zona de Rigores. Entre las víctimas se encontraban José Luis Hernández, socio de la cooperativa Gregorio Chávez y su pareja Suyapa Guillén.

El crimen se sumó a las acciones violentas contra integrantes de organizaciones campesinas que inició en la víspera de Navidad del 2024, con el desplazamiento forzado de las y los integrantes de la cooperativa Camarones, y que se extendió en contra de las cooperativas Tranvío y Chile.

En 2013, organizaciones campesinas del Bajo Aguan denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado de Honduras permitió y avaló un patrón sistemático de violencia, militarización e impunidad contra movimientos campesinos que reclamaban tierras en disputa en el Bajo Aguán. En la petición se advertía sobre asesinatos selectivos, desplazamientos, amenazas y operaciones conjuntas entre fuerzas de seguridad y guardias privadas en comunidades campesinas de la región. Entre los casos presentados se encuentran los ataques dirigidos contra la Cooperativa Campesina Gregorio Chávez.

ALERTAN CONTRA LLAMADOS A MEDIDAS DE EXCEPCIÓN

En reacción a los hechos de violencia registrados, el diputado liberal Rashid Mejía pidió a la Secretaría de Seguridad decretar estado de emergencia en materia de seguridad.

Para Lucía Vijil, analista del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), no es casualidad que los hechos violentos se intensifiquen en comunidades campesinas en procesos de recuperación de tierras. La investigadora señaló que organizaciones sociales del Bajo Aguán han denunciado desde hace años la presencia y el asedio de estructuras del crimen organizado en la zona, sin que exista respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Vijil advirtió además que la escalada de violencia ocurre en un contexto nacional marcado por reformas punitivas vinculadas al terrorismo y discursos que buscan justificar mayores medidas de seguridad, mientras persiste la falta de investigaciones y acciones integrales frente a la criminalidad en el Aguán.

Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), repudió la masacre, así como la normalización de la “barbarie”. Al tiempo que exigió una investigación imparcial que devele toda la estructura criminal que operó, desde cómo se dieron los hechos y quiénes dieron la orden.

“No podemos normalizar la violencia, una violencia que es contra la gente más desposeída de este país, la que todos los días quieren desplazar de los recursos, de la tierra, de lo que nos da la vida. Pongamos mucho ojo con lo que se nos viene y lo que están planificando estos grupos de poder”, declaró la lideresa garífuna.

Fuente:  criterio.hn