Incendiar, desmontar y criminalizar: el pueblo wichí sigue defendiendo el monte nativo en Misión Chaqueña

Dos semanas atrás, Marta Herrera y Leonardo Pantoja, integrantes de Misión Chaqueña, fueron a un destacamento policial a denunciar que Claudio Ferrari los había amenazado de muerte a ellos y a sus hijos. En lugar de recibir escucha y medidas de protección, fueron detenidos: el empresario los había demandado por “lesiones leves” a raíz de una serie de agresiones físicas que Herrera y Pantoja sostienen que no sucedieron jamás. Finalmente, intervención de Mara Puntano mediante, los dirigentes wichí fueron liberados y quedó fijada una mediación para el martes 13 de enero.

“Nosotros no nos sometemos a mediación, porque eso significa aceptar la culpabilidad de un delito que no existió”, explica Puntano en diálogo con ANRed. “Al contrario, (los miembros de la comunidad) son siempre atacados por Ferrari. Y cuando la comunidad indígena denuncia, la policía no lleva las denuncias a la Fiscalía”, añade a continuación. En palabras de la representante, mientras las demandas de Ferrari “van por avión o por cohete”, las de la comunidad se mueven “en carreta” y nunca llegan a ninguna parte. La mediación, como era esperable, fracasó sin que se alcance ninguna clase de acuerdo entre el empresario y la comunidad.

“Título de propiedad”: una historia de saqueo e invisibilización

Claudio Ferrari asegura que compró el territorio que pretende desmontar. ¿Cómo llega a manos de un empresario una porción de tierra que ancestralmente perteneció a un pueblo originario? La respuesta apunta a una realidad histórica de borramiento y saqueo. “Acá la responsabilidad principal de la violación sistemática de los derechos de los pueblos originarios, en toda la República Argentina, es del Estado Nacional, los provinciales y los municipales”, sentencia Puntano.

“Las tierras, ancestralmente, les corresponden en propiedad legítima a todos los pueblos originarios de la República Argentina. El Estado Nacional, en la Constitución, recién lo reconoce en el año 94 y a partir de ahí procede al relevamiento territorial de las comunidades indígenas, pero esos relevamientos están mal hechos”, continúa la abogada. “En la provincia de Salta hay más de 300 comunidades solamente de la etnia wichí, y hay dos comunidades que comparten un espacio común, que es precisamente la franja que ocupa Ferrari”, indica, refiriéndose a las comunidades Misión Chaqueña y Carboncito. Sin embargo, los relevamientos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y del Instituto Provincial de pueblos Indígenas de Salta (IPIS) no dejaron constancia de ese uso compartido en sus registros.

Esto provocó que esa porción de territorio, bajo la errada etiqueta de “tierras fiscales”, fueran vendiéndose una y otra vez hasta llegar a manos de Ferrari. “Hace mucho, en toda la Nación argentina, se saquearon las tierras de las comunidades indígenas y se las repartieron de acuerdo a las oligarquías de cada provincia. En Salta, las tierras -que les dicen fiscales pero en realidad son de las comunidades indígenas- también fueron repartidas”, señala Puntano y suma que, en el Registro de Inmuebles de la provincia, figura que el territorio de Misión Chaqueña y Carboncito fue comprado en los 70, desencadenando una serie de pasajes de un comprador a otro que derivó en el conflicto actual.

En noviembre de 2006 se sancionó la Ley 26.160, que declaraba “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país” y que fue prorrogándose año tras año hasta fines de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei le puso un freno. “Ahora -explica Puntano- avanzan como avanzan acá en Salta y en el Sur con los Mapuche: están desalojando, y cuando no pueden desalojar incendian”.

Las comunidades indígenas no confían en el Estado

Actualmente, en medio de la causa penal contra los miembros Misión Chaqueña, Mara Puntano denuncia que el objetivo del Estado, en complicidad con el empresario, es “presionar a la comunidad para que, preocupada por la liberación de las personas (que fueron procesadas) firme un convenio a favor” de Ferrari. La propuesta del Gobierno consistía en que el propio Estado provincial le comprara las tierras al empresario para supuestamente luego “entregárselas a la comunidad”, algo que generó inmediata desconfianza entre los dirigentes y su abogada.

“Las comunidades indígenas no confían en las autoridades de Asuntos Indígenas, porque si hicieran su trabajo ya todas las comunidades tendrían la regularización de su territorio con los títulos de propiedad comunitaria, y no lo tienen precisamente porque no funciona: el Estado viola sistemáticamente los derechos de todos los pueblos originarios”, denuncia Puntano.

Incendiar, criminalizar y matar de hambre: los pueblos originarios como obstáculo para el saqueo

Mientras en el Norte, Ferrari avanza con el desmonte del bosque nativo, en el Sur los árboles arden en un escenario conocido: es, probablemente, el preludio de la apropiación de esas tierras por parte de agentes privados, que ya concentran más de 13 millones de hectáreas dentro de la Argentina, como hace poco denunció el “ Mapa de extranjerización de la tierra” elaborado por científicos del Conicet y la UBA.

“Cuando no los pueden dividir, cuando no los pueden vencer de esa manera, lo que hacen es directamente incendian como en el Sur. Por acá se los mata de hambre y de sed, dividiéndolos entre sí y jugando con los pueblos más pacíficos. Porque otra sería la historia si de verdad fueran violentos: son más de 300 comunidades. Pero la violencia viene desde el Estado”, resume Mara Puntano.

La abogada apunta, además, a la manera en que el Estado incumple su mandato de proteger a las comunidades: “Con los empresarios tenés el enemigo clarito: es el capitalista, lo único que le interesa es la ganancia. Pero el Estado debiera defender. El estado debiera, como dice la Constitución, garantizar los derechos de los ciudadanos, (pero) hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de última”. En igual sentido, sostiene que no existe real independencia de poderes y que todos -el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo- responden a la “misma orden” de atentar contra los pueblos indígenas.

“¿Para qué? Para sacarles los territorios, que es lo más valioso que existe en cualquier lugar del planeta. Y encima los territorios de las poblaciones indígenas son los más ricos que hay, porque todos los pueblos que están asentados sobre la cordillera son los que tienen litio, oro, todos los todos los minerales juntitos”, subraya la abogada.

Mientras crecen las alarmas contra la intromisión estadounidense, israelí y de otras potencias en América Latina, entre discursos nacionalistas y llamados a proteger la soberanía y los “recursos naturales” del país, pocos parecen recordar que los pueblos originarios son, quizás, el impedimento más grande contra el avance de la apropiación de tierras y la destrucción de la naturaleza, y que con igual magnitud son criminalizados. Este año de nuevo, aunque con una credibilidad cada vez menor, el Gobierno atribuyó los incendios del Sur sin pruebas a “grupos terroristas mapuches”, y de igual modo Ferrari acusa de “violentos” a los wichí en Salta.

Llevando su denuncia a escala global, Mara Puntano advierte: “No es solamente Argentina. Es Venezuela, y ahora hasta Groenlandia. Y Palestina. Son todos pueblos originarios ricos. África, un continente riquísimo, está destruido. Y no es que sea pobre, está saqueado. Lo mismo están haciendo acá. Por eso, cuando se dice que hay un pueblo violento, hay que leer dos veces”.

Fuente: ANRed