La Red en Defensa del Maíz y la autonomía

COLUMNA | DESDE LOS FUEGOS DEL TIEMPO

La Red en Defensa del Maíz lleva unos 25 años reivindicando la urgencia de defender al maíz (por ende la milpa) de toda la privatización, la desfiguración y la erosión que las corporaciones y los gobiernos, incluso las instancias de decisión internacionales llamadas pomposamente multilaterales, han decidido para seguir en el camino de la agricultura industrial, de las semillas transgénicas o genéticamente modificadas, en el camino de las semillas con derechos de obtentor, patente industrial o simplemente sujetas a leyes o regulaciones de comercio, certificación, inocuidad o tránsito.

Entre el 12 y el 15 de marzo de este año, la Red sesionó en Huayacocotla, Veracruz y asistieron personas, comunidades y organizaciones de Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, y el Distrito Federal para recapitular lo que ha sido el horizonte de estos años por parte del gobierno mexicano que ha tenido la intención de imponer leyes de Variedades Vegetales, organismos genéticamente modificados, repartos de beneficio que siempre son injustificables pero que en los casos recientes son realmente aberrantes (como en el caso del maíz olotón) y toda la serie interminable de políticas públicas que se han promovido con el fin expreso de imponer sus paquetes tecnológicos, sus modelos agroindustriales, sus semillas híbridas en el mejor de los casos y su juego político-económico con Estados Unidos (Canadá también) en lo que fue primero el TLCAN y luego el T-MEC.

Desde los primeros intercambios, la Red insistió siempre en reivindicar que el maíz no es una cosa, que lo crucial es la relación que el maíz (la milpa) y los colectivos humanos mantienen desde hace varios miles de años y que la biodiversidad lograda en esos milenios es un regalo de futuro que los pueblos han mantenido de un modo cuasi invisible, pero no por eso menos importante. En la relación entre los pueblos y sus cultivos, y en la lucha por la defensa del maíz, es entonces crucial defender la vida de los pueblos que guardan una relación con la milpa. Durante estos 25 años la Red ha sido, como dijeron en la sesión de Huayacocotla “una piedrita en el zapato” de todo el accionar del gobierno, porque durante todos esos años el gobierno ha presumido de proteger y promover el maíz mexicano, nativo, para consumo humano.

Compartimos aquí algo de la palabra de los comunidades en estos 25 años, para que quede establecido el tono en que la Red ha insistido en su labor, una que se coteja desde múltiples rincones donde todavía se reivindica la milpa nativa, la agricultura campesina, como una tarea loable y urgente.

Un punto clave, presente en toda la discusión de la Red, es también el asunto de la autonomía. La defensa de la milpa campesina, y de la relación milenaria de la que hablamos, implica de inmediato la reivindicación de la autonomía. Ya lo decía la Red en 2011:

Entonces se reivindicó lo expresado desde los primeros foros, diez años atrás y en los documentos como El maíz no es una cosa, ahí la Red decía:

Muchas otras formulaciones ha expresado la Red en diferentes circunstancias para reivindicar un punto que sigue siendo crucial: la autonomía. La discusión de la autonomía no se agota sólo en la defensa del maíz, por supuesto, pero esta defensa del maíz pone en perspectiva lo que es la razón de los pueblos contra la razón del Estado (cualquiera que este sea), y de los gobiernos (sean progresistas o de ultra derecha y fascistas como ahora se ciernen por todo el planeta).

Tal vez incluso, lo pueblos tendrían que reivindicar su identidad, su ser pleno, y establecer sus propias prioridades, sus propias propuestas y sus acciones para reivindicar lo que puede permitir una vida que responda a la justicia y el respeto. En México, ahora el propio gobierno insiste en que ya cumplió su palabra sólo por haber reconocido que los pueblos son sujetos de derecho público (hasta hace poco eran meramente sujetos de interés público, lo cual era meramente una vergüenza y una sinrazón). Aunque es importante reconocer que esto es un avance con respecto a su condición anterior, siendo ahora sujetos de derecho público sigue pendiente plantear la necesidad imperiosa de darse la razón, como pueblo, frente a todas leyes y normas del Estado que aloja a esos pueblos, sea el país del que se trate, porque la apariencia de la autonomía no es la autonomía. Es decir, el derecho reconocido es el sistema jurídico de tal Estado, pero lo pueblos no pueden plantear sus propias visiones ni ejercer sus propias decisiones. En un régimen de planea autonomía, alojada por un Estado nacional, por lo menos tendría que contemplarse una pluralidad jurídica que permitiera la convivencia y la armonización del derecho nacional y los derechos de los pueblos.

Estamos en un momento donde el aparato institucional tiene tendidos una serie de controles que, conjugados con las precisiones continuas de las corporaciones, el gobierno, las multilaterales y los cárteles delincuenciales, acaba siendo muy pobre el margen de maniobra con que cuentan las comunidades.

Si a eso le agregamos que las reglas de operación presupuestales del gobierno terminan enredando la posibilidad de ejercer los propios fondos municipales de las comunidades, el escenario es uno de fragmentación, aislamiento, corrupción.

Impedir que resolvamos lo que más nos importa por nuestros propios medios es la razón principal del malestar de los pueblos hacia lo que es la gestión gubernamental que dice ayudar, pero no resuelve, que dice proteger y en realidad expone y fragiliza.

Por poner un caso grande que está en el centro de la propuesta de la autonomía, hablemos de la tan traída soberanía alimentaria.

Antes, frente la idea de la soberanía alimentaria pensábamos que bastaba con poder ejercer a producción propia de nuestros alimentos. De lograrlo, ya no teníamos que pedirle permiso a nadie para ser comunidades, colectivos o pueblos.

Durante muchos siglos hubo diversas comunidades que lograban, con sus quehaceres ejercidos en la naturalidad, cumplir con lo que se conocía como subsistencia (lo que subyace a la existencia). No había la necesidad jurídica de establecer como propuesta de los pueblos una soberanía alimentaria: era la solución directa que la gente. al ir resolviendo, culminaba. De las urgencias y sus soluciones surgía una pertinencia permanente. Con gran desdén, desde el poder le llamaron a eso “autoconsumo” o “autosuficiencia”.

Como sabemos, todo esto se rompió con la dislocación que sacó de cauce las relaciones y las volvió hilos desmadejados de un sinfín de mediaciones. Los patrones y terratenientes primero, las compañías, los gobiernos y luego las instancias internacionales que se volvieron comisarios mundiales, entendieron que permitirle a la gente producir sus propios alimentos era dejarlos fuera del férreo control que buscaban imponer.

La escasez como horizonte y norma sometió a la gente, impidiendo que resolviera por sí misma lo que más le importa. Las coerciones, los engaños, las estandarizaciones, las reglamentaciones, transformaron el horizonte de las comunidades que, además, fueron expulsadas con rapidez o lentamente. Las arrancaron de sus entornos de subsistencia, y eso desmadejó también su relación con la cocina como principio fundamental de la magia más primigenia. Se pudo así golpear y precarizar a quienes producían la comida, y al quedarse sin tierra (al quedarse sin la vida como la ejercían), las personas se vieron obligadas a trabajar para los grandes señores o para las corporaciones, lo que rompió el imaginario de que es posible producir nuestros propios alimentos, de que es posible resolver las cuestiones que más nos importan por nuestros propios medios.

Si en un principio esto fue una imposición directa, después se normalizó la mediatización de nuestros esfuerzos al exigirnos depender de intermediarios (promovidos como especialistas) que nos resolverían lo que ya no nos dejan resolver. No sólo en la alimentación sino en todo: salud, educación, salud mental, solución de conflictos, logística, gestión cotidiana y relación con lo sagrado.

Ese universo de alimentación integral nos es robado al desconocer o prohibir o erosionar la posibilidad de que produzcamos nuestros propios alimentos. Impedirnos resolver las cuestiones que más nos importan por nuestros propios medios y mediante nuestras decisiones es una de las estrategias centrales de cualquier poder que busque sojuzgar. Y es por eso que los pueblos claman por autonomía y libre determinación.

Proponer soberanía alimentaria es exigir que no se nos imponga nada que impida nuestra propia determinación (determinación en ambos sentidos del término: nuestra propia manera de organizarnos y “normarnos” y nuestra propia decisión e impulso de actuar para alcanzar algo).

La visión de la Red en Defensa del Maíz ha sido siempre combatir esta deshabilitación que establece dislocaciones imparables y renuncias a las estrategias más elementales que los pueblos han sostenido, como decimos, por milenios. La relación de los pueblos con sus semillas es uno de esos regalos que mantenían el orden de largo plazo, que permitían resolverlo todo en el ámbito de su cercanía y de su cuidado más primero, es decir el territorio.

Hoy sin duda alguna, la discusión sobre cómo ejercer la autonomía, sobre lo que significa en los pasos prácticos que tenemos que dar, en las restricciones que debemos cultivar para ampliar nuestras libertades internas y nuestro margen de maniobra, son puntos no resueltos y son el foco de la reivindicación más primera que acompaña la defensa de la milpa y de conversaciones pendientes pero muy pertinentes. Tenemos que detallar, y conversar sobre los elementos, acciones y elementos que son autonómicos y aquellos que parecen autonomía pero nos cierran puertas o nos abren a engaños y corrupciones.

Fuente: Desinformémonos