La doctrina de matar inocentes que Uribe sistematizó
La JEP elevó a 7837 las víctimas de falsos positivos entre 1990 y 2016, revelando que la práctica de asesinar civiles para inflar cifras de combate fue una política sistémica que trascendió gobiernos y permanece impune.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) elevó a 7837 el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate, conocidas como “falsos positivos”. El nuevo informe amplía el periodo de investigación desde 1990 hasta 2016, lo que incluye los Gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
De esta manera, se evidencia que la política de Seguridad Democrática, implementada durante el Gobierno de Uribe (2002-2010), no culminó con las primeras denuncias ni con las investigaciones iniciales. Por el contrario, el sistema que premiaba con ascensos y condecoraciones a los oficiales que reportaran más bajas continuó vigente más allá de ese período.
Solo en Antioquia, entre 1990 y 2016, la JEP contabilizó 1932 ejecuciones extrajudiciales, coincidiendo con la gobernación de Uribe (1995-1998) y con el auge paramilitar en la región.
La sistematicidad de estos crímenes fue posible gracias a la doctrina militar impartida durante décadas en las escuelas de formación de Estados Unidos e Israel, donde el anticomunismo se erigió como pilar central. Varias generaciones de oficiales colombianos se formaron bajo esa lógica antiinsurgente, que estigmatizaba como enemigo interno a cualquier persona sospechosa de simpatizar con la guerrilla.
Este enfoque no solo se mantuvo durante los Gobiernos del uribismo, en particular con la narrativa de miedo y el perfilamiento de un enemigo que solamente la fuerza política de extrema derecha podría neutralizar. La JEP señala que la mayoría de las víctimas eran campesinos, obreros y jóvenes de sectores populares, desplazados o señalados injustamente.
Mientras no se modifique radicalmente la doctrina militar de origen imperial en las Fuerzas Armadas colombianas, persiste el riesgo de que estas prácticas se repitan, independientemente del Gobierno de turno.
El conocimiento público de las 7837 víctimas no habría sido posible sin el trabajo de la JEP, ya que la Justicia ordinaria archivó sistemáticamente las denuncias o careció de la capacidad para investigar a altos mandos militares. El tribunal de paz, mediante el cruce de bases de datos de la Fiscalía, la Procuraduría y el Centro Nacional de Memoria Histórica, logró establecer la verdadera dimensión de la política de terror implementada durante la Seguridad Democrática.
El objetivo de esa narrativa oficial era mantener la percepción de que el país estaba ganando la guerra contra la insurgencia, a costa de sacrificar vidas inocentes. Hoy, con el fin del conflicto armado con las FARC y la transformación del escenario de seguridad, los llamados “falsos positivos” ya no pueden ser presentados como medallas de guerra, sino como delitos de lesa humanidad.
En este tipo de crímenes, la Justicia ordinaria nunca ha demostrado capacidad real de juzgar a los máximos responsables, por lo que la tarea de la JEP resulta aún más relevante.
La ampliación del periodo de investigación hasta 2016 incluye también los años del Gobierno de Juan Manuel Santos, quien en su momento aseguró que los falsos positivos eran hechos del pasado. No obstante, la información de la JEP evidencia que las ejecuciones continuaron, aunque con menor intensidad, incluso después de la desmovilización de las AUC y del inicio de los diálogos de paz con las FARC.
Esto demuestra que la lógica de la guerra sucia estaba institucionalizada en ciertos sectores de la Fuerza Pública, más allá de los cambios de gobierno, y que solo la presión judicial internacional y el trabajo de la JEP han logrado desmontar el entramado de impunidad.
Organizaciones como Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo) han rechazado cualquier intento de negacionismo, especialmente las declaraciones de sectores de derecha que cuestionan la cifra y la responsabilidad de los altos mandos militares.
La persistencia de los discursos negacionistas en sectores de la derecha colombiana, incluidos algunos candidatos presidenciales, demuestra que las lecciones de este capítulo oscuro no han sido asumidas plenamente.
La propuesta de nombrar a Álvaro Uribe como ministro de Defensa, anunciada por la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha sido rechazada por las víctimas y por organizaciones de derechos humanos, que señalan al expresidente como el principal responsable político de los falsos positivos. La JEP, mientras tanto, continuará con sus investigaciones, y las cifras podrían seguir aumentando.
De no existir este tribunal de paz, la verdad sobre los 7837 asesinatos de civiles presentados como bajas en combate jamás habría sido esclarecida. La Justicia ordinaria, sometida a presiones políticas y a los fueros militares, demostró una y otra vez su incapacidad para abordar estos crímenes de lesa humanidad.
Fuente: prensarural.org
