La frustración de recurrir a los tribunales para proteger el medio ambiente en América Latina

Debido a las características del suelo en la península de Yucatán, el agua no fluye en corrientes superficiales visibles; circula de forma subterránea, invisible, a través de un sistema de acuíferos compartidos que atraviesa Campeche y Quintana Roo hasta desembocar en el mar.

La peculiaridad es el suelo, poroso, que posibilita la infiltración de contaminantes, según denuncian organismos como el Observatorio Científico Ciudadano del Agua de Yucatán. El uso repetido y constante de elementos nocivos en la tierra penetra hasta el manto acuífero, tal como se documentó en Hopelchén, Campeche.

En 2020, luego de notar irregularidades entre las abejas y dinámicas ecológicas alteradas, como cambios en el agua, comunidades mayas de Hopelchén analizaron el agua en pozos de consumo y en los cenotes circundantes. Y sí, había agroquímicos, no solo en el agua, también en personas adultas, plantas y animales. Una de las sustancias identificadas fue el glifosato.

El artículo ‘Riesgos para la salud relacionados con los herbicidas: mecanismos clave y guía de estrategias de mitigación’, publicado en febrero de 2025, asocia el glifosato con riesgo de linfoma no Hodgkin, el estrés oxidativo (proceso relacionado con el cáncer), así como inflamación cerebral y alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina.

Manifestación contra agrotóxicos en Ciudad de México. RONALDO SCHEMIDT/AFP via Getty Images

Las 17 comunidades mayas, apoyadas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), presentaron en 2020 una demanda de amparo ante un juez de distrito. Reclamaron a las autoridades por negligencia y violaciones a sus derechos, como la ausencia de información sobre la calidad del agua y la omisión de monitorear los residuos de plaguicidas en el acuífero y en el agua de pozos para consumo humano.

El Cemda y las comunidades documentaron la información de los peritajes en materia de plaguicidas, calidad del agua y toxicología para definir de forma conjunta los objetivos, los argumentos y la estrategia legal que habrían de presentar en el juicio de amparo. Integraron estudios académicos que demostraban que los agrotóxicos estaban en la cadena trófica y en la orina de las personas, confirmado por muestreos oficiales de la propia Comisión Nacional del Agua.

Cuatro años después, el juzgado de distrito en Campeche consideró que las pruebas no eran idóneas para demostrar la situación de contaminación en Hopelchén y negó el amparo. Tras apelar la decisión, en enero de 2025 se admitió el recurso de revisión y lograron que el caso fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en manos de la ministra María Estela Ríos González desde septiembre de 2025.

Úrsula Garzón, litigante del Cemda, precisó que el trabajo de las y los abogados es una parte minúscula del esfuerzo colectivo.

"Nos gusta pensar que los abogados son todos los que abogan por la defensa del medio ambiente", abundó Garzón.

La abogada zanjó que el caso de las comunidades mayas exhibe inconsistencias, empezando por el gobierno federal, el cual eliminó en febrero de 2025 las restricciones previstas en el decreto sobre glifosato y maíz transgénico para cumplir con un fallo del Panel de Solución de Controversias del T-MEC, el cual determinó que dichas medidas carecían de sustento científico.

Lo observado en la labor del Cemda con las comunidades mayas es el llamado litigio estratégico, una herramienta jurídica que va más allá de resolver un conflicto puntual.

"Se conjunta la necesidad de defensa de territorio, del derecho al medio ambiente sano, con la visión de generar un cambio no solo a nivel territorial o local, sino que ayude a incidir en la política, la legislación, en cómo se aplica el derecho ambiental en México", precisó Garzón.

Los tribunales: último recurso pacífico

Astrid Puentes Riaño, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, ofrece una perspectiva más amplia. Primero, aclara que las personas no llegan a los tribunales por vocación o convicción. Llegan porque no les queda de otra.

"Nadie nace siendo una persona defensora de los derechos humanos ni del ambiente. Lo hacen por la necesidad de atender amenazas que existen", afirmó.

Astrid Puentes Riaño, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. ROSLAN RAHMAN/AFP via Getty Images

A juicio de la relatora espacial, las amenazas van en aumento, alimentadas por una economía de extracción de combustibles fósiles, de biodiversidad, de agua, abusos que afectan cada vez más a pueblos indígenas y comunidades campesinas.

Para Puentes Riaño, el uso de los tribunales es el mecanismo más pacífico para proteger los territorios: un derecho reconocido internacionalmente que garantiza el acceso a la justicia y al debido proceso, ambos elementos esenciales del derecho a un ambiente sano, junto con el acceso a la información y la participación ciudadana. Sin embargo, las acciones legales resultan insuficientes en sociedades con altas tasas de desigualdad, como las de América Latina.

"Los pueblos hacen acciones judiciales acompañadas de incidencia, de comunicación, de un proceso de solidaridad, porque desafortunadamente en nuestros países la desigualdad es tan grande que se necesitan herramientas adicionales", señaló Puentes Riaño.

Y los tiempos son largos. A nivel país, un proceso puede llevar años. El caso de Hopelchén duró cuatro y aún no acaba; en tanto, transitar al ámbito internacional puede tomar décadas. Astrid Puentes Riaño estuvo involucrada en el caso de La Oroya, comunidad peruana devastada por décadas de contaminación metalúrgica, el cual tardó 20 años en llegar a sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y que hoy, dos años después del fallo, sigue sin cumplirse a cabalidad. El horizonte no es, en ningún caso, inmediato.

Existen múltiples desafíos en la defensa del medioambiente en la región, pero dos abordados por la especialista de la ONU son sistémicos. Uno es el involucramiento del propio Estado en las afectaciones, como son los casos del Tren Maya y del Corredor Interoceánico en México; y dos, la permanente impunidad, que expone a los defensores, abogadas, abogados y periodistas a sufrir ataques sin consecuencias para el perpetrador. En 2025, 10 personas defensoras ambientales fueron asesinadas, informó un reporte del Cemda.

"Hay un cierre de los espacios de sociedad civil, un cierre de los espacios de rendición de cuentas", resumió.

La falta de precedentes judiciales

Gabriela Carreón Lee, coordinadora de Terravida, una organización que acompaña a comunidades en defensa del territorio en México, compartió algunos de esos casos que se libran en juzgados federales en México.

El primero se desarrolla en torno al río La Antigua, en Veracruz. Afectado durante años por descargas de aguas residuales sin tratamiento provenientes de municipios de su cuenca, el caso incorpora un argumento poco habitual en los tribunales mexicanos: los derechos de la naturaleza.

El juicio aún no tiene sentencia definitiva, pero produjo una resolución intermedia, relevante porque obliga a los municipios de la cuenca a iniciar el saneamiento del río. Aunque es un logro parcial, la estrategia empleada puede replicarse por otras comunidades que padecen ríos contaminados.

El segundo caso se desarrolla en Xochitepec, en el estado de Morelos, donde una concesión minera amenaza territorio habitado por comunidades indígenas. Aquí Terravida presentó el argumento del racismo ambiental, también inusual en los tribunales nacionales. Esto se refiere a la concentración desproporcionada de proyectos extractivos y sus daños en comunidades indígenas y afrodescendientes.

A ello se sumó el argumento sobre la disponibilidad de agua, que en la zona simplemente no existe el recurso hídrico suficiente para sostener la actividad minera sin comprometer el consumo humano. Ambos casos siguen su curso.

La sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica. EZEQUIEL BECERRA/AFP via Getty Images

Carreón Lee explica otro aspecto del derecho: el precedente legal. ¿Por qué no una resolución en Sonora podría utilizarse en Guerrero? En el sistema jurídico mexicano, los precedentes solo son obligatorios para todos los juzgados del país cuando provienen de la SCJN, o de ciertos órganos superiores, y cuando conforman jurisprudencia, es decir, cuando el criterio se ha repetido en varias resoluciones.

La decisión de un juzgado de distrito, aunque sea brillante, no obliga a un juzgado equivalente en otro estado a emitir el mismo fallo. El peso de un solo precedente sirve más para orientar. De ahí que muchas organizaciones aspiren a llegar a instancias superiores, incluso internacionales.

Para Carreón Lee el derecho internacional ha tenido una influencia que no puede subestimarse. Tratados vinculantes como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que incluye el derecho a un medio ambiente sano, forman parte del marco constitucional mexicano cuando son ratificados. También las sentencias de organismos como la Corte IDH son obligatorias para el Estado mexicano.

Un ejemplo de lo que puede lograrse con el derecho es el caso del pueblo Macehuales, en la sierra norte de Puebla. Después de 11 años de litigio, un tribunal colegiado canceló las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila sobre su territorio. La comunidad había constituido una autoridad propia encargada de decidir sobre su futuro, y esa autoridad dijo que aquí no habrá minería.

La esperanza, insistió Carreón Lee, no viene de las instituciones, cuya fiabilidad fluctúa con los gobiernos, sino de la organización comunitaria, del tejido social, de las formas de resistencia que no siempre tienen nombre legal. Y en ese ecosistema, las abogadas y los abogados son apenas una parte.

"La línea de frente ni siquiera somos nosotras. Para mí, los principales guardianes son los pueblos, las comunidades y las personas que están en la defensa", afirma. "Los problemas ambientales, de tierra y territorio difícilmente se resuelven solo con el uso del derecho. Es una herramienta más de apoyo, pero solo eso”.

Fuente:  es.wired.com