La guerra no declarada contra los pueblos originarios de México

La sistemática guerra contra los pueblos originarios hoy se siente a flor de piel con la criminalización y encarcelamiento que el Estado mexicano ha realizado al defensor de territorio Jesús Placido Galindo, dirigente del Consejo Indígena de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), quien también es miembro del Congreso Nacional Indígena. Jesús Placido es hijo de Cirino Plácido Valerio, un líder histórico y fundador de la policía comunitaria CRAC-PC en Guerrero, en la comunidad de San Luis Acatlán (región costa chica y montaña de Guerrero). Esta familia ha dedicado décadas de trabajo comunitario para su pueblo y demás comunidades de la región, contra la violencia que el crimen organizado junto las autoridades municipales y estatales han emprendido. Por eso, el encarcelamiento a Jesús Placido es un golpe a la organización comunitaria que se sostiene desde el México de abajo. Ese México que sigue sosteniendo la vida en comunidad y que su apego en este mundo es con la tierra, con el territorio.

Desde el mes de mayo de 2026 – aunque hay una deuda histórica– hemos visto una serie de ataques hacia comunidades de Guerrero, ocasionando el desplazamiento forzado de más de 800 familias que además de perder sus tierras, sus cultivos, animales, ropa y daños graves en sus viviendas, tenían que correr para protegerse de las balas que lanzaba el grupo criminal de Los Ardillos.

En el mismo mes de mayo de 2026, en el estado de Michoacán también ocurrieron una serie de ataque violentos en contra de comunidades indígenas. En la comunidad de Pómaro (Aquila) en la región costa-sierra de Michoacán, el 28 de mayo, tres personas de la comunidad indígena fueron emboscados y asesinados. En la región purépecha y cañada de los once pueblos se registro el 6 de mayo en la comunidad de Acachuén el ataque de un grupo armado que asesino a dos personas en dichos enfrentamientos. El 17 de mayo en la comunidad de Santa María Sevina (Nahuatze) se registró otro enfrentamiento, donde dos elementos de la ronda comunitaria fueron asesinados.

Despojo, desplazamientos, criminalización, encarcelamientos, asesinatos y desapariciones ocurren constantemente en las comunidades originarias, por eso es necesario llamar con claridad a esta serie de hechos violentos, como una guerra.

Desde la casa de los pueblos, el congreso nacional indígena (CNI), ha denunciado cómo el Estado mexicano esta orquestando una guerra abierta contra los pueblos. Una guerra deshumanizante, racista, genocida, pues nace del odio y desprecio ,y una guerra capitalista que se lucha por el dinero, su acumulación y venta-explotación de los recursos naturales de los territorios que los pueblos habitan y defienden.

Guerrero: La prolongación del horror

Ya son casi tres meses que las comunidades desplazadas por el crimen organizado siguen sin hogar, sin lograr regresar a sus tierras. Entonces, tampoco hay trabajo, ni comida que cosechar para hacer la vida. Los niños no tienen escuela y nadie puede garantizar paz.

Las comunidades nahuas más afectadas por los ataques armados del grupo criminal de Los Ardillos, fueron Tula, Xicotlán y Acahuetán (región de la montaña baja, en municipio de Chilapa de Álvarez). Tula además de que se registran daños severos tras los ataques con armas de grueso calibre y drones explosivos, fue incendiado, por lo que la gente no puede regresar. En Xicotlán se registran varios homicidios a pobladores de ese lugar. En Acahuetán también fue golpeada por tierra y aire.

Los Ardillos buscan su expansión como grupo criminal para gozar del control político y económico de la región. Los Ardillos extorsionan y cobran cuotas a los distintos pobladores de estas regiones, pero también trabajan con la minería ilegal e incluso la extorsión a empresas mineras “formales”:

Pero lo más importante es que estos grupos buscan la eliminación-destrucción de la resistencia indígena y así poder fortalecer su narcogobierno regional para garantizar sus operaciones delictivas. Los pueblos originarios y sus organizaciones comunitarias y tradicionales, estorban al estado mexicano y a los criminales. En esta guerra, los pueblos luchan contra el narcoestado mexicano.

Enemigo del narcoestado: Jesús Plácido Galindo

El pasado viernes 17 de julio fue detenido Jesús Galindo (dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero «Emiliano Zapata» (CIPOG-EZ), por autoridades federales y estatales, bajo la acusación formal de homicidio calificado y por presuntos vínculos con los grupos criminales “Los Tlacos” y “Los Rojos”. Los pueblos que conforman el CIPOG-EZ, el CNI y muchas más organizaciones denuncian que estos cargos que se le han impuestos son por represalia por denunciar (Nacional e Internacionalmente) el desplazamiento forzado provocado por Los Ardillos el pasado 6 de mayo de 2026.

Para detenerlo, le tendieron una trampa, lo hicieron que saliera de su pueblo y lo interceptaron en un reten militar en San Marcos (región costa chica de Guerrero). Fueron más de 40 policías armados y encapuchados que lo bajaron y se lo llevaron en un comboy de 8 camionetas y después en un helicóptero de la fuerza aérea lo trasladaron al penal de Almoloya como si se tratara de un delincuente de alta peligrosidad.

Saldo confuso, ¿no?

Después de su detención y de ser localizado por la presión que se generó para localizarlo, miembros del CIPOG-EZ, así como el CNI -y muchas más- han comenzado una serie de manifestaciones pacíficas como bloqueos carreteros, marchas, conferencias de prensa para informar y clarificar la grave situación que se vive en Guerrero por los narcogobiernos y sobre todo, cuestionar sobre el saldo que va después de haber desplazado a más de 800 familias. ¿A cuántos delincuentes del grupo criminal “Los Ardillos” han detenido? ¿Cuántos gobiernos municipales, estatales y federales se han responsabilizado por el desplazamiento forzado de más de 800 familias? ¿Cuántas carpetas de investigación hay en contra de los 6 homicidios que cometieron Los Ardillos el pasado 6 de mayo? ¿Por qué no existe ninguna carpeta de investigación sobre los más de 80 asesinatos que el CIPOG-EZ ha denunciado que han ocurrido en su región? Los cuestionamientos pueden seguir, pero es obvio que el narcoestado trabaja con los grupos criminales y no con los pueblos.

Sabemos que la justicia no vendrá de arriba, pero ahora, ante esta criminalización a la lucha social, es necesario exigir la liberación de Jesús Galindo y el regreso de los desplazados a sus tierras.

Fuente: Desinformémonos