“Los territorios son vida, no mercancías, y tienen que estar al servicio de todos”

Organizaciones campesinas, pueblos indígenas y Estados fueron parte de la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Cirard+20), realizada en Colombia. El encuentro culminó con una  declaración conjunta de los movimientos sociales y de los pueblos indígenas, en el que remarcaron su unidad. También expresaron que la Conferencia permitió “volver a situar la reforma agraria en el centro de la agenda multilateral“ y que "no puede haber solución a las múltiples crisis interconectadas actuales sin una reforma agraria genuina, integral y popular". Morgan Ody es la coordinadora general de  La Vía Campesina. En diálogo con Tierra Viva, resaltó la importancia de distribuir la tierra de forma justa “para superar el hambre, la pobreza extrema y el impacto que el sistema económico tiene sobre los recursos naturales”.

La primera Conferencia sobre Reforma Agraria tuvo lugar en Brasil, en 2006. Dos décadas después, Ody analiza las diferencias entre cada contexto. Marca que ahora hay mayor conciencia sobre la crisis ambiental y sobre el hecho de que “los recursos naturales del planeta son limitados”. Asegura: “Eso implica un nuevo imperialismo, especialmente desde Estados Unidos pero también desde Rusia y desde otros países que quieren capturar esos recursos para su propia riqueza y acumulación“. Y agrega: “También sabemos que si no hacemos nada frente a la crisis climática y de biodiversidad, tenemos un problema muy grave para la humanidad”. 

Entre 2006 y 2026 hubo avances normativos para los pueblos campesinos e indígenas. En 2007 se sancionó la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (Undrip, por sus siglas en inglés) y, en 2018, la  Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (Undrop). “Esas Declaraciones son importantes porque reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas y del campesinado y nuestro papel en torno a un mundo que sea sostenible”, destaca.

El documento de unidad, al que adhirió La Vía Campesina, expresa su desacuerdo con la declaración final de la conferencia respecto al uso indefinido de los conceptos “comunidades locales“ y “pueblos indígenas“. Señala: “Los pueblos indígenas no deben agruparse con un conjunto indefinido de comunidades que pueden tener derechos e intereses muy diferentes“.

Sin embargo, entre la primera y la segunda conferencia, indica que prevalece “la ideología neoliberal de pensar que es normal privatizar todos los bienes comunes“. Y contrapone: “Pero los territorios son vida, no mercancías, y tienen que estar al servicio de todos, de intereses comunes. Eso estuvo presente en la  Cirard+20”.

Como aspectos positivos del encuentro, destaca la unidad proclamada entre el campesinado y los pueblos indígenas. Y añade que es necesaria una “reforma integral“, que incluya distribuir las tierras, pero también el crédito, la maquinaria, las semillas y el conocimiento.

La tierra, el agua y los territorios no son mercancías

El Banco Mundial incide desde hace décadas en la transformación de la tierra y de otros bienes comunes (como el agua) en activos que pueden comercializarse en los mercados financieros mundiales. Además impulsa falsas soluciones, como los  mercados de carbono y promueve, junto al Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, megaobras como  las hidroeléctricas, lo que contribuye al acaparamiento de tierras y a la vulneración de derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas. Estos casos se registraron en Brasil, Tailandia, Kenia, Francia, Indonesia, Corea de Sur, India, Nepal y Sri Lanka, entre otros países.

La Vía Campesina inició, en 1999, una campaña mundial por la reforma agraria, oponiéndose a estos mecanismos de mercantilización. Tras la Conferencia en Colombia, Morgan Ody —que integra también la  Confederación Campesina de Francia—subraya: “Queremos que las discusiones sobre el agua, la tierra, los territorios y reforma agraria se den dentro de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y no desde el enfoque del Banco Mundial“. 

—¿De qué manera opera el Banco Mundial respecto a la concentración de la tierras?

—La privatización de las tierras, del agua y de los territorios es una manera de defender el capitalismo. El capitalismo necesita siempre más acumulación y tiene que entrar en nuevos rubros. Por ejemplo, en África las tierras son un derecho colectivo del campesinado en la mayoría de los países. La tierra no se vende. Pero el Banco Mundial intenta privatizarla, crear un mercado de la tierra. Distribuye títulos individuales de propiedad, cuando en la cultura de África eso no existe. La tierra es algo colectivo, no es una mercancía. La experiencia que tuvimos en Europa del Este después de la caída de la Unión Soviética es que en esos países la tierra era estatal. Al inicio de los años 90, el Banco Mundial apoyó a los estados a distribuir títulos individuales de propiedad. Eso le pareció muy democrático a la gente. Pero en pocos años esa tierra se concentró, porque muchas personas tenían títulos de tierras que quedaban muy lejos de donde vivían y, como tenían muy poco dinero, los vendían a grandes corporaciones. Hoy, en esas regiones, hay fincas de más de 10.000 hectáreas.

—En este contexto, ¿qué acciones globales son necesarias para lograr la reforma agraria?

—El enfoque que tenemos como movimientos sociales, pueblos indígenas y, creo también, con el apoyo de los Estados que participaron de la Cirard+20 es la autodeterminación de los pueblos. Es la soberanía de los pueblos sobre sus territorios. Colombia tiene que estar en manos de su población y no de grandes corporaciones ni de otros países capitalistas. Para nosotros eso es la democracia real. Si la población no tiene el control de sus territorios, de sus tierras, de sus aguas, no puede decidir nada al respecto. La base de una democratización real no es solamente ir a elegir un gobierno cada cinco años. Es que la población tenga el derecho a decidir cómo se usan los recursos, los minerales y el agua en su territorio. Hoy Donald Trump está intentando tomar el control sobre Cuba, Venezuela, Groenlandia. Está claro también que los ataques contra Irán son por el control del petróleo. Tenemos que rechazar esa visión imperialista y reafirmar la visión de la autodeterminación de los pueblos. Y eso vale también para Europa. Alemania está sometida a la visión de Estados Unidos, pero en España el primer ministro dice que el derecho internacional tiene que prevalecer. En Francia el gobierno actual está sometido a la política de Trump, lo que es realmente una lástima. Mucha población no está de acuerdo.

—¿Cuáles son las características que deben tener las reformas agrarias del siglo XXI?

—Hemos analizado los puntos positivos pero también los límites de las reformas agrarias del siglo XX. Esas reformas tuvieron un enfoque de modernización y de producir muchos alimentos, pero no de cuidar al territorio. Frente a la crisis medioambiental, la reforma agraria actual se tiene que ocupar en cuatro ejes, que llamamos las 4R (reconocimiento, reparación, redistribución y regulación). El primero es el reconocimiento de los derechos colectivos. Segundo, la reforma agraria tiene que basarse en la reparación y en la restitución. Estamos en un mundo muy marcado por la colonialidad y por el despojo de muchas poblaciones. En el siglo XX varias reformas agrarias se llevaron a cabo robando tierras de los pueblos indígenas para distribuirlas al campesinado. No queremos repetir esos errores de poner al campesinado en contra de los pueblos indígenas. Frente a los desafíos actuales, necesitamos respetar todos los derechos, incluidos los de los pueblos indígenas. Lo tercero es la redistribución: para eso necesitamos políticas y es lo que pensamos como reforma agraria. En América Latina, en Argentina en particular, hay fincas de 20.000 hectáreas. Esa tierra se tiene que redistribuir entre campesinos, pescadores, pueblos indígenas y que puedan usarla para producir alimentos y lo que necesiten. El cuarto punto es la regulación. Queremos que esas políticas públicas tengan una fuerte participación de la población: de las mujeres, de los jóvenes, de los trabajadores, de los migrantes. Que sean quienes decidan cómo usar la tierra y cómo compartirla y no el mercado. El mercado no es una manera justa ni eficaz de decidir cómo se usa el territorio y es por eso que queremos políticas públicas.

—¿Qué experiencias positivas de reforma agraria puede mencionar?

—En Mali, una ley de 2017 reconoce el derecho de los consejos comunales de los pueblos a decidir sobre sus territorios. Es una ley de reforma agraria que no distribuye la tierra pero reconoce los derechos colectivos. Otro caso es Filipinas. Allí el gobierno estableció que una familia no puede controlar más de cinco hectáreas. Había una fuerte concentración de tierra en ese país, pero esta política significó la redistribución del 70 por ciento de las tierras hacia las poblaciones. Otra experiencia es la de Zimbabue, un país colonizado por Europa, donde los europeos empezaron a ser agricultores robando las tierras de la gente local. La clase terrateniente de Zimbabue era de grandes terratenientes blancos que muchas veces tenían más de 1.000 hectáreas. Y la gente negra no tenía ningún derecho a la tierra. Pero al inicio de los años 2000, la población local empezó a tomar sus tierras. El gobierno (de Robert Mugabe) decidió apoyar a este movimiento y expropiar a los grandes terratenientes blancos. Hoy la tierra en Zimbabue es pública y cada familia campesina tiene el derecho de usarla a largo plazo, sin ser excluidas de ellas. Eso también ha implicado una redistribución de más del 70 por ciento de las tierras. También vemos que las reformas agrarias en Brasil y en Colombia son muy importantes. No tienen el tamaño de Filipinas y Zimbabue. Pero en particular en Colombia, en los últimos cuatro años hubo mucha redistribución de tierra, para permitir que las personas que estaban involucradas en la guerra puedan regresar al campo y tener un ingreso desde su trabajo campesino en el campo.

La reforma agraria ante el imperialismo y los intereses corporativos

El caso de Zimbabue muestra las tensiones geopolíticas en torno a las experiencias positivas de reforma agraria. En 2001, el Congreso de Estados Unidos aprobó la  Ley de Democracia y Recuperación Económica de Zimbabue, lo que implicó sanciones económicas para el país, en respuesta al programa de reforma agraria. El marco fue que la distribución de la tierra en el país del sur africano implicaba una "amenaza para la política exterior estadounidense". El Reino Unido, la Unión Europea, Australia y Canadá siguieron con sus propias sanciones, lo que afectó la posibilidad de Zimbabue de acceder a préstamos e inversiones.

Tras años de presión, finalmente en 2020 Zimbabue acordó pagar 3.500 millones de dólares en compensación a aproximadamente 4.000 propietarios blancos colonizadores por las tierras redistribuidas. En 2025, la Casa Blanca recortó la ayuda económica a Sudáfrica alegando una supuesta amenaza a agricultores blancos por políticas de distribución de la tierra.

—Hay un contexto de imperialismo y de captura de los gobiernos por parte de las corporaciones. Pero al hablar de reforma agraria, usted menciona que se precisan políticas. Entonces, ¿cómo se genera ese balance y qué pueden hacer los movimientos sociales frente al escenario actual?

—El cambio social a favor de la justicia social siempre se hace cuando los movimientos sociales son fuertes y cuando hay luchas en los territorios, pero también cuando los gobiernos aceptan apoyar. Muchas veces los movimientos sociales necesitamos luchar en contra de políticas públicas negativas, pro corporación. Y cuando hay gobiernos progresistas pero que el movimiento social no está bastante fuerte, la reacción de poder es muchas veces demasiado difícil y los gobiernos no alcanzan a hacer esos cambios importantes. Vemos la importancia de tener movimientos sociales fuertes, pero también de asegurar que lleguen al poder gobiernos progresistas que escuchen al pueblo, a las clases trabajadoras y actúen a favor de este movimiento. Esa alianza entre gobiernos y movimientos sociales nos parece muy importante.

—Es lo contrario de lo que vemos en varios países, entre ellos Argentina.

—Sí. El gobierno argentino solamente quiere trabajar para los más ricos, para las grandes corporaciones con una alianza muy clara con Estados Unidos. En esa situación es muy difícil para el movimiento social asegurar avances. El movimiento social solamente puede intentar que no pasen políticas que son muy negativas para el pueblo.

—¿Qué mensaje de esperanza se puede dar?

—Ese mensaje es la unidad de los movimientos campesinos y de los pueblos indígenas. En Cartagena alcanzamos una unidad muy fuerte y de allí salió una visión renovada de la reforma agraria: ya no aceptamos estar divididos. Y estamos construyendo la unidad de los pueblos. Frente a la política de muerte de los imperialistas y capitalistas, se está generando un frente popular amplio a nivel internacional que demanda paz, reforma agraria, soberanía alimentaria y respeto por la Madre Tierra. Eso es lo que nos da esperanza. No podemos esperar todo de los estados, pero tenemos que organizarnos en este internacionalismo.

—¿Qué balance general hacen desde La Vía Campesina de esta II Conferencia?

—Nos ha permitido poner de nuevo la reforma agraria en el centro de las discusiones sobre agricultura y alimentación. Y también ha permitido construir un frente de Estados que están mucho más unidos ahora, con la visión de que son los pueblos los que tienen que controlar los territorios y no las corporaciones y no desde el imperialismo. El balance es muy positivo, aunque no es perfecto porque estamos en un contexto muy difícil. Por ejemplo, hubo muchos menos países de los que participaron en 2006. Pero también tenemos que ver el miedo que tienen algunos países de ser punidos por los Estados Unidos. Al respecto es muy importante el compromiso que el gobierno de Colombia ha demostrado hacia el campesinado. Que la Conferencia se haya hecho en ese país, donde el tema de la paz está muy ligado a la justicia agraria, influyó en el debate en términos de cómo construir la paz a nivel mundial gracias a la reforma agraria.

Fuente: Agencia Tierra Viva