Más de 27 mil personas se anotaron para las audiencias por la Ley de Glaciares y desbordan el Congreso

La discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación generó una movilización ciudadana inédita: más de 27 mil personas se inscribieron para participar en las audiencias públicas convocadas en la Cámara de Diputados para debatir las modificaciones al régimen de protección ambiental que rige sobre glaciares y zonas periglaciares. La cifra supera ampliamente los registros habituales en este tipo de instancias legislativas y ya plantea desafíos logísticos para el Congreso, que deberá definir cómo organizar las exposiciones de miles de participantes interesados en intervenir en el debate.

Las audiencias fueron convocadas para los días 25 y 26 de marzo en el marco del tratamiento del proyecto que modifica la actual legislación de protección de glaciares (que obtuvo media sanción por parte del Senado el 26 de febrero, tras un debate de comisiones exprés), una norma sancionada en 2010 que establece presupuestos mínimos para preservar estas reservas estratégicas de agua.

El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas de manera presencial y hasta las 20 horas de manera virtual.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Marcela Laudonio (@incomodaok)

El volumen de personas inscriptas refleja el impacto político, ambiental y económico que tiene la posible modificación de la Ley de Glaciares vigente, que prohíbe actividades como la explotación minera, la liberación de sustancias contaminantes y otras intervenciones industriales en zonas glaciares y periglaciares, consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos para el país. El proyecto en discusión busca modificar algunos de esos criterios, lo que habilitaría nuevas actividades económicas de explotación en determinadas áreas actualmente protegidas, especialmente en regiones cordilleranas con fuerte desarrollo de la minería.

En ese contexto, la convocatoria a audiencias públicas –un mecanismo que permite la participación ciudadana en el proceso legislativo– generó una respuesta masiva de organizaciones sociales, especialistas, ambientalistas, representantes de comunidades locales y ciudadanos interesados en intervenir en el debate. Para dimensionar el fenómeno, varias y varios legisladores compararon la convocatoria con uno de los debates más importantes de los últimos años: el de la Ley de interrupción Voluntaria del Embarazo, que contó con 738 inscriptos a lo largo de 15 días de audiencias.

En este caso, el Congreso había previsto inicialmente solo dos jornadas de audiencias, una presencial y otra virtual, lo que generó cuestionamientos sobre cómo se garantizará la participación de todos los inscriptos. Legisladores/as opositores/as afirmaron en una nota que con los días previstos para realizar las audiencias, sólo podrían participar 216 personas. Ante el número récord de participantes, distintos sectores políticos y sociales comenzaron a reclamar que se amplíe el número de días destinados a las audiencias públicas para garantizar que todas las voces puedan ser escuchadas.

Por su parte, el Círculo de Políticas Ambientales pidió formalmente que se conozca el listado de inscriptos: «conocer el número de participantes y garantizar la veracidad de los datos constituye una medida fundamental de transparencia que debe acompañar los procesos de participación ciudadana en decisiones de alta relevancia ambiental». Dato que, luego de varios reclamos, fue publicado en la web de Diputados.

La preocupación central es que el mecanismo de participación quede limitado si solo un número reducido de personas puede exponer oralmente. Entre las alternativas que se analizan aparecen modalidades de participación por escrito o la selección de oradores por bloques parlamentarios.

Mientras tanto, el debate sobre la reforma de la ley continúa generando una fuerte movilización social y política. Para muchos sectores ambientales, la discusión no se limita a una cuestión técnica o legislativa, sino que involucra la protección de las reservas estratégicas de agua dulce del país (que regulan el caudal de los ríos y resultan claves para el consumo humano, la producción y el equilibrio de los ecosistemas) y el modelo de desarrollo en las regiones cordilleranas.

Detrás de esta modificación de la ley se encuentra el lobby minero, con empresas como Barrick Gold, Glencore, Río Tinto, Lundin Mining, Solway y BPH. La discusión legislativa se inscribe además en una larga serie de conflictos socioambientales vinculados a la minería metalífera a gran escala en distintas provincias cordilleranas. En las últimas dos décadas, comunidades de territorios como Andalgalá (Catamarca), Esquel (Chubut), Jáchal (San Juan) o Famatina (La Rioja) protagonizaron movilizaciones masivas contra proyectos extractivos que, según denunciaron, ponían en riesgo el acceso al agua, los ecosistemas de montaña y las economías regionales. En muchos de esos casos, las asambleas socioambientales lograron frenar emprendimientos mineros o impulsar leyes provinciales restrictivas.

En ese escenario, las audiencias públicas convocadas para fines de marzo se perfilan como uno de los momentos clave del proceso legislativo antes de que el proyecto llegue al recinto para su votación definitiva.

Fuente: ANRed