México se planta contra el maíz transgénico y protege sus semillas nativas

Para la exsenadora mexicana por Morena y una de las impulsoras del proceso legislativo, Jesusa Rodríguez, el cambio marca un punto de inflexión. “El cambio a nivel legal es importantísimo, porque se logró proteger el maíz nativo no solo de la amenaza transgénica, sino de cualquier edición genética que se pretenda introducir. La edición genética puede servir en el caso de la salud humana, pero no en el caso del maíz y la protección de su diversidad”, afirma.

La reforma constitucional reconoce a México como centro de origen y diversificación del maíz y prohíbe expresamente su cultivo cuando se trate de organismos genéticamente modificados o de técnicas de edición genética que impliquen riesgos para la biodiversidad, la salud o la autonomía alimentaria. El cambio apunta a cerrar vacíos legales que, hasta ahora, permitían disputas regulatorias y presiones comerciales sobre el uso de semillas.

La modificación tiene como antecedente directo la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, aprobada en 2020, que declaró al maíz nativo Patrimonio Alimentario Nacional y estableció por primera vez que su protección es una obligación del Estado. Esa norma vinculó explícitamente el cuidado de la semilla con el derecho humano a una alimentación adecuada y creó instrumentos institucionales como el Consejo Nacional del Maíz y un programa de semillas orientado a la conservación y el resguardo del germoplasma.

Sin embargo, Rodríguez advierte que el blindaje legal no alcanza si no se traduce en políticas concretas sobre el territorio. “Podemos proteger el maíz en la ley, pero si en la realidad no se apoya a quienes lo siembran, sigue amenazado. Hay falta de relevo generacional y precios muy castigados para los productores”, señala. En ese punto, la discusión sobre la semilla se cruza con la estructura del sistema agrícola y las condiciones de vida de las comunidades campesinas.

México es reconocido internacionalmente como centro de origen del maíz, con al menos 64 razas nativas documentadas, cultivadas en una amplia diversidad de ecosistemas. La pérdida de una variedad local no es un daño marginal: implica una pérdida genética irreversible a escala global. Esa diversidad es el resultado de miles de años de selección campesina y constituye una reserva estratégica frente al cambio climático, las plagas y la degradación ambiental.

Semillas nativas vs el modelo agroindustrial

Desde fines del siglo XX, ese patrimonio comenzó a verse amenazado por políticas agrícolas orientadas al mercado global, que promovieron semillas híbridas, paquetes tecnológicos basados en fertilizantes y plaguicidas, y una creciente dependencia de insumos externos. Estudios oficiales y académicos documentaron erosión de suelos, contaminación de ríos y manantiales y la presencia de material transgénico en variedades nativas, producto del flujo génico desde cultivos modificados. Para muchas comunidades rurales, esa contaminación fue percibida como una amenaza directa a su autonomía productiva y cultural.

El debate mexicano confronta de manera directa con la experiencia argentina. Argentina es uno de los países con mayor consumo de glifosato y agroquímicos del mundo, con un modelo basado en semillas patentadas y monocultivos destinados a la exportación. Desde la introducción de la soja transgénica en 1996, el uso de plaguicidas se multiplicó, mientras se acumularon evidencias sobre sus impactos ambientales y sanitarios. Relevamientos como los realizados por la Universidad Nacional de Rosario detectaron en localidades rurales rodeadas de cultivos intensivos tasas de cáncer hasta dos y tres veces superiores a la media nacional, junto con un aumento persistente de malformaciones congénitas y enfermedades respiratorias en poblaciones expuestas a agrotóxicos.

Para Rodríguez, el problema no es sólo técnico, sino político. “Es evidente la devastación y el empobrecimiento de los suelos que causa el modelo agroindustrial en todo el planeta”, sostiene. Y amplía el foco: “Eso sin contar el daño social que han causado estas agroindustrias en países como India, donde se registraron múltiples suicidios en comunidades campesinas endeudadas”.

Desde sectores empresariales, las políticas de protección del maíz nativo fueron cuestionadas como “anti-ciencia” o “anti-tecnología”. Rodríguez rechaza ese encuadre. “Toda la ciencia puesta al servicio de las corporaciones y de los intereses económicos ha sido degradada”, afirma. “Se necesita una ciencia objetiva e incorruptible, pero también una ciencia que reconozca los saberes ancestrales, que son los que dieron origen al maíz”.

En este sentido, México, que es parte del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, decidió avanzar en un esquema preventivo, donde la semilla es considerada un bien estratégico. Otros países como Argentina, en cambio, continúan profundizando un modelo que prioriza la rentabilidad exportadora y deja en segundo plano los impactos sanitarios, ambientales y sociales.

Fuente: Página 12