Mujeres migrantes y la falsa promesa de protección en México

Mujeres migrantes y la falsa promesa de protección en México

Desde hace más de una década, la migración a través de México ha dejado de ser únicamente una dinámica de tránsito motivada por aspiraciones laborales hacia el norte. Para miles de mujeres y niñas, la movilidad es una huida desesperada para proteger sus vidas ante formas de violencia estructural en sus países de origen. Sin embargo, al cruzar la frontera mexicana, lejos de encontrar un refugio, se topan con un Estado que, aunque presume leyes humanistas, en la práctica las abandona en un asfixiante laberinto institucional.

En unos días, la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración presentará el informe: «Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad en México», un documento que revela estadísticas alarmantes: el 46% de la población en contextos de movilidad en el continente son mujeres, y más de la mitad (53%) de quienes solicitaron apoyo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) manifestaron huir por haber sido víctimas directas de violencia, amenazas o intimidación.

En el papel, el marco jurídico mexicano es ejemplar. La Constitución, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Salud asumen los lineamientos de la CEDAW y la Convención Belém do Pará, garantizando, por ejemplo, que ninguna mujer sufrirá violencia ni exclusión médica por su estatus migratorio. En la práctica, pese a la existencia de programas como IMSS-Bienestar, que formalmente abren las puertas de la atención médica a esta población, si no cuentan con una Clave Única de Registro de Población (CURP) el acceso se ve limitado. Las resoluciones de asilo tardan meses, incluso años en algunos casos, y no los 45 días que establece la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, orillando a las mujeres a condiciones precarias de vida mientras esperan protección. O, aunque las Normas de Control Escolar y la Ley General de Educación se reformaron, en 2015 y 2017 respectivamente, hoy sus hijas e hijos siguen viendo obstaculizado su acceso a la educación.

El sistema de justicia mexicano está fragmentado en competencias federales, estatales y municipales. Una mujer migrante sobreviviente de violencia se enfrenta al terror de denunciar ante dependencias a las que percibe coludidas con redes criminales, o a la amenaza silenciosa de que cualquier proceso legal derive en su deportación y trunque su regularización migratoria. Esto promueve una impunidad sistémica, donde los derechos se diluyen entre ventanillas y el miedo al Estado.

Este panorama se ha agravado de manera crítica por la disminución de apoyos a las agencias y organizaciones humanitarias. En 2025, el ACNUR vio recortado su presupuesto en casi un 80%, paralizando en un 30% su apoyo operativo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), colapsando aún más la resolución de trámites de asilo. A su vez, el retiro de fondos de USAID ha generado un severo desabasto de métodos anticonceptivos y recursos para la salud reproductiva de las mujeres migrantes.

La mayoría de la protección a las mujeres recae en las organizaciones de la sociedad civil, ellas identifican vacíos y barreras para el acceso a derechos y brindan atención humanitaria. Si México desea alinearse con el derecho humanitario, el Legislativo y el Ejecutivo deben reformar sus normativas para agilizar el acceso al asilo y asignar fondos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. De lo contrario, el derecho a migrar y a vivir libre de violencia seguirá siendo, para miles de mujeres, un espejismo institucional.

Además de un sistema que presenta barreras en el acceso al empleo, salud y vivienda, las mujeres migrantes se enfrentan a un entorno social que las rechaza. Sufren discriminación por parte de funcionarios, empleadores y dueños de viviendas; la narrativa mediática las deshumaniza y criminaliza; y cargan con el peso de ser migrantes y sobrevivientes de violencia de género.

México no puede seguir sosteniendo un discurso de vanguardia feminista mientras sus fronteras y oficinas migratorias operan como zonas de exclusión. La publicación de este análisis no es solo un cúmulo de datos; es un recordatorio de que cada cifra de desatención tiene rostro y nombre. Si el Estado mexicano no transita de la retórica a la suficiencia presupuestaria y a la protección, seguirá siendo cómplice de una violencia que no solo ignora, sino que administra. Es momento de decidir si el humanismo mexicano es una política de Estado o simplemente el nombre elegante de un abandono sistemático.

Fuente: Desinformémonos