“Ni precarizadas ni sumisas. Defendemos nuestros derechos”

Somos mujeres del campo y la ciudad, campesinas, indígenas, sindicalistas, docentes, estudiantes, bañadenses, jóvenes, lesbianas, bisexuales, mujeres de partidos políticos, trabajadoras sexuales, autoconvocadas, comunicadoras, periodistas, madres, audiovisualistas, diseñadoras gráficas, investigadoras y trabajadoras de la salud mental.

Este año la Articulación Feminista realiza su décima marcha en conjunto; esta es nuestra expresión política de unidad. Las mujeres somos la mitad de la población y seguimos construyendo nuestro país todos los días: en los barrios, las comunidades, las instituciones educativas y los lugares de trabajo. Nos movilizamos por las mujeres trabajadoras —las que se encuentran en relación de dependencia y las que trabajan en la informalidad para subsistir día a día—, por las docentes que hoy ven amenazadas sus jubilaciones, y por todas aquellas compañeras que sostienen este país con su trabajo cotidiano, precarizado e invisibilizado. La situación de nuestro país es cada día más alarmante.

Tenemos un gobierno que mercantiliza todo, incluyendo nuestros derechos; un gobierno ligado a la ultraderecha internacional que nos conduce a un grave retroceso en la garantía de derechos y en la aplicación de políticas sociales, priorizando una agenda economicista que no beneficia a las mayorías trabajadoras, sino a una cúpula angurrienta de poder. Este gobierno ha olvidado su rol como garante de derechos humanos básicos: salud, educación, vivienda y acceso a la tierra. Su mensaje es claro: todo lo que no es “productivo para el capital” es descartable

Reiteramos que estamos ante un Estado capitalista, dependiente, conservador y patriarcal. Lo ha demostrado con un sinnúmero de leyes y decretos a medida: la eliminación de la palabra “género” de las instituciones, para invisibilizar las problemáticas de las mujeres; la promulgación de la “Ley Garrote”, para silenciar a las organizaciones de la sociedad civil —las mismas que nos acompañan cuando el Estado nos abandona —; y, como si esto fuera poco, buscan un “revisionismo histórico” que pretende minimizar los crímenes de la dictadura de Stroessner, llamándolos apenas “déficit en derechos humanos”.

Lo que antes se hacía en nombre de la “estabilidad”, hoy se hace en nombre de los “valores”: el resultado es el mismo — nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestras organizaciones como territorio de control. Una de las agresiones más recientes a nuestros derechos es el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, impulsado por el Poder Ejecutivo y aprobado con mayoría colorada en la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores aplicó el paño frío para desmovilizar, postergando su tratamiento sine die, lo que significa que puede avanzar cualquier día. Este proyecto afecta principalmente al gremio docente, del magisterio nacional y de las universidades públicas de todo el país.

Sabemos que en nuestro país las maestras del magisterio nacional son la columna vertebral de la educación pública. Representan cerca del 70% del sistema, y serán nuevamente ellas quienes cargarán con el peso que plantea este proyecto si llega a aprobarse. Esto implica más aportes, más años para acceder a la jubilación y un menor porcentaje de redistribución. El resultado será jubilaciones postergadas y una protección social más débil. El Estado ha sido históricamente el administrador de la Caja Fiscal. Sin embargo, en su rol de “patrón”, jamás cumplió con sus aportes: durante años saqueó esos fondos y hoy pretende pasarle la factura a las trabajadoras docentes.

Denunciamos la asfixia presupuestaria que precariza el trabajo científico y exigimos recursos suficientes para investigar con independencia y garantizar salarios dignos y estables para todas las investigadoras.

Solo el 37% de las docentes en la educación superior son mujeres, una muestra más de la desigualdad estructural. A esto se suma la ofensiva que intenta silenciar los estudios de género: exigimos la derogación de las Resoluciones N.º 29.664 y 1803/2025, que prohíben el enfoque de género en el ámbito escolar. Excluir la perspectiva de género de la ciencia y la educación es una forma de violencia institucional contra las mujeres. El conocimiento sin perspectiva de género reproduce desigualdades, y el Estado tiene la obligación constitucional de erradicarlas.

Denunciamos que seguimos enfrentando múltiples formas de violencia en nuestros espacios laborales, sin contar con medidas de seguridad ni higiene, ni controles que permitan visibilizar cómo somos explotadas. Las patronales sostienen una ideología clara: además de explotarnos, consideran el trabajo femenino como secundario, indigno de ser pagado justamente, e intentan reducirnos al espacio doméstico como si fuera nuestro único horizonte posible, aun siendo profesionales capaces de ocupar todos los cargos.

Denunciamos la superexplotación y la creciente inseguridad laboral: la jerarquización que nos convierte en mercancía y en objeto sexual; el acoso laboral ignorado por instituciones públicas y privadas; los salarios precarios, por debajo del mínimo; la prohibición de sindicalizarse; la mora patronal en el pago del IPS que nos deja sin atención médica; y los despidos al quedar embarazadas. La brecha salarial es un dato objetivo e inaceptable: ganamos aproximadamente 600.000 guaraníes menos que los hombres por igual trabajo, y el trabajo doméstico remunerado — históricamente feminizado — apenas alcanza el 60% del salario mínimo legal.

La informalidad laboral golpea con particular dureza a las mujeres jefas de hogar, que representan aproximadamente el 40% de los hogares paraguayos. Solas, con un promedio de cuatro hijos e hijas a cargo, y con escaso acceso a la seguridad social, sostienen familias enteras en medio de una inflación imparable, despidos injustificados y el aumento constante de la canasta familiar.

El trabajo de cuidado, realizado casi siempre por las mujeres, sostiene y hace posible el desarrollo de todos los demás trabajos en la sociedad. Sin embargo, sigue siendo invisibilizado y desvalorizado, aun cuando las estadísticas reconocen que aporta de manera invaluable a la economía del país.

Denunciamos también el sistema opresor y autoritario que nos violenta con desalojos crueles, a familias y mujeres campesinas, indígenas y de sectores populares, dejando a muchas sin la posibilidad de seguir cuidando a nuestras hijas e hijos.

No hay salida para quienes producen en la chacra, porque las políticas públicas nunca son impulsadas para garantizar precios justos, mercados accesibles y caminos transitables todo el año para nuestra producción. Cuando las crisis climáticas nos golpean con sequías o lluvias abundantes, no recibimos ningún tipo de apoyo crediticio. A pesar de todas las limitaciones y de la falta de voluntad política hacia la agricultura campesina, nosotras seguimos produciendo alimentos sanos para garantizar la soberanía alimentaria del campo y la ciudad.

Denunciamos que la represión ante la protesta está a la orden del día, y que las mujeres que alzamos la voz somos blanco permanente de esa represión. Denunciamos la criminalización de la lucha en el campo, en las comunidades indígenas y en la ciudad, donde compañeras son imputadas y perseguidas por un sistema judicial machista y patriarcal que no nos escucha cuando somos víctimas de violencia, pero es el primero en perseguirnos cuando exigimos nuestros derechos. Denunciamos también la revictimización, los prejuicios y las trabas burocráticas que sufren quienes buscan justicia, una situación que revela el abismo existente entre lo que dicta la ley y lo que ocurre en la práctica.

Expresamos nuestra más profunda solidaridad con Vivian Genes, estudiante y luchadora social, víctima de la persecución y criminalización de la protesta por su participación en las manifestaciones del 2021, en plena pandemia. Exigimos el cese inmediato de la persecución contra Vivian y contra toda persona que ejerza su derecho a la protesta. No permitiremos que la cárcel sea la respuesta del Estado a la lucha social. Por ella, por todas: ¡Protestar es un derecho! ¡Vivi no está sola!

Fuente: La Vía Campesina