Ola de indignación popular en Paraguay

Sólo en los últimos diez días, el país fue escenario de una serie de movilizaciones: las protestas de la comunidad Ava Guaraní Tekoha Y’apo, en Canindeyú, que denuncian un conflicto territorial y la muerte de su líder y de un maestro de la comunidad durante un violento operativo de la SENAD (Secretaría Nacional Antidrogas); otras movilizaciones indígenas en zona del Congreso Nacional y microcentro de Asunción; la movilización de la asociación multisectorial ante la paralización de proyectos habitacionales y presupuesto de Fonavis (Fondo Nacional de Vivienda Social); la huelga nacional indefinida de profesionales de la salud, que reclaman reajustes salariales y el fin de la precarización laboral en el sistema público; y la movilización en defensa del Parque Nacional Médanos del Chaco, ante la amenaza que representa la explotación de hidrocarburos en esa área protegida. Este conjunto de manifestaciones refleja el creciente malestar social frente a las políticas del Ejecutivo a tres años de su mandato. 

Lo que ocurre en Paraguay no es una sucesión de hechos aislados, sino la expresión simultánea de un descontento que viene acumulándose, ante un gobierno muy ocupado para legislar a favor de grandes multinacionales, militarizar el país, y colocarse siempre sumiso y obediente a las políticas imperiales de Donald Trump. 

“El Paraguay duele” fue el lema con el que militantes provenientes de distintas comunidades campesinas, nucleadas en el Partido Paraguay Pyahura, realizaron un mitin frente al Panteón de los Héroes, denunciando carencias en salud y educación, desempleo y migración rural. Por otra parte, Delegaciones de pueblos originarios de Caaguazú y otros departamentos se instalaron en las plazas frente al Congreso Nacional, bloqueando accesos clave del microcentro para exigir soluciones a conflictos territoriales y la restitución de tierras ancestrales. Sectores sociales marcharon hacia la residencia presidencial denunciando la baja ejecución presupuestaria del programa Fonavis.

ntre los reclamos también estuvieron presentes la falta de desarrollo rural, acceso a la tierra y presupuesto habitacional. Unos 5.000 médicos y profesionales de blanco marcharon en el marco de una huelga indefinida exigiendo reajuste salarial, fin a la precarización laboral y provisión urgente de insumos, con amplio apoyo de la ciudadanía que sabe que el acceso al derecho a la salud es casi un privilegio. Mientras que, el Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande) llegó a activar una alerta de movilización contra el proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Minas y Energía, que consideran funcional a la apertura del sector a intereses privados de empresas electrointensivas.

Estas movilizaciones tienen demandas puntuales distintas, pero comparten un mismo diagnóstico de fondo: la sensación de que el Estado no está presente, o llega tarde, o llega para privilegiar a sectores económicamente poderosos. 

Paraguay registró en 2025 una tasa de informalidad laboral del 64,3%, la quinta más alta entre 15 países de América Latina y el Caribe 1, lo que implica que seis de cada diez personas ocupadas trabajan sin acceso pleno a aportes jubilatorios, seguro de salud, vacaciones remuneradas ni otras garantías laborales, mientras el crecimiento del PIB —cercano al 3,8%— no se traduce en bienestar cotidiano. En salud, la escala salarial del sector público lleva 14 años sin reajuste y la inversión pública apenas alcanza el 4,5% del PIB, lejos del 6% recomendado por la Organización Panamericana de la Salud. En vivienda, el país encabeza el ranking regional de déficit habitacional: según datos de Hábitat para la Humanidad, un 65,5% de los hogares paraguayos sufre carencias habitacionales, la mayor parte de tipo cualitativo —viviendas que necesitan ampliación, refuerzo o mejoras—, muy por encima de países como Brasil o Ecuador 2. A ese cuadro se suma la baja ejecución de Fonavis, que mantiene paralizadas la construcción de miles de viviendas comprometidas para sectores populares.

Y´apo, reclamo territorial y muerte

El 14 de agosto, fuerzas públicas ingresaron sin orden judicial a la Comunidad Indígena Tekoha Y’apo, en Corpus Christi, Canindeyú. El operativo —que incluyó vuelos rasantes en helicóptero— terminó con la detención de Bruno López y con la muerte del líder indígena Antonio Carrillo y del docente comunitario Catalino Correa. Ninguno de los dos contaba con orden de captura, según denunció en un comunicado la Pastoral Indígena. El operativo fue ejecutado por la SENAD (Secretaría Nacional Antidrogas) buscando a un supuesto narcotraficante que opera en la zona y que, según el gobierno, cuenta con el apoyo de las comunidades indígenas.

Tekoha Y’apo no es una comunidad improvisada ni un asentamiento sin respaldo legal: está formalmente reconocida por el Estado paraguayo, cuenta con personería jurídica conforme a la Ley 904/81 y han realizado varias denuncias sobre las amenazas a sus territorios. Lleva más de dos décadas de lucha territorial frente a los responsables de la Estancia Americana.

El operativo se ejecutó, según denuncian, sin exhibir documento alguno que lo autorizara. Fue precisamente ese hecho el que, entre el 15 y el 21 de agosto, derivó en cierres de rutas en el cruce Ybyrarobaná, con el acompañamiento de varias organizaciones sociales y de derechos humanos, exigiendo la destitución de Jalil Rachid (Ministro de SENAD), justicia y el cese inmediato de la violencia institucional. 

La Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay (Conferpar) manifestó su «profundo dolor, consternación e indignación» ante lo ocurrido y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la comunidad, que atraviesa un escenario de «duelo, angustia e incertidumbre». El organismo eclesial, con décadas de acompañamiento a comunidades indígenas en el país, sostuvo que la vida, la dignidad, los territorios, las culturas y los derechos de estos pueblos «deben ser respetados y protegidos por el Estado y por toda la sociedad», y remarcó que el Estado «no puede llegar solamente después de la violencia», sino que está obligado a prevenirla. Exigió además una investigación «seria, independiente, exhaustiva y transparente» y pidió al Ministerio Público actuar con celeridad e imparcialidad, garantizando el debido proceso. Advirtió que la falta de esclarecimiento puede profundizar la desconfianza social en las instituciones, e insistió en que «no podemos acostumbrarnos a que los conflictos relacionados con la tierra y el territorio terminen cobrando vidas humanas» 3. 

En Canindeyú, la expansión del monocultivo de soja ya ocupa más del 60% de la superficie cultivable, presionando cada vez con más fuerza sobre los territorios ancestrales. A esa asfixia territorial se suma un abandono presupuestario históricamente denunciado por las propias organizaciones indígenas, el presupuesto del INDI apenas alcanza para la compra del 0,1% de las tierras que organizaciones como la ANIVID reclaman para comunidades indígenas, mientras decenas de comunidades en todo el país arrastran reclamos de titulación pendientes o en litigio 4. 

Médanos, la muerte acecha de otra forma

Mientras el Estado no logra garantizar ni la seguridad jurídica ni la vida de comunidades indígenas que ya poseen sus tierras tituladas, el mismo gobierno impulsa la apertura de un área protegida a la explotación de recursos naturales. El presidente Santiago Peña confirmó la intención de explorar el subsuelo del Chaco en busca de gas, litio y uranio, y adelantó proyectos de reforma legislativa —a los que se sumó un plan estratégico presentado por el senador Gustavo Leite— para modificar la Ley de Áreas Silvestres Protegidas y habilitar la exploración y explotación de hidrocarburos e hidroeléctricas dentro del Parque Nacional Médanos del Chaco. 

La Coalición Por los Médanos, que aglutina a organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas chaqueñas rechazan la reforma bajo consignas como «el Parque Nacional Médanos del Chaco no se toca» y «agua y vida antes que hidrocarburos», exigiendo el respeto al principio de no regresión ambiental. La organización Iniciativa Amotocodie señala que la «ambición extractivista no descansa», y que significa una clara amenaza la integridad del Chaco, advirtiendo que habilitar actividades extractivas en un área ya golpeada por una de las tasas de deforestación más altas del planeta podría desatar procesos irreversibles de erosión y desertificación. La coalición Por los Bosques convocó, también, una marcha pacífica para el 25 de agosto contra el proyecto.

Lo que conecta a Y’apo con los Médanos del Chaco, y a ambos con el resto de las movilizaciones de estos días, no es el marco temporal, sino, un rechazo a una misma manera de mal gobernar: un Estado que no encuentra presupuesto para titular tierras indígenas, sostener Fonavis, construir viviendas o pagar salarios dignos en salud, pero que sí encuentra el impulso político y legislativo para abrir un parque nacional a las petroleras y mineras, y que envía fuerzas públicas a comunidades indígenas y campesinas con resultados letales, que generan desconfianza y miedo en la población. La prioridad, es la misma de hace varios años: la comercialización, la explotación y el negocio sin límites con los bienes naturales. 

1 https://www.abc.com.py/economia/2026/08/03/paraguay-sigue-entre-paises-con-mayor-informalidad-laboral-de-a-latina-y-caribe/

2 https://www.abc.com.py/economia/2026/07/17/paraguay-lidera-el-deficit-habitacional-regional-afecta-al-655-de-los-hogares/

3 https://adn.celam.org/blog/portada-50/religiosos-paraguayos-denuncian-violencia-y-reclaman-proteccion-para-comunidad-indigena-ava-guarani-tekoha-y-apo-9732

4 https://www.abc.com.py/nacionales/2025/10/16/indigenas-exigen-us-142-millones-para-compra-de-tierras/

Fuente: Desinformémonos