Persiguen a dirigentes de protestas mientras crisis económica sigue en curso

Tras dos meses de protestas masivas en contra de las políticas neoliberales del gobierno, las fuerzas armadas levantaron todos los puntos de bloqueos de rutas en Bolivia.

La crisis social se salda, de momento, con el repliegue de los focos de resistencia y el reabastecimiento de alimentos en las ciudades, pero la crisis económica que atraviesa el país, una de las causas del levantamiento popular, tendrá profundos efectos a largo plazo. El modelo de crecimiento basado en la exportación del gas natural se encuentra colapsado, tras la caída de la producción local y los precios internacionales.

Bajo la aplicación de la Ley de Estado de Excepción, en vigencia desde el 20 de junio, el presidente Rodrigo Paz autorizó el despliegue de militares, con el objetivo de liberar los cortes de carreteras que persistían en La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y Pando.

Organizaciones campesinas, mineras y de transportistas pusieron en jaque a la administración de Paz durante 50 días, debido al alza de los combustibles y una reforma agraria que afectaba la tierra comunitaria, en un contexto de inflación y devaluación salarial. La población cuestionó, además, las injerencias de Estados Unidos, el nepotismo en el entorno del presidente y la negociación de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El desgaste y la represión doblegaron la lucha en las calles. Para los movimientos sociales, el resultado de este periodo de protestas se interpreta como una derrota en la contraposición de fuerzas a la alianza de centristas y derechistas en el gobierno, así como a la demanda central de dimisión de Paz.

Procesos por terrorismo contra dirigentes

Como discurso para criminalizar y deslegitimar las movilizaciones contra su gestión, Paz sostiene que detrás hubo intereses del narcoterrorismo. Desde el gobierno se pretende perseguir a quienes lideraron los bloqueos, bajo acusaciones de sedición.

En esa línea, el dirigente campesino Vicente Salazar, secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, recibió una pena de seis meses de prisión preventiva. Se le atribuyen cargos por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo y atentados contra la seguridad de los servicios públicos y medios de transporte.

La organización demanda garantías para el proceso contra Salazar, quien fue recluido en un penal de máxima seguridad. “Exigimos la liberación inmediata del hermano Vicente Salazar, quien en su calidad de ejecutivo de la federación solo fue el portavoz de los pedidos de las bases de las 20 provincias”, indicó la Federación Túpac Katari.

La denuncia contra Salazar proviene del Comité Cívico de la región de Santa Cruz. Al respecto, el Ministerio de Gobierno precisó que existen 44 querellas presentadas en la fiscalía contra líderes de las movilizaciones de mayo y junio. Entre los objetivos se encuentran el expresidente Evo Morales y Mario Argollo, principal dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB).

En su intento de dirigir la atención hacia otros actores, el gobierno no puede desmarcarse de los vínculos con el crimen organizado que señalan a sus opositores. Al encontrarse en junio toneladas de cocaína camuflada en madera exportada a Brasil, la población observa vínculos del narcotráfico en la administración de Paz y cuestiona que, a pesar de la presencia de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) en el territorio nacional, rechazada por los movimientos sociales, las redes de tráfico operan con libertad.

Según la Defensoría del Pueblo, los bloqueos dejaron 22 fallecidos -tres durante operaciones policiales-, 88 heridos y 573 personas arrestadas, de las cuales 255 fueron imputadas penalmente.

Injerencias de ultraderecha global

La gestión de Paz heredó de la administración anterior una situación económica crítica, con las reservas nacionales en números de emergencia. La deuda externa en diciembre de 2025 equivalía al 25% del PIB. En esa coyuntura, mientras los gremios pedían el 20% de aumento de sueldos, el mandatario eliminó el impuesto a la riqueza.

En una débil posición financiera y política, en minoría dentro de la Asamblea Legislativa, el gobierno de Paz emitió decretos ejecutivos que pasaron sobre el debate parlamentario y público. El nepotismo apunta a la presencia del asesor personal de Paz, Fernando Cerimedo, consultor argentino cercano al entorno de Donald Trump y las cúpulas de la ultraderecha regional.

En diciembre de 2025, en el segundo mes de gestión, el gobierno promulgó un decreto supremo que autorizó las operaciones de la compañía de internet satelital Starlink, prohibida durante años por razones de soberanía digital. La firma de Elon Musk, operadora del polo digital de El Alto, conforma un ecosistema de poder tecnológico-gubernamental junto a plataformas de análisis de datos como Palantir.

El riesgo de establecer la infraestructura de conexión de Starlink radica, de acuerdo a la experiencia en Estados Unidos y Ucrania, en la consiguiente aplicación de sistemas de inteligencia artificial para implementar políticas de seguridad, migración o fiscalización. Así como en la disposición de datos del Estado por parte de privados extranjeros, relacionados a Trump y agencias internacionales.

A pesar de las implicancias, el gobierno decidió el ingreso de Starlink sin mayor debate parlamentario. En América Latina, Ecuador es el primer país que firmó un contrato con Palantir para emplear sistemas de análisis de seguridad.

Asimismo, la transparencia en torno a la explotación del litio y la garantía de su soberanía, cobran relevancia en el gobierno de Paz. En abril, Estados Unidos y Bolivia firmaron un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, que incluye el litio. El contenido del acuerdo no fue publicado íntegro, lo que cuestionaron las organizaciones mineras que se sumaron a las movilizaciones.

Fuente: Avispa Midia