Pueblos de la Amazonía brasileña mantienen plantón contra privatización del río Tapajós

“Nuestra lucha tiene un objetivo claro e inegociable: la revocación total del decreto presidencial número 12.600/2025 [que privatiza el río]. Este decreto amenaza directamente a nuestros territorios, nuetros ríos y nuestros modos de vida (…). Mientras no haya la revocación del decreto, la ocupación continúa. No aceptaremos negociaciones parciales, tampoco medidas paliativas (…). El río Tapajós no está a la venta”, sostienen los pueblos en un comunicado.

El decreto presidencial incluye la hidrovía del río Tapajós en el Programa Nacional de Desestatización, abriendo camino para que empresas privadas administren el río, vía concesiones. Las hidrovías de los ríos Madeira y Tocantins, ambos en la Amazonía, también fueron incluidas en el programa. En total, se trata de la privatización de aproximadamento 3 mil kilómetros de ríos, que son navegables, “atendiendo a los intereses del agronegocio y de otros sectores económicos”, denuncian los pueblos indígenas. Las tres hidrovías, juntas, transportan actualmente 41 millones de toneladas de carga por año.

El río Tapajós, al mismo tiempo que es un destino turístico, conocido como el “caribe brasileño”, tambiém es ruta para la exportación masiva de productos de la industria agrícola. Su geografía lo transformó en una estratégica hidrovía para el transporte de soya y minerales destinados a la exportación. 

El río nace en el estado de Mato Grosso, al centro-oeste de Brasil, y recorre mas de mil kilómetros hasta llegar en la ciudad de Santarém, estado de Pará, donde se junta con el río Amazonas para desaguar en el Oceano Atlántico. Justamente ahí, próximo al encuentro de las aguas de los ríos Tapajós y Amazonas, es donde la empresa Cargill se instaló. La gran producción de soya del centro-oeste del país es transportada vía carretera hasta el inicio de la hidrovía del Tapajós, al norte del país, y de allí es llevada hasta el Atlántico, donde es distribuida en el mercado internacional. 

Este modelo de hidrovía involucra la instalación de puertos privados, grandes centros logísticos, terminales privados en las orillas del río, para almacenamiento y procesamientos de productos, además del flujo intenso de grandes navíos. Con la privatización de la hidrovía, el objetivo es expandir y profundizar este modelo para aumentar la capacidad de exportación de commodities. El plan hace parte de un conjunto de proyectos de infraestructura para mejorar la eficiencia logística de la región norte de Brasil, conocido como proyecto Arco Norte.

El proceso de privatización prevé que la manutención de la hidrovía estará a cargo de empresas privadas. Eso incluye el dragado del río, es decir, la succión del fondo del río para mantener las condiciones de navegabilidad y de operación de los puertos. Pese a las movilizaciones contra el decreto, el gobierno federal sigue el proceso y, en diciembre de 2025, lanzó una licitación para contratar una empresa que quedará a cargo de la ejecución del servicio en los próximos cinco años.

Organizaciones socioambientales han denunciado irregularidades en el proceso, una vez que el gobierno empieza a concretar sus planes sin licencias ambientales o estudio de impacto ambiental y sin la consulta previa a los pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales que viven en las orillas del río. 

“Durante la COP 30 [realizada en Belém, en el estado del Pará, en noviembre de 2025] hicimos manifestaciones para denunciar la privatización. Representantes del gobierno garantizaron que iban hacer la consulta y que iban a realizar una mesa de diálogo. Sin embargo, hasta el momento no tuvimos ninguna respuesta. Por el contrario, están avanzando con sus planes”, sostiene la indígena Auricelia Arapiun, de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña.

En una  carta enviada al gobierno brasileño, organizaciones alertan sobre una serie de problemas ambientales y sociales que se intensificarán con la privatización del río. Entre ellos: la destrucción de ambientes de alimentación y reproducción de pescados y quelonios (tortugas), esenciales en el modo de vida de comunidades que viven en las orillas del río. La destrucción de lugares sagrados para las comunidades tradicionales y pueblos indígenas. El dragado altera la dinámica del río, provocando graves daños para la fauna acuática y terrestre, además de alterar canales de navegación de las comunidades, las viviendas fluctuantes y las áreas de plantío en las orillas del río. Amenazas a las comunidades por la seguridad privada que resguarda la circulación de las grandes embarcaciones. Contaminación del aire, agua y pescados por el polvo de la soya con agrotóxicos, con serias consecuencias para la fauna y poblaciones tradicionales que viven cerca de los puertos. Intensificación de prácticas de especulación con las tierras, lo que provoca presión hacia los territorios de comunidades tradicionales.

Considerando la gravedad de los problemas relatados, las organizaciones piden un “diálogo estructurado entre el poder público y la sociedad civil, con la participación activa de las organizaciones de comunidades afectadas, sobre el actual modelo de planeación, licenciamiento ambiental y concesión de hidrovías y estructuras portuarias asociadas”.

“El Tapajós no puede ser tratado como infraestructura logística o mercancia. Es territorio indígena, espacio de vida, memoria y relación colectiva, cuya destrucción compromete directamente el buen vivir de los pueblos del Baixo Tapajós”, sostuvo en un comunciado la Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil (Apib). 

El Ministerio Público Federal solicitó, junto a la justicia federal de Santarém, la cancelación de la licitación. Pero el pedido fue negado.

En comunicado, el gobierno federal dijo que cualquier intervención en los ríos exigirá estudio de impacto ambiental y licenciamiento ambiental. Además, sostiene que garantizará una consulta previa, libre e informada a las comunidades locales. 

Fuente: Avispa Midia