Pueblos originarios y campesinos movilizados ante la amenaza de un retroceso democrático

Perú, país sudamericano que cuenta con 54 pueblos indígenas y originarios, así como 47 lenguas originarias reconocidas oficialmente por el Estado, atraviesa una grave crisis política y social que se ha agravado en los últimos años. La actuación del Congreso de la República, bajo la dirección de una clase política de derecha principalmente alineada con el fujimorismo – corriente política heredada del gobierno de Alberto Fujimori, marcado por una dictadura en los años 90, graves escándalos de corrupción y condenas por violaciones de derechos humanos – y sólidamente afianzada en el poder, parece haber debilitado y desestabilizado el camino democrático del país. 

En menos de 10 años, el país ha tenido 8 mandatarios presidenciales, los cuales en su mayoría han sido procesados por graves casos de corrupción. Así, Pedro Castillo, el último presidente elegido democráticamente, permanece en prisión tras intentar cerrar el Congreso en 2022. Mientras la justicia lo acusa de quebrar el orden constitucional, amplios sectores sociales e indígenas consideran su detención una persecución política y racista contra un mandatario que representó a los sectores históricamente excluidos del país.

Este domingo 07 de junio, se realiza la segunda vuelta de las elecciones generales que elegirá al nuevo Presidente de la República. En estas elecciones también se han elegido a lxs nuevxs representantes del Congreso de la República, que luego de más de 3 décadas, vuelve a ser bicameral, eligiendo a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados; además de representantes del Parlamento Andino.

A puertas de la segunda vuelta, un paro agrario convocado por las principales organizaciones nacionales campesinas del país, entre ellas la Confederación Campesina del Perú – CCP, está bloqueando las principales carreteras del norte del país. Volviendo llamar la atención sobre la crisis que también atraviesa el campesinado y los pueblos originarios en relación a la producción alimentaria.

Las protestas se dan en un contexto marcado por el modelo agroexportador consolidado desde los años 90 con la Ley de Promoción Agraria del gobierno de Alberto Fujimori, y reforzado recientemente [1] por el Congreso de mayoría fujimorista, que aprobó nuevas exoneraciones y reducciones del impuesto a la renta para grandes empresas agroexportadoras. Lxs manifestantes, entre ellxs productores arroceros, bananeros y cañicultores, exigen al gobierno que declare emergencia al sector agropecuario. 

Las elecciones y una fragmentación estructural corroída por la corrupción y el juego político de los grupos de poder

Los resultados de la primera vuelta electoral, con 35 candidatos presidenciales – record histórico de candidaturas en el país – evidencian no solo la fragmentación del sistema político, sino también una estrategia de dispersión del voto, que habría favorecido la atomización de las opciones más cercanas a los intereses de las grandes mayorías, al tiempo que consolidaba la intención de voto fujimorista. Así, la fuerza de la derecha concentrada en la capital, Lima, y las ciudades costeñas, posicionaron como primera opción a Keiko Fujimori (17% de los votos válidos) y su partido Fuerza Popular, expresión de una alianza histórica entre élites económicas, fuerzas militares, grandes grupos empresariales y corporaciones transnacionales interesadas en sostener un modelo de acumulación basado en la desigualdad, la extracción y la concentración de la riqueza.

Keiko Fujimori no solo carga con el legado político de su padre, Alberto Fujimori, marcado por graves delitos y violaciones durante su gobierno, sino que también ha enfrentado investigaciones por financiamiento ilegal [2] de su organización. En el caso Lava Jato, la fiscalía sostuvo la tesis de que Fuerza Popular habría operado como una organización criminal [3], en procesos que han sido debilitados o archivados en medio de cuestionamientos por el blindaje político ejercido desde su bancada en el Congreso.

Frente a ella, y pese a la dispersión del voto, Roberto Sánchez (12% de los votos válidos) y su partido Juntos por el Perú lograron pasar a la segunda vuelta electoral con un respaldo importante en el voto rural del centro y sur del país, asociado a demandas históricas de mayor inclusión y a la reivindicación de Pedro Castillo, cuya detención tras su destitución fue interpretada  por su electorado como una persecusión política y racista a un proyecto que buscó representar a los más excluidos. Es importante decir que ambos candidatos no superaron el 50% de los votos, un registro inédito en las elecciones del país, que evidencia la profunda crisis de representación y la desconfianza hacia los partidos políticos dentro de la sociedad peruana.

En los últimos años, desde el Congreso de la República, Fuerza Popular ha impulsado reformas orientardas a flexibilizar el régimen fiscal en favor de grandes corporaciones, así como normas que debilitan la regulación ambiental  y facilitan el extractivismo, particularmente en el sector minero y agroexportador, y favorecen la contaminación minera y la deforestación. Asimismo, la bancada fujimorista ha sido acusada de promover condiciones laborales precarias y de impulsar proyectos legislativos que limitan el ejercicio de derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas originarios sobre su territorio, la consulta previa y la libre determinación. Junto al Fujimorismo, Fuerza Popular tiene en su haber un historial de escándalos de corrupción de autoridades, enriquecimiento ilícito y blindaje político; lo que evidencia un pacto mafioso en las más altas escalas de poder, en muchos casos con alianzas comprobadas con el narcotráfico.

Por otro lado, Juntos por el Perú y a Sánchez, tiene entre sus representantes a líderes sociales que han expresado sus intenciones de resguardar la soberanía nacional y reformas sociales clave que reconocen los derechos a pueblos originarios y promueven la plurinacionalidad y la diversidad cultural. Sin embargo, este partido también ha respaldado iniciativas vinculadas a la ampliación del registro de formalización minera, un régimen asociado a la minería artesanal – actividad de larga data en los Andes y base de subsistencia de miles de familias–, cuya regulación ha sido criticada por diversos sectores como una “ley pro crimen”, al considerar que su débil fiscalización facilita el uso por redes de minería ilegal, con graves impactos ambientales como la deforestación y la contaminación de ríos, y vínculos en algunas zonas con economías ilícitas como la trata de personas y el acaparamiento de tierras. 

La lucha por la vida, la Soberanía Alimentaria y la autodeterminación de los pueblos: la agenda política de los organizaciones campesinas e indígenas

A pocos días de conocerse los resultados de la primera vuelta – donde la derecha peruana ya contaba con salir victoriosa – la narrativa del miedo copó los medios nacionales y cobró sus primeras víctimas. 6 jóvenes de una comunidad rural en la zona de Huancavelica fueron asesinadxs por el ejército bajo la excusa pertenecer a células terroristas. Pero la excusa era clara para la población y los movimientos sociales del campo: en un contexto tan polarizado el poder tenía que levantar el fantasma del terrorismo para hacer resurgir el miedo en la gente y asociar a las fuerzas políticas de izquierda con aparentes hechos de terroristas. La indignación de la gente no tardó en reaccionar cuando se demostraron indicios que aquel operativo antiterrorista fue un montaje de la policía. Hasta el momento los hechos continúan en investigación y lxs familiares y organizaciones sociales no han bajado los brazos para exigir que esta masacre no quede impune.

No es la primera represalia que las organizaciones sociales, en específico las indígenas y campesinas señalan. En estos días el paro nacional agrario ha vuelto a poner sobre la mesa la urgencia que está viviendo el sector de productores de los principales alimentos que abastecen a la población, esto en un contexto donde el Gobierno y el Ministerio de Agricultura y Riego han enfocado sus políticas en favorecer el agronegocio y la agroexportación, dejando de lado el apoyo a la agricultura familiar y de pequeña escala que abastece los principales mercados locales. El llamado al paro nacional está en aumento entre las familias campesinas, y a puerta de las elecciones se espera que no se desencadene en hechos de violencia y represión conque suele actuar el gobierno de turno.

Es importante señalar, que en este contexto, semanas antes de las elecciones, las principales organizaciones anunciaron con orgullo la aprobación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u originarios (PNPI), única en Latinoamérica y que fue construida mediante el ejercicio del derecho a la Consulta Previa que rige como derecho colectivo en Perú. Esta política tiene una proyección de ser aplicada hasta 2040 y coloca una hoja de ruta esencial para el cumplimiento de los derechos colectivos reconocidos por el país. Esto en un contexto donde las medidas legislativas cada vez son más flexibles para las empresas transnacionales, facilitando la contaminación de las principales cuencas hidrográficas, el acaparamiento de la tierra y los recursos naturales en favor de actividades extractivas, el despojo de territorio y persecución de líderes campesinxs e indígenas.

La situación de la vida de lxs líderes de los movimientos campesinxs e indígenas está cada vez más grave. En el país existe impunidad al respecto y tiene leyes que limpian a policias y el Éjercito del uso de armas en contextos de represión. También se identificaron una gran suma de movilizaciones, siendo un punto de inflexión lo ocurrido en 2023, cuando, tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, la imposición del gobierno de Dina Boluarte perpetró el asesinato de casi 80 personas y cientos de heridxs, entre ellxs menores de edad. Los hechos de violencia ocurrieron principalmente en las zonas rurales, trayendo dolor entre familias campesinas e indígenas. Actualmente las víctimas y sus familias están luchando porque estos hechos no caigan en eterno limbo de la impunidad y para que los responsables políticos sean procesados.

El día 07 de junio el país define su rumbo político de los siguientes 5 años, pero para el movimiento campesino indígena, el rumbo político traerá esperanza cuando la institucionalidad democrática deje atrás las reformas y apueste por el cambio constitucional fomentado desde los pueblos y nacionalidades que integran el país. Solo un real reconocimiento de sus derechos y el respeto de los mismos, por encima de los intereses transnacionales y extractivistas, podrán cimentar la democracia de un país con heridas tan profundas como el racismo, la exclusión social y el colonialismo.

[1] 2025 : https://www.agroperu.pe/congreso-aprueba-nueva-ley-agraria-y-reduce-impuesto-a-la-renta-para-agroexportadoras/ ; 2024 : https://www.agronline.pe/nuevo-proyecto-de-ley-agraria-congreso-aprueba-dictamen-que-favorece-a-agroexportadoras-con-reduccion-de-impuestos/

[2]https://www.reuters.com/world/americas/peru-judge-throws-out-keiko-fujimoris-money-laundering-trial-2025-01-13/

[3] https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/1202411

Fuente: La Vía Campesina