Reporte marzo-abril del Observatorio de tierra, agronegocio y Derechos Humanos

EDITORIAL

A nivel nacional, se observa el desarrollo del control territorial a través de la militarización de la Región Oriental, profundizado por el alineamiento del gobierno de Santiago Peña con los intereses de Estados Unidos, a través del Acuerdo SOFA. Este fenómeno se inscribe en una renovada agresión imperialista que, bajo los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional corolario Trump, instrumentaliza la seguridad para blindar la expansión del capital.

El avance del extractivismo y su contracara, la superexplotación del trabajo, operan a través del ejercicio del poder financiero, que ha convertido a la tierra y los ecosistemas en mercancías financieras. Esta dinámica del capital se manifiesta además en la imposición de insumos tecnológicos, la privatización de bienes comunes y un ciclo de endeudamiento que asfixia tanto las arcas públicas como a las poblaciones previamente precarizadas. Se observa que el régimen global intenta subordinar la energía, el agua, los minerales y la producción de alimentos a fines estrictamente acumulativos.

Este modelo utiliza los territorios y las poblaciones para usos diametralmente opuestos a las necesidades de la reproducción social de la vida en su conjunto. Las noticias recopiladas muestran un país atravesado por tensiones estructurales.

Las disputas por la soberanía y la tierra se intensifican en un escenario donde comunidades indígenas y campesinas enfrentan la violencia de una reconfiguración de las políticas de seguridad al servicio de la consolidación de nuevos mecanismos de acumulación por desposesión. Por ejemplo, los mercados de crédito carbono y la extensión extractivista bajo la fachada de “sostenibilidad” para el comercio internacional. Las comunidades campesinas e indígenas tales como el pueblo Enxet, el Angaité o el Pai Tavytera resisten el aislamiento frente a las consecuencias de la crisis ecológica y la desidia estatal, evidenciando que el desarrollo propuesto implica, en realidad, un renovado mecanismo de control, mercantilización y exclusión territorial al que se suman dinámicas de captura digital y genética de la biodiversidad paraguaya y el extractivismo de datos o biopiratería.

Como respuesta a las expresiones críticas de la emergencia climática y ecológica que se vive en el país, el gobierno y organismos internacionales, impulsan la mercantilización de la naturaleza. Este proceso profundiza el modelo extractivista con renovados modelos de negocio que dinamizan nuevas modalidades de acumulación por desposesión, de la mano de una nueva etapa de colonización disfrazada de “verde” a partir de los llamados “incentivos” para la inversión extrajera directa a negocios supuestamente “sostenibles” en casos tales como el de las plantaciones forestales en torno a Paracel, o la instalación de empresas electrointensivas para la producción de agrocombustibles.

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Fuente: Base Investigaciones Sociales (BASE IS)