Represión y exilio forzado: el costo de alzar la voz en El Salvador de Bukele

“No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida”.

Bajo la lluvia ajena (1980), Juan Gelman.

"El mejor de los escenarios es que nos capture el Estado”. Ángel Flores lo dice sin titubear, con la seguridad de quien sopesa posibilidades y opta por la que, cree, será la menos grave. En El Salvador, esa es una decisión cada vez más frecuente desde mayo de 2025, cuando el gobierno del presidente Nayib Bukele desencadenó la salida masiva del país de periodistas y defensores de derechos humanos. Quienes permanecen conocen el precio de su resistencia.

Ángel es uno de los rostros reconocidos de la defensa de la tierra en el oriente de este país. Es coordinador regional del Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (Milpa), una de las organizaciones más importantes en la lucha contra el  despojo del territorio por la construcción de megaproyectos del Estado.

Desde 2021, cuando el gobierno de Bukele anunció la construcción del Aeropuerto del Pacífico en La Unión, al oriente del país, Ángel se convirtió en una presencia incómoda. El megaproyecto prometía desarrollo, pero las comunidades preguntaban por sus casas, por sus cultivos, por el agua, por la compensación del Estado. Ángel empezó a organizar reuniones y a explicarles sus derechos: vivienda, indemnización justa, consulta previa, medio ambiente. Derechos básicos.

Primero fueron los ataques en redes sociales. Después detectó seguimientos: vehículos que aparecían seguido, rostros desconocidos en reuniones comunitarias, policías tomándole fotografías a los campesinos, agentes de la Fiscalía preguntando por líderes locales, y hasta  restricciones en procesos judiciales por la tenencia de la tierra.

Pero la represión escaló desde el día uno del régimen de excepción, la medida más publicitada del “modelo Bukele” de seguridad. El 27 de marzo de 2022, día en que la Asamblea Legislativa afín a Bukele le dio poderes excepcionales al Estado, la Policía Nacional Civil capturó a dos defensores de Milpa: José Abel Claro Martínez, un miembro de la Asociación de Desarrollo Comunal (Adesco) de Nuevo Amanecer; y a Walter Francisco Paz, activista de la comunidad.

El 9 de junio de 2023 la Policía capturó a uno de los fundadores de Milpa,  Óscar René Martínez Iglesias, un pescador a quien acusaron sin pruebas de pertenecer a pandillas. Los tres defensores se oponían a la construcción del Aeropuerto.

Ni la Policía ni la Fiscalía General de la República explicaron los delitos de los que se acusa ni los motivos tras la captura de los defensores.

El régimen de excepción, prorrogado decenas de veces por cuatro años consecutivos, suspende  tres garantías constitucionales y permite detenciones sin una orden judicial. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido que  el régimen ya dejó de ser una medida excepcional, y expertos independientes sostienen que la medida ha propiciado violaciones masivas de derechos humanos: capturas arbitrarias, asesinatos, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, que  podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

La represión estatal no ocurre en el vacío. Para Ángel, esta se articula con otros actores que disputan el control del territorio: grupos empresariales y estructuras del crimen organizado que aprovechan la inacción institucional para avanzar sobre tierras de comunidades indígenas y campesinas.

Un mes después del arresto del fundador de Milpa en la comunidad de El Icacal, el 12 de julio de 2023, la empresa Desarrollos Turísticos del Pacífico, S.A. de C.V. cercó amplias zonas de la playa, declarándolas propiedad privada. Entre las áreas intervenidas hay manglares registrados oficialmente como área natural protegida, así como  terrenos costeros habitados históricamente por familias locales. El objetivo: desarrollar un proyecto turístico en la zona.

En paralelo, la persecución contra la resistencia comunitaria se intensificó. Hasta la fecha, seis pescadores vinculados a la defensa de esa comunidad han sido arrestados, y cinco de ellos continúan en prisión.

Deslegitimar, asfixiar y perseguir

El modelo de seguridad de El Salvador se ha vuelto un referente para la región. El país pasó de ser nombrado como la “ capital mundial de homicidios” en 2015, con una tasa récord de 105 asesinatos por cada 100.000 habitantes; a alcanzar un mínimo histórico de 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025.

En 2025, tras un acuerdo con Bukele, la administración Donald Trump envió a decenas de migrantes salvadoreños y venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, la mayoría sin proceso ni condena judicial. 

Un  informe de Human Rights Watch (HRW) y Cristosal recogió  cientos de testimonios de torturas, abusos sexuales y desapariciones forzadas cometidas en contra de los migrantes durante su estancia en el país centroamericano. Para ese entonces, ya habían más de 3.000 denuncias por violaciones de derechos humanos en las más de 20 cárceles salvadoreñas que no son noticia en el exterior.

Con la llegada del partido de Bukele Nuevas Ideas en 2021, sus diputados  aprobaron reformas judiciales para remover o trasladar a jueces incómodos, inducir renuncias y nombrar a abogados afines en tribunales estratégicos, consolidando un sistema de justicia sometido y allanando el camino hacia el régimen de excepción.

Desde hace cuatro años, los salvadoreños mantienen una suspensión de garantías constitucionales que permite detenciones sin orden judicial, procesos judiciales opacos y escuchas telefónicas sin la intervención de un juez.

Según  datos oficiales, más de 91.000 salvadoreños han sido detenidos bajo el régimen de excepción, más del 1,4 % de la población. Se han documentado  la muerte de 500 personas bajo custodia estatal, más de 400 desapariciones forzadas y más de 800 casos de tortura y malos tratos, que incluyen golpizas, descargas eléctricas, violaciones sexuales, desnudez forzada y violencia psicológica.

Con el régimen, además, regresó la práctica de perseguir y encerrar a opositores políticos y voces críticas. Un  informe de Cristosal, una de las organizaciones de derechos humanos más influyentes en Centroamérica, documentó 245 víctimas de patrones de persecución, hostigamiento y criminalización entre 2019 y 2025. De estas, 86 personas siguen detenidas sin acceso a juicio y siete han sido condenadas en procesos sin garantías mínimas.

El 17 de julio de 2025, Cristosal  anunció el cierre de su oficina en San Salvador y el traslado de su operación a Guatemala ante la escalada de persecución judicial en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, así como a la imposición de la  Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), aprobada en mayo de ese año.

Dicha ley impone dos requisitos a las organizaciones sociales que reciben fondos o donaciones del extranjero: establece un impuesto del 30% sobre dichos fondos; y exige la inscripción en un nuevo registro. Este registro cuenta con amplias facultades para determinar qué tipo de actividades pueden ejercer en el país.

El punto de no retorno

Mayo de 2025 se sintió como un punto de quiebre. Las  amenazas de detención contra los periodistas de El Faro, el  encarcelamiento de defensores de derechos humanos, junto con rumores que ya no se podían desestimar, crearon un ambiente de saturación que culminó en un exilio masivo de defensores de derechos humanos, abogados y  periodistas.

En audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las organizaciones denunciaron que  al menos 130 defensores y periodistas habían salido forzados al exilio.

Más de 80 personas se fueron después de la noche del 18 de mayo, tras la captura de  Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal y reconocida defensora de derechos humanos, nombrada  una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC en 2024. Por eso, cuando el Estado decidió ir tras ella, el mensaje era claro: nadie está exento de la represión del régimen.

El 7 de junio se sumó la  captura del abogado constitucionalista Enrique Anaya, un férreo crítico del gobierno quien solo dos días antes  expresó en televisión abierta su temor a ser capturado por sus opiniones: “todos los que nos atrevemos a criticar lo hacemos con temor, con miedo”.

En ese momento quedó claro que no eran casos aislados. Un día después de la captura de Anaya, el 8 de junio, la Policía preguntaba a trabajadores agrícolas por un “agitador que genera desorden en las comunidades” de La Unión. Ángel Flores cree que lo buscaban a él. Lo confirmó semanas después.

El 23 de julio,  patrullas de la Policía irrumpieron en la localidad de La Lima, en La Unión, por un proceso judicial de desalojo iniciado en el Juzgado de Intipucá. Separaron a mujeres y hombres, y les obligaron a mostrar sus documentos de identidad. En ese grupo estaba Ángel, quien acompañaba una concentración de familias que pedían explicaciones a agentes de la Fiscalía por una inspección sin orden judicial en siete de sus viviendas.

Después de tomar fotos de la multitud, los agentes se detuvieron en Ángel. Le hicieron fotografías a su identificación y lo ficharon en una libreta.

Las comunidades de La Lima y El Icacal  denunciaron este hecho ante la Fiscalía, acusando a los agentes policiales de la delegación de Intipucá de irrumpir violentamente en la comunidad. Denunciaron también al juez de Paz del distrito por posibles actos arbitrarios contra las familias campesinas.

Pero la respuesta de las autoridades fue investigar a las víctimas. Agentes de la Fiscalía llegaron a Intipucá una semana después, preguntando por Ángel y ocho de sus compañeros de Milpa. Acudieron a la oficina del registro familiar del distrito para consultar información personal como actas de nacimiento, actas de defunción de sus parientes, actas matrimoniales e información sobre patrimonio y bienes.

Pese a que los nueve investigados solicitaron a la Fiscalía conocer si había procesos penales activos en su contra, se les notificó en una constancia emitida el 22 de octubre, que no existía ningún proceso penal contra los líderes comunitarios. 

Este medio solicitó sus descargos a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República sobre las denuncias de seguimientos, vigilancia, capturas de defensores comunitarios y posibles irregularidades en investigaciones relacionadas con líderes de MILPA. Al cierre de esta publicación, ninguna de las instituciones respondió a las consultas.

Ángel Flores ha decidido seguir en el territorio que defiende. Anda los mismos caminos donde se proyecta construir la pista de aterrizaje del Aeropuerto del Pacífico. Sabe que cada reunión de comunidades estará vigilada.

“Mi posición personal es no salir del país, es seguir ejerciendo la lucha”, dice. “La defensa de los territorios tiene sentido si se ejerce desde los territorios mismos”.

La vuelta de la minería

Vidalina Morales recuerda bien cuándo comprendió que oponerse a la minería en El Salvador significa jugarse la vida. Fue en 2004, en Cabañas, en la zona norte del país. La empresa canadiense  Pacific Rim buscaba explotar oro, pero encontró una  resistencia feroz en las comunidades. Entonces comenzaron las presiones, las amenazas y la violencia que culminó en los asesinatos de ambientalistas del Comité Ambiental de Cabañas (CAS), que  continúan en la impunidad.

En 2009, primero mataron al activista ambiental y líder comunitario Marcelo Rivera, después a Ramiro Rivera. Luego a Dora Sorto, quien tenía ocho meses de embarazo. Pero ni siquiera la violencia logró detener el movimiento antiminero.

ADES, junto a organizaciones comunitarias, iglesias y universidades, impulsaron una resistencia que logró algo inédito: en 2017, El Salvador se convirtió en  el primer país del mundo en prohibir la minería metálica por su impacto en su territorio de 21 mil kilómetros cuadrados y en el río Lempa, que cruza el país de norte a sur.

Por eso, cuando Nayib Bukele quiso que su Asamblea Legislativa  revirtiera la ley y trajera de vuelta la minería, sabía que encontraría territorios organizados.

Vidalina Morales ha sido la mujer con voz más fuerte en la lucha antiminera. Fue de las primeras en  alertar sobre el interés del Gobierno por revivir la minería. Y cuando la Fiscalía capturó a cinco  líderes ambientalistas de la comunidad de Santa Marta, ella no dudó en denunciarlo.

El 11 de enero de 2023, la Fiscalía capturó a Teodoro Antonio Pacheco, director de ADES, al asesor jurídico Saúl Agustín Rivas, y a otros tres líderes comunitarios en Santa Marta: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Lainez y Pedro Antonio Rivas. Los acusó de asesinar a una mujer en 1989, cuando eran guerrilleros que combatían contra el Ejército salvadoreño. El proceso se basó en la declaración de  un testigo que negó haber presenciado el crimen, y un cuerpo que tampoco fue encontrado.

Vidalina asumió la vocería de ADES. Encabezó protestas y conferencias de prensa donde declaró que los líderes de Santa Marta eran perseguidos judicialmente por defender el medio ambiente.

El 16 de mayo, la relatoría de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos  condenó los arrestos como un “intento de intimidar” a los ambientalistas, y exigió su liberación. Al día siguiente, el gobierno de Bukele reaccionó  capturando al hijo de Vidalina Morales bajo el régimen de excepción.

"He visto la muerte de Marcelo, he visto la muerte de Ramiro, de la compañera Dora”, recuerda. “Pero cuando me capturan a mi hijo fueron las horas más difíciles que he vivido. Lo que pretendían era que dejara de hablar”.

Veinticuatro horas después de la captura, su hijo fue liberado tras la presión de organismos internacionales. Pero el hostigamiento no paró: Vidalina denunció vigilancia, personas merodeando por la noche en su vivienda, gente no identificada preguntando por ella, seguimientos en la calle. En octubre de 2024, un tribunal  absolvió a los cinco ambientalistas de Santa Marta.

La alegría duró poco. Una Cámara ordenó repetir el juicio mientras, al mismo tiempo, el presidente Bukele pidió a sus diputados revertir la ley que prohibía la minería y confeccionar una que la permitiera. El 23 diciembre de ese año, en la víspera de Noche Buena, la Asamblea oficialista  aprobó exprés la nueva norma.

Sin embargo, la decisión del gobierno fue impopular. Por primera vez desde que Bukele está en el poder, una de sus políticas enfrentó un rechazo mayoritario en las encuestas, con  más de un 72% de los salvadoreños oponiéndose a la minería. Durante los primeros meses de 2025 se organizaron varios plantones ciudadanos para manifestar el descontento. 

En setiembre de 2025, otro tribunal volvió a absolver a los ambientalistas de Santa Marta. Aun así, en la comunidad temen que la Fiscalía intente reabrir el caso.

“Mientras haya injusticia, yo creo que lo que menos podemos hacer es callar nuestras voces”, sostiene Vidalina.

La revista Focos consultó a la Fiscalía General de la República sobre los fundamentos de las capturas de los líderes ambientalistas de Santa Marta, así como sobre las denuncias de persecución judicial vinculadas a su oposición a la minería metálica. Hasta el cierre de esta publicación, no se obtuvo respuesta.

Irse para seguir hablando

Angélica Cárcamo no salió huyendo de El Salvador, salió por prevención. La expresidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), cofundadora del medio independiente  Infodemia y actual directora de la Red Centroamericana de Periodistas (RCP) lleva casi un año fuera del país. Cuando se fue, a finales de mayo de 2025, no pensaba quedarse. Empacó para dos semanas.

El plan era regresar a mediados de junio, pero en esos días detuvieron al abogado constitucionalista Enrique Anaya, férreo crítico del oficialismo.  Entonces entendió que volver ya no era una opción segura.

“Entrar a El Salvador no es posible, no es seguro y no es una garantía si querés seguir hablando”, asegura. “Regresar a El Salvador tiene como moneda de cambio el silencio, o saber que en algún momento van a tocar la puerta de tu casa, va a ser la policía”.

Entre 2020 y 2022, el Estado pasó a encabezar  las agresiones contra periodistas, desplazando a pandilleros y al crimen organizado, según registros de la asociación. Las denuncias incluyen restricciones en conferencias de prensa, bloqueos de acceso a la información pública y campañas de estigmatización. Angélica fue  una de las voces más visibles en esas denuncias.

El informe  “La curva del silencio”, elaborado por la APES, documenta que al menos 43 periodistas salieron del país entre marzo y junio de 2025, en lo que constituye un fenómeno sin precedentes en décadas recientes.

El punto más crítico ocurrió en mayo, cuando 31 periodistas abandonaron El Salvador en un solo mes, “prácticamente uno por día”, según el informe. Más del 85% de los casos reportados señala que la decisión estuvo motivada por el temor a una posible orden de captura.

Hasta noviembre de 2025, al menos  53 periodistas salvadoreños salieron del país, según datos de la Red Centroamericana de Periodistas. La cifra ya sube a 59 al cierre de esta investigación. 

A este contexto se suman nuevas restricciones legales. La Ley de Agentes Extranjeros, aprobada por la Asamblea Legislativa, establece un impuesto del 30% a fondos de cooperación internacional, multas y limitaciones para que organizaciones aborden temas políticos. Este fue un golpe directo a los medios que dependían de donaciones o financiamiento extranjero para operar en el país. 

La mayoría de periodistas que ha salido del país emigró de forma regular y algunos han iniciado trámites formales de refugio. Además, medios como  Focos y la  Revista GatoEncerrado, han cesado sus operaciones en El Salvador, trasladándose a Costa Rica.

La revista Focos consultó a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y a la Policía Nacional Civil sobre las denuncias documentadas por organizaciones de periodistas respecto a agresiones, hostigamiento y limitaciones al ejercicio de la prensa. Al cierre de esta publicación, no se obtuvo respuesta.

Angélica siente a veces culpa. Hay periodistas y defensores que todavía permanecen en El Salvador. Algunos están expuestos en zonas rurales. Ella, en cambio, está libre y fuera. Se pregunta si hizo lo correcto. Luego recuerda una frase que alguien le dijo antes de salir:

“¿Dónde sos más útil? ¿Adentro, con riesgo de ir a prisión, o afuera, donde podés seguir trabajando?” Eligió seguir hablando.

Fuente: Ojo Público