Acción Ecológica

"Desde diversas voces y sectores sociales, hemos evidenciado el agravamiento de las condiciones de vida de la población por la falta de acceso a servicios básicos, a la par de una devastación de los territorios comunitarios por el avance extractivista que siguen impulsando los gobiernos de turno. Por eso, la defensa de la salud es parte de las demandas del movimiento indígena en este paro nacional. Enfrentamos a un sistema que genera enfermedad y dependencia".

El Ecuador tiene más de 50 años de extraer petróleo del norte de la Amazonía. Se han destinado alrededor de 5 millones de hectáreas de bosque húmedo tropical para estas actividades. Los impactos, tanto a la naturaleza como a las comunidades y a las culturas indígenas, han sido nefastos.

En Ecuador todos los días se violan los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza; todos los días las compañías mineras siguen devastando los espacios naturales, contaminando los ríos, despojando a las comunidades de sus fuentes de sustento y sus territorios ancestrales. Por esta razón, todos los días hombres y mujeres se movilizan en defensa de la vida.

El 9 de agosto de 1944 se creó la Casa de las Culturas Ecuatorianas -CCE, un hecho histórico que ha gestado, desde la autonomía, innumerables obras invaluables como expresión del arte y las culturas de nuestro país. Miles de artistas, gestores culturales y público en general han transitado sus espacios enriqueciendo desde lo más profundo el sentido de la vida. La ocupación por parte de la policía nacional ocurrida el pasado 19 de junio en el marco del paro nacional convocado por la CONAIE, constituye un acto de violencia institucional y simbólica con antecedentes solo en gobiernos autoritarios y dictatoriales. Hoy, sus instalaciones serán usadas como cuartel policial.

Sobre las amnistías dadas por la Asamblea Nacional del Ecuador a Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza.

El 22 de febrero de este año, el gobierno ecuatoriano anunció la creación del “Centro Nacional de Recursos Genéticos Corea – Ecuador” (1), que se oficializó mediante la firma de un convenio con la cooperación internacional con el gobierno coreano KOICA. La firma de este convenio posiblemente estuvo pensada como parte de la delegación de los “recursos estratégicos del país” a agentes externos, que luego se recogiera en la llamada Ley de Inversiones, archivada por la Asamblea Nacional.

"Varias organizaciones sociales han empezado a construir propuestas de articulado de lo que sería una nueva ley de aguas; que resulte del análisis y consensos con la plena participación y decisión de las organizaciones campesinas, indígenas, negras montubias, comunales, y los aportes técnicos de sectores comprometidos con la defensa del agua y el buen vivir. El desafío es contar con una norma acorde con los derechos establecidos en la Constitución y que enfrente las graves amenazas que representan el extractivismo minero y petrolero, los agronegocios, las represas e hidroeléctricas, la financiarización del agua".

Un grupo de organizaciones ecologistas y ambientalistas presentaron una Acción Pública de Inconstitucionalidad de varias normas del Código Orgánico del Ambiente y su reglamento, que tienen relación con los manglares, monocultivos, los derechos de la naturaleza y sobre la regulación del derecho a la consulta previa y a la consulta ambiental. La Corte Constitucional, aceptó parcialmente la demanda y el 8 de septiembre de 2021 declaró que los manglares tienen derechos. La Decisión de la Corte fue de suma importancia al reconocer que los ecosistemas del manglar son titulares de los derechos reconocidos a la naturaleza y tienen derecho a “que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.