La propuesta de ley que está en discusión en la Asamblea Legislativa, a nuestro entender distingue claramente entre “los usos para riego, abrevadero de animales, acuacultura que garantice la Soberanía Alimentaria” y el aprovechamiento económico del agua, definiendo esta última como las actividades productivas destinadas al mercado interno y especialmente externo, que suponen inversión y permiten lucro del agua.