Hermann Bellinghausen

Persiste clamor histórico de justicia por los 45 indígenas masacrados el 22 de diciembre de 1997.

Lo bueno para nuestros antepasados, incluidos los más recientes, es que ya no están aquí para ver en lo que andamos. Algunos lo previeron, con la esperanza de equivocarse. En lo que nos hemos convertido. Avanzamos cada día más rápido hacia los establos del control, y conforme pasa el tiempo, de mejor gana. Si nos falta entusiasmo es indolencia, ni siquiera fatalismo. Nos han curado del espanto de pensar que la vigilancia y el control constante son enemigos de lo humano. Aprendemos que la libertad es relativa, no muy importante. Preferimos la seguridad. Cómplice clave del control es el miedo.

Este martes continuaron los ataques con armas de fuego contra los indígenas desplazados por la violencia y contra comunidades del municipio de Aldama, en los Altos de Chiapas. Los disparos proceden de la comunidad de Santa Martha y otras localidades del municipio de Chenalhó.

"Ingresamos a una nueva era de salud y enfermedad que redibuja los rostros de la vida, la muerte y el buen vivir deseable. Urge pensar todo de nuevo, antes de que se nos haga tarde. El problema no es el virus, sino lo que hace posible todo lo que desencadena".

El pueblo originario de El Contadero, en la alcaldía de Cuajimalpa, exige una ley constitucional que reglamente los derechos indígenas. El pasado día 18, una juez admitió un amparo que tramitó la comunidad contra el decreto por el que se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y se crea la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI, Diario Oficial de la Federación, 4/12/18).

Luego de no consultarlos, ni respetar las regulaciones constitucionales existentes (limitadas, pero una conquista de los pueblos antes que una concesión de los gobiernos recientes), ya no digamos los nuevos lineamientos internacionales, se condena a los pueblos originarios a dar el aval simbólico a su cuarta aniquilación mediante la puesta en escena, fuera de lugar y tiempo, de ceremonias tradicionales que en su contexto son legítimas y generalmente íntimas, cosa de los pueblos mismos y nada más.

La etiqueta de progresista, de popular y buena onda, demostrado está en América del Sur que, en tratándose de pueblos indígenas, topa con roca. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lejos de respaldar y elevar a rango constitucional el derecho de los pueblos originarios al gobierno propio en una nación plural, avanza por la ruta extractivista-impositiva.

La revista especializada Forbes México publicó en febrero de 2017 una extensa entrevista con el multimillonario Alfonso Romo Garza. Allí se autorretrataba en su compromiso político con Andrés Manuel López Obrador. Hoy que se apuntala para ejercer una influencia decisiva en el próximo gobierno, cuyo gabinete coordinaría, es importante conocerle las ideas.