Periódico El Turbión

El despojo de tierras, la violencia y el ecocidio han marcado la historia del pueblo Sikuani desde 1940. Enfrentamientos armados, desplazamientos forzados y masacres impulsadas por el Ejército, guerrillas y colonos allanaron el camino para el control de sus territorios ancestrales. Pero es bajo la sombra del esmeraldero y paramilitar Víctor Carranza que miles de hectáreas fueron finalmente arrebatadas.

Las sabanas del departamento del Meta, en la Orinoquía colombiana, son conocidas porque en sus ríos nadan más de  700 especies de peces. Esa abundancia es reconocida por los indígenas Sikuani, habitantes milenarios de los  bosques de galería, unos largos corredores de árboles que crecen a lo largo de ríos y humedales. Desde la llegada de Aliar-Fazenda, la contaminación impide que se disfrute el territorio, además de perder su economía de subsistencia al no poder pescar.

El pasado 27 de mayo, el presidente de la Argentina, Javier Milei, recibió en la Casa Rosada al secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr. Como resultado de esa reunión, Milei ratificó su decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se sumó a su propuesta de crear un organismo alternativo. Feliz con el encuentro, Kennedy Jr. escribió en su cuenta de Instagram que tuvo “una maravillosa reunión con el presidente argentino sobre el retiro mutuo de nuestras naciones de la OMS y la creación de un sistema de salud internacional alternativo basado en la ciencia de referencia y libre de impulsos totalitarios, corrupción y control político”.

"El Plan Colombia favoreció una alianza contrainsurgente conformada por el Estado, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) –y los nuevos grupos paramilitares que surgieron con la disolución de aquellas–, los políticos regionales y el poder económico que no hizo otra cosa que perseguir y encarcelar o eliminar a toda forma de inconformidad social y a todos aquellos que estorbaran en el camino de los grandes negocios".

La audiencia realizada el 3 y 4 de agosto en Bogotá fue el escenario del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) para el análisis del contexto de impactos de las petroleras. A través de numerosos testimonios y pruebas documentales, se dictaminó la condena, por graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, al Estado Colombiano, a las transnacionales Oxy, Repsol y BP, a los Estados a los cuales pertenecen las multinacionales y, especialmente, al gobierno de los Estados Unidos