Vanessa Dourado y Braulio Domínguez

Las huertas urbanas y las fincas agroecológicas son abundantes y es posible comprar frutas y verduras en todo lugar. El kiosco improvisado en el pasillo del vecino, las carrozas desde donde pasan gritando los vendedores entre las calles, en los carritos de madera itinerantes y las verdulerías de las avenidas comerciales. Es una realidad impactante teniendo en cuenta el embargo comercial, económico y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla, que data del año 1960 y que fue agravado a partir del año 1996 con la firma de la ley Helms-Burton.

Argentina consume por año 300 millones de litros de Glifosato, superada solo por Brasil –con 1.000 millones–, y Estados Unidos. También en Uruguay, México y Paraguay el uso del agroquímico y sus similares es masivo. A pesar de las muchas evidencias que dan cuenta de que el uso de estas sustancias es nocivo para la salud de humanos y la causa de la degradación ambiental que hoy llega a niveles alarmantes, Estados, corporaciones y organismos internacionales apuestan a lo que llaman “Buenas Prácticas Agrícolas” como una salida posible al problema que se esconde detrás de la punta del iceberg.

"El discurso de las buenas prácticas, que intenta convencer de que el problema de los agrotóxicos es su uso de forma incorrecta, es uno de los últimos recursos utilizados por las corporaciones –en conjunto con los Estados– para evitar y esconder las evidencias de la toxicidad de estos productos y de sus pérdidas financieras frente al incremento en la producción de orgánicos".