Agrotóxicos y hospital pediátrico de alta complejidad. Salud pública y el costo de los commodities

El gobierno de Javier Milei que asumió en diciembre de 2023, lo hizo reivindicando a Menem como el mejor presidente de la historia. Carlos Menem fue el impulsor, en democracia, de las políticas neoliberales, la desregulación y privatización de los servicios públicos y el avance del extractivismo minero, petrolero y agroforestal en la década del noventa, asentando una matriz empresarial que reemplazó la producción local por importaciones y sacrificó la seguridad alimentaria por la producción de commodities. El símbolo estrella de esta década fue la instalación, mediante préstamos bancarios, de la producción de soja transgénica como un monocultivo que arrasó no solo los cultivos tradicionales, sino también bosques nativos y pequeñas ciudades rurales que se volvieron pueblos fantasmas tras una migración interna que superpobló los márgenes urbanos en condiciones de precariedad extrema.

Pero el modelo Monsanto de soja y Round-up, como se llama comercialmente al glifosato de la corporación absorbida hoy por Bayer, no solo ha tenido consecuencias sociales, sino también ambientales y sanitarias. El glifosato es un herbicida biocida que “desmaleza” quemando los yuyos como primer efecto, pero su aplicación, por más que siga las indicaciones técnicas, impacta por acumulación en la tierra, el agua, y los organismos vivos, especialmente en las infancias de aquellas provincias que tempranamente expandieron el modelo de los agronegocios, con fumigaciones aéreas sin controles.

El Comité Nacional de Salud Infantil y Ambiente de la Sociedad Argentina de Pediatría publicó el informe “Efecto de los agrotóxicos en la salud Infantil”, un trabajo de muchos años que realizó el equipo multidisciplinario a cargo de la pediatra Dra. María Gracia Caletti. En el mismo se recopiló “información científica actualizada, generada local y mundialmente sobre pesticidas y salud infantil”, la misma que se puede encontrar en el  portal del Hospital Nacional de Pediatría Garrahan.

Entre los objetivos generales de la investigación, se buscó “Concientizar a los trabajadores de la salud infantil y proveer información a la comunidad médica y a la sociedad en general sobre la problemática de los agrotóxicos y el efecto de los plaguicidas en la salud infantil” así como “promover medidas de resguardo a la exposición a agrotóxicos que garanticen el derecho a la salud y a un ambiente sano a todos los niños que residen en el territorio nacional”. De cierto modo, plasmó la demostración científica de las sospechas que localmente aparecieron con alarmantes cifras de aumento en los casos de cáncer infantil, enfermedades autoinmunes y neurológico-degenerativas. En el Hospital Nacional es un dato relevante la incidencia de cáncer infantil en la provincia de Entre Ríos y el norte de Buenos Aires, conocida como “la pampa húmeda”, terrenos extensos de llanuras que han dado a la expansión del agronegocio la posibilidad de poner las grandes máquinas que la lógica del monocultivo extractivista requiere.

El Hospital Garrahan, de alto grado de especialización, cuenta con 4800 trabajadores. El 80% de su presupuesto proviene del Estado nacional y sólo el 20% es aportado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Brinda un promedio de 610 mil consultas anuales, frente a la demanda creciente por atendimiento infantil en casos de alta complejidad, para los cuales no hay, en el interior, un sistema de salud adecuado. Especialmente, no lo hay en las provincias más afectadas por las consecuencias del uso de agrotóxicos. Por esto, sin prevención, sin detección temprana y con un consumo de agrotóxicos que se incrementa, el carácter federal del Garrahan es el garante de acceso al último recurso sanitarios para las infancias de pueblos fumigados.

El gobierno nacional justifica los cortes presupuestarios dirigidos al hospital argumentando que la mayoría de sus trabajadores son del área administrativa. Es decir, que la composición de su plantilla no corresponde a su actividad-fin. Los datos abajo demuestran lo contrario.

Lo público y lo estatal en el derecho a la salud

La lucha por la defensa de la salud pública no empezó en el ámbito estatal ni con el ajuste. El impacto del modelo sojero expuso sus daños tempranamente en las zonas más precarizadas, en la que las noticias no suelen hacer foco. Ituzaingó Anexo es un barrio obrero y periférico de la ciudad de Córdoba, cuyas mujeres salieron, desde 2001, a buscar respuestas por el número alarmante de enfermos y muertos por cáncer y otras enfermedades. Frente a la desidia del gobierno local, se organizaron para realizar un mapeo sanitario donde encontraron altos índices de cáncer, alergia, malformaciones en nacimientos y abortos espontáneos, alergias, espina bífida, malformaciones en el riñón, problemas de huesos y neurológicos.

Conformadas como las Madres de Ituzaingó, barrio de la capital de la provincia de Córdoba, altamente afectado por las fumigaciones, buscaron medios y articulaciones con científicos que dieran herramientas para enfrentar la situación. Las sospechas se centraron en las fumigaciones aéreas a los cultivos de soja que, literalmente llegan hasta “las puertas de las casas”. Fue hasta 2006 que municipalidad realizó análisis de sangre a la población encontrando que, de 30 niños analizados, 23 tenían presencia de pesticidas en sangre en una población de 5.000 habitantes (ver  aquí). Cuando en 2012 aparece la posibilidad de que muy cerca se instale una fábrica de glifosato de la multinacional Monsanto, una pueblada levantó la consigna “Fuera Monsanto” (1). La lucha de la Madres de Ituzaingó inspiró a la conformación de la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida, también de Córdoba, que logró, en 2013, suspender la instalación de la fábrica.

Paralelamente, en la provincia de Santa Fe, desde la Universidad de Rosario, pero de cara a la sociedad, científicos, ambientalistas y afectados ambientales impulsaron, primero en 2010 el Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados, y desde 2011  Congresos de Salud Socioambiental donde la “ciencia digna”, como decía el Dr. Carrasco, atiende y se encuentra con las necesidades de su pueblo.

El médico Damián Verzeñassi es referente del Instituto Nacional de Salud Socioambiental (INSSA) y responsable de un dispositivo de evaluación final integrador en medicina plasmado en campamentos sanitarios que se realizaron en pueblos fumigados de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, entre 2010 y 2019. De allí surgieron estadísticas, análisis, estudios sobre el impacto de las derivas de las fumigaciones extendidas por el viento, y su acumulación en la tierra y el agua. En entrevista con la Agencia Tierra Viva asegura: “Siendo médicos entendemos que, para garantizar la salud de los seres humanos, es esencial trabajar por el cuidado de la salud de los territorios”.

Por todo esto es que el derecho a la salud pública que hoy se expresa contra el ajuste brutal a todo lo que sea público, con recortes salariales, despidos y pérdida de servicios ataca el último espacio donde, ya instalada la enfermedad, se puede encontrar un poco de alivio al derrotero de violaciones de derechos. Porque ya levantaron su voz Ana Zabaloy, maestra rural San Antonio de Areco, cuando en 2016 impulsó la Red Federal de Docentes por la Vida; y Fabián “Amaranto” Tomasi, el humilde trabajador rural y banderillero de aviones fumigadores de Basavilvaso, Entre Ríos, ya fallecido, testimonio vivo desde 2010 de los daños por agroquímicos y detractor del modelo fumigador. También lo hizo desde 2011 Sabrina Ortiz, vecina de Pergamino afectada por las fumigaciones, referente en el norte de la provincia de Buenos Aires por sus denuncias. Y lo siguen haciendo las Asambleas Paren de Fumigar y la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas.

Y lo hacemos también desde las Asambleas contra las Rutas del Saqueo, repudiando el ajuste de los gobiernos neoliberales, sí, pero sin olvidar que el derecho a salud es el derecho a un ambiente sano, el acceso al agua limpia y al alimento suficiente, y también el acceso a la tierra para quienes producen nuestros alimentos y no commodities para el saqueo.

Como dijo Damián Verzenassi: “Siendo médicos entendemos que, para garantizar la salud de los seres humanos, es esencial trabajar por el cuidado de la salud de los territorios”.

Nota:

(1) RULLI, Jorge Eduardo. Pueblos fumigados. Los efectos de los plaguicidas en las regiones sojeras. Buenos Aires: Del Nuevo Extremo, 2009.

Fuente: Huella del Sur