Argentina: conflicto por la tierra en Misiones, por Hugo Arce y Claudia Sapa

Por Hugo Arce (1) y Claudia Sapa (2)

En tiempo de desorden manifiesto, de arbitrariedades conscientes, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer imposible de cambiar.
Bertolt Brecht

La tierra es un bien que tiene tantos significados como diferencias culturales existen en el mundo. Para algunas sociedades la tierra es el vínculo con la vida misma, para otras un objeto de lucro, un bien de cambio, una mercancía muy codiciada.

En la provincia de Misiones, al nordeste de Argentina, existe un conflicto en constante ebullición: la lucha por la tierra. En los últimos años ha erupcionado este problema social como consecuencia de la desigualdad en la distribución de la tierra y en la distribución de las riquezas.

Durante más de 3 semanas un numeroso grupo de campesinos del norte de la provincia ha mantenido un bloqueo a todo tipo de tránsito en el cruce de las rutas provinciales 17 y 20, en el paraje Pozo Azul. La medida es para reclamar al gobierno provincial la urgente intervención para regularizar la tenencia de la tierra que ocupan desde hace varios años. El Estado – administrado por sucesivos gobiernos militares, radicales, peronistas y ahora, renovadores (3) – brilla por su ausencia. Los manifestantes están organizados en la Comisión Central de Tierras de Pozo Azul y otras organizaciones zonales que juntas integran la Coordinación Provincial de Lucha por la Tierra y que cuentan con el apoyo de Organizaciones de Base y de Apoyo de la provincia y del país.

De hecho, el problema en la distribución de tierras en Misiones no es nuevo. A pesar de que esta provincia conforma una de las divisiones políticas y territoriales más pequeñas del país, todavía persisten los grandes latifundios y existen procesos y prácticas de acumulación de tierras llevados a cabo por grandes empresas.

El marcado contraste que caracteriza la distribución de tierras en Misiones entre latifundios, minifundios y productores sin tierra, en gran medida deviene de la política de reparto territorial llevada adelante por la provincia de Corrientes cuando ejercía la administración de lo que luego se convertiría en el Territorio Nacional de Misiones. Aquella administración provincial se encargó de vender a precios irrisorios vastas extensiones de tierras a los hacendados amigos, allegados al entorno del poder, generalmente absentistas. Como esta venta se realizó de manera apresurada, el trámite se hizo con algunas imprecisiones y sobre mapas erróneos, lo que permitió – años mas tarde – la recuperación de una amplia franja en la región central del territorio, utilizada para colonización.

Los agricultores protagonistas de esta lucha, se encuentran ubicados en los departamentos de Gral. Belgrano, San Pedro y Guaraní, en el centro – norte de la provincia de Misiones. En 4 grandes latifundios viven casi 1300 familias dedicadas en parte a la plantación de tabaco y en parte a otros cultivos para autoconsumo. Algunos están allí desde hace más de 30 años, otros de llegada más recientes, y muchos nacidos allí mismo.
Estos latifundios pertenecían a grandes empresas dedicadas a la explotación depredatoria de maderas nativas de la selva paranaense, una de las regiones con mayor biodiversidad de la Argentina. Después de muchos años de devastación, estas empresas comenzaron a retirarse abandonando sus maquinaria y dejando sin trabajo a los obrajeros de entonces. Algunos decidieron irse, otros prefirieron quedarse a trabajar la tierra para dar sustento a sus familias. Luego vinieron otros expulsados por efectos del “progreso” o directamente de la pobreza de otras colonias. Así han trabajado por muchos años y nunca pudieron regularizar la tenencia de esas tierras, cuyos titulares registrales están ausentes de la provincia.

Pero no son los únicos. En otras zonas de Misiones persisten grandes latifundios abandonados que han sido ocupados por agricultores pobres y trabajadores rurales sin tierra que se dedican al cultivo de plantas anuales para su subsistencia.
Después que aquellas empresas, propietarias de los latifundios, se declararon en quiebra y luego de varios intentos de remates por parte de los bancos, aparecieron “nuevos dueños” que adquirieron estas grandes extensiones de tierra sin siquiera haberlas visto, “ignorando” ¿? que esas tierras estaban ocupadas por familias de agricultores.

Imaginemos en qué condiciones ventajosas se realizaron esas transacciones. Imaginemos qué negociados tuvieron que hacer con las autoridades de turno: peticiones, concesiones, exigencias, retribuciones, comisiones, consentimientos, devoluciones, retornos y otras tantas palabras de moda habrán entrado en juego.

Estos nuevos propietarios, sociedades anónimas o uniones transitorias de empresas que ni siquiera están radicados en Misiones, de quienes no se conocen nombres ni rostros, sólo apoderados y lugartenientes; exigen a los campesinos el pago por las parcelas que ocupan. Algunos hasta se atreven a proponer planes de colonización privada con promesas de progreso y desarrollo para las colonias a cambio de que los ocupantes firmen un contrato de compraventa leonino en el que proponen pagar a valor producto.

Ahora los ocupantes, pequeños agricultores plantadores de tabaco y otros cultivos anuales, se encuentran en la encrucijada de firmar convenios individuales con los supuestos nuevos dueños o correr el riesgo de no poder plantar el cultivo que les permitirá subsistir, en el mejor de los casos, además de la angustiosa inseguridad ante posibles desalojos de las tierras en las que nacieron, vieron nacer a sus hijos y trabajan para obtener el sustento de sus familias.

Algunos han cedido a las presiones de las empresas y suscribieron, pero un grupo numeroso se resiste a negociar solos frente a las empresas y sus equipos de abogados. Quieren que el Estado sea quien implemente un plan de colonización oficial y les otorgue protección y garantías frente a las presiones empresariales. Quieren tener la seguridad jurídica en la tenencia de las tierras. Nadie quiere que se las regalen, todos reconocen el valor de las mismas pero exigen que no se ignore que el tiempo de ocupación y trabajo les otorga derechos que son ineludibles.

Un ejemplo paradigmático de esta danza de latifundios que genera pobreza y exclusión, lo constituye lo que fue la Compañía Intercontinental de algo más que 35.000 hectáreas, llamada así porque se trataba de una empresa dedicada a la depredación de recursos naturales en varios países de diferentes continentes. Ya en los años ‘50 esta propiedad fue vendida en Suiza a quienes la continuaron explotando y generando deudas sociales, comerciales e impositivas. A mediados de los ‘70 llega una orden desde Europa para que la vendieran ya que los antiguos dueños la abandonaban definitivamente ante el agotamiento de la mejor parte de las materias primas.

Una nueva empresa paga 1 millón de pesos, de aquella época, por las tierras y posesiones en la provincia de Misiones y comienza el período de deterioro económico hasta declararla en quiebra con una deuda de más de 28 millones de dólares. La entidad encargada de la subasta fue el Banco de la Nación Argentina que tenía la titularidad de esa colosal acreencia. Como el remate fue declarado sin oferentes en varias oportunidades, arreglaron una “salida decorosa” consiguiendo un comprador con una oferta de algo más de 3 millones de pesos (1 millón de dólares), menos del 5 % del valor de la deuda. Es decir, la sacaron casi regalada.

Los “afortunados” compradores resultaron ser Puente Alto S.A., una UTE (unión transitoria de empresas) conformada por Puente Alto, Papelera Sarandi y un grupo empresario alemán de difícil pronunciación.

Probablemente los impuestos nacionales y provinciales fueron arreglados con el irrisorio precio de la transacción, pero al mes de julio de 2004 esta empresa le debía al Municipio de Bernardo de Irigoyen, en concepto de impuestos atrasados, la suma de ciento noventa y siete mil pesos ($ 197.000) que se cancelaron de la siguiente forma: mediante un “acuerdo” efectuado en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante – convocada con urgencia por el intendente -, la deuda se redujo al 50 % ($ 98.000) y se canceló mediante la entrega de

• un anticipo en dinero ($ 17.000),
• un automóvil Renault Megane, año 2000, valuado en $ 35.000 (destinado al uso del Sr. Intendente Municipal),
• maderas nativas ($ 34.000) a extraerse de la escasa selva que todavía queda en el lugar y
• materiales de construcción ($ 12.000);
todos estos artículos, incluido el vehículo, sobrevaluados como era de esperarse. Y asunto cerrado. De este modo Puente Alto S.A. obtiene el certificado de “libre deuda” que lo habilita como propietaria de las tierras con suficiente poder como para borrar el pasado e implementar un plan de colonización privada que le traerá grandes ganancias.

Hablamos de borrar el pasado. Oscuro pasado de intrincadas negociaciones donde el estúpido Estado siempre pierde, por los manejos que hacen los funcionarios, y las sagaces empresas siempre ganan, por los mismos motivos. Sufrido pasado de trabajadores despedidos, abandonados a su suerte y afincados en la tierra para colonizar, para poblar, para cultivar, para obtener con dignidad el alimento para sus familias. Así se pretende borrar el pasado y “aquí no ha pasado nada”.

Luego de muchas idas y venidas, encuentros y desencuentros, marchas y contramarchas, foros de discusión, cortes de rutas, audiencias con autoridades, mucho amor propio, convicción, formación y por sobre todo resistencia; en mayo de 2003 los agricultores ocupantes de la zona en conflicto obtuvieron un compromiso firmado por el propio gobernador Carlos Rovira. En este documento se establecía que el Estado tomaría participación activa en todos los aspectos que la solución del conflicto requiriera.

El compromiso no se cumplió por lo que se retomaron los reclamos y las medidas de lucha. Como la única forma de ser escuchados ha sido siempre la toma de acciones concretas de lucha, el gobierno provincial retomó las conversaciones pero esta vez de una manera particular: atender a los sucesivos reclamos con funcionarios de más bajo rango cada vez que se entrevistaban con los ocupantes. Luego de la firma del compromiso del gobernador, en la próxima reunión los recibió el vicegobernador, luego el ministro del agro, luego la subsecretaria de tierras, la subsecretaria de gobierno, el director de tierras privadas, y si seguimos así los campesinos terminarán siendo recibidos por el agente que vigila la puerta de casa de gobierno.

Mientras tanto se están haciendo gestiones en la Legislatura Provincial para lograr una Ley de Expropiación de los latifundios en conflicto para destinarlos a una justa distribución de la tierra entre los agricultores. Los señores diputados están muy ocupados en otros debates, pero varias visitas de los ocupantes a la legislatura – que viajan casi 300 Km. para trasladarse hasta capital provincial – han forzado a incluirlos en agenda. Algunos diputados han respondido con proyectos de ley de declaración de utilidad pública con fines de expropiación a las cuatro propiedades de este conflicto: Intercontinental, Colonizadora Misionera, Agroforestal y Santa Rita, que juntas totalizan más de 60.000 hectáreas.
El trámite parece alentador si no fuera por una advertencia de los mismos diputados: un trámite parlamentario es bastante largo y tiene varios pasos. Una vez redactado un proyecto tiene que ingresar a una comisión con el apoyo de un número mínimo de diputados que lo acompañen, en la comisión se discute y se realizan las correcciones y “retoques” necesarios, una vez que tiene dictamen de comisión puede pasar al recinto donde se vuelve a discutir y si tiene el número necesario de votos se aprueba y se convierte en Ley. La ley aprobada debe pasar al Poder Ejecutivo para que la promulgue y la ejecute, lo que puede demorar un buen tiempo, en el mejor de los casos; o que la rechace o la vete en la mayoría de los casos.

Y así siguen las cosas. Los trámites son lentos y complicados, el Estado siempre pierde, las empresas siempre ganan, los funcionarios suelen ser ineficientes y/o autoritarios, los ricos afortunados, los pobres desgraciados, los trabajadores explotados, los desempleados olvidados, los luchadores sociales reprimidos, los agricultores abandonados a su suerte y de esa manera las cosas siguen como están o peor. Y el mundo sigue andando y la paciencia se va agotando. Eso sí, solamente habrán esperanzas de cambios mientras nos sigamos indignando.

1- Conductor del espacio radial “La Voz del MAM” (Movimiento Agrario de Misiones), emitido por Radio Provincia de Misiones (Lunes a Viernes, 12:00 – 12:30 hs).
2- Periodista de Radio Universidad (Universidad Nacional de Misiones). Programa: “La Ventana”, lunes a viernes, 16:00 – 19:00 hs.
3- Grupo político carente de ideología propia que llevó a la reelección al actual gobernador Carlos Rovira. Se trata de una escisión del justicialismo con la adherencia de ex radicales, otros partidos menores e “independientes”.