Argentina en el laberinto del arbitraje internacional: récord de demandas arbitrales y nuevas concesiones para los inversores
Durante más de 20 años, Argentina fue el país con la mayor cantidad de demandas de inversores ante tribunales de arbitraje internacionales a nivel mundial. Además, posee el número más alto de tratados bilaterales de inversión en vigor en toda América Latina y el Caribe. Recientemente, el gobierno del autoproclamado anarco-capitalista Javier Milei redobló la apuesta, ampliando los derechos de los inversores a través del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga derechos extraordinarios a todos los inversores, tanto extranjeros como nacionales, incluyendo la capacidad de demandar al Estado en el arbitraje internacional. Las consecuencias podrían ser una nueva avalancha de demandas arbitrales y el incremento del endeudamiento externo.
El Universo de Tratados de Protección de las Inversiones de Argentina
Argentina es el país de la región con más Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) en vigor, y se encuentra entre los primeros treinta a nivel mundial. Casi la totalidad de los TBIs fueron firmados durante los años noventa (46) bajo el gobierno de Carlos Menem. Estos tratados incluyen una serie de cláusulas que otorgan una protección extraordinaria a los inversores extranjeros, como Trato Nacional, Trato Justo y Equitativo, Trato no discriminatorio y Expropiación directa e indirecta. El modo de solución de controversias que incluyen estos TBIs es mediante el mecanismo inversor-Estado, que habilita que las demandas contra el Estado sean ante tribunales de arbitraje internacionales, saltando la justicia nacional. Mientras que en los TBIs los inversores cuentan con derechos extraordinarios, estos mismos tratados no incluyen ningún requisito de desempeño para los inversores; es decir que, en los tratados, éstos cuentan con todos los derechos, sin ninguna obligación, salvo las existentes en las leyes nacionales.
El mecanismo de arbitraje inversor-Estado ha sido de uso exclusivo para los inversores extranjeros hasta la aprobación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) en 2024, el cual extendió este privilegio a los grandes inversores nacionales en sectores de energía, minería e hidrocarburos (entre otros).
De los 54 TBIs firmados, 48 están en vigor. Quedan pendientes de ratificación los tratados con Nueva Zelanda (firmado en 1999), Grecia (1999), República Dominicana (2011), Qatar (2016), Emiratos Árabes (2018) y Japón (2018). De los TBIs en vigor, en 41 de ellos concluyó el periodo original de vigencia de diez años. Esto significa que el gobierno, si quisiera, podría terminar el 85% de los tratados de la Argentina que habilitan el mecanismo ISDS. Otros tres tratados, con Portugal, España y Suiza, podrían terminarse en 2026, por lo cual el gobierno argentino podría denunciarlos ahora, para evitar que se renueva su período de vigencia por otros diez a 15 años. Sin embargo, ningún gobierno argentino desde los años noventa ha dado señales de estar considerando esta opción. Siete TBIs sí fueron terminados entre el 2014 y 2024, pero cuatro de ellos (con Bolivia, Ecuador, Sudáfrica e India) fueron terminados por la contraparte. El TBI con Indonesia fue terminado de mutuo acuerdo, pero a pedido del país asiático y el tratado con Chile fue reemplazado por un tratado de libre comercio (TLC). Además figura como terminado el TBI entre Argentina y Nicaragua, según indica la UNCTAD, porque expiró.
El Transnational Institute, junto con FARN, el Observatorio Petrolero Sur y EFTE publicaron un nuevo informe, denunciando que el país se encuentra perdido en un laberinto del arbitraje internacional que le ha costado caro.
Durante más de dos décadas, Argentina fue el país más demandado del mundo por corporaciones extranjeras. Bajo el mecanismo ISDS, empresas transnacionales llevaron al Estado a tribunales internacionales privados por medidas tomadas en contextos de crisis económica y social.
Los números que importan
- 65 demandas contra Argentina hasta julio de 2025.
- Reclamos por más de USD 36.800 millones.
- El país ya fue obligado a pagar USD 9.330 millones, una cifra que duplica el presupuesto educativo anual.
- Los sectores más afectados: energía, finanzas, agua y residuos.
Estas cifras muestran cómo el ISDS opera como un mecanismo de transferencia de recursos públicos hacia corporaciones extranjeras, limitando la capacidad del Estado para proteger derechos sociales, regular la economía o cuidar el ambiente.
El agravante del RIGI
La aprobación en 2024 del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) agrava la situación. El régimen congela reglas por 30 años, blinda derechos de grandes empresas nacionales y extranjeras, y abre la puerta a que tanto inversores locales como internacionales accedan al ISDS. Esto significa una nueva ola de litigios y una pérdida aún mayor de soberanía.
¿Qué hacer frente a este escenario?
El informe plantea una disyuntiva: aceptar este sistema como inevitable o avanzar hacia medidas concretas que devuelvan al Estado capacidad de decisión. Entre sus recomendaciones:
- No firmar nuevos tratados con ISDS.
- Terminar los tratados bilaterales de inversión vigentes.
- Salir del CIADI (Banco Mundial).
- Derogar el RIGI.
- Impulsar una auditoría ciudadana sobre los tratados de inversión
Más allá de los números, lo que está en juego es quién decide las reglas del juego: ¿los Estados democráticos o las corporaciones transnacionales? El caso argentino muestra que es posible abrir un debate urgente sobre soberanía, derechos y futuro.
- Para descargar el informe “Argentina en el laberinto del arbitraje internacional: record de demandas arbitrales y nuevas concesiones para los inversores” en PDF, haga clic en el siguiente enlace:
Más información sobre el sistema ISDS y sus consecuencias para América Latina en nuestra página: https://isds-americalatina.org/
Fuente: Bilaterals