Ataques, políticas, resistencia, relatos
"Los agricultores, puestos a escoger, siguen reivindicando su vida campesina, de sembradores, y la privilegian por encima de las otras muchas actividades de las que podrían obtener ingresos... Pese a todo lo que los obliga a migrar, ser campesinos es mucho más que “una condición de la cual querer escapar”. No por nada, más de 1 400 millones de personas, en las familias y comunidades de todo el mundo, buscan guardar su semilla cosechada para volverla a sembrar en el siguiente ciclo"
¿Acrecentar e impulsar la población urbana?
El informe más reciente del Fondo de Población de Naciones Unidas (unpfa, por sus siglas en inglés): State of World Population 2007: Unleashing the Potential of Urban Growth, afirma que en 2008, por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial, 3 300 millones de personas, vivirá en áreas urbanas. Se calcula que serán 5 mil millones hacia 2030. Entre 2000 y 2030, la población urbana se duplicará en África y Asia.
En el informe se menciona que con la presión inmediata de pobreza, vivienda, ambiente, gobernanza y administración, y ante el estallido futuro, es indispensable que las ciudades se planeen de antemano, “buscando reducir la pobreza” y fortalecer “la sustentabilidad”. También se dice que casi todo este nuevo crecimiento surgirá en ciudades medias y pequeñas, por lo que hay que “fortalecer sus potencialidades para crecer, y alertar a gobiernos, sociedad civil y comunidad internacional a contribuir creando un cambio sustancial en las condiciones sociales y ambientales de vida”.
¿Suena previsor? Es por lo menos sospechoso que el informe intente promovernos las tres siguientes iniciativas: “Aceptar el derecho de los pobres a vivir en las ciudades, abandonar el intento de desalentar la migración y de evitar el crecimiento urbano; adoptar una visión amplia y de largo plazo para el uso del espacio urbano, lo que significa, entre otras cosas, proporcionar lotes con un mínimo de servicios de vivienda y planear por adelantado cómo promover un uso sustentable del suelo, mirando más allá de los límites de la ciudad para minimizar su ‘secuela ecológica’; y comenzar un esfuerzo internacional concertado para apoyar estrategias para el futuro urbano”.
Si tal es el diagnóstico de los expertos de la onu, es urgente cuestionar públicamente las perspectivas y supuestos que nos orillan a aceptar como irremediable algo que el capitalismo, con toda su voracidad, está provocando: el impulso migratorio es efecto directo del saqueo, el abandono y la devastación de los territorios rurales y del modo de vida campesino a manos de las transnacionales. Eso no lo podemos olvidar. Cómo asumir entonces la recomendación de Thoraya A. Obaid, directora ejecutiva de unpfa, cuando como si nada dice: “Debemos abandonar ese esquema mental que resiste la urbanización y actuar ahora para emprender un esfuerzo global concertado que ayude a las ciudades a desatar su potencial, uno que dispare crecimiento económico y resuelva los problemas sociales”.
Lo urgente es iniciar un amplio debate sobre lo que significa el círculo perverso campo-ciudad, sobre los efectos que la devastación del campo produce en las ciudades y cómo a su vez el crecimiento urbano creará problemas de sustentabilidad irremontables para campo y para ciudad. Y claro, las cifras son alarmantes: “Entre 2000 y 2030, la población urbana de Asia crecerá de 1 360 millones de personas a 2 540 millones, y la de África crecerá de 294 millones a 742 millones. En América Latina y el Caribe pasarán de 394 millones a 609 millones”. Eso es probable, como lo es el “millón de personas que llega a vivir semanalmente a las ciudades” en África y Asia, según cálculos de unpfa. Pero lo crucial es entender, para cualquier acción futura, que dichas cifras no ocurren de la nada. Son el síntoma más evidente de la muerte programada que el capital pretende asestarle al campesinado y a todas sus estrategias de sobrevivencia, creatividad y dignidad humana. La señora Obaid nos dice alegre o cínica: “los dirigentes deben ser pro-activos y con una mirada de gran alcance explotar plenamente las oportunidades que ofrece la urbanización”. Tal vez debamos insistir que abandonarnos a la urbanización es aceptar el suicidio planetario que ningún planificador parece querer ver.
Ver ( http://www.unfpa.org/swp/).
Paradójicas cifras rurales
Las siguientes cifras provienen del ámbito internacional y de México. Aunque algunas describen realidades locales y otras mundiales, podemos apostar que hay similitudes en las tendencias sobre todo porque, tarde o temprano, los mismos programas nocivos, las mismas recetas envenenadas, se aplican en nuestros diferentes y a la vez semejantes países.
Según el informe de la fao, Actividades para generar ingresos rurales. Comparación entre países, “un porcentaje cada vez mayor de los ingresos de las familias campesinas procede de actividades no agrícolas, como el comercio, los servicios y las remesas enviadas por los migrantes. Sin embargo, las ganancias procedentes de la agricultura continúan siendo uno de los principales medios de subsistencia para el 90 por ciento de las familias rurales, en particular las familias pobres”. Lo escandaloso del dato es que a quienes redactaron el informe les parezca grave que todavía vivan de la agricultura. En su visión deberían haber desaparecido. Según ellos, “los pobres encuentran dificultades para escapar de su situación, ya que a pesar de los incentivos, su capacidad para emprender actividades más lucrativas es limitada. En Guatemala, por ejemplo, las familias pobres obtienen tan sólo el 18 por ciento de sus ingresos de labores no agrícolas y del autoempleo”. Las familias con más ingresos obtienen 50 por ciento de ellos de esas otras labores.
En México, cifras de la oficialista Confederación Nacional Campesina señalan que en sólo seis años se desplomó 18% el ingreso rural, se perdieron dos millones de empleos, la población migrante se incrementó en 200 mil personas y más de la mitad de la población rural vive en extrema pobreza, siendo que 85% de ésta recibe menos de dos salarios mínimos.
Sin embargo, contrasta el dato (de la Secretaria de Reforma Agraria) de que casi 70% de las comunidades y ejidos en México defienden su tenencia colectiva de la tierra contra los programas de certificación individualizante que buscan someterla a las reglas de la compraventa de libre comercio. Pese a la presión y el chantaje que ejerció el gobierno para “regularizarla”, sólo 1% de la propiedad social está “regularizada” y apenas 30% de los 103.5 millones de hectáreas de la propiedad social es susceptible de adoptar el dominio pleno, es decir la titulación individual susceptible de ser vendida, rentada o comprada. Dicha defensa es el núcleo de la resistencia de un pujante movimiento indígena que, en sincronía con la tendencia continental, reivindica la autonomía y sus territorios comunales para ejercerla.
En resumidas cuentas, los agricultores, puestos a escoger, siguen reivindicando su vida campesina, de sembradores, y la privilegian por encima de las otras muchas actividades de las que podrían obtener ingresos. Y pese a las instituciones que los cercan, y al mismo tiempo los abandonan, pese a los narcocultivadores y traficantes [que según el Tribunal Superior Agrario ya se apoderaron de 30% de la tierra cultivable en México], pese a todo lo que los obliga a migrar, ser campesinos es mucho más que “una condición de la cual querer escapar”. No por nada, más de 1 400 millones de personas, en las familias y comunidades de todo el mundo, buscan guardar su semilla cosechada para volverla a sembrar en el siguiente ciclo.
¿El fin del glifosato?
En una espiral interminable, muy propia de los procesos de adicción a drogas duras, como el que se ha aplicado a grandes extensiones de suelos agrícolas desde el advenimiento de los agroquímicos, hoy Monsanto, alarmada por la resistencia al glifosato que presentan múltiples variedades de malezas, desarrolla ya nuevos cultivos (obviamente transgénicos) que sean tolerantes al nuevo rey de los herbicidas, la dicamba, que viene a reemplazar al glifosato, causante de muertes sin fin.
En abril y septiembre de 2006, se le concedió a la Universidad de Nebraska dos patentes para “métodos y materiales para elaborar y emplear organismos transgénicos con capacidad de degradar el herbicida dicamba”. Un año antes, la universidad firmó un acuerdo para licenciar a Monsanto el gen de tolerancia a la dicamba, y ya anuncia con alegría que podrán controlar malezas resistentes al glifosato en cultivos de soja y algodón. Mientras que para las empresas esto es una buena noticia, para quienes críticamente observan las torpezas acumuladas de las compañías, que convierten cada una de sus torpezas en ganancias nuevas, los nuevos cultivos tolerantes a la dicamba, anuncian más contaminación, mayores adicciones de los terrenos, mayor encarecimiento de los procesos de cultivo, y un enseñoreamiento mayor de Monsanto y sus técnicas de “control”.
Etanol “ilimitado” del “Golfo Pérsico” latinoamericano
El tratado de libre comercio (tlc) entre Estados Unidos y Panamá abrirá las puertas a Brasil para la exportación de etanol al mercado estadounidense, prevé el ministro panameño de Comercio e Industrias, Alejandro Ferrer.
La visión oficial panameña se fundamenta en el resultado de la gira de una delegación ministerial a los principales centros de la industria brasileña de caña de azúcar relacionada con la producción de etanol. Para Ferrer, existe la posibilidad de establecer en Panamá una plataforma logística de producción y distribución de biocombustibles. Entonces el tlc, pendiente de ratificación, contribuiría a que los empresarios brasileños exporten etanol al mercado estadounidense, en especial a los puertos de la costa del Pacífico.
El primer tramo de la cuota de acceso de biocombustibles al mercado de eua, negociados en el tlc, prevé exportar, libre de impuestos, hasta un 7% del consumo total de biocombustibles en eua, unos 350 millones de galones de etanol. Además, Panamá tiene la posibilidad de incrementar en 50% la producción local de etanol, con lo cual aseguraría un “acceso ilimitado” del producto a eua, http:// www.laprensagrafica.com/economia/ 790964.asp.
Por otra parte, Luciana Binaghi, reporta para Diario Exterior que “durante la apertura del Seminario de Biocombustibles, que se realizó recientemente en Asunción, el presidente Nicanor Duarte Frutos manifestó que en el futuro su nación podría convertirse en un Kuwait dentro del Mercosur, con respecto a la generación de materias primas para la producción de biocombustibles. ‘Quiero decirles que si Brasil, en el siglo xxi, puede convertirse en los Emiratos Árabes del biocombustible, por qué Paraguay no podría ser Kuwait’ sostuvo el mandatario. Ante la presencia del presidente Luiz Inacio Lula Da Silva y una importante comitiva de empresarios de Brasil, el mandatario Paraguayo aseguró que su país gozaba de todas la cualidades necesarias para desarrollar biocombustibles y convertirse en una Nación modelo. ‘Aquí hay estabilidad política, hay una estabilidad macroeconómica, hay un camino que se está forjando y que se está transitando, con todos los problemas, con todas las dificultades. La democracia precisamente se funda con la controversia’, sostuvo Nicanor Duarte”.
“El presidente paraguayo no escatimó elogios hacia el sector empresarial, tanto extranjero como nacional, con la clara intención de incrementar las inversiones en el sector”, escribe Binaghi, y cita a Duarte: “A los empresarios amigos del Brasil: Paraguay tiene inmejorables condiciones para la inversión. Primero, en el campo de la producción del etanol y del biodiésel tenemos tierras, tenemos manos de obra interesante, grandes espacios para exploración, para la imaginación, y para el talento de los empresarios. Tenemos en el marco de nuestra política tributaria probablemente los impuestos más atractivos para la inversión, para la instalación de capital en nuestro país”, http://www.eldiarioexterior.com/noticia.asp?idarticulo=1455.
Agregando biocombustible a la hoguera de vanidades, Víctor Varela, director de la paraguaya Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex) [sic], anunció que el empresario Carlos Slim (cuarto hombre más rico del mundo) está interesado en invertir, mediante su Grupo Carso, en una planta de biocombustibles en Paraguay. “Ya se tiene una carta de intención del emporio de Slim para desarrollar proyectos de infraestructura y la instalación de una fábrica de carburantes ecológicos en nuestro país”, dijo Varela. Según él, “Slim ya destinó más de 60 millones de dólares a la compañía de telefonía celular cti Móvil que tiene en Paraguay desde el año 2005, y la expansión del capital llegaría a unos 100 millones de dólares en dos o tres años más” (El Economista, 19 de junio).
Mitos biocombustibles
Según el investigador Miguel Ángel Llana (Rebelión, 27 de marzo) hay cuatro cuestiones claves para evaluar el mito de los agrobiocombustibles: la extensión de tierra con que el mundo cuenta, el tipo de cultivos que se emprenden, el rendimiento de los mismos y la descompensación de la biomasa.
El planeta tiene una superficie terrestre de 13 041 millones de hectáreas, de las cuales 3 869 son bosque, 4 155 no son cultivables y 5 017 son agrícolas. Según datos de fao (2001), de la superficie agrícola 30.5% (1 530 millones de hectáreas) son de cultivo y 69.5% son pastos. Es decir, la superficie agrícola es de 0.77 hectáreas por persona y la cultivable solo de 0.24 ha/persona. “Esto es lo que tenemos a la baja pues en los últimos 15 años la cubierta forestal ha disminuido un tres por ciento y la destinada a cultivos y pastos también está en retroceso por la creciente desertización”, dice Llana.
“El consumo primario mundial de energía de gas natural y petróleo es de 5 881 t/año que hemos de comparar con las 5 017 hectáreas agrícolas disponibles para cultivos y pastos de donde se pretende sacar ahora parte de la energía. Como una hectárea produce una tonelada bruta de bioetanol o biodiésel, con un rendimiento neto que, en el mejor de los casos, no supera el 30%, es decir 0.3 t/ha haciendo una estimación muy generosa, para sustituir el consumo de petróleo y gas necesitaríamos casi cuatro veces (3.91) la superficie mundial dedicada a cultivos y pastos, aunque la mayoría de los suelos no podrían utilizarse por ser inadecuados o de mala calidad”.
Y continúa: “Si quisiéramos sustituir sólo 5% del consumo de petróleo y gas, necesitaríamos sacrificar el 20% de la superficie agrícola total de cultivos y pastos, pero si nos referimos sólo a la superficie de cultivos, este 5% requeriría disponer del 64% de las 1 530 ha de tierra cultivable en el mundo”.
Estas cuentas se agravan al meter en la ecuación otros factores; dice Llana: “El modelo agrícola también está basado en elevados consumos de energía: mecanización, abonos, pesticidas, arado, siembra, riego, recolección, transporte y el resto de actividades están basadas en el gasto de energía, principalmente petróleo y gas. Este modelo, cuestionado hace tiempo por su bajo o negativo rendimiento energético en cultivos tanto intensivos como extensivos, se mantiene gracias a un desproporcionado y creciente consumo de energía que la naturaleza después no puede compensar. La sobreexplotación de los suelos hace disminuir los nutrientes, aumenta el consumo de agua y altera el ecosistema, traduciéndose todo en menores rendimientos y requiriendo mayor aportación de recursos que siempre provienen de más y más energía como abonos, pesticidas, bombeo de agua, etcétera”.
Además, Llana no deja de señalar que “el rendimiento energético de los cultivos destinados a los biocombustibles es muy bajo o negativo, en relación con la aportación energética necesaria para su obtención. Para obtener una caloría hemos de aportar como mínimo 0.7 calorías y a medida que el cultivo se hace más intensivo, más de una caloría.
“Aunque este rendimiento energético sea negativo no implica que no sea un buen negocio para otros, cuando se juega con costos sociales que no se imputan en los costos que afectan al rendimiento, como la degradación de las tierras, del ecosistema, expropiaciones, créditos blandos, subvenciones, ventajas fiscales, etcétera.”
Por si fuera poco, “la obtención de energía a partir de la tala de bosques o el aprovechamiento de residuos agrícolas o forestales, produce un efecto de desnutrición y de erosión de los suelos haciéndolos improductivos y favoreciendo la desertización” pues dado que “los suelos se fertilizan con el reciclaje de sus propios residuos”, sobreexplotar la masa forestal o los residuos agrícolas que actúan como nutrientes, “contribuye a agravar más la situación, no a solucionarla”.
Las conclusiones de Llana son contundentes: “Los biocombustibles no son una energía alternativa. El rendimiento energético de la agricultura industrializada está cuestionado y es negativo —si no lo es ya en el inicio, en cuanto se agotan las ventajas iniciales del suelo virgen rico en nutrientes. El empleo generalizado de transgénicos lo complica todavía más. Los cultivos realizados hasta ahora ocupan extensas áreas empobreciendo y excluyendo a la población al actuar en detrimento de su agricultura secular, lo que provoca desplazamientos masivos y enormes problemas sociales”.
“La agresión a la biomasa para obtener biocombustibles es mucho más grave que el cambio climático. Si se desposee a la gente de suelos para cultivo de alimentos para producir agrocombustibles, la depauperización será generalizada y extrema sin resolver tampoco los problemas energéticos.”
Palma aceitera y paramilitarismo
En Colombia los megaproyectos de palma aceitera están estrictamente asociados a la expansión del paramilitarismo. La rápida concentración de la propiedad de la tierra entre 1981 y 2006 ha tenido objetivos especulativos, pues los grandes propietarios no cultivan la mayoría de las tierras que dominan. Pero la palma les ofrece pretexto y negocio adecuado para apoderarse de tierras de campesinos, especialmente afrocolombianos.
Los paramilitares colombianos siguen el modelo de la mafia calabresa denominada ‘ndrangheta, que en Italia consiste en la expropiación mafiosa y la coacción armada para que los pequeños propietarios vendan tierras en zonas que se van a valorizar tras asociarse con ellos en un esquema de estafa.
El paralelismo entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la mafia calabresa no es casualidad. Objetivos y métodos coinciden. Mas lo que en Italia es mafia tradicional relegada a la ilegalidad por el desarrollo capitalista que puede utilizarla pero no la reconoce como suya, en Colombia es parte esencial del sistema de tenencia de la tierra que sigue vigente desde la Conquista española y que desplaza violentamente una y otra vez al campesino a las selvas, convirtiéndolo en colono y en ocupante de territorios indígenas.
En el modelo agrícola de la mafia calabresa, al despojo de tierras valorizables se agrega el apoderamiento de los subsidios agrícolas de la Unión Europea, en especial los destinados a los olivares. Lo que en Italia es mafia aquí se desarrolla como virtud en la forma de capitalismo burocrático. Reciben los créditos del Banco Mundial, los subsidios del Estado, las exenciones de impuestos, “para el desarrollo de proyectos productivos en sistemas de producción de carácter empresarial”, subordinando a los pequeños productores a estos proyectos si quieren recibir el subsidio —uno que, aparentemente entregado a los pequeños, fluirá realmente a esos proyectos empresariales, de los que alababa el presidente Uribe en la campaña electoral.
La patente colombiana de este procedimiento capitalista burocrático, la tiene el olivo del trópico, la palma africana. El negocio para el “empresario” es ideal: no tiene obligaciones laborales porque los trabajadores “son socios”; si los trabajadores campesinos recibieron o entrgaron su tierra, tampoco tendrá el empresario que pagar impuesto predial; y para completar, como el precio internacional del aceite tiene tendencia a la baja, el “socio” campesino corre con las pérdidas, incluido el grave deterioro del suelo.
Finalmente el pequeño productor pierde una tierra que ya no valdrá para la agricultura ni para él, pero sí para los proyectos de inversión no agrícolas de los socios mayores.
En la situación colombiana la rentabilidad de las plantaciones de palma adquiere un sentido diferente: en varias regiones la expansión de la palma, ligada a la economía de la cocaína y a la inversión inicial en viveros y años de espera para producir, es posible gracias a la preexistencia de grandes capitales acumulados en el narcotráfico o de pequeños ahorros fruto de la producción de coca. La expansión de la palma resulta una forma eficiente de lavar dinero bajo la protección y el fomento estatal e internacional. El dominio de ambos negocios por el paramilitarismo articula ambos negocios en uno y los liga al despojo de las tierras de los afrocolombianos y otras comunidades rurales. Esta máquina es fomentada por el Estado colombiano y la “comunidad internacional”.
La legislación a favor de la palma aceitera abunda: está exenta de impuesto; el Plan Colombia y el Banco Mundial establecieron programas de fomento de la palma aceitera, proyectos de ley prevén subsidios e inversiones estatales.
Tomado de Los negocios del biocombustible y de la caña de nuestros empresarios y el gobierno nacional, Héctor Mondragón, mayo de 2007.
Contra las fumigaciones del Plan Colombia
El gobierno ecuatoriano denunciará internacionalmente los efectos que dejan en la población ecuatoriana las fumigaciones ejecutadas por Colombia, en su campaña de erradicación de cultivos ilícitos: “Hemos instrumentado una vía jurídica, preparando un proceso que el Ecuador seguirá a Colombia frente al Tribunal Internacional de la Haya”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores, tras recibir y avalar junto con el presidente Correa el informe de una de las nueve comisiones “que están trabajando sin cobrar un centavo” a favor de los ecuatorianos. El mandatario agradeció a la comisión y aseguró que el informe será de “invalorable ayuda” para la causa del país y de la población colombiana “que también es víctima de las acciones del Plan Colombia”.
Las fumigaciones con glifosato han dañado la vida de personas, cultivos y animales, y provocan un vaciamiento de la frontera muy propicio para la instalación de bases paramilitares colombianas, en una invasión poco encubierta de suelo ecuatoriano. Sorprenderá aquel gobierno ecuatoriano que lleve hasta sus últimas consecuencias su denuncia en La Haya.
Represa Yacyretá
Con el río les robaron el futuro
La Corte Suprema argentina rechazó a mediados de junio el reclamo conjunto de un numeroso grupo de oleros, lavanderas y pescadores de las ciudades de Posadas e Ituzaingó contra la Entidad Binacional Yacyretá (eby) porque, según decidieron los jueces del máximo tribunal argentino, los cambios que produjo la obra hidroeléctrica en la vida de esas personas se inscriben en los impactos generales que causan las obras públicas para el bien común.
Desde febrero llegaron cientos de afectados por la Represa Yacyretá a Buenos Aires. Buscaban que se resolviera una demanda entablada contra la eby reclamando indemnizaciones por haber perdido sus hogares y medios de vida bajo las aguas del Paraná. Se calculan unos 80 mil “desaparecidos económicos”, a partir de un tratado binacional entre Argentina y Paraguay, firmado inicialmente por Juan Domingo Perón y Alfredo Stroessner a principios de los setenta. Se sabe que luego el presidente Menem quiso privatizarla y venderla a George Bush padre.
Desde los ochenta, ha habido muchas discusiones entre Argentina, Paraguay y Brasil por el problema de la “cota del río” y poder darle un manejo apropiado a la subida y bajante del agua. “Los isleños que perdieron todas sus tierras, más de 200 islas inundadas, creen que desde Itaipú [represa gestionada por Brasil-Paraguay] se manejó la creciente de 1983, donde la mayoría de los isleños se fue porque no pudieron soportar tanta agua, bajantes y subidas de forma imprevista”, cuenta Brígido Olvera, alias Coco, vocero de la Asamblea Binacional de Afectados por la Represa Yacyretá en Defensa del Medio Ambiente y los Derechos Humanos,conformada por pobladores de ambas márgenes del río Paraná, argentinos y paraguayos. En la Asamblea participan varias asociaciones civiles, principalmente de Ituzaingó (Corrientes), de Posadas (Misiones) y de varias localidades de Paraguay.
Coco era olero, se dedicaba a la fabricación artesanal de ladrillos, y ya no pudo sustentar su vida. Tampoco sus hijos pudieron seguir con el oficio y están todos desocupados. Como tantos otros fueron “relocalizados” por las inundaciones que generó la represa Yacyretá. “El desplazamiento empieza como un quitarte del río, que es tu fuente de trabajo. La mayoría éramos trabajadores autónomos. Todos trabajábamos en la forma propia de destajo, principalmente con la pesca y los ladrillos. De acuerdo a sus necesidades cada uno producía, vivía bien y no tenía necesidades. Al ser sacados de forma intempestiva, al ser cargados en camiones en forma involuntaria, y llevados a ghettos de casas de muy poca calidad, sobre terrenos movedizos de bañados, te obligan a vivir ahí donde no hay sombra y no hay agua. En la costa había agua gratis. En estos lugares está la obligación de pagar agua, luz, en una vivienda que no es nuestra, que hay que pagar y que por aceptarla se renuncia a todo reclamo a los gobiernos y a los bancos que financiaron la obra” comenta Coco.
La economía y los modos de vida de los afectados fueron paulatinamente eliminados por la represa: “pescadores comerciales y de subsistencia, fabricantes artesanales de ladrillos y tejas, recolectores de juncos para techar quinchos, lavanderas, dueños de pequeños astilleros, agricultores, tanto de la margen paraguaya como de la argentina, en las provincias de Misiones y Corrientes”. Debajo de las 100 mil hectáreas inundadas han quedado historias, culturas y un impacto ambiental aún no sospechado.
A ello se suma que en esa parte el río Paraná está contaminado por tres papeleras de capitales chilenos. “Los paraguayos reclaman por el mal uso que se le da al río, por no haber estudios de impacto de esas papeleras. En el Paraguay la población entera que fue trasladada a esos ghettos no tiene trabajo y no tiene de qué vivir. ¿Dónde se fueron?, al basural a competir con los chanchos, los perros y las ratas. Lo cuento y a mí me hace llorar, porque recuerdo lo que vi en San Cosme, en Encarnación, en tantos lugares”, agrega Coco.
Uno de los principales lugares afectados es la isla Yacyretá, parte del territorio ancestral de la comunidad mbya guaraní que “estaba habitada por pescadores, pequeños ganaderos y agricultores que combinaban sus actividades. A algunas familias les fueron entregadas casas, donde ubicaron grupos de a quince personas en dos ambientes, edificadas una al lado de otra, en tierras improductivas. Los llaman campos de concentración. Muchos no pudieron soportarlo y volvieron al borde del río. Otros están viviendo en basurales”. El reclamo a la eby es, según los pobladores, por “el robo de sus casas, sus tierras, su salud y su futuro”.
La minería contra el cuidado comunal del páramo peruano
Según Luis Vittor, del Servicio informativo alai-amlatina, la minería en Perú amenaza desatar conflictos sociales cada vez más extremos toda vez que, como siempre, las empresas mineras actúan con un gran menosprecio por el entorno natural y social, y una voracidad que les dicta extraer riquezas a cualquier costo. Así ocurre en Ayabaca “lugar sagrado o adoratorio de los muertos” y Huancabamba “llanura de piedras grandes”, provincias de los Andes al norte de Perú en los límites con Ecuador, territorios de páramo, cuyas plantas y arbustos son grandes captadores de agua que una vez filtrada alimenta las tierras bajas y forma los riachuelos, arroyos y grandes afluentes de ríos tan caudalosos como el propio Amazonas. Es así que los páramos son conocidos como “generadores de agua”, además de ser corredores biológicos para muchas especies animales y vegetales.
Según Vittor, “la presencia de actividades mineras ha provocado una oposición social por los posibles impactos ambientales que afectarían la tradición agrícola en que se sustenta la economía regional de Piura”, y los comuneros y ronderos de las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) asumen la defensa de sus territorios frente a la ilegal exploración minera del proyecto Río Blanco por parte de la Minera Majaz (ligada a Monterrico Metals).
La ilegalidad en que incurre la empresa minera es evidente en el expediente del proyecto Río Blanco, donde “constan las complacientes observaciones del Ministerio de Energía y Minas (mem) al procedimiento seguido por Minera Majaz para obtener y acreditar el consentimiento de las comunidades para el uso de sus tierras en las actividades de exploración”. Lo es también en una comunicación de la Defensoría del Pueblo a la Viceministra de Minas, Rosario Beatriz Padilla Vidalón: “Se ha constatado que el Ministerio de Energía y Minas —a pesar de existir un mandato legal expreso— no cumplió con exigir a la empresa acreditar la existencia de una autorización de los propietarios del terreno superficial, ni verificó las formalidades legales que deben cumplir las autorizaciones”.
Los comuneros se han manifestado de muchas maneras contra el proyecto de Minera Majaz. Han redactado cartas y enviado comisiones a dialogar con “los diversos actores de la institucionalidad estatal”. Se han movilizado al campamento minero y a las capitales provinciales. La respuesta ha sido la represión. Dos ronderos fueron asesinados. Se acusa falsamente, amenaza y hostiga a los líderes comunales, a sus asesores y a miembros de la Iglesia. La zona se militariza y comienzan los enfrentamientos entre militares y comuneros. Una de las misivas enviadas al remodelado presidente Alan García dice: “las fuerzas especiales de la Policía Nacional de Perú siguen acordonando las cercanías del campamento minero, afectando el derecho al libre tránsito de los comuneros dentro de sus territorios, su derecho a la propiedad, a su integridad física y a la tranquilidad y paz pública”.
Haciendo eco de su autogobierno, los comuneros han emprendido una consulta regional (comunal y distrital) para enaltecer el ejercicio democrático de expresión de las posiciones de los comuneros frente al proyecto minero. Y no cejan, porque su preocupación es que la actividad minera en la región, de páramos y bosque de niebla, provocará fuertes impactos sobre la cantidad y la calidad de agua que la región gestiona. La misma minera en sus estudios reconoce que habrá “alteración de suelos y la propensión a procesos de erosión por la remoción de tierras, ruido por la perforación y alteración de la calidad del agua del río Blanco a causa de los efluentes líquidos contaminados provenientes del túnel de exploración Chelo”. Si a eso sumamos la pretensión de que el proyecto Río Blanco sea el inicio de un distrito minero en la región, habrá que insistir en que las aguas del río Blanco llegan al Marañón, y de ahí al mismo Amazonas. Como afirma el biólogo peruano Fidel Torres: “si finalmente se ejecuta el proyecto, Perú estaría renunciando a su riqueza en dos planos: la biodiversidad y el control del agua”.
Mientras tanto, Alan García, insiste en que “no hay que tenerle miedo a la minería; lo que hay que hacer es establecer las condiciones medioambientales y de coexistencia con la agricultura, que no afecte a la agricultura” y “cuando comienza a afectar ahí se frena, pero por principio nada afecta si es que se usa la tecnología”, al tiempo que redobla sus lazos con el gobierno chino en un momento en que el grupo chino Zijin Mining “acaba de adquirir 50.2% de las acciones de Monterrico Metals, propietaria del proyecto Río Blanco”. La moneda está en el aire. No es sólo la suerte de los comuneros. Está en juego la gran cuenca del Amazonas.