Colombia: La paz y la guerra territorial… las distancias de una experiencia nacional

Por Adriana Lozano y Lorena Carrillo

5 octubre 2016

Los resultados del plebiscito en el que al menos 34.8 millones de colombianos y colombianas tuvieron el derecho a manifestar si estaban de acuerdo o no con el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera1 fueron, sin duda, una manifestación más de una fractura que ha sido histórica entre dos países. Fueron también un golpe para las víctimas de la guerra, para las regiones donde las expresiones del conflicto armado han sido más agudas y para una parte de los colombianos que vieron en la firma del acuerdo final entre gobierno y FARC-EP una oportunidad para construir y descubrir las posibilidades que brindaba su implementación territorial en clave de vida digna y garantía de derechos.

Coincide la reacción de sorpresa de gran parte de la opinión pública nacional e internacional ante los apretados resultados, en los que vale la pena aclarar participó apenas el 37. 43% de votantes habilitados; la mitad más uno apoyaron el No (50.2%) y la mitad menos uno apoyaron el Sí (49.8%). Sin embargo, los resultados no deberían sorprendernos tanto. Colombia es un país de regiones, un país que se ha dividido históricamente entre quienes han experimentado de forma directa las acciones y las hostilidades de la guerra y quienes sólo han tenido una referencia de ella, especialmente una referencia mediatizada, amén de la abstención que se ha mantenido en cerca de un 60% durante las últimas décadas. El mapa del sí y del no pinta claramente esa diferencia entre experiencia y referencia frente a la guerra: Bojayá, por ejemplo, aquel lugar que se hizo tristemente célebre en 2002 gracias a una de las peores masacres de nuestra historia, con más de 100 personas asesinadas, le dijo rotundamente Sí al acuerdo final con un 95,78% de respaldo. Mientras que ciudades capitales intermedias como Bucaramanga, Pereira y Armenia rechazaron el acuerdo final. A su vez el 85% de los municipios en los que se ubicarían las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN) para facilitar el proceso de dejación de armas y reincorporación de los ex combatientes, contempladas en el acuerdo, lo apoyaron decididamente con porcentajes que se ubican en la mayoría de los casos sobre el 70% a favor del Sí y en algunos por encima del 90% (Vigía del Fuerte, Riosucio). No es de sorprender entonces que aquellas regiones que han sentido la guerra con mayor intensidad y hostilidad estén “de acuerdo con el acuerdo”. Para las y los habitantes de esas regiones el cese bilateral al fuego y de hostilidades, que comenzará desde el pasado mes de agosto, ha significado experimentar una tranquilidad ausente hasta hace poco; una muestra de voluntad de las partes de cumplir lo pactado. La implementación de los acuerdos, a su vez, significaría una oportunidad para que el Estado mostrara una cara distinta a la militar y para la apertura de la participación política de otras expresiones distintas al bipartidismo liberal-conservador. Sin embargo, gran parte de ese otro país que sólo ha tenido la guerra como referente manifestó su rechazo a lo acordado en La Habana. En una oportunidad histórica los colombianos vimos cómo el 60% del país se mostró indiferente ante el proceso electoral, cómo los 52 años de guerra y las más de ocho millones de víctimas no fueron suficientes para conmover y convencer a los abstencionistas de que esta vez sí valía la pena votar. Vimos cómo 50% de los que salieron a votar prefirieron prolongar, sino la guerra, sí por lo menos la incertidumbre de poder alcanzar un acuerdo para que parte de las armas que han movido la guerra en este país se hicieran a un lado.

Los resultados son pues una muestra más de esas marcadas distancias que tenemos los colombianos; de esa falta de conciencia pública sobre el conflicto armado y de nuestra poca capacidad de solidaridad con las víctimas de la violencia. También son una muestra de esa parte del espectro político que no está de acuerdo con los acuerdos, pero tampoco está de acuerdo con una apertura democrática y regional. El mensaje de ese centro que rechazó los acuerdos es preocupante y contundente: no hay espacio para otras expresiones políticas, expresiones que, valga decirlo, han sido silenciadas violenta e históricamente.

Las reacciones y las trampas del No

Tras el anuncio de los resultados, la atmósfera imperante sigue siendo de perplejidad y de profunda tristeza en muchos sectores de la población, a unos días de ese 2 de Octubre, para algunos sigue siendo inexplicable comprender cómo Colombia “dio la espalda” a una oportunidad considerada histórica y única para la resolución de más de medio siglo de violencias. Tal como lo mencionábamos con anterioridad, esto puede matizarse al ver los porcentajes de participación y votación en aquellas regiones periféricas, no fue Colombia la que le dijo “No” al acuerdo final, fue la Colombia cerrada, distante e indiferente. Sin embargo, no podemos perder de vista que pese al estrecho margen de ganancia, con el “No” ganó la guerra. Justamente fueron los sectores más recalcitrantes de la derecha colombiana los que lideraron la oposición, no sólo al acuerdo final, sino a todo el proceso de paz, intentando su sabotaje antes de que se hicieran públicos los diálogos en 2012; promoviendo una abierta y desinformada oposición a pactar cualquier tipo de escenario de concertación con las guerrillas; manipulando y valiéndose de las creencias de miles de feligreses que rechazaron los acuerdos porque con ellos se implementaría la mal llamada “ideología de género” y se atentaba contra la “sagrada” institución de la familia, amparados por un cómodo y fatal silencio de las congregaciones religiosas.

Las trampas del “No” fueron diversas, fortalecieron “el protagonismo de los sectores más conservadores”2, logrando con ello no sólo frenar las posibilidades políticas del acuerdo, sino incluirse ahora como un sector con “autoridad” para poner nuevas condiciones, o lo que han denominado “correcciones”, al acuerdo. En realidad sus propósitos van incluso más allá de este escenario, pues lo que podría estar en juego es el capital político y las condiciones que garanticen su triunfo en las próximas elecciones presidenciales de 20183.

Muchas vienen siendo las lecturas sobre los escenarios inmediatos: las FARC-EP por su parte han afirmado la irreversibilidad de su apuesta por un escenario de paz y lucha política sin armas. El gobierno se pronunció en inicio llamando a las fuerzas políticas que lideraron el No para “escuchar sus reparos” al acuerdo final, preparando un nuevo pacto, pero esta vez entre las clases gobernantes, que injustamente desestiman los caminos avanzados hacia un escenario de paz.

Pese a esto, en lo que queremos llamar la atención es respecto a la amplia y diversa respuesta desde abajo que le apuesta a una alternativa desde la defensa del acuerdo final, reclamando y promoviendo la movilización social frente a lo ya acordado. Ese escenario que se teje desde abajo, que no ocupa los titulares de la prensa oficial y que desde el comienzo del proceso reclamó la inclusión de sus voces en la negociación. Un escenario que se empieza a manifestar en asambleas barriales y movilizaciones por todo el país, que es colorido, amplio e incluyente.

Las propuestas de las organizaciones sociales

El Movimiento indígena ha hecho un llamado a defender los acuerdos y respetar el voto de sus regiones (ONIC, CRIC); proponen que en sus territorios inicie la implementación del acuerdo final. Por su parte las víctimas han emitido numerosos comunicados llamando a las partes a concluir las negociaciones e implementar de forma urgente el contenido de los acuerdos. Otras voces expresiones insisten en ampliar su participación dentro del proceso de paz (movimientos como el Congreso de Los Pueblos o la Comosoc, entre otros). Se han sentado a evaluar un eventual escenario constituyente y las posibilidades de participación de diversas expresiones. Hay un consenso general para defender el acuerdo final. Los estudiantes universitarios iniciaron desde el 3 de octubre marchas en diversas regiones del país, organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales así como amplios sectores de la población se sumaron a la iniciativa, y en ante el reciente anuncio del Presidente Santos de colocar como fecha de fin del Cese al Fuego el 31 de octubre, se inicia una fuerte campaña de movilización social por el derecho a la Paz exigiendo al unísono DEFENSA DE LOS ACUERDOS, CESE AL FUEGO BILATERAL, y Paz como derecho fundamental.

Notas

1- Disponible aquí

2- Disponible aquí

3- Ibíd.

Fuente: Desinformémonos