Cosechar soberanía alimentaria en México, sin OGM ni PAP

En México, los últimos años hemos tenido medidas gubernamentales decisivas que implican un avance (contundente o modesto, según desde donde se mire) hacia el fortalecimiento de la soberanía alimentaria. Algunos ejemplos son: la aprobación con el voto favorable de México, en la Asamblea General de Naciones Unidas, de la Declaración sobre los Derechos de las y los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP, por sus siglas en inglés), el 17 de diciembre de 2018; la aceptación de la Recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en materia de plaguicidas altamente peligrosos (PAP), por parte de las autoridades federales; la publicación de las Leyes Generales de la Alimentación Adecuada y Sustentable ( LGAAS), y en Materia de Humanidades, Ciencias Tecnologías e innovación ( LGMHCTI); la publicación de los decretos presidenciales sobre la restricción al maíz genéticamente modificado (GM) y al glifosato ( 31 de diciembre de 2020 y 13 de febrero de 2023); y la subsecuente reforma constitucional a los artículos 4to y 27 para, como parte del derecho humano a la alimentación, proteger el maíz nativo y la milpa, prohibir la siembra de maíz GM y promover la agroecología.

Todas éstas son conquistas que provienen de históricos movimientos, diversos y de largo aliento. Pero la coincidencia entre quienes llevamos años en la defensa del maíz nativo y la milpa, la alimentación sana, los sistemas productivos sin tóxicos y la soberanía alimentaria, es que la lucha continúa. Los años que vienen serán determinantes, pues el gobierno actual ha manifestado públicamente que esta administración mantendrá los mismos principios y causas [ i ] y que es de continuidad [ ii ] respecto del sexenio pasado, así que resulta esencial cerrar filas, agudizar la atención, mantener la visión crítica y propositiva, y concentrar los esfuerzos.

Entre algunos de los asuntos pendientes, a los que se requiere dar continuidad y cumplimiento, tenemos:

Además, las importaciones de glifosato quedaron prohibidas a partir de marzo de 2024 y los registros sanitarios de glifosato ya deberían estar revocados; no obstante, siguen vigentes y se desconoce el estado actual de los permisos y autorizaciones de importación. Las autoridades responsables son la Cofepris y la Semarnat.

Hasta ahora se ha emitido una convocatoria con 8 “ejes estratégicos”. Para avanzar hacia el pleno ejercicio del derecho humano a la ciencia, en los términos de los estándares nacionales e internacionales, se debería garantizar que las personas de comunidades y ejidos, en especial las de pueblos indígenas (legalmente constituidas como sujetos de derecho), así como las organizaciones de base social con respaldo comunitario y actividades de investigación, puedan tener acceso a los recursos del Estado en materia de HCTI.

Así las cosas, el camino es largo. Para seguir aluzando lo que nos espera, sobre todo en el último punto, vale la pena acentuar algunas de las declaraciones públicas e intervenciones expresadas al inicio del actual sexenio; en especial, a partir del fallo del Panel de la controversia en materia de maíz GM, en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y durante las discusiones de la reforma constitucional referida.

Es indispensable prever, como parte de la trama, que los promotores del agronegocio biotecnológico y de los plaguicidas en México, tanto las empresas como sus aliados, claman fervientemente por el regreso de las políticas agrarias neoliberales, supuestamente en beneficio del país. Aunado a ello, usan las mismas mentiras que han construido y diseminado por décadas, en aras de mantener su concentración oligopólica a nivel mundial, en complicidad con gobiernos que permitieron que se impusiera el interés económico de particulares por encima del interés público, el bienestar humano, la protección del ambiente y los derechos colectivos.

Ahora bien, recordemos que, al momento de la emisión del fallo del Panel, las voces de los detractores no se dejaron esperar, no sólo de aquellos opositores que jamás dejaron de reproducir las falacias del oligopolio agroindustrial, sino que hasta algunos de los propios integrantes del gabinete saliente decidieron mostrarle al mundo de qué lado están. El ejemplo emblemático fue un artículo de Víctor Villalobos que confirma lo que siempre se supo, dados los antecedentes y las acciones desencajadas del ex funcionario: que nunca estuvo de acuerdo con el compromiso asumido por el presidente López Obrador en respuesta a una demanda legítima del pueblo de México.

En su revelador artículo, Villalobos ofrece una explicación no pedida en torno al maíz que México produce, consume e importa, a propósito del resultado del Panel. No obstante, la única explicación que el ex director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura debería ofrecer son sus motivos para aceptar y mantenerse en un cargo público donde tendría que llevar adelante acciones en contra de sus propias convicciones personales e intereses patrimoniales.

A continuación, vinieron las discusiones [ iii ] en el Poder legislativo sobre la iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Importante señalar que una primera propuesta que salió de las oficinas de la Sader, bajo la dirección de su hoy titular Julio Berdegué, tuvo que ser corregida no sólo porque era diametralmente distinta a la iniciativa presentada por el presidente López Obrador (que además incluía la prohibición del fracking), sino que era más benéfica para las trasnacionales biotecnológicas a favor de distintos tipos de modificaciones genéticas, que para la propia protección del maíz nativo.

En las referidas discusiones, ocurridas en el Congreso de la Unión, los representantes de partidos de la oposición hicieron gala de su falta de ética, su interés por el negocio a costa de la salud humana, el ambiente y la diversidad biocultural, y también de su incomprensión e ignorancia de un tema por demás complejo.

Por ejemplo, defendieron la posibilidad de la coexistencia entre los OGM y los maíces nativos, plantearon como solución el establecimiento de “reservas” o “zonas exclusivas de maíz nativo”; reprodujeron una y otra vez aseveraciones fatalistas, anunciando sin ruborizarse que con la reforma estábamos frente a una debacle anunciada con hambruna, crisis económica e incertidumbre para las inversiones; como eco de la propaganda, sin argumentos ni sustento científico o técnico, insistieron dogmáticamente en que los daños a la salud y al ambiente no existen, adjetivándoles como “visiones ideológicas”.

Quizá los discursos a los que más haya que poner atención son los de Colosio Riojas y Anaya Cortés, este último tachó la iniciativa de reaccionaria [sic.] e hizo gran apología de un libro de Villalobos, obra que ha servido de vocería para los embustes de las empresas de la agroindustria transgénica norteamericana.

Para rematar, unos días después de la aprobación de la reforma constitucional, Villalobos salió nuevamente a declarar que la reforma reflejaba una “postura radical… muy grave pues restringe la posibilidad de mejoramiento genético convencional”, para luego condenar a México a la continuidad en la dependencia del maíz del exterior, la falta de seguridad alimentaria y hasta la pobreza del campesinado.

Por momentos, pareciera que hubiésemos regresado a finales del siglo XX e inicios del XXI cuando, sin bases científicas ni jurídicas, se publicitaban esplendorosas ventajas de los OGM, particularmente de los transgénicos, y se negaban los (entonces) posibles riesgos; sólo que hoy ya no sólo se niegan los riesgos, sino que se quieren ocultar los (ahora) daños y vulneraciones a derechos humanos a partir de la siembra y consumo de los transgénicos, en especial del maíz GM, y su paquete tecnológico basado en plaguicidas altamente peligrosos (PAP). Además, tales afirmaciones sin sustento, las extienden hacia las “nuevas biotecnologías”, como son los OGM producto de la edición genómica o los plaguicidas de ARN recombinante.

No dudemos que estos sofismas, malabares de los campeones de la llamada “ciencia de protección de cultivos”, serán los mismos a los que van a recurrir una y otra vez, tratando de evitar la consolidación de las reformas que toca hacer en la anunciada continuidad.

La agroindustria transgénica ha aprovechado la coyuntura para hacerle publicidad a sus productos. No obstante, es necesario insistir en que los agricultores de la mayor parte del mundo no privilegian la siembra de maíz transgénico, que la supuesta disminución de insecticidas y herbicidas para controlar plagas y malezas es falsa, que el maíz transgénico no reduce los costos, ni genera mayores rendimientos, ni disminuye significativamente la aplicación de agroquímicos, menos aún genera beneficio ambiental alguno. A los promotores de los OGM tampoco le asiste la razón cuando afirman dogmáticamente que no existen diferencias entre el maíz transgénico y el maíz no transgénico (equivalencia sustancial).

Las perspectivas, reducidas a la seguridad alimentaria, se quedan cortas respecto a la decisión soberana del pueblo de México de no cultivar ni consumir OGM, particularmente maíz pero no sólo maíz. En este sentido resulta indispensable diseñar políticas públicas para el campo mexicano en un horizonte no sólo de autosuficiencia, sino de soberanía alimentarias, sin confundir los conceptos; priorizando la participación activa, completa y efectiva de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y el mayor apoyo a las y los productores de pequeña y mediana escalas.

En este camino, vale la pena recordar que la agricultura ha sido el sostén de los sistemas alimentarios humanos y que jamás ha dependido de transgénico o cualquier otro organismo genéticamente modificado ni de plaguicidas altamente peligrosos. De lo que sí depende es de las y los agricultores, de su sapiencia y cultura, pero también de su salud; depende de que las condiciones ambientales sean óptimas, con suelos fértiles y vivos, agua, polinizadores y biodiversidad, variabilidad genética en las semillas. En su protección es que debemos basar cualquier política para el auténtico fortalecimiento de la soberanía alimentaria.

Notas:

i “…¿Y qué significa el Segundo Piso de la Cuarta Transformación? Significa mantener nuestros principios, nuestras causas, las que dieron origen a nuestro movimiento…”

ii “…Para eso nos eligieron, para dar continuidad a la Transformación de la Vida Pública de México, iniciada en el año 2018.”

iii En la Cámara de diputados: las Reuniones de Trabajo en la Comisión de Puntos constitucionales con la Sader y la Secihti, con asociaciones y organizaciones de la sociedad civil del maíz y con la Semarnat y el INPI, además de la Sesión Ordinaria de la misma Comisión y la Sesión del Pleno de la Cámara.

En la de Senadores: la Sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Agricultura, y de Estudios Legislativos, Primera; y la Sesión del Pleno.

Es de alta relevancia tener a mano el Dictamen que se discutió y aprobó, dado que en él se pueden encontrar las definiciones en las que se basó la reforma en su versión final, por ejemplo, la definición de OGM: “Es necesario recalcar que un organismo genéticamente modificado es aquel cuyo material genético, que incluye mecanismos epigenéticos, ha sido alterado por medio de técnicas de biotecnología moderna, las cuales superan las barreras naturales de la reproducción y la recombinación, como son la transgénesis, RNAs de interferencia. (RNAi; que pueden inducir modificaciones epigenéticas), la edición genética (y sus variantes, como son las ribonucleoproteínas sintéticas), la biología sintética, entre otras… los maíces híbridos no son considerados genéticamente modificados…”