Desplazadas, casi 29 mil personas por crimen organizado en 2024

Idioma Español
País México

Durante 2024, al menos 28.900 personas fueron forzadas a huir de sus hogares en 72 eventos de desplazamiento interno registrados en 13 estados de México, según el informe ‘Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México’, presentado este 26 de junio por el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana.

El estudio, desarrollado en colaboración con ACNUR, documenta un aumento del 129% respecto a las cifras de 2023. “La violencia ocasionada por grupos del crimen organizado fue la principal causa”, afirmaron las investigadoras del PDH Eugenia Morales y Renata Vadillo (en la imagen de abajo). Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero concentran la mayoría de los casos, seguidos de Sonora, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Jalisco, Durango, Nayarit y Veracruz.

De izq. a der.: Daniel MacGuire (ACNUR), Eugenia Morales y Renata Vadillo (PDH IBERO), y Rodrigo Jiménez (CONAPO). Foto: Mariana Domínguez Batis

Radiografía del desplazamiento

Los desplazamientos masivos representaron la mayoría de los casos, aunque también se documentaron eventos localizados.

De acuerdo con el PDH, 79% de los eventos estuvieron vinculados a violencia directa, ataques armados o amenazas, mientras que apenas 20% respondieron a causas sociales o desastres naturales.

En Chiapas, por ejemplo, se registraron 17.860 personas desplazadas en 20 eventos, la mayoría en comunidades fronterizas con Guatemala, donde la disputa territorial por rutas del narcotráfico ha generado una mezcla letal de conflicto social e intervención criminal. En Sinaloa, la cifra alcanzó 4 mil 480 personas; en Michoacán, los desplazamientos se intensificaron en el segundo semestre del año, con una importante participación de grupos criminales y violencia de género.

«No son solo números, son vidas rotas»

Uno de los momentos más emotivos del informe fue la lectura del testimonio de Carmen, una mujer desplazada con su hijo Tomás, de 11 años: “Esas mismas personas que mataron a mi esposo fueron las que me sacaron de mi casa. Nos obligaban a manejar para ellos, mi hijo vio cómo mataban gente enfrente de nosotros”.

Historias como la de Carmen ilustran las múltiples dimensiones de este fenómeno: desde la destrucción de vínculos comunitarios hasta la imposibilidad de acceder a servicios básicos. El desplazamiento, advirtieron, profundiza la desigualdad, la pobreza y la exclusión.

Ausencia de políticas federales

El informe también denuncia la falta de una cifra oficial nacional y de políticas integrales a nivel federal. “Nuestro objetivo ha sido visibilizar el fenómeno, sobre todo porque la mayoría de los esfuerzos están dispersos en lo estatal y local”, señalaron las autoras.

Aunque algunos estados como Michoacán y Chihuahua han impulsado leyes y protocolos específicos, el fenómeno sigue creciendo en intensidad y cobertura territorial.

En la presentación también estuvieron presentes Rodrigo Jiménez, Coordinador de Estudios en Población y Desarrollo del Consejo Nacional de Población (CONAPO), y Daniel MacGuire, oficial senior de protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quienes comentaron el informe.

Fuente: Desinformémonos

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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