Ecuador: Manifiesto ‘Por el AGUA, para el BUEN VIVIR RURAL y la Soberanía Alimentaria’

Fenaccle y CNC-EA *

En la Ley de Aguas..... nada menos de lo que señala la Constitución

Las organizaciones Campesinas: Federación Nacional de Trabajadores Agro-industriales, Campesinos e Indígenas del Ecuador "FENACLE" y la Coordinadora Nacional Campesina -Eloy Alfaro, miembros de Mesa Agraria, preocupados por la inercia, el estancamiento y la poca voluntad política por cumplir el Mandato constitucional en relación a promulgar una ley para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, la redistribución del agua y la des-privatización de su gestión, nos auto-convocamos en el auditorio del Banco Central, en la ciudad de Guayaquil, para analizar y demandar de las autoridades el cumplimiento del siguiente MANDATO CAMPESINO, POR EL AGUA, para el BUEN VIVIR RURAL y la Soberanía Alimentaria. En este periodo de transición es importante y trascendente la participación de los movimientos sociales y de la ciudadanía en la definición del nuevo marco legal, institucional y de la política pública que acompañe el BUEN VIVIR o SUMAK-KAWSAY y el objetivo de alcanzar la Soberanía Alimentaria.

Las organizaciones campesinas reunidas en la ciudad de Guayaquil somos consientes de que heredamos una institucionalidad estatal deslegitimada, debilitada, caótica y cercana a los grupos de poder económico que permitió en algunos casos se privatice la gestión del agua, se estimule su acaparamiento, concentración y monopolización, a través de mecanismos ilícitos como fue conceder las concesiones de agua a perpetuidad, o haciéndose de la vista gorda frente al abuzo de ciertos sectores empresariales que mediante la construcción de pozos profundos, tapes de ríos, acaparan el agua elementos sustanciales para garantizar la Soberanía Alimentaria y el Buen Vivir Rural.

De la misma manera somos testigos del esfuerzo que se está haciendo por superar las secuelas del neoliberalismo, construyendo una nueva institucionalidad, nuevos paradigmas y políticas para la gestión pública del agua, sin embargo siguen siendo insuficientes para superar las condiciones estructurales de deterioro y degradación de nuestros recursos hídricos, por lo que demandamos se proceda urgentemente al tratamiento respectivo de la Ley para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua y a la par se implemente políticas tendientes a cumplir el mandato constitucional en relación a la redistribución del Agua, el inventario de los Recursos Hídricos, la protección de las fuentes, la prioridad para el Riego Campesino, y el fortalecimiento de la participación ciudadana.

Demandamos a la Asamblea y al Gobierno Nacional, considerar los siguientes planteamientos:

1.- Demandamos la plena incorporación de los principios y objetivos y derechos consagrados en la Constitución:

La ley para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y Usos productivos del Agua debe estar en concordancia con los objetivos constitucionales, alcanzar el SUMAK-KAWSAY y la Soberanía Alimentaria, para lo cual se requiere incorporar en los textos legales, la redistribución del Agua, el derecho humano al agua, junto con los derechos de la naturaleza y el derecho a la participación.

En la ley no debe haber un solo resquicio que permita la gestión privada del agua y la prestación de servicios, pues la constitución lo declara como patrimonio nacional, estratégico indelegable y que solo pueden ser gestionadas de manera pública y comunitaria, por lo tanto no sujeto a ningún acuerdo comercial.

2.- La Gestión integrada del Agua, su redistribución como medio para fortalecer la Soberanía Alimentaria.

Varios son los preceptos constitucionales referidos a la Gestión Integrada del Agua: La rectoría de la Gestión como responsabilidad del Estado, mediante la Autoridad Nacional, el derecho de las personas, comunas, pueblos, nacionalidades, montubios y afro-ecuatorianos a participar y ser consultados; los derechos de la naturaleza, el derecho a un ambiente sano, el acceso equitativo a los medios de producción y los recursos naturales, la redistribución del agua y de la tierra, entre otros, principios Constitucionales implica entre otras cosas que las políticas públicas, el marco normativo se circunscriban en revertir las condiciones estructurales de concentración monopolización y acaparamiento del agua, y de esta manera romper la dependencia alimentaria mediante el incentivo, la promoción, e inversión que permita fortalecer y desarrollar los procesos de transformación de los productos agrícolas, el desarrollo de infraestructura productiva, el impulso a la asociatividad para la comercialización con miras al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias campesinas

En relación con el riego su planificación debe ser participativa y corresponder al Plan Nacional, planes provinciales y del Buen Vivir Rural, este debe ser visto en el inmediato y a largo plazo, el plan debe tener un enfoque de fortalecimiento del Riego Campesino.

Se debe además impulsar el acceso a la ciencia, tecnología e innovación, a la investigación participativa, que respondan a las demandas y necesidades locales y que sobre todo permitan el tránsito hacia la producción agroecológica.

3.- Gestión participativa para la conservación, recuperación y protección de las Cuencas hídricas.

Las normas y la política pública deben incorporar la responsabilidad compartida del conjunto de la sociedad en la protección, conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, estableciendo mecanismos de cogestión e incidencia, veeduría, control social en los distintos niveles de gestión de los recursos hídricos.

4.- Hacia un Sistema Nacional de Control y Sanción para enfrentar, contrarrestar y disminuir la contaminación del agua.

El país vive un acelerado proceso de contaminación de las aguas y el deterioro y la erosión de sus fuentes y recursos hídricos, como producto de las actividades humanas, la nueva legislación deberá incorporar un sistema de control, prevención, remediación y reparación de la contaminación de aguas en el Ecuador.

Se debe dar un plazo perentorio de cinco años, para que los municipios dispongan de sistemas de tratamiento para las aguas residuales, es importante hacer un estudio emergente para priorizar e intervenir en las cuencas mayormente contaminados, erosionadas y de requerirse se deberá declarar en emergencia.

Se dará impulso a la agricultura agroecológica, para favorecer la Soberanía Alimentaria y disminuir paulatinamente el uso de agro-tóxicos y alcanzar la autosuficiencia alimentaria nacional.

5.- Institucionalidad del Agua y la participación ciudadana.

Nos ratificamos en los preceptos señalados en la Constitución, que marcan un direccionamiento y definen un tipo de institucionalidad participativa, responsable en la rectoría de los recursos hídricos, y que esta debe de estar en manos del Estado. Para lo cual es necesaria la coordinación, concurrencia de los distintos niveles de gobierno e instituciones y actores relacionados. La participación social debe considerarse en los distintos ámbitos y niveles de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, se debe entonces considerar, espacios, mecanismos, para el pleno ejercicio de nuestros derechos tanto en la formulación de la política pública, como en su evaluación y control.

6.- El Derecho Humano al Agua.

La Constitución nos da un marco bastante amplio y muy favorable en materia de derechos y garantías constitucionales, estos avances en materia de derechos, son el resultado de esfuerzos organizativos de movimientos sociales del país, los jóvenes, los campesinos, los pueblos indios, las mujeres, los ecologistas.

El agua al haberse declarado como derecho fundamental, abandona la vieja concepción "del derecho al acceso". La constitución en varios de sus articulados es explicita al propiciar la des privatización de la gestión, la desmonopolización o concentración del agua en pocas manos y la redistribución del Agua.

La Constitución al establecer que el agua es un derecho humano fundamental, y otorgar derechos a la naturaleza, está reconociendo otras dimensiones al agua: Tanto como elemento esencial para la vida misma de las presentes, como también para las futuras generaciones; así como, la dimensión ambiental por ser parte fundamental del ciclo hidrológico; una dimensión social como elemento de relación entre las personas y la naturaleza (dimensión cultural); el agua como agente organizador y articulador de las relaciones entre las personas (dimensión socio cultural), y finalmente como parte importante para la garantía de otros derechos (Salud, Alimentación, Soberanía Alimentaria y Energética).

7.- El orden de prioridades (prelación) en el Acceso al Agua.

Es importante también evidenciar como la Constitución del 2008, establece un orden de prioridades al respecto del acceso y uso del agua. El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden de prelación..."

8.- Las formas de Gestión del Agua. (Pública o Comunitaria)

La Constitución señala "La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias". Será responsabilidad del Estado el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua en torno a la prestación de los servicios públicos, mediante el e4stablecimiento de alianzas estratégicas entre lo público y comunitario para lograr la prestación de servicios de calidad".

9.- La prestación de servicios públicos de agua y saneamiento.

La constitución, dentro de los derechos ciudadanos que el estado reconoce y garantiza, el párrafo segundo señala "El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios", confiere a los gobiernos municipales las competencias en relación a la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.

Y finalmente señalar que en el debate y posicionamiento de los distintos actores alrededor del tema de la Ley de Aguas no se evidenció con la fuerza suficiente aspectos relacionados con la problemática de la gestión pública y comunitaria del Agua, así como la redistribución y la escasez de agua en ciertas zonas; como también políticas encaminadas a fomentar una optimización del recurso existente mediante la implementación de técnicas para un mejor aprovechamiento del agua, sobre todo en riego para la soberanía alimentaria.

El agua es y ha sido un elemento vital y sagrado en las culturas milenarias que han poblado esta tierra. Aquí y ahora, tiene un significado distinto entre pobladores urbanos y pobladores campesinos. Los pobladores campesinos, que tienen cercanía cotidiana con la reproducción de la naturaleza pueden ver con otra sensibilidad que del agua depende la vida cada día que amanece.

Por eso estamos aquí presentes y con todo el esfuerzo levantando nuestras voces para su defensa, para que el Estado Ecuatoriano recoja los planteamientos de los campesinos- campesinas, los pueblos indios, los ecologistas y ciudadanos y ciudadanas que contribuimos con este pensamiento colectivo en el largo camino que nos toca recorrer para alcanzar el SUMAK - KAWSAY y la SOBERANIA ALIMENTARIA.

Guayaquil, Julio 8 del 2010.

* Federación Nacional de Trabajadores Agro-industriales, Campesinos e Indígenas del Ecuador / Coordinadora Nacional Campesina -Eloy Alfaro

Fuente: ADITAL