El Proyecto de Ley C-2 perjudicará a personas agricultoras y trabajadoras del campo, dice la Unión Nacional de Agricultores (NFU)
La Unión Nacional de Agricultores (NFU, por sus siglas en inglés) insta al gobierno federal a retirar el Proyecto de Ley C-2, denominado Ley de Fronteras Fuertes. Este proyecto pone en riesgo la seguridad y los derechos de personas migrantes y refugiadas, amenaza la producción agrícola y otorga al gobierno amplios poderes para entrometerse en la vida privada de quienes viven en Canadá.
El proyecto permite al gobierno cancelar, suspender o modificar documentos migratorios, incluidas solicitudes, permisos de trabajo o de estudio, bajo el pretexto de un “interés público” que no está claramente definido.
Incluso el Ministro de Justicia liberal advierte en su Análisis de la Carta de Derechos que estos nuevos poderes podrían interferir con derechos fundamentales a la vida, la libertad y la seguridad, que deben ser garantizados a todas las personas migrantes y refugiadas.
La Red por los Derechos de las Personas Migrantes advierte que los poderes otorgados a funcionarios migratorios dificultarán que personas refugiadas puedan solicitar asilo, aumentarán el riesgo de deportaciones y pondrán en peligro sus vidas. Otras organizaciones han advertido que estos cambios podrían favorecer el tráfico laboral al volver a las personas migrantes más vulnerables a ser deportadas.
El proyecto también permite deportar a personas solicitantes de refugio sin una audiencia si ingresaron a Canadá hace más de un año. Establecer límites de tiempo para audiencias de refugio se considera una violación del derecho internacional.
Al limitar los plazos para presentar solicitudes de refugio provenientes de Estados Unidos, la Ley de Fronteras Fuertes aumentaría la probabilidad de deportación de estas personas a un país donde ya han sido sometidas a vigilancia extrajudicial y a una campaña de terror. Personas trabajadoras agrícolas indocumentadas en Estados Unidos han descrito haber sido “cazadas como animales” por la agencia ICE (Inmigración y Control de Aduanas).
“La NFU está horrorizada por el trato que ICE da a quienes producen alimentos en Estados Unidos. Al parecer, como forma de apaciguar a Trump, este proyecto de ley amenaza con hacer que Canadá sea cómplice del abuso hacia personas migrantes, tanto aquí como al sur de la frontera,” afirma Jenn Pfenning, presidenta de la NFU.
La NFU hace un llamado para derogar el Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA) entre Canadá y Estados Unidos. Las personas refugiadas deberían poder transitar entre Canadá y EE. UU. o viceversa mientras realizan su solicitud de refugio.
Las personas agricultoras están preocupadas de que los cambios propuestos por el Proyecto de Ley C-2 impedirán que personas migrantes y refugiadas puedan construir una vida estable en Canadá.
La membresía de la NFU incluye a personas inmigrantes, nuevas ciudadanas canadienses y personas agricultoras que contratan a trabajadoras y trabajadores migrantes.
En 2022, una de cada cuatro personas trabajadoras del campo en Canadá era una persona trabajadora extranjera temporal (TFW). A la NFU le preocupa que se violen los derechos humanos de estas personas y que el proyecto genere un efecto negativo generalizado en el sector agrícola.
“La NFU siempre ha defendido que expandir los derechos y protecciones para las personas trabajadoras migrantes fortalecería la producción agrícola, mientras que el Proyecto de Ley C-2 amenaza con debilitarla,” afirma Pfenning.
La NFU también manifiesta su preocupación por el impacto de este proyecto sobre los derechos a la privacidad y la posibilidad de que se vulneren las vidas personales de todas las personas residentes.
El Proyecto de Ley C-2 permite la vigilancia sin orden judicial de las comunicaciones electrónicas y en papel. Una orden judicial es un documento legal emitido por una autoridad que permite realizar registros o detenciones.
Estas órdenes son salvaguardas necesarias para proteger a las personas contra registros arbitrarios de su propiedad o información personal. Esta ley permitiría a las autoridades abrir cualquier correspondencia manejada por Canada Post y “ exigir información a distintas empresas de comunicaciones sin supervisión judicial y con menos pruebas de sospecha”.
La Ley de Fronteras Fuertes también contempla disposiciones para compartir datos de personas en Canadá con autoridades policiales de Estados Unidos.
“La expansión de la vigilancia que habilita esta legislación sienta un peligroso precedente de intrusión en nuestras vidas personales. Me opongo a que el gobierno recoja cualquiera de mis comunicaciones, electrónicas o en papel, sin una orden judicial,” afirma Matthew Wiens, miembro de la junta directiva de la NFU.
La NFU se une a otras organizaciones de la sociedad civil en su llamado a retirar el Proyecto de Ley C-2. Para mantener los valores canadienses de respeto, equidad y hospitalidad, debemos garantizar los derechos de todas las personas migrantes. Finalmente, la privacidad de quienes viven y trabajan en Canadá debe ser protegida: nadie debería estar sujeto a registros sin orden judicial de su información personal.
Fuente: La Vía Campesina