El tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos: un paso decisivo hacia la justicia climática

Justo antes de la COP30 sobre el clima y la  Cumbre de los Pueblos que se celebrarán en Belém (Brasil) a finales de este año, los Estados se reunirán en Ginebra (Suiza) para la 11ª sesión de negociaciones por un  Tratado Vinculante de la ONU sobre empresas transnacionales (ETN) y derechos humanos. Durante más de una década, las comunidades afectadas, junto con los movimientos sociales y ambientalistas, han procurado dar vida a un tratado que obligue a las ETN a rendir cuentas y hacerse responsables por sus violaciones de los derechos humanos. A lo largo de 2025 se han celebrado varias consultas informales entre las sesiones de negociación del tratado, al mismo tiempo que Amigos de la Tierra Internacional, junto con la Campaña Mundial para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, sigue internacionalizando la lucha contra el poder empresarial corporativo y por la justicia.  

Las empresas transnacionales son una de las mayores fuerzas motrices de las crisis climática y ecológica contemporáneas, pero han construido y se han valido de una arquitectura jurídica internacional que les da impunidad y les garantiza que no se las pueda responsabilizar y exigirles cuentas. Esta arquitectura polifacética basada en acuerdos comerciales internacionales opacos, a menudo ilegales y antidemocráticos, mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados (conocidos por sus siglas en inglés como  ISDS –que no son otra cosa que tribunales privados de los ricos y poderosos que se apropian así de la justicia), tácticas de intimidación, y la denegación sistemática de justicia a los pueblos afectados, les ha permitido a las empresas transnacionales (ETN) enriquecerse y hacerse aún más poderosas que los Estados que supuestamente tendrían que regularlas.

Se benefician y lucran de un sistema económico mundial que prioriza la maximización de las ganancias financieras, anteponiéndolas a los derechos y el bienestar de los pueblos y el planeta.

En todos los sectores económicos, ya sean los combustibles fósiles, el agronegocio, la minería, las finanzas o las tecnologías de punta, las empresas transnacionales han contribuido enormemente a las crisis globales actuales interconectadas, pero aun así, ahora también pretenden que su voz tenga gran peso a la hora de diseñar las “soluciones” para resolverlas. La crisis climática que han provocado y de la que se han lucrado durante décadas, ya ha provocado millones de muertes, desplazamientos masivos, hambre, enfermedades, conflictos y la destrucción acelerada de ecosistemas en todo el mundo.

A falta de acción decidida y transformadora, estos impactos se agravarán de manera exponencial, especialmente en la medida que las empresas transnacionales continúan  fomentando falsas soluciones. Esto pone en riesgo las acciones urgentes requeridas para transformar nuestros sistemas energéticos con el fin de limitar los daños futuros, y representa una amenaza para la transición justa hacia sistemas de energía renovable que beneficien a las personas, los pueblos y las comunidades, no al sector empresarial corporativo.

Las grandes empresas de combustibles fósiles en particular –que son las principales responsables de la crisis climática- fueron de las primeras en tener conocimiento y saber sobre su inminente impacto en el clima, y financiaron activamente campañas negacionistas y de desinformación para evitar que el público tomara conciencia de ello. Hoy en día su estrategia ha dejado de ser la negación activa y es más bien dilatoria y de maquillaje verde: restarle trascendencia y minimizar la realidad y urgencia de la crisis climática, al mismo tiempo que se posicionan en el centro de la formulación de políticas climáticas y siguen reprimiendo la disidencia. El poder e influencia que ejercen estas gigantescas empresas en los medios de comunicación, la política, los regímenes de comercio y los foros climáticos internacionales es uno de los obstáculos más importantes para la justicia climática.

Grupos de presión de las ETN y Tratado Vinculante

No debería sorprendernos entonces que los grupos de presión empresariales trabajen incansablemente para debilitar, retrasar y, en última instancia, bloquear la formulación y ejecución de políticas climáticas robustas. Y su presencia en las negociaciones del Tratado Vinculante en la ONU no es una excepción, donde los grupos de cabildeo de las ETN operan cada vez más visible y organizadamente.

El cabildeo de las ETN en este espacio lo hacen asociaciones empresariales mundiales como la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Estas entidades representan los intereses empresariales y son, por ende, la voz colectiva del poder corporativo en los foros internacionales. Han participado desde el inicio en el proceso del Tratado Vinculante promoviendo la autorregulación empresarial y los enfoques voluntaristas, y son precisamente esos modelos fallidos los que han permitido el advenimiento de la crisis de impunidad reinante en la actualidad.

La OIE y la CCI tienen acceso privilegiado a los gobiernos y a los espacios de la ONU, y han logrado posicionar a los sectores empresariales que representan como ‘partes interesadas’ en el proceso. Presionan incansablemente para que el texto del tratado incluya formulaciones opuestas a la imposición de obligaciones vinculantes para las empresas y promueven en cambio mecanismos ineficaces agenciados por el propio empresariado, tales como la diligencia debida en materia de derechos humanos y los códigos de conducta voluntarios. Estas asociaciones representan los mismos intereses empresariales que son el nudo gordiano central de la crisis climática, la devastación ambiental y las violaciones de los derechos humanos.

Que a los artífices de la crisis climática y de la impunidad reinante en el ámbito de las actividades de las empresas transnacionales en todo el mundo se les permita incidir en la formulación de las normas que supuestamente han de obligarles a rendir cuentas y exigirles responsabilidades es habilitar un profundo y peligroso conflicto de intereses. Eso atenta contra el propósito mismo del Tratado Vinculante y menoscaba las legítimas demandas de las comunidades afectadas que luchan por él.

La justicia climática es una lucha por los derechos humanos, y las comunidades afectadas la están comandando

La justicia climática es fundamentalmente una lucha por los derechos humanos. La destrucción agenciada por las empresas transnacionales genera impactos directos y devastadores para los derechos humanos de los pueblos de todo el mundo: al derecho a la vida, a la salud, a la tierra, al agua, a la alimentación, a un medioambiente seguro y saludable y a la autodeterminación.

Los Pueblos Indígenas, el campesinado, las comunidades que habitan las selvas y bosques, los pueblos pescadores, las y los trabajadores y las mujeres y jóvenes ya están viviendo en primera línea esta crisis, especialmente en el Sur Global. Son quienes enfrentan el grueso de los impactos del cambio climático y quienes menos han contribuido al problema. También son blanco sistemáticamente de violencia empresarial y represión cuando oponen resistencia a proyectos destructivos o defienden sus territorios. 

No obstante, son estas comunidades las que lideran el movimiento mundial por la justicia climática. Defienden los bosques, la tierra y el agua en todo el mundo, y muchas están construyendo caminos sustentables arraigados en la justicia, el conocimiento tradicional, la agroecología, los derechos comunitarios y una participación democrática verdadera. Sus voces han sido las que han reclamado con más fuerza acceso a la justicia a través del Tratado Vinculante de la ONU y que se responsabilice a las empresas por sus violaciones de los derechos humanos.

El liderazgo de las comunidades afectadas es supremamente importante para las negociaciones:

En estos tiempos en que los sistemas jurídicos nacionales con demasiada frecuencia fracasan o son insuficientes para exigirles cuentas a las empresas que operan a escala transnacional, el Tratado Vinculante es una necesidad imperiosa. Es una demanda de normas mundiales que frente al ánimo de lucro empresarial antepongan los derechos de las personas y los pueblos y el planeta.

El camino a seguir: de Ginebra a Belém, la vida antes que el lucro

Mientras las delegaciones gubernamentales se aprestan para negociar el texto del Tratado Vinculante en Ginebra en octubre, los movimientos sociales y organizaciones ambientalistas y populares, los Pueblos Indígenas y afectados están movilizados en camino y con antelación a Belém para la COP30 y la Cumbre de los Pueblos. El mensaje es claro: para alcanzar la justicia climática tenemos que acabar con la impunidad empresarial corporativa.  

La lucha por el Tratado Vinculante forma parte de la lucha más amplia por el desmantelamiento del poder corporativo y la reivindicación de la soberanía de los pueblos. Es inseparable de la lucha en pos del cambio de sistema y por soluciones verdaderas a la crisis climática, basadas en la equidad, la justicia y la sustentabilidad ecológica. 

A medida que nos aproximamos a la COP30 y la Cumbre de los Pueblos, Amigos de la Tierra Internacional seguirá en pie de lucha al lado de las comunidades afectadas, exigiendo que la vida se anteponga al lucro. Seguiremos denunciando la cooptación y captura corporativa tanto de los espacios de formulación de políticas climáticas como de los espacios que se proponen acabar con la impunidad empresarial corporativa.

El Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos no se reduce a cerrar lagunas jurídicas, es una expresión de resistencia contra el poder empresarial y de nuestra lucha por la justicia climática y nuestro compromiso con el cambio de sistema.

Fuente: Amigos de la Tierra