El Tratado de Libre Comercio ha llevado a inseguridad, vacios de poder y violencia en el campo mexicano

Idioma Español
País México

Si el campo está en llamas, no se debe sólo a “malos” es decir a los cárteles de la droga, o los grupos de sicarios y matones. Mucho menos a las autodefensas, policías comunitarias o a los campesinos que defienden sus territorios.

El campo vive una crisis de seguridad humana y la violencia criminal no es la única que se da en él, ni el solo factor que la desencadenó. La drástica transformación de las políticas públicas hacia el sector agropecuario, inducida por los programas de ajuste estructural y la apertura comercial, cuya joya de la corona es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), generaron las condiciones para el surgimiento de múltiples formas de violencia en el agro mexicano.

Este trabajo pretende explicar cómo esas políticas de ajuste y el TLCAN contribuyeron al deterioro de las diversas formas de seguridad que constituyen la seguridad humana; cómo generaron vacíos de poder gubernamentales y de la sociedad y generaron las múltiples formas de violencia que ahora laceran al campo.(1)

 

1. El TLCAN ha deteriorado la seguridad humana en el campo

Partimos del concepto de seguridad humana como la maneja el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), integrada a su vez por siete componentes : seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad alimentaria, seguridad en materia de salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad, seguridad política.(2)

 

Inseguridad económica

A nivel macro, el TLCAN tornó más vulnerable la economía del sector agroalimentario del país: del primer año de vigencia del TLCAN, 1994 a 2000, mientras que la economía nacional tuvo una tasa media anual de crecimiento de 3.4%, el sector primario creció sólo en un 1.8% y todo el sector agroalimentario, 2.6%.

 

Durante los gobiernos del PAN, de 2000 a 2012 el PIB de las Actividades Primarias registró un crecimiento promedio anual de 1.4% (agricultura 1.4%, ganadería 1.8% y pesca y acuacultura 0%) mientras que la economía nacional creció a una tasa de 2.1 %. La participación del sector agropecuario en el PIB nacional se ha ido disminuyendo: en 1994 contribuía con un 6% del total y en 2012, con un 3.57% en 2000; 3.55 en 2006 y 3.4% en 2012.(3)

 

La inseguridad económica del sector agropecuario también se manifiesta en la disminución del empleo. Según el INEGI el promedio de la población ocupada en el sector agropecuario entre 1994 y 1997, fue de 8 millones 613 mil personas; en el período 2002-2004, de 6 millones 591 mil, en el 2012, de 6 millones 714 mil personas.(4)

 

Ateniéndonos sólo a estos datos, encontramos que en los 20 años de vigencia del TLCAN se han perdido un millón 900 mil empleos en el sector agropecuario y no se han creado nuevos, sin embargo, la población en el campo en números absolutos prácticamente se ha venido incrementando: 24 millones 154 mil 775 en 1995; 24 millones 608 mil 597, en 2000; y 26 millones 169 mil 972 en 2010, según datos del INEGI. O sea, que el campo mexicano con dos millones más de habitantes que cuando comenzó la vigencia del tratado, tiene que ver por la subsistencia de los mismos con casi dos millones de empleos menos en el sector, lo que explica que las familias campesinas hayan tenido que acudir más intensivamente a diversificar sus fuentes de ingreso fuera de la explotación agrícola o emigrar a la ciudad o a los Estados Unidos.

 

Otro factor de vulnerabilidad económica es el del deterioro de los ingresos en el sector primario de la economía. Según el CONEVAL, desde 1992 hasta 2010, cuando menos, el ingreso neto total por cápita promedio a precios de agosto de 2010 se mantuvo prácticamente estancado entre 500 y 600 pesos–menos de la mitad del ingreso en el medio urbano.

 

Durante 2012, las remuneraciones promedio en la economía alcanzaron 107,219 pesos corrientes por persona, lo que equivale a 8,935 pesos mensuales. Los sectores que destacaron por registrar las remuneraciones medias anuales más altas en dicho año fueron: el de corporativos con 702,221 pesos por persona; servicios financieros y de seguros 467,877; información en medios masivos 425,948 y el de Minería con 292,013 pesos por persona. En contraste, las menores remuneraciones medias anuales pagadas por persona se registraron en los sectores de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza con 11,405 pesos por persona.(5)

 

La vulnerabilidad económica y la vulnerabilidad productiva se influyen mutuamente. Los bajos ingresos impiden capitalizar la unidad familiar campesina y la baja capitalización impide mejorar la productividad y los ingresos. Así, a veinte años de haberse implementado el TLCAN la estratificación de los productores rurales en México se ha perpetuado sin cambios significativos.

 

Según la SAGARPA en nuestro país existen 5.3 millones de unidades económicas rurales distribuidas de la siguiente forma:

 

El cuadro nos revela que tenemos un campo a dos velocidades, cuando menos: donde si mucho el 20% de las unidades productivas presentan rentabilidad. A su vez, en este segmento sólo 18 mil unidades de casi un millón son grandes empresas dinámicas, rentables, con capacidad de exportación. En el otro extremo, prácticamente tres de cada cuatro unidades apenas si obtienen lo necesario para subsistir: se trata del grueso de la agricultura campesina e indígena, la más vulnerable económica y productivamente.

 

Inseguridad personal e inseguridad alimentaria
Pobreza: En 2012, de acuerdo con la medición más reciente de la pobreza, en el ámbito rural el 61.6% de la población vivía en condiciones de pobreza, 21.5% en situación de pobreza extrema y 40.1% en situación de pobreza moderada, niveles muy por encima de los valores registrados en el medio urbano donde la pobreza alcanzaba al 40.6% de la población: 6.3% en pobreza extrema y 34.3% en pobreza moderada). (6) Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), la carencia por alimentación se incrementó en todo el país en 3.1 millones de personas entre 2008 y 2012, afectando ahora a 27.4 millones de personas de los cuales 20 millones viven en el campo.

 

Por otro lado, aunque se puede decir que la pobreza rural en sus tres principales componentes, -alimentaria, de capacidades y patrimonial- tuvo un ligero retroceso los primeros 18 años del TLCAN en términos porcentuales, en número de personas se incrementó, como lo muestra el siguiente cuadro:

Cuadro No. 2: Pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial en el medio rural mexicano 1994 y 2012. Elaboración propia con datos del CONEVAL.

 

Como puede observarse, si bien la reducción en porcentajes resulta significativa en lo que se refiere a pobreza alimentaria y de capacidades, no hay un decremento: por el contrario un incremento del número absoluto de personas afectadas por cualquiera de los tres tipos de pobreza. Esto quiere decir que el TLCAN a pesar de todas sus promesas no logró reducir el número de personas afectadas por la pobreza en el campo mexicano.

 

Inseguridad de las comunidades

La pérdida de empleos, el estancamiento o el franco retroceso del ingreso de las familias propicia la emigración de uno o varios de sus miembros. Los datos sobre emigración del campo estos veinte años de vigencia del TLCAN varían mucho: según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en estos años salieron del campo desde 1994 un millón 780 mil personas. Sin embargo, de acuerdo a las cifras del Pew Hispanic Center Proyect correspondientes a 2008, desde 1994 hasta el primer cuatrimestre de 2008, 6 millones 51 mil nacidos en México se agregaron a la población de residentes en Estados Unidos, es decir, 403 mil 400 por año.(7) No están desagregadas las cifras pero no sería descabellado suponer que cuando menos uno de cada cuatro nuevos migrantes provenía del medio rural, lo que vendría a arrojar una cifra mínima de dos millones de personas expulsadas de él desde el inicio del tratado.

 

Un campo afectado seriamente por el proceso de emigración experimenta una serie de vulnerabilidades que afectan la seguridad de la comunidad y luego pesan en la proliferación de múltiples formas de violencia: se disminuye de una manera muy significativa la población de varones, sobre todo jóvenes y adultos jóvenes; se multiplica el número de mujeres solas al cargo de su familia; tienen más peso demográfico los grupos de edad más vulnerables también: niños y personas de la tercera edad. Así, se va debilitando mucho la vida comunitaria por la sobrecarga de trabajo de quienes están en edades laborales, se debilitan el tejido social y la vida asociativa.

 

Inseguridad en la producción de alimentos

El TLCAN no sólo vino a provocar mayor inseguridad en los actores rurales. La manera cómo fue concebido y ha sido operado el tratado ha generado graves inseguridades también a los consumidores y al conjunto de la Nación.

 

Entre 1990-92 y 2009-11 se redujo en un 40% el área sembrada de oleaginosas, tan sólo la de soya, de 324 mil a 167 mil hectáreas. La de arroz de 120 mil a sólo 37 mil hectáreas en el mismo lapso. La producción nacional de trigo se mantiene prácticamente la misma desde 1990 hasta 2011: 3.8 millones de toneladas. En frijol, alimento básico de los mexicanos, del que en 1990 se sembraban 2.1 millones de hectáreas, en 2009-2011 sólo 1.6 millones.(8)

 

Inseguridad por dependencia alimentaria

Al entrar en vigor el TLCAN importábamos alrededor de un 24% de lo que consumíamos, pero el tratado disparó la importación de alimentos básicos: hoy el índice de cobertura del consumo nacional aparente con importaciones supera ya el 42%. En 2012 compramos al exterior el 79% del consumo doméstico de arroz, 93% de oleaginosas, 58% de trigo y 82% de maíz amarillo para consumo pecuario e industrial. (9) Por su parte, la FAO considera que entre 2009 y 2011 el índice de cobertura con importaciones ascendía a un 95% del soya, 40.2% de la carne de porcino; 34.5% de la carne de bovino; 18.3% de la carne de aves; 13.5% del frijol y 13.2% del maíz.(10)

 

A este respecto es muy ilustrativo el siguiente cuadro de la FAO:

 

 

Cuadro No. 3: participación de las importaciones en el consumo aparente de granos y cereales. (tomado de FAO: “Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en México, 2012”

 

En productos pecuarios se ha incrementado muy significativamente la importación de carne de bovino, de porcino y de aves, mientras se ha reducido la de leche y huevos:

 

Cuadro No. 4: Participación de las importaciones en el consumo nacional aparente de cárnicos, huevo y lácteos. (Tomado de FAO: “Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional…”

 

La soberanía alimentaria fue otro de los espejismos: las importaciones agroalimentarias brincaron de mil 790 millones de dólares en 1982, a 15 mil 984.5 millones de dólares en 2006 y en 2012 alcanzó 27,774 millones de dólares. Ese año la balanza comercial del sector agroalimentario fue deficitaria en 4 mil 969 millones de dólares. Desde el inicio del TLCAN el saldo de la balanza comercial agroalimentaria con el extranjero tiene un déficit de más de 45 mil millones de dólares, casi el doble del presupuesto anual de todos los programas federales orientados al campo.(11)

 

Inseguridad en materia de salud y nutrición

 

Aunque se ha avanzado, sigue habiendo una gran inseguridad en materia de acceso a la alimentación, sobre todo en el medio rural, donde uno de cada tres municipios (33.9%) la padece, contra un 22.9% en el medio urbano, y a nivel nacional, uno de cada cuatro municipios la sufre (24.9%).(12)

 

La desnutrición infantil si bien ha bajado desde que empezó la vigencia del TLCAN, sin embargo, casi 14 de cada 100 pre-escolares tienen baja talla para la edad, indicador de desnutrición crónica, lo que representa casi 1.5 millones de menores de cinco años. En población indígena la prevalencia es de más del doble: 33.1%. Adicionalmente, el sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes y adultos se ha convertido en un problema de salud pública.(13)

Con el tratado, no sólo se disparó la importación de alimentos de los Estados Unidos, sino también los hábitos alimenticios de allá. Según el Journal of Occupational and Environmental Health (Revista de Salud Ocupacional y Ambiental), señala que el incremento de obesidad y sobrepeso en México –12 por ciento entre 2000 y 2006– coincide con la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte . Durante ese lapso se incrementó en el país el consumo de productos procesados, bebidas gaseosas y otros alimentos con altos niveles de grasa y azúcar, mientras cada vez más empresas estadunidenses aumentaron su presencia en toda la gama de producción y procesamiento, así como en restaurantes y en la venta de comida con la cual transformaron el ambiente de alimento y con ello provocaron un incremento en las tasas de obesidad.

 

Así, en 2012 el 34.8% de los niños entre 5 y 11 años tienen sobrepeso y obesidad, contra 34.4 en 2006 y 26.9% en 1999. Para los adolescentes de 12 a 19 años los porcentajes son 33.2% en 2006 y 34.9% en 2012; en tanto que para los adultos de 20 años y más en 2012, 73 de cada 100 mujeres y 69 de cada 100 hombres adultos presentan exceso de peso; es decir, la sumatoria de ambas cate¬gorías: sobrepeso y obesidad. En 2006 estas cifras fueron ligeramente menores a las actualmente reportadas: 71.9% mujeres y 66.7% hombres.(14)

 

2. El TLCAN ha propiciado importantes vacios de poder en el campo mexicano

La desregulación y la liquidación de entidades estatales o paraestales propiciada por las políticas de ajuste estructural, y la forma como ha operado generó enormes vacíos de poder del gobierno y de la sociedad que han sido aprovechados por poderes “fácticos” legales o ilegales en el medio rural mexicano. Los principales vacíos de poder que se han generado son:

 

• El Estado mexicano prácticamente se retiró de financiar las actividades agropecuarias. Actualmente sólo el 6% de las unidades de producción agropecuaria tienen acceso al crédito institucional. Así, entre los productores se ha generado un vacío de poder del financiamiento público al campo que han llenado los productores con las remesas de los migrantes o con el producto de su trabajo fuera de la agricultura, o lo han llenado los agiotistas y en muchos casos, el crimen organizado que llegó a muchas comunidades a lavar dinero en forma de créditos para la producción.

 

• Los precios de garantía de los granos básicos fueron desapareciendo y durante el gobierno de Ernesto Zedillo se cerró definitivamente la CONASUPO que fungía como la gran empresa reguladora de los precios al productor y al consumidor y como garantía para que las cosechas fueran compradas. Al retirarse el Estado de la comercialización agropecuaria, aunque se dijo que se impulsaría la formación y operación de empresas comercializadoras de los propios productores, en realidad no ha sido así. La mayor parte de las cosechas la adquieren los grandes intermediarios de las centrales y los grandes compradores de granos como CARGILL, MASECA, LALA, etc. Y en no pocos casos, también el crimen organizado, dada la gran liquidez de que goza.

 

• Hace dos décadas México contaba con 25 mil extensionistas, hoy la tarea la realizan 6 mil PSP (prestadores de servicios profesionales), muchos de los cuales no son profesionistas, perciben bajos salarios y enfrentan la falta de incentivos, lo que genera un sistema “condenado a la mediocridad”, afirma el Análisis del extensionismo agrícola en México, elaborado por la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE lo que ha hecho que se estanquen la productividad y la innovación en el campo.

 

• La quiebra de muchos productores, imposibilitados de competir con los productos importados, sobre todo de los Estados Unidos, hizo que se vendieran muchas tierras, muchos ranchos, y que fueran adquiridos también por integrantes del crimen organizado para hacer negocios donde pudieran lavar dinero o simplemente por puro efecto demostración.

 

• Las nuevas leyes como la Federal de Reforma Agraria o la nueva Ley Minera, ambas de 1992 reducen muy significativamente la facultad regulatoria del Estado y limitan a las comunidades para evitar el pillaje de sus territorios y de sus recursos naturales. Estos vacíos de poder gubernamental y social son aprovechados por los actores principales del TLCAN: empresas trasnacionales turísticas, agropecuarias, mineras y forestales, sobre todo. Se produce así un gigantesco proceso de devastación ambiental, de despojo de recursos hídricos, como es el caso de los menonitas en Chihuahua, de las mineras extranjeras en casi todo el país, de las trasnacionales turísticas, etc.

 

Luego de 20 años de la imposición del TLCAN, la agricultura mexicana se ha polarizado mucho más: el subsidio del Procampo que debiera orientarse a dinamizar a los campesinos pobres y medios a producir más y mejores alimentos, es acaparado por los grandes agricultores. El 10% más rico de los productores concentra el 45% de este subsidio y el 80% del programa “ingreso objetivo” de SAGARPA, el 60% de los subsidios para la energía y el agua.

 

El 50% del valor total de la producción agrícola y el de la producción de alimentos de origen animal se concentra en siete entidades federativas: Jalisco, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Sonora, Chia¬pas y Puebla. Dos grupos de unidades de los 5.3 millones de Unidades Económicas Rurales (UER) del país, las empresariales “pujantes” y “dinámicas”, representan el 8.7% del total de las UER y generan el 74.2% de las ventas del sector). El 50% de esas UER también se concentran en siete estados: Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas y Baja California.(15)

 

3. El TLCAN contribuye muy significativamente a disparar las violencias en el campo

Con los vacíos de poder creados por la retirada del Estado y el debilitamiento de la sociedad civil, así como por la necesidad de enfrentar la fiera competencia de los productos agropecuarios importados, muchas veces a precio dumping se van generando diversas formas de violencia en el campo mexicano:

 

Violencia ambiental y contra los recursos naturales

Con insumos caros y precios bajos para las cosechas, muchos productores tuvieron que intensificar la perforación de pozos para riego, a abusar de los agroquímicos o incluso emplear semillas transgénicas para elevar su producción; empezaron a emplear tecnologías que ejercen una enorme violencia sobre el medio ambiente: suelos, corrientes de agua, bosques, pastos, etc. A resultas de ello, el desastre ambiental en el campo ha crecido, con ineludibles y costosos impactos en las ciudades y para el desarrollo económico nacional.

 

De los 196 millones de hectáreas con que cuenta México, 64 por ciento están degradadas, principalmente por erosión hídrica y eólica. Anualmente se pierde la utilidad agrícola de unas 10 mil hectáreas en las mejores tierras irrigadas, por causa de la acumulación de sales. Ello acumula ya una superficie de 425 mil hectáreas que han dejado de ser útiles para la producción agrícola intensiva. Se han sobreexplotado los mantos acuíferos, la mitad de las 731 cuencas del país enfrentan déficit de agua según la CONAGUA. Se han devastado los bosques que generan el agua de las principales corrientes en México. Ante la urgencia de abatir costos para poder competir contra los productos importados, se sobreexplota a quien no puede protestar: los recursos naturales. Así, la violencia ambiental es otro de los sobreproductos del Tratado y de las políticas de ajuste.

 

Violencia criminal

Esta fue una penetración silenciosa que poco a poco fue evolucionando a la situación actual. Ya apoderado de buena parte de la economía rural, el crimen organizado se apodera de otros aspectos de la vida del campo. Explota ilegalmente los recursos naturales, como es el caso de los bosques en Michoacán y Chihuahua. Diversifica sus exacciones más allá de la venta de estupefacientes: roba maquinaria y equipo, despoja de la nómina a quienes contratan trabajadores agrícolas, extorsiona a productores y comerciantes, pide una parte de la venta de las cosechas.

 

Se hace del control territorial de vastas zonas rurales, de manera informal y formal. Controla alcaldes; ocupa las direcciones de seguridad pública de los municipios; cobra cuotas, derechos de paso, etc. Para adueñarse de los territorios ha sembrado previamente el terror mediante ejecuciones, mutilaciones, secuestros, incendios. Aplica castigos ejemplares a quienes se atrevan a desafiarlo, sobre todo si lo hacen de manera organizada como las policías comunitarias. Coopta, compra o de plano se colude con los diversos cuerpos policíacos, el Ejército y la Marina. Se conforma así en el medio rural de muchos estados de la República una auténtica “societas sceleris”, es decir, una sociedad de crimen en donde las familias campesinas viven como una población sometida por un ejército de ocupación, con su ciudadanía minimizada, si no es que anulada.

 

Violencia contra las comunidades que resisten
El mismo crimen organizado y también las fuerzas del orden ejercen la violencia en contra de las comunidades que resisten el despojo de sus recursos naturales o la invasión de sus territorios. Los casos, por desgracia abundan: los campesinos ecologistas de Guerrero, las comunidades de Cherán y Ostula en Michoacán, las comunidades que luchan contra las compañías que explotan la energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, el asesinato de Ismael Solorio y su esposa Manuelita por defender la cuenca del Río del Carmen y el territorio del ejido Benito Juárez contra la minera Mag Silver en Chihuahua, etc.

 

Violencia contra el patrimonio genético

Es la mejor forma de llamar a la invasión de semillas transgénicas, sobre todo de maíz que se ha impuesto desde las grandes trasnacionales como Monsanto, con la tolerancia o complicidad por parte de diversas agencias gubernamentales. No sólo se tratan de extender los permisos para siembras experimentales, sino también se tolera el contrabando de semillas transgénicas, la siembra clandestina de las mismas, ocasionando graves daños a las semillas nativas y a todo el ecosistema.

 

El campo mexicano está padeciendo la más terrible crisis de violencia desde el término de la Revolución de 1910, pero a diferencia de aquella violencia revolucionaria, generadora de algo nuevo, la violencia promovida por los neoliberales con los programas de ajuste y el TLCAN, no ha generado sino más y muy diversas violencias, al destruir las formas productivas, de asociación, de vida comunitaria, de distribución de la riqueza, de relación con el medio ambiente que había subsistido hasta antes de que ellos llegaron y facilitar la implantación de los cárteles de la droga y el crimen organizado precisamente ahí donde el Estado falló.

 

A manera de conclusión
Luego de 20 años de TLCAN México entregó su soberanía alimentaria. Se han perdido miles de millones de dólares en divisas para comprar alimentos que aquí podemos producir. Nuestros recursos naturales han sido devastados y degradados. Se ha desplazado a millones de personas, afectado gravemente la vida de cientos de miles de familias, de miles de comunidades rurales.

 

¿Para qué? No para que el país sea más rico, para que sea más justo, menos desigual, más independiente. Sino para que un puñado de grandes empresas agroalimentarias y de grandes productores nacionales y extranjeros concentren más riqueza mientras que la inmensa mayoría de los habitantes del medio rural han visto prácticamente estancada si no es que deteriorada su calidad de vida.

 

Este es ya de por sí un proceso que entraña enorme violencia, y que a su vez ha propiciado la multiplicación de formas de inseguridad humana, de acción de poderes no regulados legal ni socialmente y ha generado también múltiples violencias contra las personas, contra las comunidades, contra la naturaleza.

 

Sin embargo, no podemos concluir sin hacer notar que este proceso oscuro de globalización ha enfrentado también múltiples, dispersas resistencias, aunque en un proceso que tiende a una mayor proliferación y articulación. Resisten los campesinos que exigen políticas de apoyo a su agricultura, subsidios para poder producir y no para simplemente sobrevivir, resisten las comunidades indígenas que defienden sus territorios y sus recursos naturales, resisten los productores comerciales que buscan impedir las importaciones de alimentos a precios dumping, resisten los yaquis que defienden sus ríos, los rarámuris y los purépechas que defienden sus bosques.

 

Es la potenciación de estas resistencias, la constitución de contrapoderes sociales y comunitarios múltiples y efectivos, la acumulación de avances sociales, jurídicos y políticos de las comunidades campesinas, indígenas, de los productores medios y altos comprometidos con este país lo que hará que se pueda ir deteniendo “el lado oscuro de la globalización” en el lugar donde tal vez más se ha sentido: el campo mexicano.

 

Víctor M. Quintana S. es asesor al Frente Democrático Campesino de Chihuahua, profesor-investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es articulista con el Programa de las Américas www.cipamericas.org/es

 

 

NOTAS:

 

1 La estructura y los conceptos principales de este trabajo están tomados de Buscaglia, Edgardo; “Vacíos de poder en México”, Debate, México, 2013.

 

2 Citado por Buscaglia, “Vacíos de poder….”, op.cit.p.16

 

3 Datos del Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI y SAGARPA: Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, en el Diario Oficial de la Federación, viernes 13 de diciembre de 2013. Consultado en Internet el día 12de abril de 2014 en el sitio: aquí

 

4 Datos del INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y SAGARPA, Programa sectorial….

 

5 INEGI; Sistema de cuentas nacionales de México, cuenta de bienes y servicios 2012. Boletín de prensa 408/13, 22 de octubre de 2013, consultado en internet en el sitio; aquí

 

6 SAGARPA:Programa Sectorial del Desarrollo….loc.cit.

 

7 GARCIA ZAMORA Rodolfo: TLC y migración internacional, 20 años después en Brújula Ciudadana, No.54, consultado en internet en el sitio: aquí

 

8 Datos de SIAP-SAGARPA.

 

9 SAGARPA: “Programa sectorial del desarrollo…..” ,op.cit.

 

10 FAO: “Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en México, 2012” consultado en internet en el sitio; aquí

 

11 SAGARPA: Programa sectorial…loc.cit.

 

12 FAO: ¨Panorama de la seguridad….

 

13 Idem.

 

14 FAO: Panorama de la seguridad….con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 1999, 2006 y 2012.

 

15 Idem.

 

Víctor M. Quintana S. es asesor al Frente Democrático Campesino de Chihuahua, profesor-investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y colaborador con el Programa de las Américas www.cipamericas.org/es

 

Fuente: Programa de las Américas

Temas: TLC y Tratados de inversión

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