Femicidios y narcocriminalidad en Rosario: la precariedad como forma de violencia

María del Rosario Vera, las  hermanas Marianela y Estefanía Gorosito, y Susana Mena son nombres que no provocaron manifestaciones masivas ni quedaron grabados en la memoria colectiva. Todas eran pobres, últimos eslabones de una cadena de venta ilegal de drogas. Haber sido asesinadas en Rosario, lejos de los canales que transmiten 24 horas, hizo que sus muertes no sean noticias y fueran apenas números que engrosan las estadísticas. Pero María del Rosario (23 años), Marianela (25), Estefanía (28) y Susana (27) fueron víctimas de femicidios en contexto de narcocriminalidad, como Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, las víctimas del  triple femicidio de Florencio Varela que conmovió a la Argentina y generó una reacción masiva del movimiento feminista, un movimiento que —aún bajo el ataque de propios y ajenos— sabe organizarse y levantar la voz para decir Ni Una Menos.

La palabra narcotráfico, una vez más, se usa como un gran paraguas: lo que se oculta bajo ese concepto es que las ganancias de ese gran negocio se disfrutan muy lejos de donde viven quienes pierden la vida, siempre pobres y, en su mayoría, jóvenes. Y que buscar el mango, intentar sobrevivir,  expone a las jóvenes de sectores populares a muchos peligros.

Como siempre que se habla de narcotráfico y violencias en Argentina, las miradas se posan sobre  Rosario. Según estadísticas oficiales, entre enero y agosto de 2025 hubo 12 muertes violentas de mujeres en la ciudad. Pero decir “narcotráfico” no es suficiente para explicar esas muertes; es más bien un rótulo, una maraña de sentidos que simplifican la complejidad de las vidas en los barrios populares.

Una lupa en el mercado

Eugenia Cozzi es abogada, magíster en criminología e investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Desde 2008 investiga las violencias y los mercados de drogas ilegales en la provincia de Santa Fe y viene realizando un fino trabajo etnográfico en barrios populares para entender qué pasa en esos territorios. Cozzi discute el uso indiscriminado del significante “narcotráfico”, al que considera “tranquilizador”.

“Es una categoría que suele utilizarse de manera autoexplicativa de otros fenómenos como, por ejemplo, el aumento de la violencia y que, al intentar dar una explicación que sirva para todo, tranquiliza”, dice la investigadora e integrante de la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario.

Cozzi propone pensar “la discusión en relación al paradigma prohibicionista”.“Lo que me interesa siempre es pensarlo en términos de mercado, el de las drogas ilegalizadas, en las que la mayoría de las actividades involucradas están criminalizadas”, explica. Pero además esa concepción permite determinar  diferentes actores en relación a las distintas escalas del y jerarquías del mercado. “No es lo mismo el mercado transnacional que el mercado local, que el mercado local ligado a los sectores populares”, sostiene la investigadora.

Es que la etiqueta “narcotráfico” enseguida se utiliza para poner el foco en un sector social —jóvenes, pobres y de barrios populares—, y en esa operación se oculta que el dinero de ese comercio ilegal se lava en grandes financieras y llega a los barrios más privilegiados. 

El elefante en la habitación, explica Cozzi, es que “para que las sustancias puedan circular, para que esas actividades puedan suceder, tiene que haber una regulación policial, algún tipo de negociación con las burocracias penales, en especial con las policías y fuerzas de seguridad”. En la provincia de Santa Fe esto quedó en evidencia en los juicios a las organizaciones que se dedican a la venta de estupefacientes: en todos los casos hubo integrantes de la fuerza policial sentados en el banquillo de los acusados —los más resonantes fueron los de la banda de Los Monos y Esteban Alvarado—.

Drácula sobre el cuello: el riesgo de estar en la calle

Gabriela Hemela es trabajadora sexual callejera, activista feminista e integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario. Desde esa pertenencia, y como trabajadora de la zona de la Terminal de Ómnibus de Rosario, Gabriela tiene una lectura del triple femicidio  de Lara, Morena y Brenda, imbricada con su propia experiencia. “El sistema punitivista cae sobre nuestras cabezas. A quienes están allá arriba, a los narcos que manejan los hilos, no se los conoce. Y ante un mercado laboral que prácticamente no existe, el trabajo sexual es una alternativa para quienes somos madres de familia”, dice y pide el Estado reconozca esta actividad y los derechos de quienes la ejercen.

La activista señala que “en este último tiempo, el trabajo sexual ya no es tan redituable y estos actores, que tienen que ver con la mafia de la policía, están a la caza y a la pesca” y apunta a las “muchísimas complicidades” detrás de esas tramas de violencias. “La policía junto con el narcotráfico, en complicidad, son los que llevan constantemente a que las compañeras terminen atomizadas con el consumo y muchas de ellas terminan mal. Ya sabemos quiénes son esos actores que promueven constantemente la muerte de mujeres y de niñas en este sistema”, asegura.

Gabriela relata su propia experiencia. “Trabajando en la calle, te puedo contar que la policía pone mucho orden junto con el narcotráfico, muchas veces obligando a las compañeras que ejercemos el trabajo sexual a vender estupefacientes. Sin ir más lejos, a principios de este año, fui amenazada por estos sectores, para que también les pueda vender para ellos”, denuncia.

La respuesta de Gabriela fue no.

“Les dije que yo vengo a trabajar acá, a hacer la diaria, y me voy a mi casa porque tengo un hijo que me está esperando, como muchas otras compañeras, que en su mayoría tienen su familia a cargo. No quisieron aceptarlo y me tuve que ir a trabajar a Uruguay. Allá el trabajo sexual está regulado y se trabaja con muchísima más tranquilidad, sin que esté el Drácula de la policía arriba de tu cuello”, dice Gabriela. Su relato es una muestra de la persecución cotidiana a la que están expuestas las trabajadoras sexuales y cómo aumenta en tiempos de crisis.

Gabriela volvió a Rosario por su hijo. “Sinceramente, corro el riesgo porque sigo laburando en la calle. Por un lado, porque estoy conquistando a quién va a ser el próximo cliente que va a venir a contratar mi servicio y, por el otro, estoy viendo que no me venga el zarpazo”, cuenta.

“Esas situaciones te permiten discutir esta idea del avance narco por el retroceso del Estado porque la policía también es un actor estatal”, sostiene Cozzi. En su libro  De ladrones a narcos, violencias, delitos y búsquedas de reconocimiento, la investigadora traza una jerarquía de las personas ligadas al mercado de drogas ilegales, y en la cúspide de esa pirámide están los narcos. “Esa categoría menciona a una persona de mayor peso en el marco del barrio, donde hay algunos que tienen una posición mejor que otros en términos de poder, de ganancia y de protección, mientras hay otros que participan de una manera mucho más subordinada, como los “soldaditos”.

Los otros femicidios

“El año 2022 planteó el pico de muertes violentas en Rosario y la región, y la variación se dio porque hubo 65 mujeres muertas. Muy pocas eran femicidios íntimos o intrafamiliares —que son aquellos que clásicamente se ven como femicidios— y el resto eran en contexto de criminalidad organizada”, plantea Carla Cerliani, fiscal del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, que se dedicó a estudiar estas muertes y sus características.

El trabajo le permitió deslindar en qué casos las muertes de mujeres en contexto de criminalidad pueden considerarse femicidios. Cuando vio las noticias sobre el triple femicidio en Florencio Varela, Cerliani se acordó inmediatamente de Susana Mena, asesinada en enero de 2024, se cree que para “saldar una deuda”. El caso lo trabajó el fiscal Alejandro Ferlazzo.

Susana Haydée Mena era “soldadita”. Tenía 27 años, era madre de tres hijos, vivía en barrio Gráfico, en la periferia oeste de Rosario, y había sido amenazada por una banda afín a Los Monos para la que trabajaba. Sus asesinos filmaron su muerte como un mensaje aleccionador y el video circuló entre los conocidos.  La periodista María Laura Cicerchia contó su historia en el diario La Capital, el 14 de septiembre pasado. Por el hecho fueron imputados Nahuel Romero, quien vendía junto con Susana y es señalado como autor material del crimen, y Lucas Uriel Saban, jefe de la “precaria pero violenta” organización de venta de drogas que integraba.

Por esos días, la organización Mumalá presentó un  informe que contabilizaba 128 víctimas de feminicidios en contexto de narcocriminalidad en la provincia de Santa Fe entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de julio de 2025.

Cerliani detalla los criterios para considerar si hubo femicidio. Al analizar legajo por legajo, identificaron seis contextos en los que existen razones de género en el marco de la narcocriminalidad, que van desde la venganza hasta el mensaje aleccionador. “Matar a la madre, a la hermana, a la novia o a la ex de algún rival es una de las formas de la venganza. Es decir, que el Ministerio Público de la Acusación entiende que estos casos deben imputarse como femicidio”, explica la fiscal. Así, los cuerpos de las mujeres son objeto de venganza entre bandas.

“La otra situación en donde nosotros entendemos que es necesario y corresponde imputar femicidio son los casos de aquellas mujeres que se opusieron o se enfrentaron a los integrantes de estas bandas criminales”, sigue Cerliani.  El caso de Norma Bustos, quien fue asesinada tras haber denunciado a una banda del barrio La Tablada, es un ejemplo de este tipo de crimen. En enero de 2013, su hijo Lucas Fabián Espina, de 25 años, fue asesinado a balazos de ametralladora en la esquina de Pavón y Santa Rosa de Lima, a 25 metros de su casa, El 20 de noviembre de 2014, Norma —que buscaba justicia por su hijo y había sido amenazada— fue acribillada en el kiosco de golosinas que atendía en su propia casa. 

“Decimos que son mujeres que salen del rol específico que les fue asignado. Van al ámbito público y, de alguna manera, están luchando contra el avance de estas organizaciones en su familia o en el territorio, y por eso le dieron muerte”, explica la fiscal.

Hay también mujeres que forman parte de las organizaciones de comercio de drogas. En este punto, es necesario deslindar los imaginarios sobre estas organizaciones. En Rosario, se trata más bien de grupos pequeños, que zonifican la venta por barrios. “Lo que advertimos es que por el rol que se les asigna —que generalmente es el más bajo dentro de la organización— suelen ser las que están en la primera línea de fuego, en los puntos de venta”, detalla Cerliani y explica que, por ese motivo, son “las que están más expuestas a los allanamientos y a quedar detenidas”.

Queda claro con la puesta en marcha de la ley conocida como de microtráfico, que se aprobó en la provincia de Santa Fe en diciembre de 2023, y que faculta a la provincia a investigar la tenencia o comercialización de pequeñas cantidades de drogas, que antes eran delitos federales. “Son muchísimos los allanamientos en los que suele haber mujeres y cuando nos ponemos a ver, están haciendo vendiendo estupefacientes para llegar a fin de mes y pagar la comida a los hijos o no tienen una ganancia ni son quienes dirigen el comercio sino que son el lugar más fungible”, sostiene Cerliani.

También están las que asumen lugares por delegación. “Al estar sus parejas o sus padres en prisión, son ellas las que hacen las visitas y las que llevan y traen mensajes, para seguir manteniendo en territorio el poder de estos hombres”, describe. No se trata de los grandes cárteles sino de organizaciones pequeñas, dispersas, estructuradas más bien como PyMEs. “Dentro del reparto de tareas, funciones y toma de decisiones, se advierte que estas mujeres no tienen ningún tipo de poder de decisión y además muchas de ellas también actúan bajo coacción o a partir de otros tipos de violencia, y específicamente violencias de género”, describe la fiscal.

Vidas y muertes casi olvidadas

Para volver a los nombres del principio. María del Rosario Vera sólo participaba en el mercado ilegal como consumidora. Tenía 23 años y cuatro hijos. Le había avisado a su hermana que tenía miedo de que le “hagan algo”. El 4 de enero de 2018 su cadáver fue hallado en un contenedor de basura en Felipe Moré y Gaboto y los detalles de su autopsia son inenarrables. En febrero de 2023, una Cámara Penal determinó la condena a prisión perpetua a Néstor Hugo Sánchez, por femicidio en un contexto de venta de drogas. 

También se habló de deuda con la muerte de Estefanía y Marianela Gorosito, dos hermanas que eran inseparables y fueron asesinadas el 19 de julio de 2022. Habían ido a merendar a un bar de Salta y Oroño, y las pasaron a buscar en auto. En diciembre de 2023, imputaron como instigador del doble crimen a Pablo Nicolás Camino, que está detenido en la cárcel federal de Rawson, Chubut, ligado a Los Monos, que operaba en la zona oeste de la ciudad.

Vender servicios sexuales es una de las formas de conseguir el tan necesario dinero para algunas mujeres. “Estar en una situación de prostitución o de trabajo sexual, cualquiera sea la postura que se quiera enrolar, es una situación que las pone en extrema vulnerabilidad”, plantea Cerliani, que tiene formación feminista y es una referencia en cuanto a la investigación penal con perspectiva de género.

“Son jóvenes que, para tener un poco más de dinero, no solo están trabajando o exponiéndose sino que se ponen a comercializar estupefacientes y luego, ante la falta de un vuelto, o algún otro motivo, les dan muerte, pero ellas no tienen la posibilidad de decisión. Sin dudas es un femicidio”, sostiene.

Mirar más allá: la precariedad como forma de violencia

Cozzi cuestiona que se expliquen todos los crímenes “por el narcotráfico”. “A veces, las dinámicas de violencia tienen que ver con otra cosa y las condiciones de posibilidad de esos despliegues de violencia exceden al mundo anarco”. 

“Ahí aparece la cuestión de las desigualdades en términos de género, porque el narco no es un extraterrestre que viene, que no tiene que ver con el contexto social, cultural en donde se desarrolla”. Lo mismo ocurre en relación a los roles de género y al “despliegue de violencia contra las mujeres”. Para ella, “son mundos que aparecen solapados, no todo se explica a través de la mirada de la violencia narco”. 

La abogada e investigadora considera que esa mirada es “muy peligrosa”. “Porque, frente a esa explicación, la respuesta estatal suele ser siempre una respuesta punitiva, represiva, que oscurece más que aclarar, pero que además genera daño”, explica.

Justamente, Cozzi acaba de presentar el informe  “Paz para quién. Registro comunitario de prácticas policiales y de fuerzas de seguridad en barrios populares de la ciudad de Rosario 2024-2025”, realizado en conjunto entre la Universidad Nacional de Rosario y la Multisectorial contra la Violencia Institucional. Allí se registran los numerosos abusos que viven diariamente las personas pobres, de piel marrón, que están siempre bajo sospecha y son permanentemente demoradas por la policía.

El movimiento feminista puso la lupa sobre las causas estructurales de la violencia machista, y con eso impidió que los crímenes de mujeres entren en un espiral de olvido. Con los femicidios de Lara, Brenda y Morena —y el impulso de referentes comunitarias— se pusieron en primer plano las miradas interseccionales necesarias: no todas las mujeres corren los mismos riesgos. 

Cozzi subraya los límites sociales: “es posible que el triple femicidio sea cuestionado porque hubo un movimiento que visibilizó esas muertes y que intentó construir el límite de qué vamos a autorizar y que no en relación a los umbrales de las violencias”. Para la investigadora, “quizás, previo a Ni Una Menos, no estaríamos mirando el asesinato de estas tres chicas ni se hubiera generado la respuesta masiva, más allá de que sea un hecho que por sí mismo conmueve por sus características”. 

Que sea un umbral del feminismo: ninguna más asesinada por ser mujer y pobre. Nombrarlas es también una forma de recordar —e insistir— que, en un sistema que feminiza la pobreza y criminaliza la supervivencia, cada vida cuenta.

Fuente: LATFEM