Honduras ante el CIADI

Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) fueron concebidas como un mecanismo para atraer inversión extranjera directa a Honduras, otorgando a inversionistas amplias facultades regulatorias, fiscales y administrativas. Desde su aprobación en 2013, estas zonas generaron un profundo debate sobre su impacto en la soberanía nacional y el desarrollo socioeconómico del país. La administración del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, derogó la Ley Orgánica de las ZEDE (ver cronología de las ZEDE).

Honduras Próspera, una las principales ZEDE establecidas en el país, presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) , argumentando que la derogación de la normativa que les otorgaba autonomía vulnera acuerdos de estabilidad jurídica y tratados internacionales de inversión. La empresa reclama una compensación de 10.700 millones de dólares, lo que representa un monto significativo en relación con el PIB de Honduras y podría afectar gravemente las finanzas públicas en caso de un fallo a favor de Próspera Honduras.

La demanda ha generado un complejo escenario para el gobierno hondureño, el cual enfrenta no solo una disputa legal internacional, sino también implicaciones económicas, políticas y diplomáticas. Este caso reabre el debate sobre los riesgos de suscribir acuerdos que comprometen la soberanía del país y plantea interrogantes sobre el impacto que estos mecanismos de inversión pueden tener en el desarrollo sostenible de Honduras. Esta experiencia hace pensar sobre los límites de los Estados para modificar marcos normativos que benefician a inversionistas extranjeros.

Desde una perspectiva legal, el gobierno hondureño ha fundamentado su defensa en la inconstitucionalidad de las ZEDE; una postura respaldada por la Corte Suprema de Justicia que declara la normativa que permitió su creación violaba la Constitución. No obstante, los inversionistas alegan que el Estado hondureño incumplió acuerdos internacionales al modificar unilateralmente las condiciones bajo las cuales se establecieron las ZEDE, lo que coloca al país en una posición incertidumbre al someter este conflicto al arbitraje internacional.

Un fallo desfavorable puede representar una carga financiera insostenible para el país, comprometiendo recursos destinados a inversión social y desarrollo. Asimismo, la incertidumbre generada por el litigio puede abonar a la narrativa empresarial por su percepción de riesgo de seguridad jurídica para inversionistas extranjeros, influyendo negativamente en el clima de inversión y el acceso a financiamiento internacional. A nivel diplomático, el caso puede tensionar las relaciones con Estados Unidos y organismos financieros multilaterales, ya que el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y USA (DR-CAFTA) y el Acuerdo de protección de Inversiones en el que se basa la demanda forma parte del marco de acuerdos de inversión con ese país.

Más allá del resultado del litigio, el caso de las ZEDE pone en evidencia la necesidad de revisar y fortalecer el marco regulatorio de inversión extranjera en Honduras. Es fundamental garantizar que los futuros acuerdos de inversión protejan los intereses nacionales sin desincentivar la llegada de capital extranjero. Para ello, es clave establecer en los convenios del Estado contengan mecanismos de resolución de disputas más equilibrados, que prioricen la jurisdicción nacional antes de acudir a tribunales internacionales de arbitraje. Aunque siempre existe la posibilidad de recurrir a centros de arbitraje menos comprometidos con las empresas y mas con la justicia.

A continuación, se presenta un análisis detallado del contexto de la demanda, sus implicaciones para el Estado hondureño y las posibles estrategias para gestionar este litigio. Asimismo, se presentan recomendaciones clave para mitigar los riesgos asociados y fortalecer la capacidad del país para manejar disputas similares en el futuro. El resultado de este caso definirá el desenlace y las repercusiones de la demanda en la supuesta expropiación y violación del DR-CAFTA. Cabe indicar que en la narrativa de este documento se reitera en algunas afirmaciones. Esto se debe a que algunas acciones estratégicas pueden presentarse como propuestas, falencias u otras.

- Para descargar el informe completo (PDF), haga clic en el siguiente enlace:

Fuente:  Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH)