Justicia ambiental en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe albergan algunas de las mayores riquezas biológicas del planeta, pero viven una contradicción profunda: mientras custodian una biodiversidad invaluable, enfrentan amenazas crecientes derivadas del cambio climático, violencia contra defensores ambientales y altos niveles de corrupción. Estos desafíos exigen encontrar caminos que aseguren un entorno sano, seguro y propicio para las presentes y futuras generaciones. Un planeta saludable y justo requiere esfuerzos constantes y una voluntad inquebrantable para avanzar hacia el desarrollo humano sin dejar a nadie atrás, atendiendo los impactos tanto del cambio climático como de actividades humanas mal gestionadas o ilegales.

En este escenario, la justicia ambiental se consolida como un pilar esencial para garantizar el acceso equitativo a un ambiente sano y la protección de las comunidades más vulnerables. Alcanzar este objetivo demanda instituciones sólidas, marcos legales robustos, capacidades técnicas claras y respuestas oportunas e inclusivas frente a conflictos y daños ambientales. Como ha recordado recientemente la Corte Internacional de Justicia en una decisión histórica, los Estados tienen la obligación legal no solo de prevenir daños, sino también de proteger y restaurar los ecosistemas.

La reflexión propositiva y el análisis comparado se vuelven, por tanto, herramientas imprescindibles para construir una hoja de ruta regional que permita a los países de América Latina y el Caribe garantizar, sin obstáculos ni restricciones, el goce pleno y seguro de los derechos ambientales.

Esta publicación inédita, coordinada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, examina el estado de la justicia ambiental en siete países —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú— y ofrece un panorama comparativo que revela desafíos comunes y buenas prácticas emergentes. Los estudios, elaborados por especialistas de cada país, analizan marcos normativos, políticas públicas y mecanismos de acceso a la información, participación y justicia, identificando avances, vacíos y oportunidades para fortalecer la democracia ambiental en la región.

Entre las experiencias destacadas se encuentran las siguientes: en Argentina, la creación de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales; en Brasil, el uso de sistemas de georreferenciación y plataformas de monitoreo; en Chile, la elaboración de pautas interpretativas de la legislación ambiental desde los tribunales; en Colombia, la implementación de LegalApp como herramienta para la participación ciudadana; en Costa Rica, la creación de un observatorio judicial para sistematizar jurisprudencia relevante; en México, el uso del juicio de amparo colectivo; y en Perú, la incorporación de terceros administrados en procedimientos de fiscalización ambiental. Todo esto se suma a un exhaustivo mapeo que han realizado las y los expertos y que pretende contribuir al diálogo regional.

El Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental regional, ha marcado un hito en la construcción de una agenda común para enfrentar estos retos. Sin embargo, la ruta por recorrer sigue siendo amplia: presenta distintos niveles de avance, pero mantiene el propósito común de escalar la democracia ambiental activa y, por ende, de contribuir a la realización y tutela de los derechos humanos. Dirigida a autoridades, organizaciones de la sociedad civil, academia y ciudadanía interesada, esta obra busca inspirar acciones concretas para cerrar brechas y consolidar sistemas de justicia ambiental más abiertos, inclusivos y eficaces.

Invitamos a leer y difundir este trabajo, convencidos de que el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de capacidades son esenciales para que la justicia ambiental deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad tangible para todas las personas de la región.

- Para descargar el informe (PDF), haga clic en el siguiente enlace:

Fuente:  Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)