La criminalización de los cultivadores como coartada imperialista: economía política de las drogas en Colombia

Presentación

Encontrar una solución definitiva al problema de la tierra y los cultivos de uso ilícito, la producción y comercialización de drogas ilícitas es un punto fundamental del Acuerdo Final de Paz (AFP) entre las FARC-EP y el Estado colombiano, para contribuir al propósito de cimentar las bases de una paz estable y duradera en Colombia, pero también en América Latina y el Caribe. Este fenómeno incide en graves y específicas formas de violencia que afectan de manera especial al campesinado, así como a mujeres y jóvenes víctimas de la trata de personas, explotación sexual y violencia derivada del consumo en zonas tanto urbanas como rurales.

La producción de hoja de coca en Colombia presenta unas particularidades que refieren a la conexión entre los cultivos, la falta de desarrollo rural y el conflicto armado. Estos no son resultado de una asociación criminal entre narcotraficantes y comunidades rurales, sino que se originan en condiciones de acceso limitado a derechos, pobreza, marginación, débil presencia institucional y ausencia del Estado, a causa de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y como consecuencia de la implementación de políticas de carácter imperialista que expanden la militarización.

Aunque el país parece haber hecho esfuerzos para responder al fenómeno de las drogas ilícitas y el narcotráfico, el desafío persiste con profundas secuelas para la construcción de paz, en territorios y comunidades campesinas y en la ciudad. Ciertas dificultades se reflejan en la deficiente articulación de las políticas e instrumentos de planeación nacional con el Acuerdo Final de Paz (AFP), en su implementación integral y en el escaso desarrollo de alternativas y proyectos productivos de largo plazo para el fortalecimiento de las economías locales y regionales. También en la corrupción pública, la destrucción del tejido social y en la derivación de problemas ambientales.

En efecto, estos y otros factores han atravesado, alimentado y financiado el conflicto armado en el país, que escala en las regiones cocaleras con el denominado Plan Colombia, a causa del especial peso en su componente militar y por su dedicación exclusiva a la destrucción de cultivos ilícitos con una amplificada, dramática y grave violación a los Derechos Humanos. Política contrainsurgente que fue diseñada y dirigida por Estados Unidos, pensada a partir de la necesidad de renovar la excusa para intervenir la soberanía e independencia de nuestros pueblos y territorios y no sobre el objetivo de derrotar el narcotráfico, la cual, produjo muerte, violencia, desplazamiento y migraciones forzadas.

Las poblaciones que dependen del cultivo de hoja de coca, marihuana y amapola y sobre las cuales han recaído los impactos negativos —tanto de la economía ilícita como de las intervenciones que infructuosamente se han desplegado para contenerla— son las mayores víctimas y no los victimarios. Reclaman reconocimiento de sus derechos, proyecciones económicas, solidarias y de carácter colectivo, pues la “Guerra” debe ser, más que contra las drogas, frente a la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la injusticia y la violencia. Solo interviniendo sobre las causas de origen del conflicto, derrotando el narcotráfico y transformando las condiciones de vida del campesinado, los cultivos declarados de uso ilícito se reducirán o cambiarán su utilización.

Hoy continúa representando un desafío lograr un tratamiento diferencial de los campesinos trabajadores y cultivadores y de las personas que consumen drogas ilícitas, al igual que mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de las comunidades indígenas y la posibilidad de la utilización para fines médicos, científicos y otros usos lícitos que se establezcan. Abordar el fenómeno obliga a contar con un nuevo paradigma, que apueste por la flexibilización en las políticas públicas y centre la lucha contra el narcotráfico, eslabón de la cadena productiva que realmente sustenta la economía criminal y garantiza extraordinarias ganancias.

La sustitución implica, por una parte, detectar costos y daños no deseados ajustados en el tiempo, con base en la evidencia del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), y por otra, tener en cuenta las lecciones de buenas prácticas, las recomendaciones de las comunidades en territorios afectados, la experiencia de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) y las sugerencias técnicas de organizaciones nacionales e internacionales, así como asegurar la acción coordinada de la cooperación internacional. En todo caso, la solución definitiva es un proceso dinámico.

Depende también de consensos y definiciones de alcance global por parte de los Estados con responsabilidad colectiva, en particular de aquellos que de manera directa o indirecta se han visto perjudicados por este problema de carácter transnacional como Colombia, Perú y Bolivia, caracterizados por sus altos índices en la producción, procesamiento y comercialización, que satisfacen la demanda de Estados Unidos y más recientemente de Europa Occidental, África y partes de Asia. También, sobresalen países de tránsito como Brasil, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Argentina, Guatemala y Honduras, donde se han encontrado laboratorios; y México, que interviene en el control de la mayor parte del comercio ilegal y los corredores de tráfico a través de la frontera.

“La criminalización a los cultivadores como coartada imperialista: economía política de las drogas en Colombia” hace parte del trabajo mancomunado entre el Instituto Tricontinental de Investigación Social, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) y el Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO), caracteriza, cuestiona y expone en siete capítulos los problemas estructurales de la tierra en Colombia, la dinámica económica de los cultivos de coca y la actividad cocalera, una historiografía de las luchas agrarias y el reconocimiento de los derechos del campesinado, las condiciones de vida de las comunidades campesinas y su participación en la producción de cultivos de uso ilícito.

Este trabajo también explora las ideas centrales en torno al contexto del desarrollo de cultivos de uso ilícito, el Plan Colombia y sus nocivos efectos, como parte de los fracasos de más de cinco décadas de la política contrainsurgente. Al mismo tiempo, analiza la falta de resultados respecto a las organizaciones narcotraficantes colombianas, mientras continúa el ataque a las familias campesinas. En ese sentido, puntualiza sobre una serie de operativos de erradicación forzada, entre los cuales revisa específicamente la operación Artemisa, uno de los últimos grandes operativos del gobierno de Iván Duque, desarrollada entre los años 2019 y 2022.

Además, el informe plantea e intenta responder la pregunta sobre por qué la lucha contra las drogas se ha enfocado en el eslabón más débil de la cadena productiva —que son los campesinos trabajadores y cultivadores de hoja de coca— y no en los narcotraficantes o en sus carteles transnacionales. Asimismo, aborda la necesidad e importancia que revisten, en la lucha por la paz, la resolución integral y definitiva del problema de las drogas ilícitas y la sustitución de cultivos. Por último, presenta postulados para la elaboración de un nuevo paradigma en la política de drogas.

Desde una perspectiva crítica, el cuaderno hace énfasis y permite conocer sobre los procesos productivos de la hoja de coca, bajo el contexto histórico de dinámicas cambiantes. Presenta posturas y prácticas concretas que dan cuenta de los dilemas, conflictos, limitaciones y desafíos en torno de la “Guerra” y criminalización hacia el campesinado que subsiste de la economía de la hoja de coca. De esta manera, se problematizan las particularidades del fenómeno en cuestión y se alimentan horizontes de cambio en Nuestra América. No se trata solamente de un diagnóstico, sino de una investigación para aportar a la construcción de alternativas locales y para la región.

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Fuente:  Instituto Tricontinental de Investigación Social