La crisis de Sri Lanka muestra cómo la deuda está devorando al Sur Global

Sri Lanka está experimentando una de las recuperaciones económicas más complejas de su historia. El colapso financiero del país en 2022 se precipitó por una combinación tóxica de endeudamiento insostenible, mala gestión fiscal y shocks externos.

Estallaron protestas masivas bajo la bandera de Aragalaya, un amplio movimiento ciudadano que exige rendición de cuentas, justicia económica y el fin de la corrupción política.

El levantamiento finalmente forzó la renuncia del presidente en funciones, Gotabaya Rajapaksa. Sin embargo, tras su renuncia, el gobierno de Ranil Wickremesinghe recuperó el poder.

Retrasando la convocatoria de nuevas elecciones, en 2023 el gobierno de Wickremesinghe negoció 3000 millones de dólares de apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de su Nuevo Servicio Ampliado del Fondo (SAF). Más tarde ese mismo año, para desbloquear un segundo tramo de este paquete de rescate, Sri Lanka también alcanzó un acuerdo de reestructuración de deuda con un grupo de acreedores, entre ellos China, India y Japón.

Aunque, para septiembre de 2024, el pueblo de Sri Lanka eligió un gobierno progresista liderado por el presidente Anura Kumara Dissanayake, con un mandato histórico, el nuevo gobierno se ha visto atrapado desde entonces dentro de las limitaciones impuestas por el FMI y la clase política anterior.

La narrativa neoliberal dominante se ha apresurado a destacar el acuerdo con el FMI, conocido como el 17.º programa del FMI, como una señal de estabilización, elogiando el acuerdo de reestructuración de la deuda y el cumplimiento de las condiciones del FMI.

Pero ¿cuál es el coste humano de esta «recuperación»?

El proceso de ajuste estructural punitivo incluye la privatización de empresas estatales, la desvinculación del Banco Central del control estatal, la reducción de la capacidad de endeudamiento del Estado y la subordinación de las aspiraciones de desarrollo nacional a los intereses de los acreedores. Ha hecho recaer la carga de su Optimización de la Deuda Interna sobre los ahorros para la jubilación de lxs trabajadores, en concreto sobre el Fondo de Previsión de lxs Empleados (EPF), lo que ha suscitado preocupación entre lxs trabajadores asalariados, cuyos ingresos reales actuales ya se han visto reducidos por la alta inflación y el aumento de impuestos.

La contratación en el sector público se ha congelado, importantes proyectos de infraestructura rural en transporte y riego se han retrasado o cancelado, y la financiación de la salud y la educación se ha estancado a pesar del aumento de los costes. Las reformas emprendidas para lograr la estabilidad macroeconómica, como el aumento de los tipos de interés, los ajustes fiscales, la eliminación de los subsidios, el aumento de los precios de la energía y la erosión de las pensiones de lxs trabajadores, han exigido mucho a la ciudadanía.

El programa del FMI también ha introducido reformas legales neoliberales que erosionan la responsabilidad pública del Banco Central, limitan las capacidades fiscales del gobierno y alientan la privatización de la tierra, el agua y las semillas a través de la agroindustria.

Para cumplir con los objetivos del FMI, en particular el de lograr un superávit presupuestario primario del 2,3 % para 2025, el gobierno de Sri Lanka ha introducido amplias medidas de austeridad. ¿De dónde provendrá ese superávit si no es del dinero de lxs pobres? Los banqueros pueden acoger con satisfacción esta austeridad, pero para quienes viven y trabajan en zonas rurales y pueblos costeros, significa penurias y temor. Los desequilibrios en el programa de reestructuración de la deuda priorizan las ganancias de los inversores sobre el interés público, lo que reduce el margen fiscal necesario para reconstruir los servicios esenciales.

Grupos de la sociedad civil estiman que 6,3 millones de personas se saltan comidas y que al menos 65.600 sufren una grave escasez de alimentos.

En una medida notable, el recién elegido presidente Anura Dissanayake ha ordenado al Tesoro que restablezca los subsidios a los sectores agrícola y pesquero. Si bien es una medida bienvenida, esto podría no ser suficiente. Lxs pescadores denuncian que los costos del combustible siguen siendo elevados, lo que reduce sus ingresos.

Lxs agricultores, muchos de ellos atrapados en una producción intensiva en insumos químicos, se enfrentan al aumento de los costos, las catástrofes climáticas y la reducción del apoyo estatal.

La asignación de Sri Lanka para salud pública en 2025 representa tan solo el 1,5 % de su producto interior bruto, cinco veces menor que la cantidad asignada al servicio de los intereses de la deuda pública. Esta marcada disparidad pone de manifiesto las limitaciones fiscales que pesan sobre el gasto social básico.

Pero esta no es solo una historia de Sri Lanka

Forma parte de una emergencia de deuda global más amplia que está agotando las finanzas públicas en todo el Sur Global. Un gran número de países de África, Asia, América Latina, el Caribe, el Pacífico y Europa Central se han visto obligados a ceder la autonomía de su política nacional a instituciones financieras internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD).

Un informe reciente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) revela que la mitad de la población mundial —aproximadamente 3.300 millones de personas— vive actualmente en países que gastan más en intereses que en salud o educación. Solo en 2024, los países en desarrollo pagaron la asombrosa cifra de 921.000 millones de dólares en intereses, y las naciones africanas se encuentran entre las más afectadas.

La UNCTAD advierte que el aumento de las tasas de interés globales y una arquitectura financiera fundamentalmente injusta están consolidando un ciclo de dependencia y subdesarrollo.

Los países en desarrollo pagan habitualmente tasas de interés varias veces superiores a las que se aplican a los países ricos. Sin embargo, los mecanismos existentes de alivio de la deuda siguen siendo inadecuados: son improvisados, fragmentados y mayoritariamente sesgados a favor de los acreedores. La demanda de un mecanismo permanente y transparente de resolución de la deuda, centrado en la justicia, el desarrollo y la soberanía nacional, cobra cada vez más fuerza entre los gobiernos del Sur Global.

Este tema también está atrayendo la atención de los movimientos de base globales

Del 6 al 13 de septiembre, más de 500 delegados de todo el mundo se reunirán en Kandy, Sri Lanka, para el  3.er Foro Global Nyéléni por la soberanía alimentaria. El encuentro reunirá a pequeños productores de alimentos, pueblos indígenas, sindicatos, investigadores y centros de investigación sobre políticas progresistas. Uno de los temas clave será la crisis mundial de la deuda y cómo socava los derechos fundamentales a la alimentación, la educación, la salud y la tierra.

Se espera que el foro sirva como espacio para diseñar alternativas. En lugar de depender únicamente de negociaciones estatales o instituciones financieras tecnocráticas, los movimientos elaborarán estrategias para fortalecer el poder de las bases.

Su objetivo es vincular las luchas locales —como la de lxs agricultores que se resisten al acaparamiento de tierras o la de lxs trabajadores que se organizan por salarios dignos— con campañas globales que exigen la condonación de la deuda, reparaciones climáticas y la transformación del sistema financiero internacional.

Para quienes vivimos en el Sur Global, es evidente que una recuperación justa no puede construirse únicamente con objetivos fiscales y listas de verificación de cumplimiento. Exigimos la recuperación del espacio público para la inversión en bienes sociales, la democratización de la gobernanza de la deuda y la priorización de la dignidad de las personas por encima de los márgenes de beneficio de los acreedores.

Para Sri Lanka —y para innumerables países de África, Asia y América Latina— esta podría ser la reestructuración más urgente y necesaria de todas.

Fuente: La Vía Campesina