La paradoja de los derechos de las mujeres en Perú

En Perú, los derechos de las mujeres existen en una extraña paradoja: sobre el papel, tenemos leyes, representación y compromisos internacionales que prometen igualdad; en la realidad, nuestras vidas cuentan una historia diferente. El progreso político coexiste con una negligencia persistente, con cifras que halagan y datos que fallan. Esta contradicción no se esconde en las sombras: el doloroso contraste queda claramente reflejado en las cifras que mostramos con tanto orgullo.

Según el  Índice de Genero de los ODS, Perú obtiene una puntuación de 72.9 en “Proporción de cargos ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales”, una cifra que sugiere progreso, visibilidad y liderazgo. Sin embargo, cuando dirigimos nuestra mirada a la salud, la puntuación cae drásticamente a 35.5, apenas la mitad. Las mujeres están presentes en el Congreso, pero ausentes del sistema de salud que debería protegerlas.

Si la participación política fuera suficiente, nuestras calles serían mas seguras, nuestros hospitales accesibles y nuestras voces se escucharían más allá de las urnas. Pero en Perú, como en gran parte de Latinoamérica, la representación no ha roto las cadenas de la desigualdad, simplemente las ha hecho menos visibles para quienes gobiernan.

Los datos cuentan una historia. Las vidas de las mujeres rurales, indígenas y pobres cuentan otra, en la que el acceso a los servicios básicos de salud sexual y reproductiva es una realidad lejana. Con hospitales, expertos y atención médica inaccesibles. Como señala la politóloga  Stéphanie Rousseau en « La política de salud reproductiva en Perú«, «aunque las reformas del sector salud han tenido un impacto positivo en la salud reproductiva de las mujeres, las numerosas restricciones impuestas al derecho de las mujeres a tomar decisiones reproductivas han bloqueado un mayor progreso”.

Las consecuencias no son abstractas. En 2020, la tasa de mortalidad materna en Perú llegó a 69 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, según la Organización Mundial de la Salud, muy por encima del promedio latinoamericano de 45, y casi cinco veces superior a la de Chile (16) y Uruguay (13). Estas cifras representan a mujeres cuyas vidas podrían haberse salvado con una atención oportuna, partos seguros y el cumplimiento de los derechos ya reconocidos por la ley.

Pero estas injusticias no son solo fallos morales, sino también traiciones legales. Perú ha firmado compromisos internacionales: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y otros. No se trata de tratados lejanos que acumulan polvo en los archivos diplomáticos. Son compromisos vinculantes, redactados para salvaguardar la dignidad, la salud y la seguridad de las mujeres, compromisos destinados a llegar a todas las salas de hospital, tribunales y aldeas remotas de nuestro país.

Las leyes que protegen los derechos de salud sexual y reproductiva existen sobre el papel, pero siguen lejos de la realidad de las mujeres rurales, indígenas y pobres. Las clínicas no tienen servicios esenciales. No hay atención reproductiva integral. Los marcos jurídicos proclaman la igualdad, pero desaparece en los lugares donde las mujeres siguen enfrentando embarazos forzados, partos inseguros y negligencia sistémica.

La Constitución habla de igualdad, pero la igualdad no recorre los caminos donde las mujeres llevan solas sus embarazos. El Ministerio de Salud emite protocolos, pero esos protocolos no salvan vidas cuando el centro de salud más cercano esta cerrado o cuando el único medico se ha ido. Los derechos sin acceso son vacíos. Los compromisos sin implementación, una traición.

En este contexto, la representación política no debe confundirse con la liberación. No podemos aceptar la ilusión de progreso que surge del aumento del número de mujeres en cargos públicos si no va acompañada de medidas concretas para eliminar las barreras estructurales. El empoderamiento no es un lema vacío, sino la realidad vivida sin miedo, el acceso a la atención de salud sin barreras y la posibilidad de alzar la voz sin represalias.

La brecha entre la ley y la vida no es una falla política abstracta, es una crisis cotidiana. Es la joven de una provincia rural obligada a dar a luz después de una agresión sexual porque el aborto es inaccesible. Es la madre que muere de camino a un hospital que nunca tiene la capacidad de atenderla. Del mismo modo, es la comunidad indígena donde los derechos reproductivos solo existen en el lenguaje de tribunales lejanos, no en la práctica de los sistemas de salud locales.

Si medimos el éxito solo por la presencia de mujeres en el poder, ignoramos la ausencia de justicia en sus comunidades. Los números en el Parlamento no pueden compensar las salas de maternidad vacías. El reconocimiento internacional no puede sustituir el derecho a un parto seguro.

Hago un llamado al Congreso peruano para que no legisle por las apariencias, sino por la autonomía. Para garantizar que la salud, la seguridad y la dignidad sean una realidad en todas las provincias. Hago un llamado a los donantes internacionales para que financien la lucha por la libertad reproductiva, no solo la participación política. Y hago un llamado a la sociedad peruana para que reconozca que la representación sin derechos no es ninguna victoria.

La representación es importante. Pero solo es el principio. El empoderamiento real se produce cuando cada mujer controla su futuro —su cuerpo, su salud, su voz— independientemente de dónde haya nacido o de lo lejos que viva de la capital. Hasta ese día, la paradoja seguirá existiendo y el progreso será una promesa a medias.

Fuente: Global Voice