La resistencia a la minería en Argentina: una apuesta por la vida

Entre fines del 2019 y este número de Biodiversidad, sustento y culturas, varias provincias argentinas se vieron amenazadas por el avance de la megaminería con dos ejes en común: la connivencia de los gobiernos provinciales con las empresas tratando de modificar (o modificando) leyes a conveniencia de las mismas y la resistencia popular en las calles como protagonista absoluto del rechazo a los intereses corporativos. Esto logró en varios casos (y hasta el presente) frenar los proyectos que se intentaron imponer. Compartimos un recuento de estas luchas ejemplares y de cómo se vivieron estas resistencias en cada territorio.

- Un trabajador ingresa al socavón sin casco ni protección que le evite inhalar los vapores de metales pesados. Foto: Viviana Sánchez Prada

Por un lado en la provincia de Mendoza está vigente la emblemática ley 7722 que regula la actividad minera, prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas, en la minería metalífera. La norma fue sancionada en 2007 gracias a la presión del pueblo autoconvocado, y su constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema mendocina en 2015, tras haber sido atacada por doce pedidos de inconstitucionalidad. En diciembre de 2019 el gobierno provincial aprobó la modificación de la ley 7722 el día 20 de diciembre y el 24 de diciembre publicó la ley 9.209 que modificaba varios artículos de la ley. Con la nueva legislación se habilitó el uso de cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas que las empresas requieren para desarrollar minería a gran escala, a cielo abierto.

La noticia hizo que el pueblo mendocino saliera masivamente a las calles y se movilizara entre el 20 y el 30 de diciembre para rechazar la modificación de la ley vigente. Esta reacción popular fue acompañada por movilizaciones en todo el país. La presión llevó a que el 30 de diciembre la legislatura de Mendoza, en una sesión especial, diera marcha atrás en la medida.

María Teresa “Guni” Cañas, integrante de la Asamblea Popular por el Agua le decía en esos días a La Vaca: “No sabíamos cuánto había calado la conciencia sobre el problema del agua. No sabíamos cuál iba a ser el límite. ¿Qué dejara de salir agua de las canillas, o que estuviera totalmente contaminada? No, el límite fue que tocaron la ley 7722 y la gente sabe que ésa es la puerta de entrada para instalar la minería que significaría una destrucción de nuestra vida productiva, del ambiente y lo que más vale para la gente: el agua. A la ley le decimos ‘La guardiana del agua’. La conseguimos con nuestra movilización pacífica, y la vamos a defender pacíficamente. La violencia aquí es querer imponernos estos proyectos de destrucción territorial, contaminación y saqueo del agua”.

En la provincia de Chubut, en la Patagonia argentina, desde hace años se viene intentando modificar la ley 5001, aprobada en 2003 después de que la ciudad de Esquel rechazara la minería metalífera mediante un plebiscito histórico en la ciudad con un 83% de los votos de la población. En febrero del 2021 y luego el 5 de marzo se intentó tratar en la legislatura provincial un proyecto de modificación de la ley. En este caso se trataba de modificar la zonificación para dar lugar al proyecto de la empresa canadiense Pan American Silver que intenta desarrollar una explotación de plata a cielo abierto conocida como “Proyecto Navidad”. Una vez más la movilización social impidió que este proyecto fuera tratado.

Pablo Lada, miembro de la Unión de Asambleas de la Comunidades de Chubut explicaba en esos momentos: “Ahora se les pone más difícil el debate. Siempre digo que la minería es ‘piantavotos’ y lo demuestra el hecho de que hasta el propio Arcioni para ganar la elección se declaraba antiminero. Es un año electoral y se les va complicar, por eso querían acelerar el debate para evitar esta situación. Pero nuestra lucha continúa porque, al mismo tiempo, la legislatura está obligada a debatir antes de julio la iniciativa popular que propone un modelo de desarrollo sin minería química”.

En Andalgalá, Catamarca, la población local viene resistiendo desde hace casi dos décadas los proyectos mineros que han ido llegando con sus espejitos de colores y ya llevan realizadas 583 caminatas en contra de la instalación del yacimiento Agua Rica de la minera Yamana Gold. Ana Chayle integrante de la Asamblea El Algarrobo relata los últimos acontecimientos a Huerquen: “el día miércoles 7 de abril algunos compañeros ascendieron a un punto cercano donde está el yacimiento minero Agua Rica y constataron con fotografías y filmaciones que estaban subiendo maquinaria para iniciar la perforación de los 11 pozos en el yacimiento, y que eran escoltados por Gendarmería. Al darse a conocer esta noticia, la mayoría del pueblo de Andalgalá expresó su descontento y su enojo ya que esto se hace, no solamente poniendo en riesgo nuestra fuente de agua —y de esto tenemos pruebas y hay mucha documentación científica—, sino también que se hace de manera totalmente ilegal porque están violando normas conocidas por todos como la ley nacional de glaciares, la ley general del ambiente, el artículo 41 de la Constitución Nacional y la ley de bosque nativo. La caminata como siempre se realizó de manera pacífica. Desde la Asamblea hemos llamado siempre a manifestarnos pacíficamente y hemos recurrido a todas las vías legales. Llevamos 11 años caminando pacíficamente, llevamos 11 años de batallas judiciales, llevamos 11 años de que nos atropellen todo el tiempo y la verdad que el pueblo de Andalgalá está cansado”.

Rosa Farías, del mismo espacio complementa: “La movilización había sido bastante promocionada por la Asamblea debido a que realmente el paso de la perforadora que está en el cerro por comenzar a hacer los pozos nos movilizó de tal modo que hicimos una sentada de mujeres en su mayoría, los días jueves y viernes. Y el sábado era la convocatoria semanal que tenemos desde hace más de 580 sábados. Íbamos caminando como siempre y cuando ya iba pasando el grupo de la mayoría de las personas, empiezan a suceder situaciones de violencia. Obviamente que fue toda una sorpresa, mucha gente quedó mirando, pero después siguió y se concluyó frente a la plaza. Nosotros hemos venido demostrando en todos estos años que nuestras marchas son pacíficas. Lamentablemente esta terminó con una situación que no es agradable para nadie y ahora estamos a la espera porque se dice que van a haber detenciones; que la empresa ha hecho una denuncia penal (no sabemos contra quién) pero ésas son cuestiones de la judicialización de las luchas sociales. Para nosotros no es nuevo ya que nos ha pasado en muchísimas oportunidades”.

Al cierre de este número (abril de 2021) comenzó una persecución policial de los participantes de las movilizaciones y varios de ellos se encuentran detenidos; por lo que se ha iniciado un reclamo nacional e internacional por la liberación de los mismos.

Los pueblos están demostrando que la minería no tiene licencia social y muchos investigadores han ratificado en todos los casos la amenaza socioambiental que representa la megaminería. Por ahora la respuesta ha sido la represión a las movilizaciones y la negación de lo que la ciencia digna plantea. Lo que queda al descubierto es que gobernar al servicio de las corporaciones tiene un límite que los pueblos están marcando con claridad y que así se abren las puertas para nuevas posibilidades de una democracia real y participativa al servicio del Buen Vivir. 

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Notas:

1. www.unsam.edu.ar/tss/la-defensa-del-agua/

2.  www.biodiversidadla.org/Noticias/El-gobierno-de-Chubut-no-pudo-avanzar-con-el-proyecto-para-habilitar-la-megamineria

3.  www.biodiversidadla.org/Documentos/Andalgala-Llevamos-11-anos-de-resistencia-pacifica-a-la-megamineria-Asamblea-El-Algarrobo

Fuente: Revista Biodiversidad, sustento y culturas #108

Temas: Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades, Minería

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