La imperiosa necesidad de un nuevo paradigma
Es necesario arrancar el velo de la mentira: lejos estamos del Uruguay natural. El país se encuentra a esta altura en un proceso de extranjerización y de degradación socio-ambiental progresivo, fruto, esencialmente, de la falta de voluntad política para implementar un modelo agroeocológico incluyente y participativo, con bases en una visión diferente del uso y conservación sostenible de los distintos bienes y servicios de nuestro ambiente.
Entre 2000 y 2008 se vendieron 5,4 millones de hectáreas de suelo uruguayo a extranjeros, en su inmensa mayoría no residentes. Esto es el equivalente a la superficie agropecuaria de los departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia juntos.
Gran parte de estas transacciones se realizaron en 2007 y fueron adquisiciones realizadas por empresas extranjeras: grupos sojeros de Argentina, ganaderos de Brasil, fondos de inversión de Nueva Zelanda y Estados Unidos y compañías forestales de Europa.
A fines de 2008 se calculaba que los extranjeros detentaban la cuarta parte del suelo productivo del país.
De acuerdo con las cifras que maneja el Grupo Guayubira, al día de hoy habría al menos 680.000 hectáreas en manos de empresas forestales extranjeras.
Con respecto a la forestación, la concentración de tierras en pocas manos es un ejemplo: 250.000 hectáreas en manos de un solo consorcio integrado por Stora Enso y Arauco. Para tener una idea acerca del tamaño de este latifundio, basta decir que equivale a cinco departamentos del tamaño de Montevideo.
Qué pasa con nuestros vecinos
Brasil se convirtió el año pasado en el mayor consumidor mundial de agrotóxicos con 733,9 millones de toneladas. De esta forma superó a Estados Unidos que ese año utilizó 646 millones de toneladas.
Con estas escalofriantes cantidades de veneno utilizados en la agricultura, no es de extrañar que rastros de los mismos perduren en frutas, hortalizas, cereales, leche y carne.
De acuerdo a los últimos datos proporcionados por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa), más del 15 por ciento de los alimentos consumidos en el país contienen un exceso de residuos de agrotóxicos.
El 64 por ciento de las muestras de morrón (pimiento) analizadas presentaron irregularidades, seguidas por las de frutilla, uva y zanahoria, con 30 por ciento de muestras irregulares cada una.
Todos los alimentos analizados presentaban índices de agrotóxicos por encima del límite permitido o residuos de productos no autorizados. En el caso de los morrones, de los 22 agrotóxicos detectados en su cultivo 18 no son autorizados, irregularidad que también se constató en las 365 muestras de frutillas estudiadas. ¿A esto se le llama alimentación saludable?
La Argentina cuenta con 17 millones de hectáreas sembradas de soja transgénica y consume entre 180 y 220 millones de litros de glifosato por año.
¿Adónde va todo este veneno, y otros que se usan en éste y otros cultivos? ¿Al suelo? ¿Al aire? ¿Al agua? ¿A los alimentos? ¿A los pobladores? ¿A los trabajadores rurales? ¿Qué consecuencias tiene en la salud? ¿Que consecuencias tiene en la salud consumir soja transgénica?
Son demasiadas dudas e incertidumbres, y la lista podría ser aún mucho más larga.
Soberanía alimentaria
Como resultado de la aplicación de los principios agroecológicos se logra transitar hacia la soberanía alimentaria de un país.
Antes de la colonización todas las culturas del mundo eran alimentariamente soberanas, o sea, producían lo que consumían.
Con la colonización las mejores tierras de los países del Sur, las que antes producían alimentos para las poblaciones locales, se convirtieron en plataformas de exportación; se destinaron a producir alimentos para mercados lejanos.
La soberanía alimentaria es el derecho de todos los pueblos a poder definir su propio sistema de producción, distribución y consumo de alimentos. Es el derecho de los pueblos rurales a tener acceso a la tierra, a poder producir para sus propios mercados locales y nacionales, a no ser excluidos de esos mercados por la importación de mercaderías provenientes de las empresas transnacionales. Y también es el derecho de los consumidores a tener acceso a alimentos sanos, accesibles, culturalmente apropiados con la gastronomía, la historia culinaria de su país y producidos localmente.
Si un país no es capaz de alimentar a su propia gente, si depende del mercado mundial para la próxima comida, se coloca en una situación profundamente vulnerable frente a la buena voluntad de las superpotencias o las fluctuaciones del mercado. Por eso se utiliza el concepto de “soberanía”.
La soberanía alimentaria y la sustentabilidad están entre las más importantes prioridades, antes que las políticas de comercio.
En este contexto, ¿quién decide lo que comemos? La respuesta es clara: un puñado de transnacionales de la industria agroalimentaria que, con el beneplácito de gobiernos e instituciones internacionales, acaban imponiendo sus intereses privados por encima de las necesidades colectivas. Ante esta situación, nuestra seguridad alimentaria está gravemente amenazada.
“Un pueblo que no logra producir sus propios alimentos es un pueblo esclavo, dependiente… política, económica e ideológicamente".
Un cambio hacia la agroecología
Urge hacer un cambio de la actual tecnología en la producción, hacia una agricultura con base en los principios de la agroecología, sana y sustentable, una producción agrícola que parta del respeto y del equilibrio con las condiciones naturales, la cultura local y los saberes tradicionales.
Está demostrado que los sistemas de producción agroecológicos pueden ser hasta más productivos, resisten mejor las sequías y los cambios climáticos y que por su bajo uso de insumos externos son más sustentables económica, ambiental y socialmente.
Ya no es posible sostener el lujo de consumir alimentos cuyos precios estén vinculados al petróleo, ni mucho menos dañar la productividad futura de los suelos por medio de la agricultura convencional-industrial, con grandes extensiones de monocultivos mecanizados y llenos de venenos y transgénicos.
La producción natural ha alimentado al mundo durante miles de años, y sin ayuda del gobierno. Porque, ya está bien claro, la agricultura convencional no es rentable. Está sostenida o subsidiada por fondos públicos. Los agricultores químicos o convencionales no sobrevivirían sin las ayudas gubernamentales (subsidios), si no véase lo que está pasando con la lechería, la ganadería, la horticultura, etc.
Está claro que se necesita un paradigma alternativo de desarrollo agrícola, uno que propicie formas de agricultura ecológica, sustentable y socialmente justa.
Rediseñar el sistema alimentario hacia formas más equitativas y viables para agricultores y consumidores requerirá cambios radicales en las directrices políticas y económicas que determinan qué, cómo, dónde y para quién se produce.
El concepto de soberanía alimentaria debiera transformarse en política agraria clave, ya que constituye la única alternativa viable a un sistema alimentario que depende de importaciones tanto de alimentos como de insumos y tecnología foránea y cara.
La función de la agricultura debe ser alimentar a la población, no la especulación monetaria. Por encima del beneficio empresarial está el derecho de las personas a la alimentación.
El país está hoy ante una encrucijada y tiene que elegir entre dependencia o soberanía alimentaria, entre biodiversidad o transgénicos, entre alimentos sanos y energéticos o contaminados con venenos, entre productores agropecuarios o agronegocios empresariales y entre soberanía territorial o extranjerización de la tierra.
En definitiva, entre una producción ambientalmente sustentable y socialmente equitativa o un modelo agroexportador industrial que ya ha demostrado ser social y ambientalmente destructivo.
Las respuestas a la crisis de alimentos, del clima, de energía y la financiera no serán dadas por la vía del mercado, sino por la construcción de un nuevo paradigma donde el uso racional de los recursos naturales pase a tener la centralidad en el futuro de la civilización.
En ese sentido, la agricultura familiar de base agroecológica tiene las condiciones para dar las respuestas consistentes y sustentables a los dilemas de la civilización. El modelo de agricultura industrial o convencional que hace uso del paquete tecnológico solamente profundizará dicha crisis.
Se ha convertido al mundo entero en una mercancía, y lo que no tiene valor comercial no sirve, no importa y es exterminado. Pero, como dijo el jefe indio Noah Sealth: “El hombre no tejió la trama de la vida; él es sólo un hilo. Lo que haga con la trama se lo hará a sí mismo”.
Bibliografía consultada
Agricultura Agroecológica – Orgánica en el Uruguay. Principales conceptos, situación actual y desafíos. Barg Raquel y Queirós Fernando. Rapal, enero 2007.
Agrotóxicos y transgénicos: las multinacionales marcan el paso. RAPAL Uruguay, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina. María Isabel Cárcamo, Julio 2009.
Brasil: O maior consumidor de agrotóxicos agrícolas, Entrevista especial con Maria José Guazzelli Fuente:Instituto Humanistas Unisinos. Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Canelones y el agronegocio sojero. Vecinos Invasores. Virginia Matos, Publicado en Semanario Brecha, noviembre 2008.
Desplazamientos involuntarios por los agronegocios en Uruguay. Patricia P. Gainza y Mariana Viera Cherro. Revista Biodiversidad Nº 61, julio del 2009.
Importación de Productos Fitosanitarios. Departamento de Control de Insumos. MGAP – DGSA. Uruguay.
La apicultura amenazada por la utilización de plaguicidas. Red por una América Latina libre de Transgénicos. Boletín 339. Portal Apícola, 29/09/08
La soja en Uruguay - La creación de un nuevo bloque de poder
Raúl Zibechi, junio 2008.
La supuesta democratización de la soja, Eduardo Rulli. Revista Biodiversidad, N° 61, julio del 2009.
Sojización y concentración de la agricultura uruguaya, Trabajo de Investigación. Pedro Arbeletche, Carolina Carballo, agosto, 2006
URUGUAY - EL “MODELO PROGRESISTA”…UN PAÍS a la VENTA
Ernesto Herrera y Juan Luis Berterretche. Junio del 2009.
Verdades ocultas sobre nuestra comida. Silvia Ribeiro, La Jornada, México, agosto de 2009.
Fuente: UITA