México: Cinco tesis sobre la violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía
"El maíz no es una cosa, un producto; es un tramado de relaciones, es la vida de millones de campesinos cuyo centro civilizatorio milenario es la comunidad y la vida en la siembra."
Hubo consenso y se decidió que viniera el maíz morado, el maíz amarillo, el maíz rojo y el maíz blanco, y de esto se hicieron nuestros huesos, nuestra sangre, nuestra carne...
Popol Vuh
El maíz no es una cosa, un producto; es un tramado de relaciones, es la vida de millones de campesinos cuyo centro civilizatorio milenario es la comunidad y la vida en la siembra. Siendo México centro de origen del maíz, uno de los cuatro alimentos cruciales para la humanidad, los ataques al maíz y a los pueblos que lo cultivan, son un ataque contra las estrategias más antiguas y con más posibilidades de futuro de la humanidad.
El maíz es también un cultivo comercial importante para el sustento de millones de familias de agricultores. Su rentabilidad puede fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del país si se contara con las políticas públicas apropiadas para lograrlo.
La primera tesis que proponemos es que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN requirieron que el Estado mexicano comenzara un interminable desmantelamiento jurídico de todas las leyes que promovían derechos colectivos y protegían ámbitos comunes, en particular los territorios, de los pueblos indígenas y campesinos, sus tierras, aguas, montañas, y bosques. El TLCAN requirió también el desmantelamiento de todo el sistema de programas, proyectos y políticas públicas que apoyaban la actividad agrícola, en detrimento de los pequeños y medianos agricultores mexicanos y en beneficio de la agricultura estadounidense, sobre todo la que busca acaparar mercados, procesos y financiamientos, es decir, la agricultura de las corporaciones. Este desmantelamiento llegó al extremo de apostarle a las importaciones de maíz, pese a que es un producto básico para la alimentación de la población mexicana y pese a todas las asimetrías en productividad y subsidios —existentes entre los productores de Estados Unidos y Canadá y los productores mexicanos. Aunque se contaba con un plazo de 15 años para liberalizar por completo el comercio exterior del maíz, el gobierno mexicano, unilateralmente, permitió la entrada de importaciones por arriba de la cuota y sin arancel. Esto redujo los precios internos de maíz en un 50%, lo que benefició tan sólo a los cárteles transnacionales que controlan el grano.[1]
Una segunda tesis es que este desmantelamiento jurídico y esta privatización tienen como fin último la erradicación de toda producción independiente de alimentos.
Para lograrlo, las grandes corporaciones en todo el mundo se han propuesto el despojo, la erosión e incluso la criminalización de una de las estrategias más antiguas de la humanidad, que es el resguardo y el intercambio libre de semillas nativas ancestrales. No parece importarles el atentar contra todos los saberes propios de la agricultura tradicional campesina y agroecológica, para así promover el cultivo y la comercialización de semillas de laboratorio (híbridos, transgénicos y más), mediante leyes expresas que le abren espacio a las grandes corporaciones para lograr sus fines. Los dos ejemplos más contundentes son la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, o “Ley Monsanto” y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
Una tercera tesis es que estas leyes promueven una invasión transgénica —que comenzó en 2001— e inevitablemente contaminará a las 62 razas y miles de variedades que existen en México. Los regímenes de propiedad intelectual y los registros y certificaciones terminarán despojando de su diversidad a las semillas nativas.
Una cuarta tesis es que atentar contra los sistemas de agricultura campesina ancestral y sus variantes agroecológicas modernas, atentar contra bienes comunes tan cruciales como las semillas nativas, devasta la vida en el campo y debilita las comunidades, agudizando la emigración y la urbanización salvaje, favoreciendo la invasión de los territorios campesinos e indígenas para megaproyectos, explotación minera, privatización de agua, plantaciones de monocultivos, deforestación y apropiación de territorios en programas de mercantilización de la naturaleza, como REDD y servicios ambientales.
Una quinta tesis es que todo el sistema que está en el fondo de este desmantelamiento jurídico, de este intento por erradicar la producción independiente de alimentos y por monopolizar la rentabilidad de un cultivo tan versátil —eliminando así toda la gama de sembradores que no sean corporaciones, desde pueblos indígenas hasta agricultores de mediana o pequeña escala—; todo el sistema que está en el fondo de los encarecimientos desmedidos en los precios de los alimentos y de la crisis alimenteria generalizada, es responsable de una buena parte de la crisis climática.
Hay suficientes pruebas de que el sistema agroalimentario mundial, debido a su integración vertical (con su acaparamiento de tierras y agua, con sus semillas de laboratorio híbridas y transgénicos, con su promoción de agrotóxicos que erosionan el suelo, con su deforestación, sus monocultivos, el transporte que emplea, el procesado industrial, el empacado, el almacenamiento y la refrigeración) es responsable de entre 45-57% de los gases con efecto de invernadero.[2]
En cambio, la parte agraviada, las comunidades campesinas e indígenas y los agricultores en pequeña escala hoy por hoy producimos un 70%[3] de los alimentos del mundo, y mantener nuestros cultivos ancestrales, con nuestras semillas nativas, podría enfriar la tierra si hubiera una voluntad política para defender los modos de vida que están en el centro de esta agricultura, para seguir cultivando el maíz en la comunidad que llamamos milpa: diverso, generoso, alimento en convivencia con otros alimentos, con plantas que curan, con árboles que protegen, con animales que también son nuestra fuerza. Para ello, es crucial que las comunidades tengan un control territorial, un autogobierno, una autonomía. Debemos frenar el acaparamiento de tierras y la invasión de los territorios de las comunidades.
La defensa del maíz rebasa los culturalismos. Es la defensa misma de una opción de independencia material y política real de los pueblos frente al mercado y su amenaza de dominar eternamente. El maíz es sustento material y también fuerza identitaria y sagrada. Al contaminarlo con transgénicos, al desmantelar la economía maicera desde las políticas gubernamentales, al despreciar la milpa, se atenta contra un proceso inédito, específico en el mundo, la propuesta civilizatoria mesoamericana. El ataque al maíz y a los pueblos que lo hemos criado es un crimen, pues, contra uno de los pilares de la civilización en su conjunto. Al defender a los pueblos del maíz, al defender el intercambio infinito de semillas campesinas, estamos defendiendo la supervivencia y las posibilidades de plenitud de la humanidad entera.
El maíz es nuestra sangre, nuestra carne, nuestra madre, nuestro hijo, es el que habla, ríe, se pone de pie y camina.
Poema náhuatl
Esta audiencia es promovida por más de mil comunidades de agricultores en mediana y pequeña escala, y campesinos indígenas en todo el país. Entre algunas de las organizaciones se encuentran la Red en Defensa del Maíz, Vía Campesina América del Norte, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, y decenas de organizaciones en Chihuahua, la Huasteca y la Península de Yucatán, entre muchos otros estados.
Notas
[1] Las investigaciones del Centro de Estudios para el cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) durante más de 15 años, son la fuente de estas concslusiones. Ver www.ceccam.org.mx
[2] Ver GRAIN, “Cuidar el suelo”, 18 de octubre, 2009; “Alimentos y cambio climático: el eslabón olvidado”, 28 de septiembre, 2011.
[3] ETC Group: “Who will feed us? Questions for the food and climate crisis”, 14 de diciembre, 2009.
Autoría del documento: Red en Defensa del Maíz, Vía Campesina, Ceccam, Grupo ETC, GRAIN, Colectivo Oaxaqueño por los territorios y más de mil comunidades y organizaciones en todo México, convocantes a la audiencia de maíz dentro del Capítulo México del TPP.