Natalia Morales: “El litio tiene que estar en manos de las comunidades”

Natalia Morales camina los pasillos de la Legislatura jujeña con la misma convicción con la que acompaña cortes de ruta en la puna, marchas de docentes en San Salvador o asambleas campesinas en El Ramal. Desde 2017 ocupa una banca como diputada provincial por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), pero su práctica política se forjó mucho antes: en las luchas universitarias, en el sindicalismo estatal y en el trabajo cotidiano junto a comunidades indígenas y campesinas en la Secretaría de Agricultura Familiar.

Lejos del marketing electoral y de las gestualidades vacías, su candidatura se propone desde el anticapitalismo, el feminismo y la organización territorial: denuncia el saqueo de los bienes comunes, rechaza el nuevo consenso político alrededor del litio y propone una salida colectiva al colapso ambiental y social que enfrentan las provincias.

Desde los cerros: una militancia forjada en las calles y el territorio

Natalia Morales nació en San Salvador de Jujuy en 1981. Hija de trabajadores, su padre oriundo de La Quiaca y su madre migrante boliviana, fue parte de una generación que enfrentó los planes de ajuste en los años noventa. Desde la secundaria organizó tomas, asambleas y marchas para defender la educación pública. Más tarde, como estudiante de ingeniería agronómica en la Universidad Nacional de Jujuy, se sumó a la Juventud del PTS y a la agrupación feminista Pan y Rosas.

En una carrera diseñada para formar técnicos del agronegocio, Morales encontró una cátedra alternativa donde se estudiaban cultivos andinos y agroecología. Allí comenzó su vínculo con las luchas campesinas, no como una visita ocasional, sino como parte de una práctica política transformadora. Su ingreso a la Secretaría de Agricultura Familiar a los 23 años le dio otra herramienta: el trabajo en territorio, codo a codo con comunidades indígenas y familias campesinas.

Durante más de una década recorrió los cerros y valles jujeños, acompañando reclamos por tierra, agua y soberanía alimentaria. Fue delegada sindical en ATE en dos oportunidades y parte de la organización nacional de trabajadores de la SAF. “El trabajo en territorio fue un antes y después en mi forma de pensar, de relacionarme con la naturaleza y también de comprender mejor el arraigo, la defensa del territorio y la cosmovisión de los pueblos originarios”, recuerda. Esa experiencia marcó su forma de hacer política: con los pies en la tierra, con perspectiva de género y de clase, y desde una militancia colectiva.

Una banca como trinchera: la izquierda en la Legislatura

En 2017, Morales fue electa diputada provincial. Fue una de las primeras mujeres del FIT-U en ocupar una banca en Jujuy y lo hizo con un resultado histórico: más del 15% de los votos. Desde entonces, su presencia en la Legislatura se convirtió en una excepción incómoda para el poder político local. Juró por la lucha feminista, por los pueblos originarios y por las y los trabajadores del mundo. 

Lejos de la demagogia institucional, su paso por la banca fue acompañado de presencia en las calles: con estatales, con docentes, con comunidades que defendían el agua y con mujeres organizadas. Publicó junto a compañeras el libro Extractivismo: saqueo, resistencias y estrategias en disputa, donde se condensan años de debates y experiencias políticas desde el marxismo feminista.

En 2018, Morales fue despedida de la Secretaría de Agricultura Familiar por el gobierno de Gerardo Morales, mientras se encontraba con licencia por su rol parlamentario. Lo denunció como una medida persecutoria, en sintonía con los despidos masivos en el organismo. Para ella, la banca nunca fue un fin personal, sino parte de una estrategia colectiva: “Ser elegida como diputada no fue un objetivo último ni un fin en sí mismo personal, fue una conquista y una pelea colectiva”, afirma. Y agrega: “Siento un compromiso muy profundo con los pueblos originarios y las opresiones en el mundo”, un compromiso que articula desde la acción en el territorio y la reflexión desde el marxismo feminista.

La reforma constitucional: institucionalizar el despojo

Uno de los momentos más duros —y más potentes— de su recorrido reciente fue la resistencia a la  reforma constitucional de Gerardo Morales en 2023. “Jujuy vivió ocho años de un régimen autoritario. La reforma fue el intento de coronar ese régimen: prohibieron los cortes de ruta, avanzaron sobre los territorios indígenas, priorizaron el uso productivo del agua por sobre la vida”, denuncia.

Pero lo que parecía una maniobra sin resistencia terminó en una rebelión popular. El jujeñazo —como se conoció al levantamiento— puso en escena una Jujuy distinta: de comunidades cortando rutas, de docentes en huelga, de mujeres y jóvenes resistiendo la represión. Morales fue parte activa de esa revuelta. Aunque la reforma fue impuesta, explica la candidata, “también mostró que hay otra Jujuy: la que lucha, la que no se resigna”.

Ese proceso marcó un punto de inflexión en la política jujeña y en su propia militancia. Morales recuerda que la reforma constitucional “quiso coronar una serie de políticas regresivas”, pero señala que “muchos incisos desfavorables se impidieron con el levantamiento de docentes, comunidades indígenas y el pueblo trabajador”. Para la diputada, la reforma “carece de legitimidad en muchos aspectos gracias a la lucha que se dio”, aunque advierte que dejó consecuencias graves: “En Jujuy quedaron prohibidos legalmente los cortes de calle y de ruta, lo que afecta directamente a las comunidades indígenas, cuya tradición de lucha está asociada a los cortes”.

Litio para quién: del triángulo al sacrificio

Mientras Argentina es incorporada como socio estratégico de Estados Unidos para garantizar el acceso a minerales críticos, energía nuclear e inteligencia artificial, en las provincias del norte se profundiza un modelo extractivista que combina endeudamiento, saqueo y represión. El litio, el cobre, el agua y los territorios indígenas se convierten en piezas clave de la disputa geopolítica global, con el aval del gobierno de Javier Milei, las corporaciones transnacionales y los oficialismos provinciales. En Jujuy, ese modelo ya mostró sus consecuencias: desalojos forzados, criminalización de la protesta y una reforma constitucional que institucionalizó el despojo.

El litio ocupa hoy un lugar central en la agenda económica nacional. Empresas como Albemarle, Rio Tinto, Posco, Livent y Ganfeng avanzan sobre los salares con complicidad política y represión policial. En paralelo, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y la diplomacia del Departamento de Estado sellan la subordinación energética del país a los intereses del norte global. La instalación de pequeños reactores nucleares —como parte del programa FIRST— y la infraestructura de IA colocan a Argentina como un eslabón más en una cadena de valor que produce devastación en un extremo, y tecnología de punta en el otro.
Morales cuestiona lo que define como un “consenso exportador”, que reúne tanto a sectores liberales como progresistas bajo una misma lógica: el aval al saqueo en nombre del desarrollo. “Con las leyes del mercado, se prioriza siempre la forma más económica y destructiva para que la Argentina siga aportando materias primas y terminar siendo una zona de sacrificio”, denuncia.

Desde su banca en la Legislatura y su trabajo con comunidades en la puna jujeña, propone una alternativa soberana y colectiva: “El litio tiene que estar en manos de las comunidades que habitan los salares y de los trabajadores mineros en aquellos lugares donde ya existe producción, para que sea sostenible”. En paralelo, plantea el respeto a la consulta previa, la entrega de títulos comunitarios y el cese inmediato de los desalojos.

Ajuste, FMI y salida feminista

El contexto nacional no ofrece respiros. El gobierno de Javier Milei impuso un ajuste brutal sobre jubilaciones, salarios, educación y salud, al tiempo que avanza en acuerdos con el FMI, leyes pro mineras como el RIGI y recortes a las organizaciones sociales. Morales no se calla: “Nos enfrentamos a un gobierno misógino y racista, pero también a oposiciones como el PJ y la UCR, que ya gobernaron y fracasaron, y que estando en el Congreso aportan votos, ausencias, a favor de los ajustadores y sobre todo la gobernabilidad”. 

Desde el FIT-U proponen medidas concretas: un salario actualizado por inflación, el 82% móvil para jubiladas, una moratoria previsional que reconozca especialmente el trabajo no remunerado de las mujeres, y una política industrial y energética en manos de trabajadores. En la puna, apoyan proyectos agroecológicos impulsados por sindicatos como UATRE 877 en Ledesma, que proponen una reconversión productiva frente al monocultivo y la megaminería.

Feminismo del norte: antifeudal, anticapitalista, antiextractivista

La política de Morales no es pura retórica. Está anclada en una experiencia situada, territorial y feminista. Ser mujer, trabajadora y dirigente de izquierda en el NOA implica romper cercos culturales, familiares y políticos. “Nos enfrentamos a gobernadores que se comportan como señores feudales, y a un sistema que nos quiere disciplinadas, agotadas y precarizadas”, denuncia.

Pero también —dice— hay una potencia enorme: “Somos las mujeres quienes sostenemos las luchas”. Como las del Ni Una Menos, las madres de Ledesma, las docentes, las mujeres indígenas que defienden el agua, las jubiladas que no se resignan. Desde ese lugar, propone una redistribución radical del trabajo, del tiempo y del poder: “Necesitamos empleo genuino y pelear por el tiempo, no solo trabajar sino también para descansar y para poder poder estudiar, disfrutar de la familia, para la recreación”. En un país donde el futuro se piensa desde los centros de poder, Morales insiste en construirlo desde los márgenes: con las mujeres, los pueblos originarios y la clase trabajadora al frente.

Fuente: LATFEM