Paraguay: plataforma para la hegemonía continental

El 18 de julio, en Asunción, dos equipos jugaron por un puesto en la semifinal de la Copa Libertadores de América de fútbol: River Plate de Argentina y Libertad de Paraguay. Antes de la finalización del partido, un pequeño grupo de hinchas del equipo argentino, que perdió 3 a 1, atacaron a la policía local, que no hizo más que retroceder y huir, no pudiendo controlar a los enardecidos que la acosaban con pequeños almohadones.

Esa incapacidad policial para contener a pequeños núcleos en un estadio de fútbol, pone al descubierto la fragilidad del Estado paraguayo y contrasta vivamente con la actitud de esas mismas fuerzas de seguridad que se ensañan con los campesinos pobres que demandan tierra. Unos cien activistas rurales han sido muertos por las fuerzas policiales, militares y parapoliciales desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989; cientos han sido heridos y más de dos mil están procesados.

Paraguay es un Estado fallido (failed state, en inglés) según la definición de Washington. Se trata de uno de los 50 estados del mundo que “carecen de legitimidad política y que no garantizan ni la seguridad ni los derechos como tampoco el acceso a bienes para la mayoría de sus ciudadanos” -1. Aunque este tipo de estados son una de las principales fuentes de preocupación, e intervención, de Washington—ya que se presume son espacios idóneos para el tráfico ilícito de armas y drogas, y para la instalación de redes terroristas—se suele dejar de lado que su existencia es producto de siglos de colonialismo e imperialismo agravados recientemente por las políticas neoliberales que debilitaron aún más los estados nacionales.

Algunas de las principales prioridades del Comando Sur confluyen, entre otros, en un país como Paraguay. En particular el segundo de sus objetivos consiste en asegurar que “los países ejerzan soberanía sobre su territorio” y que consigan “dominar espacios no gobernados” -2. Ello resulta clave para poder cumplir con las otras prioridades: asegurar los flujos de energía y proteger las infraestructuras críticas; asegurar que los países tengan voluntad de participar en “operaciones combinadas” como acciones antiterroristas, operaciones de paz y de asistencia humanitaria; impedir que apoyen a organizaciones terroristas; y que se fortalezcan gobiernos estables en el continente. Este conjunto de prioridades cobra especial importancia en un momento signado por el declive de la superpotencia y la emergencia de gobiernos latinoamericanos—progresistas y de izquierda—que tienen como uno de sus objetivos primordiales despegarse de la tutela de Washington y emprender rumbos independientes.

Un escenario estratégico

El Comando Sur establece como prioridad número uno el acceso a las fuentes de energía. Al haber ingresado el planeta en la curva descendente de recursos como petróleo y gas, cobra especial relevancia el acceso directo a otros potenciales recursos que implican una gama muy amplia: desde la biodiversidad y el agua hasta cultivos como la soja que pueden llegar a sustituir parcialmente al petróleo como fuente de energía. La política de “comercio y seguridad” diseñada por la Casa Blanca como sustituto de la doctrina de “seguridad nacional”, busca abordar este dilema. Sin embargo, la seguridad es una definición amplia y abarcativa, incluyendo no sólo al terrorismo sino a los potenciales desafíos que puedan surgir. Es en este sentido en el que Paraguay cobra una dimensión especial.

El pequeño país sudamericano (406 mil kilómetros cuadrados, 6 millones de habitantes, abundantes recursos hídricos y energéticos y una situación geopolítica estratégica -3), resulta clave para los equilibrios regionales. Como miembro del Mercosur, es una cuña geográfica y política entre Argentina y Brasil. Ambos países tuvieron una presencia determinante en Paraguay desde la guerra de Triple Alianza (1865-1870) -4, estando muy cerca de los ricos yacimientos de hidrocarburos del sur de Bolivia y con un acceso privilegiado a la Triple Frontera (Brasil, Argentina, Paraguay). De alguna manera, el control de Paraguay ha sido definido como la “bisagra” de América del Sur y forma parte del tercer escenario en importancia para el Comando Sur, luego de Haití y Colombia. Para “disciplinar los comportamientos regionales… los mandos militares de Estados Unidos están interesados en tener posiciones seguras y permisivas en esta zona, que además de su riqueza natural es vista como cuña para desactivar cualquier proyecto entre Argentina y Brasil que prescinda de la mediación de Estados Unidos” -5.

En este sentido, los cambios que se vienen registrando en el continente desde comienzos del siglo XXI, han realzado el valor estratégico del Paraguay. La cooperación entre Argentina y Brasil, que abarca los terrenos económico, político y militar, es fuente de preocupaciones para la Casa Blanca. El presidente del Círculo Militar de Brasil, general Luiz Gonzaga Lessa, señaló al semanario Brasil de Fato (23 junio 2006) que las fuerzas armadas, que históricamente estaban orientadas hacia el sur ante la hipótesis de conflicto con Argentina, en los últimos años fueron reorientadas hacia el norte, “sobre todo hacia Colombia”. Ahora, el desembarco estadounidense en Paraguay abre un flanco en la retaguardia brasileña, forzándola a atender dos frentes igualmente estratégicos -6.

Resumiendo: Paraguay es un Estado débil, incapaz de asegurar el control de una zona estratégica y enfrentado, como veremos, a fuertes movimientos de campesinos sin tierra que tiene grandes dificultades para contener; cuenta con importantes reservas hídricas y energéticas; y es un punto neurálgico para el control de una región que es visualizada como clave para asegurar la hegemonía global de los Estados Unidos.

Militarización interna

En paralelo, Paraguay vive un proceso de militarización interna focalizado en las áreas rurales. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? La sociedad paraguaya vivió tres largas décadas de dictadura militar (1954-1989) encabezada por Stroessner, “descendiente de alemanes, admirador del nazismo y protector de criminales de guerra escapados de Europa” -7. La dictadura contó siempre con el apoyo de Estados Unidos en virtud de su persecución a los partidos de izquierda y a los movimientos sociales. El régimen se apoyó en el Partido Colorado, que durante décadas mantuvo un control estricto de la sociedad, desde el gobierno central hasta los gobiernos departamentales y municipales, tejiendo una amplia red de control social que llegaba a todos los intersticios de la sociedad.

Con el fin de la dictadura creció la politización y la participación social y se expandieron los movimientos, sobre todo en las áreas rurales y, con ello, retrocedieron la militarización clásica y sobre todo la omnipresencia de un Partido Colorado cada vez más deslegitimado. Vale señalar que el poder político y el latifundismo están fuertemente relacionados y, a la vez, estrechamente vinculados a los negocios ilegales de tipo mafioso. En Paraguay coexisten cuatro grupos de poder: los intereses del capital transnacional de los cuales los cultivadores de soja son una extensión (estrechamente ligados a las empresas Cargill y Monsanto); los latifundistas; los narcos, que controlan extensos territorios donde cultivan marihuana y trafican insumos para la cocaína; y los “pseudo empresarios” (llamados empresaurios) que forman parte o se benefician del gobierno -8. No existe un verdadero empresariado, toda vez que nunca hubo un proceso de industrialización como en la mayor parte de los países sudamericanos, en tanto los empresaurios se benefician de licitaciones de obras públicas amañadas, el contrabando y del desvío de fondos públicos -9.

La militarización y paramilitarización del campo paraguayo están vinculadas al ascenso del movimiento campesino y a la ampliación de los cultivos de soja, que no crecen sobre las tierras de los latifundistas sino del pequeño campesino. La soja transgénica comenzó a expandirse en el ciclo agrícola 1999-2000. Se trata de la segunda oleada de agricultura intensiva; la primera se había registrado en los 70, con el ingreso de agricultores brasileños que expandieron la frontera de la soja tradicional desde los estados del sur de Brasil. El sociólogo paraguayo Tomás Palau asegura que “sin disponibilidad de tierras fiscales, la frontera de la soja se expande sobre tierras campesinas, sobre campos ganaderos reconvertidos y sobre lo que resta de monte” -10. La progresión de cultivos es asombrosa. En 1995 se cultivaban 800 mil hectáreas de soja; en 2003 se llegó a 2 millones. En el mismo período la producción pasó de 2,3 millones de toneladas a 4,5 millones. Pero en la misma década la extensión de los cultivos de algodón—de los que viven los pequeños y medianos campesinos—cayó un 20%, mientras el volumen de producción se redujo a la mitad.

Palau considera que la explosión sojera tuvo dos efectos: los ambientales , que se agravaron por la desaparición de los últimos bolsones de bosques en la región Oriental y por el uso indiscriminado de herbicidas y pesticidas; y los sociales , que “resultan dramáticos en un país que venía sufriendo un acelerado proceso de empobrecimiento y que ahora debe asistir a una expulsión masiva de familias campesinas de sus tierras”. El 25% de los campesinos paraguayos vive en la indigencia. El país sufrió así, según Palau, una triple pérdida de soberanía: “Depende de las exportaciones de un solo producto (soja) cuyas semillas serán proveídas por una sola empresa (Monsanto)”; pierde soberanía territorial, ya que grandes extensiones son adquiridas por extranjeros, en particular brasileños, los llamados “brasiguayos”; y también una pérdida de soberanía alimentaria, porque el monocultivo sustituye la diversidad de cultivos de subsistencia de las familias campesinas.

En los años 90, a medida que se intensifica la lucha campesina por tierra, los hacendados agrupados en la Asociación Rural comenzaron a crear grupos armados. “En 1996, cuando arreciaban las ocupaciones campesinas, crearon una organización paralela, la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada, que en realidad encubría una organización paramilitar” -11. En 2002 la Federación Nacional Campesina contabilizaba 36 muertos entre sus asociados, siendo 20 de ellos a manos de civiles armados y el resto por la policía en cortes de rutas y desalojos -12. Ese año el movimiento social, cuya columna vertebral es el movimiento campesino, había conseguido frenar las privatizaciones gracias a potentes movilizaciones nacionales encabezadas por la MCNOC (Mesa Nacional Coordinadora de Organizaciones Campesinas) y la FNC (Federación Nacional Campesina) que durante un tiempo confluyeron en el Congreso Democrático del Pueblo (CDP).

Con el ascenso a la presidencia de Nicanor Duarte Frutos, en agosto de 2003, se produce una inflexión que se resume en una contraofensiva neoliberal, el acercamiento a Estados Unidos y la militarización de la protesta social. Ese año el gobierno emitió el decreto 167 que “autoriza a las fuerzas armadas a actuar en tareas de seguridad interna, en colaboración con la policía nacional” -13. En noviembre de 2004 el gobierno decide sacar a los militares a las zonas rurales para contener la ola de ocupaciones de campesinos sin tierra. En febrero de 2005 se crearon 18 nuevos destacamentos militares en el interior del país, especialmente en los departamentos de San Pedro, Concepción, Caazapá y Guairá, que es precisamente la zona de mayor presencia de las organizaciones campesinas -14.

En este período y bajo el mando del Ministerio del Interior, se crean los Consejos de Seguridad Ciudadana, que operan prioritariamente en las áreas rurales. Tienen una estructura piramidal: cada grupo de unos 20 miembros tiene un jefe (según denuncias estarían integrados por miembros del Partido Colorado y delincuentes); luego un Consejo Distrital, un Consejo Departamental y finalmente un Consejo Nacional que depende del Ministerio del Interior. En estos momentos, según afirman las organizaciones campesinas, los cuerpos paralelos de seguridad, verdaderos grupos paramilitares armados por el Estado y promovidos por grandes hacendados y plantadores de soja, tendrían unos 22 mil integrantes. Las fuerzas de seguridad estatales cuentan con 9 mil miembros de la Policía y 13 mil de las fuerzas armadas, lo que permite concluir que los Consejos de Seguridad Ciudadana tienen tantos hombres en armas como la suma de los dos principales cuerpos estatales. Según los datos recogidos por la Misión Internacional de la CADA (Campaña por la Desmilitarización de las Américas), unos y otros reciben entrenamiento de miembros del Comando Sur. “Los empresarios sojeros se valen de una empresa denominada Guardias Rurales S. A. para realizar las expulsiones y apoderarse de las tierras campesinas, a tal punto que se habla de ‘zonas liberadas' donde las fuerzas del Estado no intervienen” -15.

Una muestra del talante del presidente Duarte Frutos se desprende de sus palabras pronunciadas el 30 de septiembre de ese año, cuando recorrió siete asentamientos de campesinos sin tierra en el departamento de San Pedro, una de las zonas más conflictivas del país. Les dijo que debían dejar de invadir tierras porque de lo contrario sufrirían las consecuencias: “Va a venir alguien a violar a sus mujeres e hijas y tendrán que callarse. Les darán de beber de su mismo remedio, la violencia” -16.

Todo indica que campesinos e indios son una molestia a erradicar, ya que su presencia estorba los negocios empresariales y los planes de dominación imperial. En 1989 la población rural era el 67% de la población total del Paraguay, habiendo descendido a sólo el 49% en 2002 y aproximadamente al 47% en 2006. Por primera vez en su historia, la mayoría de los paraguayos viven en ciudades. O, mejor dicho, se hacinan en el cinturón pobre e inundable de Asunción, donde han sido expulsados por el monocultivo de soja. Más aún: 120 personas se van por día del país; un millón y medio viven actualmente en Argentina. Según Tomás Zayas, dirigente de la Central Nacional de Organizaciones Indígenas y Populares (CENOCIP), el Banco Mundial aspira que para el año 2015 la población rural se ubique en el entorno del 10-12%, “para poder producir soja y caña dulce como sustitutos del petróleo” -17.

Presencia militar estadounidense

El 5 de mayo de 2005 el Congreso convirtió en ley 2594 la petición del embajador de los Estados Unidos para el ingreso de tropas con inmunidad similar a la que gozan los diplomáticos de ese país. El texto de la ley señala que se “otorgará igualmente la importación y/o exportación, así como exención de inspección e impuestos locales para los productos”, y que el gobierno de Paraguay y el de Estados Unidos “renuncian recíprocamente a cualquier reclamo que cualquiera de las Partes pudiera tener con la otra por daño personal, lesión o muerte de sus personales civiles o militares” -18. El acuerdo firmado prevé el desarrollo de 13 misiones conjuntas entre el 1 de julio de 2005 y el 31 de diciembre de 2006. El objetivo es capacitar a los militares paraguayos en el combate contra el terrorismo y el narcotráfico, ya que se aduce que las FARC tendrían actividades en el país a través del grupo Patria Libre y que existen actividades de narcotraficantes.

El 1 de julio desembarcaron en Paraguay 400 marines del Comando Sur -19. Pocos días después la prensa paraguaya aseguró que el FBI se instalará en ese país, cosa que podría efectivizarse recién en 2007 -20. En julio comienzan los primeros ejercicios militares consistentes en instrucción a militares paraguayos en lucha antiterrorista y antidrogas. Hacia fines de julio comienzan los primeros operativos médicos (conocidos como Medrete, Medical Readiness Education and Training Exercises) a cargo de militares estadounidenses. El embajador en Asunción, John F. Keane, niega que su país pretenda establecer una base militar en Paraguay. Hacia el 27 de julio, mientras 46 militares estadounidenses realizaban un operativo de atención médica cerca de la frontera con Brasil, el ejército de ese país movilizó 300 paracaidistas que simularon la toma de la represa de Itaipú en un operativo “relámpago” considerado por la prensa como “una sugestiva demostración de fuerza” que calificaron como “sin precedentes” -21. El 17 de agosto Donald Rumsfeld llegó a Asunción y se entrevistó con el gobierno paraguayo, asegurando que se trata de un “gobierno serio que apuesta a la democracia”, pero se mostró preocupado por la “inestabilidad regional” -22. Un día antes, el subsecretario adjunto del Tesoro para la lucha contra el financiamiento del terrorismo, Daniel Glaser, aseguró que “hay financiamiento del terrorismo en la Triple Frontera” -23.

La presencia militar permanente de Estados Unidos en Paraguay consiste en pequeños grupos de alrededor de 50 militares , que permanecen algunas semanas o meses, salen e ingresan otros. El aeropuerto militar de Mariscal Estigarribia, construido en los años 80 con ayuda de los Estados Unidos, no es hoy una base militar de ese país. La pista de aterrizaje tiene 3.800 metros de largo y 70 metros de ancho, es la más grande del país y está preparada para recibir grandes aeronaves como los Galaxy y B-52. En la población, en el corazón del despoblado Chaco, viven apenas dos mil personas de las cuales 300 pertenecen al Tercer Cuerpo del Ejército paraguayo. No obstante la base puede ser operativa en cualquier momento. Es cercana a las provincias argentinas de Salta y Formosa y está apenas a 250 kilómetros de los yacimientos de hidrocarburos de Bolivia.

Sin embargo, todo indica que Estados Unidos busca posicionarse en la Triple Frontera. Muchos funcionarios de ese país vienen señalando desde la década de 1990 que es un lugar “peligroso”. En octubre de 2005, el director del FBI, Robert Muller, afirmó en Asunción que en la Triple Frontera existen actividades de “recaudación de fondos, que en ciertas circunstancias se podrían utilizar para financiar actividades terroristas en diferentes partes del mundo” -24. En junio de 2006 el general John Craddock, jefe del Comando Sur, realizó una visita de inspección a la Triple Frontera. Finalmente, el 12 de junio la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó, a instancias de la diputada republicana Ileana Ros-Lehtinen, la presentación ante la OEA de un proyecto para “la conformación de una fuerza antiterrorista para controlar la región” de la Triple Frontera, que incluye las ciudades Foz de Iguazú (Brasil), Puerto Iguazú (Argentina) y Ciudad del Este (Paraguay) -25. Aunque el proyecto aún no cuenta con sanción del Senado, en las consideraciones se menciona que cerca de 30 mil libaneses viven en la Triple Frontera y que pueden conseguir fondos para Hamás y Hezbollá.

Ayuda humanitaria

La mayor parte de los “operativos” que realizan las tropas estadounidenses en Paraguay son de carácter “humanitario” y se realizan en la zona de mayor presencia de movimientos campesinos, en la franja de los departamentos de Concepción, San Pedro, Caaguazú, Itapuá, Alto Paraná y Misiones. Los operativos Medrete dependen del Comando Sur que integra unidades de entre 15 y 30 profesionales militares en salud para prestar atención médica, odontológica y oftamológica en regiones remotas o no atendidas por los estados. En 2001 el Comando Sur realizó más de 70 operativos Medrete atendiendo a unas 200 mil personas -26.

En Paraguay se desarrollan operativos Medrete—antes se realizaron los Nuevos Horizontes—en comunidades rurales pobres. Pero estas acciones son rechazadas por los movimientos campesinos que objetan varios aspectos:

1. Por el convenio de inmunidad, la aduana paraguaya no registra ni revisa el tipo de medicamentos que el Comando Sur ingresa al país, por lo que se desconoce qué tipo de medicinas se proporciona a la población. Las autoridades sanitarias del país que acoge el Medrete ceden su capacidad soberana de controlar los medicamentos que recibe la población. Según la CADA, “un mismo medicamento se aplica al parecer colectivamente a pesar de que las dolencias no sean similares”.

2. Las comunidades reciben atención una sola vez, ya que es muy raro que el Medrete retorne al mismo lugar. De ese modo, la supuesta acción “preventiva” que señala el Comando Sur queda sin efecto y la acción “humanitaria” tendría más bien un carácter propagandístico y de acostumbramiento de la población al contacto con tropas estadounidenses.

3. Los militares no sólo atienden a la población. Llenan una ficha de la persona con múltiples datos que vuelan junto a la misión “humanitaria”. En el primer operativo desarrollado en julio de 2005 en Canindeyú, sólo 16 de los 45 militares que acudiron se encargaban de la atención a la población -27. El resto se ocupan de otras tareas no especificas, pero testimonios recogidas por la CADA aseguran que “incluyen operativos adicionales de filmación del lugar, infiltración en las comunidades y recolección de datos”.

Según los datos disponibles, los operativos “humanitarios” forman parte de la construcción de una suerte de panóptico, un sistema integral de vigilancia , sobre las poblaciones más pobres, o sea aquellas que pueden provocar situaciones de inestabilidad.

En vista de este proceso de creciente presencia militar de Estados Unidos en Paraguay, se encendieron muchas alarmas. Eunicio Lima de Figueiredo, titular del Núcleo de Estados Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense (Rio de Janeiro), señaló que existe preocupación en Argentina y Brasil en el sentido de que “Paraguay puede convertirse en un inmenso portaaviones en el medio del Mercosur” -28. La cancillería brasileña fue clara en mostrar en varias ocasiones su malestar, y a fines de septiembre de 2005 el ejército brasileño realizó un nuevo operativo militar en Foz de Iguazú con 700 soldados de un batallón de infantería motorizado -29.

De todos modos, la presencia militar estadounidense presenta diferencias notables con la de períodos anteriores y la imagen del “portaaviones” no parece adecuada para describirla. La ocupación militar tradicional de una potencia implicaba la presencia masiva de tropas y por lo tanto la construcción de enormes bases militares dispersas en el territorio e interconectadas por diferentes medios. Sin embargo, en esta etapa esas grandes bases permanentes con grandes contingentes, si bien siguen existiendo, no son la única forma de operar militarmente, ni siquiera la más habitual. Sin embargo, la no visibilidad de esas grandes infraestructuras no quiere decir que el militarismo no esté avanzando.

Actualmente la militarización se abre paso fabricando “escenarios” (como la imagen de la presencia terrorista en la Triple Frontera o acusando a los movimientos campesinos de desestabilizadores o aliados del terrorismo) y formando una verdadera red de pequeñas y hasta microinstalaciones—que no operan como “bases extranjeras” porque las nuevas teconologías permiten mayor flexibilidad—que pueden ser activadas en el momento oportuno. Además de construcciones y cuarteles hay que hablar de flujos y movimientos, y sobre de todo de potencialidades. La guerra y la militarización se comportan hoy como la producción posfordista, que combina todas las formas, desde el trabajo semiesclavo hasta el trabajo inmaterial. Del mismo modo, en Paraguay se combinan enormes infraestructuras—como la base de Mariscal Estibarribia—con operativos humanitarios, pequeñas instalaciones y la militarización interna del país.

Los movimientos campesinos

Paraguay tiene la peor distribución de tierra del continente: 1% de los propietarios concentran el 77% de la tierra. El 40% de los agricultores, con menos de 5 hectáreas, tienen apenas el 1% de la tierra. Existen 350 mil familias sin tierra mientras 351 propietarios concentran 9,7 millones de hectáreas. Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja, que ocupa el 64% de la superficie agrícola del país.

En los años 60 surgieron las Ligas Agrarias Cristianas que fueron desarticuladas por la represión en 1976. En 1980 comienza una nueva etapa con la creación del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y en 1986 la Coordinadora Nacional de Productores Agrícolas (CONAPA). A raíz de la crisis del algodón en 1993, cultivo del que dependen los pequeños agricultores, se formó la Coordinadora Interdepartamental de Organizaciones Campesinas que realizó una marcha de 20 mil campesinos a Asunción en marzo de 1994. Ese mismo año se transforma en Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) que se mantuvo unida hasta 1997, cuando se fractura y surge la Federación Nacional Campesina (FNC). En 1997 se separa de la MCNOC la Organización Nacional Campesina (ONAC) de carácter cristiano y posteriormente la Central Nacional de Organizaciones Indígenas y Populares (CENOCIP). De todos modos los movimientos más fuertes son MCNOC y FNC, la primera vinculada al partido Convergencia Popular Socialista y a Vía Campesina, y la segunda, que se declara marxista-leninista, se relaciona con el partido Paraguay-Pyahurá.

El conjunto del movimiento campesino abarca unas 30 mil familias, alrededor de 150 mil personas. La MCNOC tiene unos 600 Comités de Productores y la FNC una gran cantidad de Comités de Base. La primera participa en el Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida y la segunda el Frente por el Patrimonio y los Bienes Públicos. Existe además una organización de mujeres, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI). Los movimientos campesinos denuncian cien muertos por la represión desde 1989 y dos mil dirigentes procesados.

Raúl Zibechi - 1 de agosto de 2006

Notas

1- www.lainsignia.org .
2- Tom Barry, “Nuevas prioridades para el Comando Sur”, junio de 2005, en IRC Americas Program, www.americaspolicy.org. 3- La represa hidroeléctrica binacional (Paraguay-Brasil) de Itaipú es la más grande del mundo, provee el 24% de energía que consume Brasil y el 95% de la de Paraguay.
4- En 1865 Brasil, Argentina y Uruguay, impulsados por el imperio británico y la banca Baring Brothers, desencadenaron una guerra genocida contra Paraguay aduciendo una cuestión de límites. En los hechos Paraguay era el único pais del continente que había construido un desarrollo económico importante fuera del campo de influencia de las potencias imperiales.
5- Ana Esther Ceceña y Carlos Ernesto Motto, ob. cit. p. 11.
6- Raúl Zibechi “Estados Unidos-Brasil: sorda rivalidad regional”, La Jornada, 26 agosto de 2005.
7- “Guía del Mundo 2003-2004”, Instituto del Tercer Mundo, Montevideo, 2003, p. 456.
8- Tomás Palau, “El movimiento campesino en el Paraguay” en Marielle Palau y Arístides Ortiz, ob. cit. pp. 22-23.
9- Idem.
10- Tomás Palau, "Capitalismo agrario y expulsión campesina”, Ceidra, Asunción, 2004, p. 25.
11- Diego Piñeiro, ob. cit. p. 149.
12- Idem.
13- CADA, “Conclusiones generales de la Misión de Internacional de Observación", Asunción, 20 de julio de 2006. 14- “Derechos Humanos en Paraguay”, ob. cit. p. 494.
15- CADA, ob. cit.
16- Revista OSAL No. 15, diciembre de 2004, p. 145.
17- Entrevista a Tomás Zayas (CENOCIP) por el equipo de la Misión Internacional de CADA, Asunción, 17 de julio de 2006. 18- Ley 2.564 citada por Ana Esther Ceceña y Carlos Ernesto Motto, ob. cit. p. 25.
19- Santiago Millán, ob. cit. p. 112.
20- Ultima Hora, 13 de julio de 2005, p. 7.
21- ABC, 28 de julio de 2005.
22- ABC, 18 de agosto de 2005.
23- Cable de AFP fechado en Buenos Aires el 16 de agosto, publicado en ABC, 17 de agosto de 2005.
24- ABC, 28 de octubre de 2005.
25- Ultima Hora, 19 de julio de 2006.
26- En www.gobalsecurity.com.
27- ABC, 25 de julio de 2005, p. 6.
28- Ultima Hora, 14 de setiembre de 2005. 29- Ultima Hora, 29 de setiembre de 2005.

Raúl Zibechi es miembro del Consejo de Redacción del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Es colaborador mensual con el IRC Programa de las Américas ( www.americaspolicy.org).

Recursos

Barry, Tom “Nuevas prioridades para el Comando Sur”, Progama de las Américas, junio de 2005, www.americaspolicy.org.

Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA) “Presencia militar de los Estados Unidos en Paraguay”, Asunción, CADA, 2006.

CADA “Conclusiones generales de la Misión Internacional de Observación”, Asunción, 20 de julio de 2006.

Ceceña, Ana Esther y Motto, Carlos Ernesto. Paraguay: eje de la dominación del Cono Sur, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Buenos Aires, 2005.

CODEHUPY. Derechos Humanos en Paraguay 2005, Codehupy, Asunción, 2005.

Millán, Santiago (comp.) Las tropas norteamericanas y la geografia del saqueo, BASE-IS, Asunción, 2005.

Palau, Marielle y Ortiz, Arístides “Movimientos sociales y expresión política”, BASE-IS/SEPA/-SPP, 2005.

Palau, Tomás. Avance del monocultivo de soja en el Paraguay, Ceidra, Asunción, 2004.

Piñeiro, Diego. En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos agrarios de América Latina, Clacso, Buenos Aires, 2004.

Riquelme, Quintín. Los sin tierra en Paraguay, Clacso, Buenos Aires, 2003.

ABC (diario de Asunción): www.abc.com.py.

BASE Investigaciones Sociales: www.baseis.org.py.

CEIDRA (Centro de Estudios e Investigaciones de Derecho Rural y Reforma Agraria): www.uc.edu.py.

CABICHUI (web alternativa): www.cabichui.org.py.

CODEHUPY (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay): www.codehupy.org.

Ultima Hora (diario de Asunción): www.ultimahora.com.

Fuente: Programa de las Américas del International Relations Center