Pronunciamiento institucional sobre la intervención del INRA por parte del Viceministerio de Autonomías
La Fundación TIERRA expresa su profunda preocupación ante las atribuciones otorgadas al Viceministerio de Autonomías para la “coordinación de los procesos de saneamiento, catastro y distribución de tierras”.
Si bien la intervención del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es imprescindible para enfrentar la corrupción, el tráfico y el avasallamiento de tierras; ésta no puede adoptar la forma de injerencia política, sino que debe tener el carácter de una auditoría agraria especializada, a cargo de una comisión interventora de alto nivel designada conforme a la Ley 1715 (Ley INRA) y la Constitución Política del Estado (CPE).
Asimismo, cabe advertir que el Decreto Supremo 5488 –que establece la estructura ejecutiva del gobierno de Rodrigo Paz– contraviene abiertamente el principio de jerarquía normativa al poner al INRA bajo tuición del Viceministerio de Tierras y supervisión del Ministerio de la Presidencia. La Ley 1715 determina que el INRA es un órgano de Servicio Nacional con autonomía de gestión y atribuciones técnico-jurídicas exclusivas que lo sitúan por encima del nivel viceministerial.
En este sentido, Fundación TIERRA hace un llamado público a las autoridades del Estado a tener en cuenta las siguientes consideraciones y recomendaciones:
- El INRA arrastra denuncias de corrupción y tráfico que requieren atención del gobierno. En la última década, diversas organizaciones y sectores vinculados a la cuestión agroambiental —entre ellos la Fundación TIERRA— han denunciado en reiteradas ocasiones hechos de corrupción, tráfico de tierras y uso político de las autorizaciones de asentamientos de comunidades en tierras fiscales. El INRA ha incumplido de manera sistemática su obligación legal de transparentar la información agraria, tanto en lo referido a la distribución de tierras fiscales en zonas de asentamientos recientes, como en cuanto a la otorgación de títulos a medianos y grandes empresarios que no lograron demostrar el origen lícito de las tierras demandadas como propiedad privada.
- En el pasado, las intervenciones politizadas agravaron el conflicto agrario. Durante la gestión 2020, el gobierno de Jeanine Añez intervino políticamente los trabajos de saneamiento del INRA, con el justificativo de reactivar y acelerar los procesos de titulación de tierras. Sin embargo, en los hechos, esa injerencia buscó anular las observaciones de fondo de los trámites agrarios y reducirlas a meros actos administrativos subsanables, con la única intención de favorecer a supuestos propietarios del sector empresarial. El caso más emblemático es el de la Resolución Suprema 26916, mediante la cual se pretendió titular más de 34 mil hectáreas a favor de la familia Marinkovic. Éste y otros antecedentes demuestran que las intervenciones políticamente decididas no corrigen los problemas agrarios.
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La intervención puede generar vicios de nulidad y litigios posteriores. El saneamiento y la titulación de tierras no son procedimientos administrativos ordinarios, sino procesos técnico-jurídicos especializados que exigen independencia absoluta de presiones políticas. Las actuaciones del INRA tienen naturaleza cuasi-judicial y sus resoluciones deben basarse en criterios objetivos y verificables, como el uso productivo de la tierra, su compatibilidad con la sostenibilidad ambiental, y la inexistencia de sobreposiciones con otros derechos agrarios, ambientales o territoriales.
La intervención del Viceministerio de Autonomías, cuyo mandato es político-administrativo, puede derivar en vicios de nulidad, poniendo en riesgo la seguridad jurídica de las tierras en trámite, además de potenciales judicializaciones futuras. Incluso el Viceministerio de Tierras tiene límites legales y competenciales, tal como se ha señalado al inicio. El apego estricto a la Ley INRA, la Constitución y el régimen agrario vigente no es opcional, sino una condición indispensable para la seguridad jurídica e institucionalidad agraria.
Recomendaciones:
- Restablecer la institucionalidad agraria. La coordinación y articulación interinstitucional no se logra ampliando atribuciones a un viceministerio ajeno al régimen agrario, sino designando autoridades competentes e idóneas en el INRA y en el Viceministerio de Tierras, tal como dispone la Ley. Las intervenciones improvisadas o “transitorias” carecen de fundamento legal y agravan la fragilidad institucional en materia agraria y ambiental.
- Nombrar al Director Nacional del INRA según lo dispuesto en la ley de tierras. Una de las causas estructurales de la crisis del INRA es el nombramiento de directores nacionales interinos, que reproduce y profundiza la subordinación política de dicha institución. La ley dispone que el Director Nacional del INRA debe ser designado por el Presidente a partir de una terna aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa, por un periodo de cinco años, personal e improrrogable. Cumplir este mandato es condición indispensable para restablecer la institucionalidad del INRA.
- Preparar la intervención y auditoría. El gobierno debe iniciar los trabajos preparatorios para planificar y ejecutar una intervención y auditoría integral del proceso de saneamiento de tierras que incluya bases técnicas y jurídicas, metodologías y alcances, diagnósticos o línea base, objetivos y metas verificables y mecanismos de responsabilidad institucional. Cualquier intervención improvisada carecerá de legitimidad y pondrá en riesgo la validez de todo el proceso agrario.
Fundación TIERRA pide al gobierno rectificar de manera inmediata estos desaciertos y reestablecer una institucionalidad agraria con reglas claras y autoridades capaces de hacer prevalecer el interés público por encima de presiones sectoriales que solo buscan controlar y sobreexplotar la tierra, el territorio y los bosques.
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Fuente: Fundación Tierra