Trece años de TLC Colombia-EE.UU: un balance crítico y la urgencia de un replanteamiento soberano

DEBATES URGENTES #7

Este informe presenta un análisis del balance del TLC en tres ejes:

No hubo renegociación

El gobierno de Gustavo Petro prometió renegociar el TLC, pero finalmente se limitó a emitir una nota interpretativa sobre el capítulo de inversiones. No modificó el texto ni alteró su contenido, el cual restringe la capacidad del Estado para orientar la inversión extranjera hacia el desarrollo nacional. Este capítulo permite la libre transferencia de utilidades e impide establecer requisitos como contenido nacional, transferencia de tecnología o contratación local.

La supuesta facultad de proteger el medioambiente ya estaba incluida en el texto original, por lo que la nota interpretativa carece de efectos prácticos. Temas clave como los aranceles, la propiedad intelectual, el acceso a mercados y las compras públicas no fueron abordados.

Presiones sistemáticas de Estados Unidos

Estados Unidos ha mantenido exigencias constantes para adaptar la normativa colombiana a los intereses de sus empresas, como lo evidencian los informes del USTR. Ha objetado regulaciones técnicas y sanitarias, ha presionado por la digitalización aduanera y ha cuestionado las medidas de protección a la propiedad intelectual en Colombia. Asimismo, ha rechazado la imposición de tributos a servicios digitales y ha demandado mayor apertura en compras públicas y defensa. Estas presiones restringen la autonomía regulatoria del país.

Malos resultados económicos y comerciales

La balanza comercial con Estados Unidos sigue siendo ampliamente deficitaria. Más de dos tercios de las exportaciones corresponden a bienes primarios —minero-energéticos, oro, café, flores y banano—, mientras que los productos industriales y agropecuarios con mayor valor agregado mantienen una participación marginal. Según el Ministerio de Comercio, las exportaciones colombianas hacia EE. UU. están un 36 % por debajo de lo proyectado en condiciones de equilibrio. El TLC no ha favorecido la transformación productiva ni el desarrollo inclusivo, y ha contribuido a la desindustrialización y al debilitamiento del dinamismo exportador.

Ante este panorama, el debate sobre la renegociación o la denuncia del TLC cobra mayor urgencia. Colombia enfrenta hoy no solo un estancamiento económico y una creciente dependencia externa, sino también una arquitectura jurídica que limita su capacidad de acción para emprender un verdadero proyecto de desarrollo soberano, inclusivo y sostenible.

La supuesta renegociación del TLC con Estados Unidos

El gobierno colombiano, bajo la administración de Gustavo Petro, prometió renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. En agosto de 2023, Petro anunció públicamente el inicio de este proceso. Más adelante, en noviembre de 2024, calificó la aceptación del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) como instancia para resolver controversias con inversionistas como “una puñalada en la espalda” y ordenó renegociar específicamente el Capítulo X sobre inversiones.

Sin embargo, este proceso se concretó únicamente en una nota interpretativa del mencionado capítulo, sin modificar el texto del tratado. Este resultado representó un incumplimiento de las promesas de renegociación. Además, dicha nota ratificó la jurisdicción del CIADI, a pesar de las críticas previas de Petro a este mecanismo.

El TLC limita la inversión con sentido nacional

El capítulo de inversiones del TLC va más allá de establecer un mecanismo para resolver controversias. Limita de manera significativa la capacidad del Estado colombiano para orientar la inversión extranjera. Impide, por ejemplo, que se exija a los inversionistas contribuir a las exportaciones nacionales, utilizar insumos de origen colombiano, transferir tecnología, contratar personal local o reinvertir utilidades en el país. Por el contrario, garantiza la libre transferencia de utilidades al exterior, restringiendo así el potencial de alineación de la inversión con los objetivos de desarrollo nacional.

Uno de los puntos que el gobierno presentó como avance fue la posibilidad de introducir cambios normativos en materia ambiental. No obstante, el propio texto original del tratado, en su capítulo 18, ya reconoce el derecho soberano de cada parte a fijar sus niveles de protección ambiental y prioridades de desarrollo. Aunque este principio no se cumple cabalmente, su inclusión en el tratado hacía innecesaria una nueva aclaración al respecto.

La nota interpretativa no tiene efectos reales

En términos prácticos, las aclaraciones de la nota interpretativa podrían ser tomadas en cuenta —o no— en futuras demandas ante el CIADI, ya que no tienen carácter vinculante. Actualmente, ninguna de las 23 demandas presentadas contra Colombia en este tribunal (de las cuales 10 siguen activas) proviene de inversionistas estadounidenses, sino de países como Reino Unido, Suiza, Canadá y España. El tratado no obliga a acudir primero a la justicia nacional, sino que permite el arbitraje internacional tras una etapa de consultas y negociación.

Lo que el gobierno dejó por fuera del TLC

La suspuesta renegociación del TLC no abordó varios temas clave que fueron señalados como problemáticos por el propio Petro y otros funcionarios. Entre ellos se encuentran: las barreras para el ingreso de productos colombianos al mercado estadounidense, las estrictas normas de propiedad intelectual que afectan la producción local de medicamentos, las restricciones para aplicar políticas públicas de desarrollo, las exigencias de licitación internacional en compras estatales, la entrada de productos agrícolas subsidiados desde Estados Unidos y las normas de origen que dificultan el uso de insumos de terceros países.

En suma, la nota interpretativa representó el cierre fallido del intento de revisar el TLC.

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Fuente:  CedeTrabajo