Agua con agrotóxicos en La Pampa y dos leyes sin cumplir

El agua que se bebe en 14 localidades del noreste pampeano está envenenada con agrotóxicos. Así lo demuestra un informe de la Unidad de Monitoreo Ambiental (UMA), dependiente de la Subsecretaría de Ambiente provincial, que se hizo público a partir de un pedido de informe de organizaciones socioambientales. A fines de 2024, la fumigación en cercanías de un centro de salud en Santa Rosa reactivó el reclamo por la reglamentación de la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas, que establece un límite a las fumigaciones, y por la implementación de la Ley de Promoción de la Agroecología. Ambas aprobadas en 2020, pero resistidas por las entidades del agronegocio, que presionan para que el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, no avance en la reglamentación de las zonas de restricción para el uso de agrotóxicos.

“O se cuida la salud humana y ambiental de los pampeanos y pampeanas o se cuidan los bolsillos de los fumigadores”, resume Iñaki Esponda, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), que junto a la Fundación Chadileuvú y la Asociación Pampeana de Medicina General solicitaron e  hicieron público el informe de la UMA. Esta semana, la ministra de la Producción de la provincia, Fernanda González, confirmó que  "la ley está vigente", en referencia a los límites para la aplicación de agrotóxicos, y aseguró que se está trabajando con los municipios en su implementación. "Esperamos no sólo sean declaraciones a la prensa ni que su implementación se trate de firmar excepciones para que nos sigan fumigando pero, esta vez, 'legalmente'", advierte Esponda.

El agua es extraída de bombas subterráneas y de tanques elevados correspondientes a la red pública de abastecimiento de agua para consumo humano. Las muestras habían sido tomadas en 2018 y fueron analizadas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional del Litoral y el Laboratorio de Calidad de Alimentos Pampeanos. El índice de concentración de las sustancias supera lo admitido, por ejemplo, por la Unión Europea. Desde la UTT sostienen que la situación relevada en esas localidad es extensible a un total de 44 localidades con intensa actividad agropecuaria.

En La Pampa están vigentes, desde 2020, dos leyes: la 3288, de Gestión Integral de los Plaguicidas, y  la 3298 de Promoción de la Agroecología. Las organizaciones socioambientales reclaman la reglamentación e implementación de ambas y la elaboración de un plan provincial de transición hacia la producción agroecológica, para que el cultivo de alimentos sanos sea política de Estado. "Esto debería comenzar en las áreas periurbanas que quedan excluidas de aplicaciones de agroquímicos y extenderse luego al resto de las áreas productivas de la provincia", señalan.

Las organizaciones socioambientales hicieron público el informe de la UMA a raíz de una serie de reclamos que comenzaron a fines de 2024 por fumigaciones en el barrio Obreros de la Construcción, en Santa Rosa (capital provincial). Las aspersiones se produjeron a metros del centro de salud y las mujeres del barrio denunciaron que sus hijos sufrían dolencias respiratorias y manchas en la piel.

La Ley 3288 establece un límite de 500 metros para las fumigaciones terrestres y de 3000 metros para las aéreas en relación a los centros urbanos, pero es resistida por los empresarios del agronegocio. El juego de presiones lleva cinco años logrando que la normativa no sea reglamentada por el gobierno provincial. La Sociedad Rural, Carbap, Coninagro, CREA, Aapresid, Cepia (Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios) y Caproma (Cámara de Propietarios de Maquinaria Agrícola) hacen lobby para frenar la norma por considerarla "anti producción" y "anti trabajo".

Hasta el momento, las restricciones solo comenzaron a implementarse en algunas localidades: Adolfo Van Praet, Miguel Riglos, Pichi Huinca, Dorila y Parera. En una  provincia con una historia cruzada por la restricción al agua, a raíz de la pérdida del río Atuel (en manos de Mendoza), la transición a un modelo que preserve los bienes comunes resulta urgente y las organizaciones marcan que el camino es la agroecología. 

Agua con agrotóxicos en La Pampa y fumigaciones a metros de las viviendas

En el barrio Obreros de la Construcción, al norte de Santa Rosa, se fumigó en diversas oportunidades un campo ubicado a pocas cuadras del centro de salud, a dos cuadras de un Jardín de Infantes y a metros de una escuelita de fútbol. Joana, quien prefirió preservar la publicación de su apellido, cuenta que sus hijos de 8 y 13 años comenzaron a tener problemas de salud sin una causa aparente. El menor tuvo erupciones en la piel y el mayor broncoespasmo crónico. La aparición de las erupciones coincidió con las fechas de las fumigaciones. Al acercarse a las asambleas (que se hicieron en el centro de salud del barrio) supo que otros niños también tenían problemas respiratorios.

Joana vive frente a un campo en el que se cría ganado: la distancia entre el terreno y su casa es una calle de doble mano. En tres oportunidades, en los últimos dos años, vio cómo una máquina esparcía los tóxicos a metros de su vivienda. Con su familia llamaron a la Policía, que solo labró actas. La primera vez, argumentaron que el campo era propiedad privada y se negaron a ingresar para frenar la fumigación. Solo en una ocasión accedieron a detener una práctica que contradice la ley provincial.

Cada vez que fumigaban, la mujer notaba las marchas en el cuerpo de su hijo. "Los médicos decían que podía ser una planta o el cloro de la pileta, pero nosotros tenemos una pelopincho y no usamos cloro", relata. En 2024, la familia hizo una presentación ante el gobierno provincial para que reglamente la ley, debate que volvió a reactivarse en las últimas semanas.

Según el informe de la UMA, en el agua pampeana se hallaron restos de glifosato, endosulfán, 2-4D y atrazina. El  herbicida 2,4-D formó parte del compuesto químico defoliante “Agente Naranja” en la guerra de Vietnam. En el año 2000, la Unión Europea clasificó al 2,4-D como un potencial disruptor endocrino (sustancia que altera la función del sistema endocrino y tiene efectos nocivos en la salud de un organismo y su descendencia). La exposición a la atrazina a través del agua genera afecciones al feto durante el embarazo, según estudios hechos en Estados Unidos y Francia.

El glifosato es considerado potencialmente cancerígeno para los humanos por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC). En tanto, el endosulfán fue  prohibido por el Senasa en 2011 por sus efectos nocivos en la salud. En 2021, l a Sociedad Argentina de Pediatría confirmó el impacto de los agrotóxicos de la salud de los niños. Un estudio de 2023 realizado por el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario corroboró que  vivir en pueblos cercanos a campos fumigados aumenta el riesgo de contraer cáncer.

"Con el informe de la UMA es el mismo Estado el que demostró con pruebas científicas el daño que se está haciendo", resalta Esponda.

Qué producción agropecuaria y para quiénes

A pesar de las pruebas científicas, las entidades del agronegocio argumentan que la ley "incrementa la carga burocrática, criminaliza la actividad agropecuaria y deja fuera de producción miles de hectáreas". Desde la UTT, Esponda responde con agroecología: “Aunque se establezcan distancias mínimas en los pueblos y esas distancias se respeten, las derivas de los agrotóxicos son inevitables. Y eso no quiere decir dejar de producir, sino aprender a producir de otra manera".

Argumenta que la producción agroecológica es rentable debido a que corta la dependencia de insumos químicos, cuyos precios están dolarizados. "Los rindes son similares y los costos bajan muchísimo", asegura y lamenta: "La agroecología debería ser política de Estado, pero no ha habido el más mínimo avance por parte de la provincia. No hay ningún tipo de apoyo para ese tipo de producción".

¿Qué necesitan las familias agricultoras que deciden avanzar hacia la agroecología? "Se necesita acceso a la tierra. En segundo lugar, para hacer producción agroecológica hay que saber cómo y para eso se necesita formación. Y para la transición se preciso respaldo, líneas de crédito, financiamiento en algunos insumos y generar mercados de comercialización diferenciados", responde. La Ley de Promoción de la Agroecología estipula el dictado de una diplomatura en la materia en la Universidad de La Pampa, pero tampoco hubo avances al respecto.

La UTT en La Pampa nuclea a familias crianceras de lechones, gallinas ponedoras, corderos y novillos, a producción en viveros y apicultores. Producen frutas y verduras y tienen canales de venta directa en ferias y almacenes. "Cuando decimos ‘campo’, lamentablemente, en La Pampa se piensa en el molino, la vaca y la soja. Pero eso está pensado para la exportación. La inmensa mayoría de lo que se produce no se consume aquí. Y a la vez tiene una relación directa con las enfermedades crónicas que cada vez más aparecen en la provincia", señala.

El productor sostiene que, con trabajo intensivo en un pequeño porcentaje de las 14 millones de hectáreas que hay en producción en la provincia, se podría proveer de alimentos sanos, frescos y baratos a las 360.000 personas que la habitan. Y con los estudios del agua contaminada en una mano y la propuesta de otro modelo en la otra, analiza cómo usar ese bien común escaso en la provincia: "No podemos quedarnos en la mirada nostálgica de lo que perdimos, sino cuidar lo que tenemos, pensar para qué queremos el agua".

Con un ejemplo, Esponda sintetiza la mirada que aún prima en las políticas de producción provincial: "El Estado se pone muy contento contando que se dieron 1000 hectáreas con riego incluido en el valle del río Colorado para producir pistacho. Y ya sabemos que esas 1000 hectáreas de pistacho van a ser para exportación. No es una política alimentaria soberana".

Fuente: Agencia Tierra Viva