Alerta en Misiones por el avance sobre los territorios guaraníes

La Comunidad El Pocito, en el municipio de Capioví, Misiones, denunció la intrusión, el cercamiento y el desmonte ocasionado por un productor ganadero en su territorio. El productor, quien alega tener una supuesta tenencia dominial, avanza con un proyecto para la cría de vacas y búfalos en un sector de monte nativo, habitado ancestralmente por la comunidad del Pueblo Mbya Guaraní. El negocio afecta espacios naturales que la comunidad destina al cuidado de plantas medicinales, a la recolección de frutos y de materias primas para la elaboración de artesanías. La situación no es aislada: las comunidades indígenas de la provincia aseguran que viven una ”creciente intolerancia racial”.

Hasta el momento, se han desarrollado reuniones entre referentes de El Pocito, funcionarios municipales y provinciales y Javier Striedel, el producto ganadero acusado de intrusión. Las reuniones fueron convocadas por la Municipalidad de Capioví en busca de una solución extrajudicial, pero la instancia se cerró sin llegar a un acuerdo. Striedel aseguró que irá por la vía judicial, mientras que la comunidad, que cuenta con reconocimiento oficial de la posesión tradicional de sus tierras, pide al Estado provincial que haga cumplir las leyes y que dé respuestas ante las denuncias de desmonte.

El Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), que acompaña el reclamo de la comunidad con asistencia jurídica y comunicacional, explicó que "la comunidad reafirma su vínculo ancestral con el monte en disputa, ya que lo considera parte fundamental de su territorio". La mburuvicha (lideresa) de El Pocito, Sergia Ferreyra, denuncia que Striedel alambró una parte de esas tierras para avanzar con la producción ganadera. “Somos preexistentes, este es nuestro territorio y nos ampara la ley”, sentencia Ferreyra.

La comunidad obtuvo, en 2013, la carpeta técnica del relevamiento previsto en la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena y respalda la delimitación que reivindican. El conflicto se enmarca en una situación crítica por  la decisión del gobierno nacional de Javier Milei de derogar la ley de relevamiento, lo que no modifica el derecho adquirido por las comunidades que consiguieron el reconocimiento de sus tierras ancestrales.

Consultada acerca de las instancias de diálogo que se abrieron tras la denuncia de la comunidad, Ferreyra lamentó que "el gringo (por Striedel) no quiere entrar en razón" y denunció: "Hasta nos amenazó". Francisco Rodríguez, director de Asuntos Guaraníes de Misiones, marcó la posición oficial y dejó abierto el conflicto: "La comunidad tiene título de propiedad, pero el crecimiento poblacional en la ciudad hizo que ocuparan tierras de Striedel. El Estado provincial intervino con tres mesas de diálogo junto al municipio y las partes involucradas, pero no se llegó a un acuerdo". Sin embargo, la comunidad defiende las 23 hectáreas que utiliza para sus prácticas culturales, formalmente, desde la década de 1980.

Por su parte, la integrante de Emipa, María “Kiki” Ramírez, advierte sobre la primeras denuncias de la comunidad sobre la actividad ordenada por el productor ganadero que consistió en la tala de árboles nativos y la apertura de caminos dentro del monte. “Son las propias comunidades las que terminan cumpliendo funciones de control de los desmontes”, resaltó Ramírez y señaló que aunque el Ministerio de Ecología misionero pudo constatar las infracciones denunciadas en el caso de El Pocito, aún se desconocen sanciones hacia el productor denunciado.

“Este conflicto afecta la sobrevivencia de la comunidad como cultura, pues necesitan un arroyo libre y un territorio donde transitar con libertad. La comunidad resistió mucho tiempo en silencio, pero ahora se han puesto firmes para que el propietario no avance con sus pretensiones”, marcó la integrante de Emipa.

El monte nativo guaraní acechado

Capioví se sitúa a la vera de la ruta Nacional 12, a mitad de camino entre la capital provincial, Posadas, y la turística ciudad de Puerto Iguazú. Su nombre es una deformación de “Kapi'i Hovy”, que en guaraní significa "pasto alto". Como otros municipios de Misiones, Capioví fue un punto receptivo del oleaje migratorio que, en las primeras décadas del siglo XX, instaló en su geografía a familias oriundas de Alemania, Suiza, Polonia y otros países atravesados por conflictos bélicos y hambrunas.

La llegada de los nuevos pobladores alteró definitivamente el paisaje original: el escenario selvático empezó a diezmarse al fragor de las prácticas agrícolas iniciales de los inmigrantes europeos. Quienes hasta ese momento poblaban esos montes surcados por arroyos, los guaraníes, se vieron forzados a desplazarse. Así vieron afectado su nomadismo tradicional: comenzaron a huir en busca de rincones seguros ante la novedosa otredad, a la que percibían como una amenaza.

En la segunda mitad del siglo XX, la provincialización de Misiones y otros ordenamientos institucionales municipales dieron lugar a una serie de políticas para establecer a los grupos guaraníes en espacios fijos. Esto reductos se conocen hoy como aldeas o comunidades. Los mbya guaraní los llaman  tekoa.

El 7 de agosto de 1982, se constituyó formalmente la Comunidad El Pocito. Fue a partir de un entendimiento entre el municipio y quienes entonces eran los líderes de la comunidad: Bonifacio Ferreyra y Rosa Benítez. Resultó determinante además, la intervención de la Asociación Indigenista Misionera, creada en el año 1981, por un grupo de colonos de la zona. Esta organización fue la que adquirió el lote de 23 hectáreas donde se asentó la comunidad. Hacia fines de la década del '80 la asociación ya no existía, pero la comunidad continuó asentada en ese lugar.

A diferencia de las comunidades que viven en el norte de Misiones, las dos tekoa que viven en Capioví son prácticamente periurbanas. Queda muy poco de la selva originaria y las viviendas de las familias mbya están en el centro de la ciudad. En los alrededores, en lo poco que queda de monte nativo, extraen plantas medicinales, frutos y elementos para sus artesanías. Es en ese territorio que avanzó Striedel.

Escenario hostil para el Pueblo Guaraní

El conflicto actual por el que atraviesa la tekoa El Pocito en Capioví, se suma a otros conflictos territoriales vigentes en la provincia. Se pueden mencionar las denuncias de la comunidad Puente Quemado 2 y los conflictos en las comunidades Yvy Porã y Yakã Porã.

La comunidad Puente Quemado 2 vive en la zona rural del municipio de Garuhapé. Pese a varios reclamos, continúa sin obtener soluciones a la falta de acceso al agua potable. La situación pone en riesgo la salud de sus integrantes y representa una grave violación a sus derechos.  Hace años que denuncian el asedio de la multinacional Arauco y sus constantes maniobras para apropiarse del territorio que les pertenece.

Las tierras de la tekoa Yvy Porã se ubican en el municipio de Colonia Mado. La comunidad exige a las autoridades municipales y provinciales asistencia ante el grave deterioro de sus viviendas luego de las tormentas de junio. El mburuvicha, Rosalino Duarte, denuncia que sus pedidos formales ante la Dirección de Asuntos Guaraníes (DAG) no obtuvieron respuestas. Y marca otro reclamo de vieja data: la falta de agua potable.

En junio de este año, la comunidad Yakã Porã, ubicada en el municipio de Caraguatay, denunció el desmonte con topadora de un sector selvático su territorio —también relevado en el marco de la Ley 26.160— por parte de un privado. Radicaron la denuncia ante las autoridades policiales, judiciales y provinciales, incluso el Ministerio de Ecología. Pero tampoco lograron respuestas o acciones favorables.

“Nuestra preexistencia es indiscutible”

Con la firma de 21 mburuvicha de distintas comunidades, la asamblea mbya Aty Ñeychyrõ emitió un documento manifestando “su firme apoyo a la Comunidad Tekoa El Pocito, frente a la invasión de su territorio de ocupación y uso ancestral, el cual ha sido reconocido por el Relevamiento Territorial de la Ley 26.160 y sus prórrogas”.

En estas líneas, la asamblea reafirma: “Es indiscutible nuestra preexistencia como pueblo en el territorio que hoy se conoce como provincia de Misiones, así como nuestros derechos colectivos garantizados por la Constitución Nacional (art. 75, inciso 17)”. Y advierte: “Cualquier avance sobre la mínima parte de nuestros territorios que reclamamos encontrará nuestra firme resistencia”.

Santiago Ramos es la autoridad de la tekoa Puente Quemado 2 e Indica que la situación de asedio que vive la comunidad El Pocito refleja un estado permanente de asedio sobre los territorios indígenas. “A veces son personas particulares y, otras veces, son empresas, pero siempre sucede lo mismo. Ingresan al territorio de las comunidades con la intención de sacar madera o de quedarse con la tierra. Y las comunidades denunciamos ante la Policía y el Ministerio de Ecología, pero la mayoría de las veces no hacen nada”, asegura.

Frente a este panorama, decenas de organizaciones y personas a título individual —de diferentes lugares del país— firmaron y dieron a conocer un documento titulado: “Pronunciamiento Colectivo en Defensa de los Derechos Territoriales del Pueblo Mbya Guaraní en Misiones”. En él se exige el cumplimiento de las leyes y normativas de orden nacional e internacional que garantizan los derechos indígenas.

Plantean que el conflicto en El Pocito “pone en evidencia una creciente intolerancia racial, alimentada por discursos de odio y violencia, donde diversos sectores han promovido una campaña de estigmatización contra el Pueblo Mbya, generando un clima de hostilidad hacia las comunidades indígenas“. Y sentencian: “Estas prácticas racistas y de incitación a la violencia no deben ser toleradas. No podemos permitir que se naturalice el hostigamiento contra los pueblos originarios”.

Fuente: Agencia Tierra Viva