Argentina: comunidad kolla guaraní. De nuevo, en casa

Inmediatamente, la policía rodeó el lugar y el comisario amenazó con un nuevo desalojo. Sin embargo, el nuevo juez se hizo presente en la madrugada y se comprometió ante la comunidad a darle un giro a la causa. En tanto, la Defensoría del Pueblo de la Nación presentó un pedido de anulación de todo lo actuado. Queda ahora pendiente la pelea legal por la tenencia definitiva de estas tierras, la verdadera y única batalla.

Las setenta familias de la comunidad kolla guaraní de Río Blanco, Orán, despertaron el pasado 2 de marzo con un sobresalto: una cuadrilla policial, comandada por el juez de paz local, les anunció el desalojo inmediato. Durante tres días, fueron vaciando sus casas, confiscando sus bienes y depositando en la ruta a las familias. En tanto, la jueza no aceptaba sus reclamos, alegando que ese juzgado no recibía escritos realizados a mano. Al cuarto día, una presentación realizada por la Pastoral Social la obligó a retractarse. La jueza, entonces, escribió, con fecha 5 de marzo, que había cometido un error: se trataba de otra propiedad y de otra causa, ya expirada. Por lo tanto, disponía el cese del desalojo y ordenaba a la empresa a ?abstenerse de destruir cosechas y casas?. Sin embargo, la orden nunca se concretó. Así fue como 36 familias quedaron en la ruta, tiradas, y otras 40 en el predio, encerradas.

Una delegación de esa comunidad viajó a Buenos Aires para reclamar por sus derechos. Presentó sus reclamos ante la Secretaría de Derechos Humanos, el ministerio de Desarrollo Social, el Inai y el Defensor del Pueblo de la Nación. Sólo en este último caso recibió una respuesta. Dos funcionarios de la defensoría viajaron a Orán, se entrevistaron con la jueza y la comunidad y regresaron con un diagnóstico: se trataba de un desalojo de facto.

Aún cuando en todas las instancias oficiales les daban no solo la razón, sino también variadas muestras de indignación, nada cambió durante más de cuarenta días. Nada, excepto una cosa: el martes 13 la empresa usurpadora comenzó a demoler sus casas.

El pasado jueves 15, a las 14 horas, decidieron ejecutar la orden judicial a su propio riesgo. Ingresaron a sus hogares, desafiando la custodia policial privada.

Durante la mañana, el obispo de Orán se hizo presente en la ruta, para charlar con las familias desesperadas. Les pidió paciencia y se fue. Dos horas después, entraron. Los acompañaba un integrante de la Mesa de Trabajo de Pueblos Originarios, que viajó especialmente desde Buenos Aires.
La noticia convirtió al letrado de la empresa apropiadora Río Zenta SRL en una máquina de lanzar amenazas. Insultó a los sacerdotes que acompañaban a la comunidad, que presentaron la correspondiente denuncia judicial por agravios y amenazas.

Inmediatamente, la policía de Orán rodeó el terreno. Recién se retiró a las 21.,30 de la noche, no sin antes anunciar ?por boca del comisario a cargo del operativo- que regresarían temprano con otra orden judicial de desalojo.

La tensión recién cedió a la 1 de la madrugada, cuando se hizo presente el juez Bruno y se comprometió ante la comunidad a darle otro giro a la causa. A la mañana temprano, a su vez, dos abogados de la Defensoría del Pueblo de la Nación llegaron especialmente al juzgado de Orán para presentar un pedido formal de anulación de todo lo realizado por la jueza. El nuevo juez de la causa, deberá ahora responder a este pedido para restituir legalmente a las familias a sus casas y sus vidas.
Se abrirá a partir de entonces la pelea legal por la tenencia definitiva de la tierra, la verdadera y única batalla.

Fuente: La Vaca.org